Un buen gobierno

Palabras de Javier Treviño Cantú en el Desayuno de la Unidad Revolucionaria
16 de noviembre de 2009

A nombre del Gobernador Rodrigo Medina, quiero hacer un reconocimiento a nuestro Partido. Siempre hemos recibido el respaldo de su dirigencia. Y apreciamos la oportunidad que el PRI nos ha brindado para trabajar por Nuevo León.

Se convierte en tradición algo que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, entrega a la siguiente generación. Pero la vitalidad de una tradición depende de su capacidad para renovarse, de cambiar, para seguir siendo vigente. Por eso, esta mañana, nosotros damos una clara muestra de que tradición, unidad y revolución son tres palabras idénticas.

Siguiendo una tradición de ya casi 30 años, nos reunirnos esta mañana para refrendar un compromiso. Nuestro Partido debe seguir siendo el mejor representante del poder transformador de la política. Y debe seguir siendo la mejor opción de gobierno.

Esa es al mismo tiempo una gran responsabilidad que nos obliga a mantener el paso y redoblar esfuerzos.

Quienes fueron electos por la mayoría de la ciudadanía tienen el compromiso de servir con un proyecto claro de gobierno. La gente ha reconocido con su voto al Partido Revolucionario Institucional porque es una institución política seria, responsable, con experiencia, que sabe cómo se resuelven los problemas y que no pospone las soluciones. Los equipos de gobierno emanados del PRI tenemos una clara visión, un rumbo definido, y ponemos en el centro de nuestros afanes a los ciudadanos.

Quienes tenemos la responsabilidad de una tarea de gobierno sabemos asumir el cumplimiento del mayor compromiso: elevar la calidad de vida de la gente de Nuevo León, de cada municipio, de cada comunidad.

El Gobernador Rodrigo Medina tuvo el orgullo y el privilegio de hacer campaña con muchos de ustedes, de recorrer juntos el Estado, y con gran pasión, cada uno de los 51 municipios, y constatar en los esfuerzos individuales y colectivos ese acercamiento sincero y real con la gente. Fue testigo de un firme compromiso de servir, de las ganas de resolver los problemas de la comunidad a la que representamos.

Logramos que la gente identificara sus necesidades con nuestras propuestas, que se vieran reflejados en ellas, que las hicieran propias.

El Partido es fuerte porque está cerca de la gente. Por eso tiene que cumplirle, con rumbo, con enfoque, con disciplina. Por eso tenemos que entrarle de frente, y actuar con la convicción de que Nuevo León tiene grandes fortalezas. Porque las han edificado con sacrificios nuestros padres y abuelos. Y porque debemos entregarle buenas cuentas a nuestros hijos.

Nuevo León es tierra de líderes; nos gusta estar a la cabeza de los esfuerzos nacionales. Y el partido hoy está al frente de las grandes causas nacionales. Debemos decirlo así de claro: quienes servimos en el gobierno tenemos que darle las gracias al PRI por esta gran oportunidad que nos ha dado, en un momento clave para enfrentar la realidad adversa, para proponer soluciones a las enormes carencias, para ser reales interlocutores de la ciudadanía.

En el equipo de gobierno de Rodrigo Medina estamos muy entusiasmados con esta oportunidad, y muy orgullosos y comprometidos de hacer nuestro máximo esfuerzo de cara a los nuevoleoneses. Trabajaremos todos los días, también, para que nuestro partido se sienta orgulloso de la labor que estemos haciendo en el gobierno, y con la absoluta certeza de que hay que gobernar para todos.

Si bien la militancia es un asunto de convicción e identidad, y la nuestra la llevamos aquí adentro, sabemos y tenemos claro que el trabajo que nos toca realizar va más allá de los colores y las diferencias partidistas.

Debemos llevar el beneficio a toda la gente de Nuevo León, a las mujeres, a los adultos mayores, a la gente del campo, a los niños, a los jóvenes, a los que sufren alguna discapacidad, a los trabajadores y obreros, a los empleados, siempre pensando en que Nuevo León, con el apoyo de todos, puede ser más próspero.

Esta es una premisa de trabajo que guía nuestra tarea en el gobierno: Más que hablar, escuchamos y actuamos en consecuencia. La gente no se equivoca en lo que quiere, sabe sus carencias porque las vive, conoce sus necesidades porque por ellas se desvela, valora sus logros porque son la herencia de su familia. Es a la gente a la que hay que responderle.

El Gobernador Rodrigo Medina ha hecho un llamado a que tengamos un contacto cotidiano con la gente, a que NO nos encerremos en las oficinas, a que salgamos a gobernar a las calles, a las colonias. El Gobernador Rodrigo Medina está encabezando un buen gobierno.
Y un buen gobierno, no es aquél que realiza declaraciones espectaculares para llamar la atención.

Un buen gobierno, no es el que promete cosas que no puede hacer, ni el que genera falsas expectativas.

Un buen gobierno, es el que actúa con prudencia y un claro sentido de la gran responsabilidad que tiene dentro del marco legal.

Un buen gobierno, es el que cumple sus compromisos y da la cara.

En el Gobierno del Estado de Nuevo León, estamos comprometidos a darle buenos resultados a todos los ciudadanos, y no les vamos a fallar.

Amigas y amigos:

Ante la naturaleza y dimensión de los retos que enfrentamos, la unidad revolucionaria toma un sentido renovado, significa trabajar juntos, más que nunca, en favor de los ciudadanos.

Significa esforzarnos sin descanso, en un frente común, para avanzar en los tres ejes que orientan todas las iniciativas de este gobierno: seguridad integral, creación de riqueza, y desarrollo social.

La unidad revolucionaria significa construir un Nuevo León Unido.
Un Nuevo León Unido, en donde la gente viva otra vez en paz y pueda realizar sus actividades con plena tranquilidad, en un marco de respeto a la ley y de fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

Un Nuevo León Unido, en donde el gobierno cumple su responsabilidad en la promoción de mejores condiciones para que, quien quiera emprender un negocio lo pueda hacer; para que quien tenga una empresa –por pequeña o grande que sea– la pueda hacer crecer; para que quien ya esté creciendo, crezca más; y para que quien busca un empleo, lo encuentre.

La unidad revolucionaria que hoy celebramos, significa un Nuevo León Unido para impulsar el desarrollo de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Significa sumar voluntades y compartir el mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses.

Hoy celebramos una gran tradición: la unidad revolucionaria, significa, en pocas palabras, que unidos somos Nuevo León.

Informe del Equipo de Transición

Informe del Equipo de Transición del Gobernador Electo de Nuevo León
22 de septiembre de 2009

Como saben, el pasado 3 de agosto, el gobernador electo de Nuevo León, Rodrigo Medina, designó a los señores Vidal Garza, Otto Granados, Othón Ruiz y su servidor, Javier Treviño, para integrar y coordinar un equipo de transición, al cual recientemente también se incorporó Alfredo Garza de la Garza, con el objetivo de conocer el estado que guarda la actual administración encabezada por el gobernador constitucional del estado, José Natividad González Parás.
El día de ayer, el equipo finalizó satisfactoriamente sus trabajos, y ahora cumple con la instrucción del gobernador electo de presentar un informe público.
Ante todo, queremos agradecer la colaboración de los funcionarios de la administración saliente, quienes pusieron a nuestra disposición toda la información pertinente, y compartieron con nosotros sus valiosas experiencias de estos últimos años, así como sus opiniones sobre las áreas donde existen oportunidades para impulsar el avance de Nuevo León.
Igualmente, queremos hacer un reconocimiento al profesionalismo y la dedicación del secretariado técnico y todas las personas que apoyaron las labores del equipo de transición.
En segundo lugar, es necesario subrayar que la tarea de este equipo ha sido esencialmente de carácter técnico y administrativo, ya que tuvo como propósito recibir en forma ordenada toda la información preparada por el gobierno saliente y, con base en su análisis detallado, ofrecer al gobernador electo elementos para tomar las decisiones que considere convenientes.
Como se señaló desde un principio, éste ha sido fundamentalmente un proceso de información, y sin duda ha resultado muy productivo.
Sin embargo, cabe reiterar que no se trató de un proceso de evaluación de las acciones del gobierno saliente, una tarea que por naturaleza le corresponde al conjunto de la sociedad; ni de un ejercicio de lo que se conoce como “entrega-recepción”, que es el acto jurídico mediante el cual los nuevos funcionarios asumen la titularidad de las diversas dependencias públicas pertenecientes al Poder Ejecutivo estatal.
En este entendido, el análisis sistemático de las distintas políticas públicas ejecutadas durante los últimos seis años, constituye por sí mismo un ejercicio muy útil, que nos ha permitido conocer a detalle la naturaleza, la estructura, las características, los programas y los resultados de cada una de las dependencias y entidades que forman la administración pública estatal, así como el panorama general de Nuevo León.
La metodología que estableció el equipo de transición para realizar este ejercicio constó de cuatro fases.
La primera incluyó la realización de una serie de reuniones temáticas generales, por cada uno de los gabinetes funcionales en que se divide la administración, y que fueron encabezadas por sus respectivos titulares.
La segunda consistió en reuniones complementarias, con la participación de los distintos institutos, corporaciones, fideicomisos, agencias y entidades agrupadas en cada gabinete funcional.
La tercera se desarrolló a través de numerosas entrevistas, sostenidas por los miembros del secretariado técnico que apoyó las tareas de este equipo de transición con los responsables de diferentes niveles de las dependencias, así como un amplio trabajo de campo para conocer algunos programas, sistemas y procesos de gobierno con mayor precisión.
Y, finalmente, la cuarta fase correspondió a la revisión, procesamiento, organización y análisis de la información que nos fue facilitada en 99 documentos electrónicos de todas las áreas que componen la estructura actual del gobierno.
En total, se celebraron 5 reuniones temáticas y 41 complementarias, así como más de 210 entrevistas y reuniones adicionales por dependencia, en las que participaron un total de 415 personas, tanto por parte del actual gobierno del estado como del equipo de transición.
En cada reunión temática, los responsables de los gabinetes funcionales y de las dependencias integradas en ellos, presentaron la situación de sus áreas clasificada en 12 apartados, que comprenden desde los antecedentes generales de cada entidad, hasta los asuntos pendientes, pasando por toda la información presupuestal, financiera, programática y de recursos humanos con que cuentan.
Adicionalmente, el formato de las reuniones permitió sostener un diálogo muy provechoso, que facilitó entender mejor las condiciones que rodean los procesos de la administración pública a partir de situaciones o casos específicos.
Con base en la información obtenida, el equipo de transición está en condiciones de formular algunas conclusiones generales que, además de los fines mencionados previamente, pueden ser de interés para la opinión pública.
La primera conclusión es que, en términos generales, el estado de Nuevo León y su gente muestran un conjunto muy importante de factores positivos, no sólo en comparación con períodos anteriores, sino en relación con otras entidades de la República.
Tan sólo como un ejemplo, vale la pena destacar que, de los cuatro estados —incluyendo al Distrito Federal— que concentran más del 40% del PIB nacional, entre 2003 y 2007 Nuevo León fue el único que creció, mientras que todos los demás registraron una caída en sus niveles de actividad económica.
Más importante aún, al analizar los componentes del producto de manera desagregada, resulta evidente que, si bien Nuevo León cuenta con una importante industria agropecuaria y de alimentos procesados, también se ha encaminado hacia una economía basada cada vez más en el sector manufacturero y en el de servicios; así como, de manera incipiente pero firme, hacia la economía del conocimiento.
En consecuencia, este perfil cambiante exige una nueva política de desarrollo económico, a partir de la cual el estado aumente su productividad y competitividad, y cuente con el tipo de inversiones y empleos que hagan sustentable el desarrollo de Nuevo León.
Lógicamente, el panorama económico del estado también refleja el impacto de la crisis internacional.
Esto, como ya lo ha apuntado en anteriores ocasiones el gobernador electo, exige darle prioridad a todas las acciones necesarias para generar los empleos que el estado demanda; atraer más inversión local, nacional y extranjera; y hacer mucho más competitivo al estado.
Una segunda conclusión es que, en un contexto tan complejo como el actual, también es indispensable y urgente modificar la estructura de la administración pública estatal; no sólo para reducir el gasto corriente y ampliar el margen presupuestal dirigido a la inversión, sino, sobre todo, para dar paso a un enfoque donde tengamos un gobierno moderno, más compacto, ágil y flexible.
En suma, un gobierno que cueste menos y produzca más resultados; que esté más cerca de la gente y tenga una mayor capacidad para responder a sus necesidades y transformar al estado; que sea más eficaz a la hora de proveer servicios públicos en las mejores condiciones de atención, oportunidad y calidad a todos los ciudadanos.
En este sentido, el equipo de transición le ha planteado al gobernador electo una serie de recomendaciones, que responden a los siguientes objetivos:
· Reorganizar la administración estatal, en función de los tres ejes rectores definidos por él mismo: inversión social, generación de riqueza y seguridad integral.
· Sectorizar las distintas entidades y organismos dentro de las dependencias respectivas.
· Otorgar mayor responsabilidad a los secretarios del ramo.
· Acortar y agilizar los tramos de control y acuerdo con el gobernador.
· Fortalecer los mecanismos institucionales relacionados con la rendición de cuentas, la transparencia y la evaluación de resultados.
Una tercera conclusión a la que llegó el equipo de transición, es que, por razones ampliamente conocidas, la situación de las finanzas públicas del estado limita la disponibilidad de recursos presupuestales, al menos en el corto plazo.
Esto hará necesario actuar con mucha rapidez; entre otras cosas, para reducir el gasto corriente y aumentar la inversión gubernamental, encontrar las vías adecuadas para fortalecer los ingresos estatales, y mejorar el perfil de la deuda pública.
En este sentido, como ocurre en todos los demás estados del país, también es importante mencionar que los recursos federales son cruciales para hacer una planeación efectiva.
Por ello, será necesario estar pendientes del proceso legislativo relacionado con el paquete económico presentado por el Ejecutivo Federal y, en especial, coordinar acciones con los diputados federales por Nuevo León, para lograr las mejores condiciones presupuestales posibles para nuestro estado.
Y, por último, una cuarta conclusión, es que deberá revisarse el modelo con que operan actualmente las instituciones encargadas tanto de la seguridad pública, como de la procuración e impartición de justicia. Es fundamental empezar por allí a construir un enfoque más eficaz para garantizar a todos los habitantes del estado una auténtica seguridad integral.
En conclusión, consideramos que el proceso de transición ha sido un ejercicio valioso y fructífero.
Junto con la plataforma electoral, los compromisos de campaña del gobernador electo Rodrigo Medina, y las propuestas que se generen a través del proceso de consulta pública para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, creemos que la información y el análisis realizado contribuirá de manera fundamental a trazar los objetivos centrales y el programa de trabajo de la administración que iniciará el próximo 4 de octubre.

A la deriva

Javier Treviño Cantú
El Norte
12 de agosto de 2009

El escenario internacional aún atraviesa por un profundo proceso de cambio, pero México sigue sin encontrar su lugar en el nuevo entorno que está surgiendo. México no halla un acomodo firme, que le permita proyectarse como un actor decisivo, capaz de ejercer un liderazgo regional. Tampoco ha obtenido beneficios concretos de sus intensos esfuerzos diplomáticos, que contribuyan a superar el impacto de la crisis económica global, una imagen internacional destrozada por la pandemia de influenza, y los embates de organizaciones criminales transnacionales cada vez más poderosas.

En diciembre del año pasado, escribí en estas páginas que había llegado la hora de las definiciones. El arribo a la Casa Blanca de la nueva administración Obama, la multi-cumbre en Sauípe que coronaba la percepción de Brasil como la única potencia emergente regional, y la transformación de Centroamérica en un campo de batalla para la confrontación entre dos modelos de desarrollo político y económico diametralmente opuestos, le exigían a México definiciones claras.

Desafortunadamente, las definiciones no llegaron. Hoy, nuestro país sigue sin “embonar” en los principales espacios geopolíticos, y las consecuencias son evidentes. México va por el mundo a la deriva, aislado y sin un proyecto claro. Llegamos a la mitad del sexenio sin más México en el mundo, y con menos mundo en México.

La cumbre de Norteamérica, la gira del Presidente Calderón por Sudamérica y, sobre todo, la crisis en Centroamérica, ofrecen puntos de referencia claros para destacar la necesidad de replantear a fondo el camino internacional que está siguiendo México.

Con los vecinos del norte, a principios del actual gobierno se apostó a la continuidad. Continuidad en seguridad, con la Iniciativa Mérida; en comercio, con el TLC; en migración, considerando la reforma como un asunto estrictamente de política interna estadounidense; y, en diseño institucional, mediante la ASPAN. Nada ha rendido frutos.

La cooperación sobre seguridad avanza en los términos y al paso que más convienen a Estados Unidos, mientras la violencia y la inseguridad en México se agravan. En la cumbre de Guadalajara se habló de impulsar la competitividad, pero no se resolvieron los conflictos comerciales bilaterales que retrasan la recuperación. En materia migratoria, el compromiso de Obama, para buscar una reforma integral, palidece frente a los abusos y la discriminación que sufren los trabajadores y sus familias. La ASPAN ha quedado rebasada por la realidad, pero no se promueve su fortalecimiento institucional.

Hacia el sur del continente, se le apostó al bajo perfil y la distensión para evitar mayores conflictos, específicamente con Venezuela y sus socios de la ALBA, así como la percepción de una competencia directa con Brasil. La estrategia tampoco dio resultado.

El presidente Calderón llegó a Colombia en una coyuntura poco favorable. Mientras Estados Unidos nos condiciona la ayuda para la Iniciativa Mérida, el gobierno del presidente Uribe ha sido puesto a la defensiva por permitir el uso de bases colombianas a fuerzas militares estadounidenses. Por su parte, Venezuela ha seguido afectando impunemente los intereses de compañías mexicanas (y de muchos otros países), a la vez que genera una creciente inestabilidad con políticas armamentistas e injerencistas. De la competencia con Brasil, ni hablar. En lugar de que México creciera para tutearse con los BRICs, el banquero que acuñó el acrónimo ahora nos ubica en una categoría similar a la de Vietnam.

En particular, la falta de definiciones se ha resentido en Centroamérica. Siendo realistas, ahí es donde México tendría que haber concentrado mayor atención y recursos, para afianzar su dimensión predominante. No ha sido así. A pesar de los intentos para transformar el fallido Plan Puebla-Panamá en un Proyecto Mesoamericano, la crisis en Honduras ha dejado al descubierto la falta de peso político de nuestro país. El carácter insostenible del enfoque basado en una distensión con la ALBA no resuelve nada.

Los retos se agudizan y los temas de la agenda global se multiplican. El cambio climático y el agotamiento de los recursos energéticos fósiles, la tendencia rearmamentista y la inseguridad alimentaria, nos demandan propuestas e iniciativas imaginativas, a la altura de la tradición diplomática que distingue a México.

Nuestra integración con Estados Unidos y Canadá, la “alianza estratégica” con la Unión Europea, la pertenencia a APEC y la OCDE, la participación en el Consejo de Seguridad de la ONU y la presencia en el G5 y el G20, no se han traducido en una mayor influencia de México. Queda la segunda mitad del sexenio, y el 2010 será un año de alto riesgo. Las definiciones todavía pueden darse, pero el tiempo apremia.
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La semana pasada, el gobernador electo de Nuevo León me honró al encargarme la coordinación de su equipo de transición, por lo que debo hacer un paréntesis en mis colaboraciones para El Norte. Quiero agradecer al equipo editorial por su apoyo y, más que nada, a los lectores por permitirme compartir estas reflexiones quincenales. Hasta la próxima.

El problema de Norteamérica

Javier Treviño Cantú
El Norte
29 de julio de 2009

En unos días, los mandatarios de América del Norte — Felipe Calderón, Barack Obama y Stephen Harper— dejarán en claro si cuentan con la visión y la voluntad de impulsar un proyecto común para el área, o si, en cambio, van a optar por seguir sobrellevando una relación regional que ha perdido ímpetu y sentido de dirección.

Las secretarias Patricia Espinosa y Hillary Clinton, junto con el ministro canadiense Lawrence Cannon, anunciaron en Washington que la cumbre de líderes norteamericanos será el 9 y 10 de agosto, en Guadalajara. También perfilaron los temas que discutirán: seguridad, competitividad regional y —lo que sería el “sello” de este encuentro— propuestas para enfrentar el cambio climático e impulsar fuentes de energía limpia.

Es decir, será una cumbre prácticamente rutinaria, como tantas otras que ocurren a nivel internacional, para repasar los pendientes de costumbre y darle un carácter novedoso al escoger un tema “insignia”. El problema es que, mientras los mandatarios llegan a Guadalajara con una serie de enfrentamientos como telón de fondo, la dimensión de los retos que enfrenta la región no tiene nada de rutinaria.

El problema fundamental está en la falta de decisión para encarar el obstáculo que ha frenado el desarrollo de América del Norte: un déficit institucional, que impide contar con estructuras sólidas para responder con agilidad al cambiante entorno global, y detonar el potencial que todavía ofrece una mayor integración regional.

Como siempre, los marcos regulatorios e institucionales van un paso atrás de la realidad, y el panorama norteamericano actual es muy distinto al de hace 15 años, cuando entró en vigor el TLC. Incluso al de hace cuatro años, cuando nació la controvertida Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.

Este déficit institucional se agrava por dos factores adicionales. Primero, en la práctica el TLC y la ASPAN han derivado en esquemas “tri-bilaterales”, donde tanto México como Canadá buscan conducir sus agendas y resolver sus respectivas diferencias con Estados Unidos por separado; y, segundo, ni el TLC ni la ASPAN contemplan el tema migratorio como parte integral de los esfuerzos para promover la competitividad.

El desfase entre una realidad marcada por múltiples crisis y la debilidad institucional de la región, es evidente en los tres principales temas de la agenda norteamericana: seguridad, comercio y competitividad.

En materia de seguridad, la cooperación prevista en la Iniciativa Mérida (IM) ni siquiera ha empezado a fluir, cuando su plazo original ya está por vencer. Hace unas semanas empezó a filtrarse el interés de la administración Obama por “ampliar la vigencia” de la IM. Ayer, coincidiendo con la visita a México del zar antidrogas estadounidense, Gil Kerlikowske, la DEA lo confirmó a través del Washington Post: la lucha del gobierno mexicano será “más larga y sangrienta de lo anticipado”, por lo que se necesitará aún más ayuda.

Sin embargo, el modelo adoptado es incongruente con los fines regionales. Si bien la IM no se explica sin el antecedente de la ASPAN, se dejó fuera a Canadá, un país que juega un papel estructural en el mercado de las drogas ilícitas y que también se está viendo afectado por el alcance de las organizaciones mexicanas.

Además, la racionalidad de la IM está siendo rebasada por la realidad. Mientras la receta para México se basa en la tradicional certificación y una limitada ayuda para el combate policiaco, militar y judicial del fenómeno, las políticas estadounidenses se liberalizan. La venta de mariguana con fines “médicos” ya es legal en 13 estados de la Unión Americana, y desde que la administración Obama anunció en febrero que no cerrará “dispensarios”, la inversión en esta lucrativa actividad comercial se ha disparado.

En el terreno comercial, las tendencias proteccionistas que se han impuesto en el Congreso estadounidense —ante la pasividad e indefinición de la Casa Blanca— han desatado numerosos conflictos con México y Canadá. El TLC no está funcionando. Aunque la administración Obama ya desistió de renegociar los acuerdos paralelos, ahora amenaza con castigar a los “socios” comerciales que incumplan los estándares laborales y ambientales por los que se rige Estados Unidos.

El mayor déficit institucional se encuentra en el ámbito de la competitividad, incluyendo los temas de la nueva agenda económico-ambiental y energética. Sin mayor infraestructura, normas estandarizadas, recursos humanos mejor preparados y, ante todo, un mercado laboral norteamericano bien regulado, la región seguirá perdiendo terreno frente a competidores externos. La migración quizás sea el tema más difícil de coordinar; pero, sin un marco institucional actualizado, las fricciones que genera el status quo nunca nos permitirán pasar de ser simples vecinos, a convertirnos en auténticos aliados.

En dos semanas podremos evaluar los resultados de la cumbre de Guadalajara. Por lo que se percibe hasta ahora, no hay razón alguna para ser demasiado optimistas.

¿De regreso?

Javier Treviño Cantú
El Norte
15 de julio de 2009

Los resultados electorales del 5 de julio han puesto en el centro del debate el “regreso” del PRI. Tanto por haber recuperado la mayoría en la Cámara de Diputados, como algunos estados y municipios emblemáticos que eran gobernadas por el PAN y el PRD, la idea de que el PRI va en camino de vuelta hacia Los Pinos se ha vuelto prácticamente un lugar común.

Sin embargo, aún falta mucho para las elecciones presidenciales de 2012 y, ante la complejidad del escenario donde se desarrollará la contienda durante los próximos tres años, es imposible prever las condiciones en que el electorado mexicano decidirá en última instancia quién deberá conducir al país en el siguiente sexenio.

En México y otros países, como España, la historia de la alternancia democrática todavía es muy joven. En cambio, en Estados Unidos y naciones con un desarrollo democrático más añejo, los relevos de gobierno entre los principales partidos naturalmente son frecuentes. Pero, en cualquier parte, la experiencia de la alternancia ha dado pie a uno de los géneros narrativos más interesantes en términos político-mediáticos: el regreso del partido que había sido destronado.

El concepto del regreso al poder implica una serie de cualidades positivas: la capacidad de superar la adversidad; una disposición para aprender de los errores pasados y mejorar; la virtud de procesar diferencias internas para presentar un frente unido; y, sobre todo, la habilidad para seleccionar a un auténtico lider, que encarne los mejores valores del partido y las aspiraciones del electorado que se identifica con él.

Por supuesto, también trae consigo los atributos negativos de la competencia política: el desgaste que implica para el partido en el gobierno el ejercicio del poder; los errores electorales de los adversarios; la fragmentación de las fuerzas opositoras; y, una incapacidad para proyectar liderazgo por parte de los candidatos rivales.

Adam Nagourney, el reconocido periodista del New York Times, comentaba hace poco dos escenarios que pueden conducir a un regreso político. El primero sería de tipo “negativo”, cuando un partido gana básicamente por las fallas de los oponentes. Por su parte, el segundo tendría un carácter más “positivo”, ya que se basa en una verdadera capacidad para adecuarse a las nuevas condiciones del entorno, y en la ventaja de contar con un candidato capaz de ejercer un liderazgo eficaz.

Existen dos casos que pueden ilustrar estas alternativas: el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE en las elecciones españolas del 14 de marzo de 2004, y el de Bill Clinton y el Partido Demócrata en los comicios estadounidenses de 1992.

El regreso del PSOE al Palacio de la Moncloa ha sido una de las historias políticas más controvertidas en años recientes. A unas semanas de las elecciones, la mayoría de las encuestas daban por hecho la reelección del Presidente José María Aznar, del entonces gobernante Partido Popular. Tres días antes de la votación, los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid cambiaron todo el panorama. A la fecha no existe un consenso sobre lo que pasó, pero algunos estudios indican que las cuestionadas reacciones de la administración Aznar frente a la crisis fueron lo que motivó una mayor participación de electores de “izquierda” a favor al PSOE. Ese aumento, que se calcula pudo alcanzar un 8%, le habría dado la victoria a Rodríguez Zapatero.

En el caso de Bill Clinton, el regreso del Partido Demócrata a la Casa Blanca se dio tras doce largos años en la oposición. Las tres derrotas consecutivas que sufrieron, a manos de Ronald Reagan y George Bush padre, los convencieron de que tenían que replantear fundamentalmente las posturas tradicionales con las que los electores asociaban a los demócratas. Con base en una plataforma enfocada en la preocupación principal de los ciudadanos — ¡es la economía, estúpido!— y un gran carisma, Clinton logró llevar a su partido hacia el centro del espectro político para recuperar el poder en 1992.

Como señala Nagourney, la historia demuestra que los partidos que logran adaptarse mejor a los cambios, y desarrollar propuestas electorales relevantes y viables para los electores, son los que tienen mayores posibilidades no sólo de volver a ejercer el gobierno, sino de mantenerlo por largos periodos de tiempo. La historia indica que, para lograrlo, también es esencial contar con un candidato que encarne las nuevas ideas del partido; o, cuando menos, que sea capaz de “re-empaquetar” eficazmente las mismas propuestas de siempre.

En México, durante los próximos tres años vamos a poder comprobar cuál de nuestros principales partidos políticos es capaz de entender mejor los profundos cambios que están ocurriendo en nuestro país y el resto del mundo. El que lo haga, y desarrolle la mejor agenda de gobierno como base para una oferta electoral atractiva y factible, tendrá la ventaja. Sobre todo, el que logre contar con el candidato más sólido es el que seguramente estará en camino de llegar a Los Pinos.

FFAA

Javier Treviño Cantú
El Norte
1 de julio de 2009

Las guerras en Irak y Afganistán, la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos, y la crisis en Honduras reflejan dos cosas: 1) los cambios en la función que juegan las Fuerzas Armadas (FFAA) nacionales en el escenario de la globalización; y, 2) la necesidad de contar con reglas claras para normar su actuación dentro del marco institucional. En México, ambas tareas siguen pendientes y, antes de que nos rebasen los tiempos sexenales, más vale que nos apresuremos a concluirlas.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 aceleraron algunos de los procesos que apuntaban hacia una redefinición del papel de las FFAA. En particular, al diluirse las diferencias entre los retos externos e internos a la seguridad nacional.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, esto se manifestó en las políticas legalmente cuestionables que adoptó la administración Bush para conducir su “guerra global contra el terrorismo” y las campañas militares en Medio Oriente, así como en la creación del Comando Norte, el Departamento de Seguridad Territorial y la ASPAN.

Ahora, la administración Obama busca darle mayor peso estratégico —y, por lo tanto, presupuestal— a su capacidad para pelear guerras “irregulares” mediante tácticas de contrainsurgencia en sitios como Afganistán, además de enfrentar conflictos “tradicionales” con rivales como Rusia o China, “híbridos” y cyberespaciales.

Uno de los lugares donde podría aplicarse el nuevo enfoque militar contrainsurgente de Estados Unidos es en la frontera con México. El Washington Post dio por hecho el sábado pasado que el gobierno estadounidense enviará 1,500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional. Lo único que ha retrasado la decisión, son las diferencias entre el secretario de Defensa, Robert Gates, y la secretaria de Seguridad Territorial, Janet Napolitano, respecto a quién definirá su misión, y quién aportará los recursos presupuestales.

La segunda razón que ha propiciado un cambio en el papel que desempeñan las FFAA en países como Honduras, o México, ha sido el desfase entre los avances para instaurar gobiernos democráticos, y la capacidad de producir leyes eficaces para responder con suficiente agilidad a las amenazas transnacionales que enfrentamos. Este desfase provoca peligrosas lagunas legales, que abren espacios para el uso discrecional de recursos institucionales fundamentales, incluyendo a las FFAA.

La situación en Honduras es paradójica. La deposición del Presidente Manuel Zelaya por el Ejército había sido considerada como un golpe de Estado, hasta que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, matizó el calificativo. El caso en efecto tiene aspectos muy confusos. El conflicto estalló después de que el general Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor de las FFAA, se negó a obedecer una orden presidencial directa, por considerar que violaba la ley electoral. La Suprema Corte de Justicia le dio la razón, al ratificarlo en el cargo e instruirlo para deponer al mandatario hondureño, mientras el Congreso y todos los partidos validaron la decisión al nombrar un presidente interino.

La detención y expulsión a Costa Rica de Manuel Zelaya ha sido unánimemente rechazada. Sin embargo, más allá de la condena por una cuestión de principios, valdría la pena que la OEA, el Grupo de Río u otro organismo regional imparcial, determine en última instancia si la medida violó los preceptos legales de Honduras. El entramado institucional de ese país tiene características peculiares, y el aparente involucramiento de otros países en la consulta que buscaba realizar el Presidente Zelaya para impulsar su reelección, también deben ser considerados al momento de emitir un juicio definitivo.

Es importante despejar las dudas sobre la crisis hondureña, porque, en México, los huecos legales que amparan la participación de las FFAA en tareas de seguridad pública vinculadas al combate de la delincuencia organizada, siguen abiertos.

Las FFAA mexicanas han incrementado exponencialmente su participación en el esfuerzo para restaurar el orden en el país con base en mandatos jurídicos controvertidos, y entre cuestionamientos cada vez más intensos a nivel nacional e internacional sobre su apego al orden constitucional.

El pasado 19 de febrero, el General Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, dedicó parte del discurso que pronunció en el Día del Ejército a urgir un “debate legislativo para fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte” que proveen sustento y otorgan competencia a las FFAA en la materia.

El Gral. Galván tiene razón. Las FFAA tienen un importante papel que cumplir en el desarrollo y la seguridad de nuestro país. No se trata, como concluye un desafortunado editorial del respetado diario El País, de que el Ejército simplemente se mantenga “calladito y encerrado en sus cuarteles”. Por ello, en la próxima legislatura, nuestros congresistas deben darle prioridad a un asunto pendiente, esencial para reforzar el endeble marco institucional de nuestro país.

Euro-lecciones

Javier Treviño Cantú
El Norte
17 de junio de 2009

Con la promesa pendiente de una “asociación estratégica” que todavía no logra ser dotada de contenido, en México necesitamos dedicarle mayor atención a Europa. En particular, a unas semanas de las elecciones del 5 de julio en nuestro país, el reciente proceso electoral para renovar el Parlamento Europeo nos ofrece al menos cuatro lecciones que pueden ser útiles:

1) A la vez que crece la fuerza política de los poderes legislativos, el respaldo ciudadano para integrarlos se reduce. Por diversas razones, en general los niveles de participación son menores cuando se eligen legisladores, y no a los responsables de los poderes ejecutivos. Este fenómeno se ha vuelto evidente en las elecciones que se realizan cada 5 años para elegir al Parlamento Europeo, donde el abstencionismo ha venido creciendo sostenidamente. En 1979, cuando la Unión Europea (UE) contaba con 9 miembros, la participación fue de casi 62%. Esta vez, ya con 27 países, apenas alcanzó poco más del 43%.

El abstencionismo es un mal endémico. Para combatirlo es necesario que se concientice a los electores de la importancia central que tiene el proceso legislativo en la construcción de una sociedad democrática, y que los ciudadanos encuentren mejores formas de exigir cuentas a los congresistas.

2) Toda política es local. En el caso de la UE, en lugar de que los partidos con una identidad ideológica similar realicen campañas regionales basadas en temas “transversales”, se llevan a cabo 27 campañas electorales nacionales. Los votantes definen sus preferencias por la competencia entre los partidos locales, para que los eurodiputados definan leyes de carácter supra-nacional.

Si el objetivo es promover una mayor participación en este tipo de comicios, el impacto de los cambios legislativos debe traducirse en una mejor calidad de vida a nivel local.

3) Los partidos que articulan la mejor narrativa ganan. En las elecciones parlamentarias de la UE, los partidos conservadores de centro-derecha se impusieron abrumadoramente a los social-demócratas de izquierda. Agrupados en el llamado Partido Popular Europeo, los parlamentarios vinculados con la corriente demócrata-cristiana obtuvieron 264 escaños, frente a 161 del Grupo Socialista.

Ante la crisis global y sus efectos devastadores en el empleo, la izquierda parecía estar en una posición inmejorable para alzarse con el triunfo, pero fue incapaz de plantear un discurso novedoso que la diferenciara de sus rivales. Los partidos de centro-derecha que gobiernan en Alemania, Francia e Italia, o que son oposición en países como Irlanda, España y el Reino Unido, se impusieron sin grandes dificultades.

Esto demostró que las batallas electorales se siguen ganando desde el centro del espectro político, y que los votantes prefieren respaldar a los partidos con un discurso que genere confianza. En México, también estamos viendo que algunos partidos buscan cambiar la narrativa tradicional, ya sea al adoptar un discurso que los convierte en “oposición” aunque estén en el poder, o al hacer propuestas radicales —como la pena de muerte— sin posibilidades reales de aplicarse, pero que tienen “resonancia” con un electorado insatisfecho.

4) A menor legitimidad institucional, menor influencia internacional. El elevado abstencionismo en la elección al Parlamento Europeo aún no pone en tela de juicio su legitimidad, pero puede tener un efecto colateral negativo en la continuidad del proyecto para fortalecer a la UE.

Por una parte, antes de que acabe el año se realizará un segundo referéndum en Irlanda para ratificar el Tratado de Lisboa, y el triunfo de la oposición dificultará esta decisión. Por otra parte, la derrota sufrida por los laboristas en el Reino Unido puede anticipar la llegada al poder del Partido Conservador. Su líder, David Cameron, ha dicho que si gana y el Tratado de Lisboa no ha sido ratificado por todos los demás países, podría impulsar su propio referéndum para revocar la participación de Gran Bretaña en la UE, con lo que seguramente se desataría una crisis de consecuencias imprevisibles.

A pesar de que no se considera que la UE esté en peligro de fracturarse, la incapacidad de dar nuevos pasos para actualizar sus instituciones sí le puede restar peso global frente a Estados Unidos y otras potencias emergentes, como China, o Rusia, país del cual depende en gran medida para su seguridad energética.

La fortaleza que surge de un amplio respaldo ciudadano a las instituciones nacionales —o supra-nacionales en el caso de la UE— es la base fundamental sobre la que cualquier país puede proyectarse como un actor relevante en un escenario internacional que sigue evolucionando rápidamente.

En el caso de México, por más bien intencionados que puedan ser los llamados a la anulación de las boletas en las próximas elecciones del 5 de julio, en realidad nada sustituye al voto efectivo de una elevada participación ciudadana para reforzar a nuestras propias instituciones democráticas y, por lo tanto, el nuevo lugar que intentamos ocupar en el mundo.