Wednesday, July 17, 2013

Interés nacional y reforma energética

Javier Treviño Cantú

Milenio

Ante la inminente presentación de la propuesta de reforma energética, en el marco del Pacto por México, y de su discusión en el Congreso de la Unión para concretarla en una iniciativa con posibilidades reales de ser aprobada, reglamentada e instrumentada a corto plazo, es indispensable partir de una pregunta fundamental que nos permita evitar falsos dilemas: ¿cuál es el interés nacional de México en un mundo globalizado, donde nuestro país aspira a ser reconocido como un actor relevante con capacidad de decisión propia y de asumir mayores responsabilidades geopolíticas?

Como señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: “...el objetivo de la presente Administración será defender y promover el interés nacional, mediante una política que consolide el papel constructivo de México en el mundo”  (p. 182). Por ello, la primera consideración respecto a la propuesta de una reforma energética de largo alcance, sería precisar la forma en que deberá contribuir a promover nuestro interés nacional. Para efectos del tema que nos ocupa, éste podría definirse como la capacidad de maximizar el aprovechamiento de los recursos energéticos con que cuenta el país para beneficio de las generaciones presentes y futuras de mexicanos. Punto.

No debemos perder de vista tres objetivos estratégicos de una reforma energética. El primero de ellos, sería asumir que nuestro interés nacional no debe consistir tan sólo en asegurar la plena propiedad del Estado mexicano sobre los hidrocarburos y demás recursos energéticos con que contemos conforme a lo establecido en el Artículo 27 constitucional, sino también en lograr que los aprovechemos al máximo.

De nada sirve al interés nacional contar con enormes reservas potenciales de petróleo y gas, si no podemos realizar actividades de exploración para ubicarlas con precisión, transferir el riesgo a los inversionistas privados, explotarlas en forma eficaz (es decir, a un costo internacionalmente competitivo y evitando en la mayor medida posible impactos ambientales nocivos), y canalizar con transparencia los recursos financieros generados tanto a fortalecer la capacidad de Pemex para operar como una compañía rentable, como a invertir en el desarrollo sostenido de la sociedad mexicana.

El segundo objetivo estratégico de la reforma, sería plantearnos cómo puede contribuir a reforzar y mantener nuestra seguridad energética. El acceso a fuentes de energía es un pre-requisito indispensable para toda la actividad productiva y el bienestar de la sociedad mexicana. Sin un abasto oportuno, no sólo se afecta la competitividad internacional de nuestro país frente a otras economías ya sean socios comerciales, como en el caso de los Estados Unidos, o competidores manufactureros como en el de China, sino que también se pone en riesgo nuestra seguridad nacional.

Nuestro reto en relación con este segundo objetivo estratégico es doble. Por una parte, no sólo ha caído la producción de petróleo y nos hemos rezagado en la explotación de gas natural y en formaciones rocosas de lutitas (gas shale), sino que incluso podríamos llegar a convertirnos en un país deficitario en materia energética muy pronto. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027: “De 2000 a 2011, el consumo de energía en el país creció a un promedio anual de 2.08%, tasa superior a la (del) PIB, cuyo crecimiento anual fue de 1.82%. Por su parte, la producción de energía primaria disminuyó a una tasa anual de 0.3%. De continuar estas tendencias, tanto en consumo como en producción de energía, para el 2020 México se convertiría en un país estructuralmente deficitario en energía” (p. 3).

De hecho, nuestra seguridad energética ya está en riesgo, debido a nuestra creciente dependencia del exterior para abastecernos de productos petrolíferos —en especial, gasolinas y diesel—, así como de gas para consumo industrial y doméstico. La creciente capacidad exportadora de los Estados Unidos sin duda puede representar para nosotros una ventaja competitiva frente a otros países. Sin embargo, nada garantiza que los bajos precios actuales del gas estadounidense se trasladen en automático a México, ni que el intercambio energético pueda estar exento de las constantes fricciones comerciales entre ambos países, lo que en un caso extremo podría amenazar el suministro de productos críticos para el sector productivo y el transporte de nuestro país.

Por la otra parte, todo el panorama energético mundial está en un proceso de profundo reacomodo. Del lado de la oferta, precisamente por la revolución tecnológica que ha re-dinamizado la industria energética de los Estados Unidos y otros países con capacidad de explotar yacimientos petrolíferos no-convencionales, incluyendo a Canadá. Y, del lado de la demanda, por una reorientación del consumo hacia China y las demás economías emergentes de Asia, que demandan un mayor abastecimiento para sostener sus elevadas tasas de crecimiento y su propia seguridad energética.

De esta forma, no sólo nos hemos vuelto cada vez más vulnerables a la volatilidad de los precios energéticos internacionales por nuestras limitaciones en materia de refinación de combustibles o de extracción de gas, sino que, además, nuestro mercado “natural” de exportaciones petroleras, centrado en los Estados Unidos, está en posibilidades de desaparecer a mediano plazo. En Estados Unidos se está discutiendo acabar con las restricciones legales que impiden la exportación de gas y, ahora también, de petróleo crudo. Es decir, que muy pronto podríamos estar pagando precios mucho más elevados por el gas estadounidense, al mismo tiempo que nuestros vecinos del norte podrían competir con México por las exportaciones petroleras a los mercados de Asia.

Por último, el tercer objetivo estratégico de una reforma energética integral, tendría que enfocarse en la necesidad de contar con una industria y un mercado energético que contribuyan a elevar nuestra competitividad económica y, sobre todo, a darle bases más firmes al desarrollo social del país. Es un hecho que México ha ido ganando terreno en materia de competitividad, como lo muestran, por ejemplo, las cuantiosas inversiones en el sector automotriz y el acelerado desarrollo de la industria aeroespacial. Pero también es cierto que aún enfrentamos muchos retos para escalar posiciones en índices que, como el del Foro Económico Mundial, son determinantes para la toma de decisiones de los inversionistas. Y, entre los desafíos más relevantes, por supuesto se encuentra ofrecer un suministro energético confiable y a precios accesibles a la industria del país.

Lo más importante de todo, no obstante, es asegurar que la reforma energética permita generar mayores recursos presupuestales para invertir en el bienestar de la sociedad mexicana. A pesar de avances innegables, lamentablemente en México todavía cerca de la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza. Como lo indica el reciente reporte del INEGI (junio 12, 2013) sobre las clases medias en México: “42.4% de los hogares, en donde vive el 39.2% de la población total del país, son de clase media. Por su parte, 2.5% de los hogares son de clase alta, viviendo en ellos el 1.7% de la población del país, mientras que, en el otro lado del espectro social, se tiene al 55.1% de los hogares donde desarrolla su vida el 59.1% de la población mexicana”.

Si no somos capaces de aprovechar la oportunidad histórica de lograr una reforma energética verdaderamente transformadora, que reduzca la carga impositiva de Pemex a la vez que genere recursos presupuestales mucho mayores mediante la inversión y la participación empresarial en este sector —resguardando ante todo el control del Estado mexicano sobre la propiedad de los hidrocarburos y demás recursos energéticos—, el “bono demográfico” con el que aún contamos, pronto se convertirá en una auténtica bomba de tiempo que podría poner en riesgo el destino de nuestra nación.






* El autor es Diputado Federal por Nuevo León, Secretario de la Comisión de Energía y Secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Se ha desempeñado como Subsecretario de Relaciones Exteriores y Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.