FFAA
Javier Treviño Cantú
El Norte
1 de julio de 2009
Las guerras en Irak y Afganistán, la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos, y la crisis en Honduras reflejan dos cosas: 1) los cambios en la función que juegan las Fuerzas Armadas (FFAA) nacionales en el escenario de la globalización; y, 2) la necesidad de contar con reglas claras para normar su actuación dentro del marco institucional. En México, ambas tareas siguen pendientes y, antes de que nos rebasen los tiempos sexenales, más vale que nos apresuremos a concluirlas.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 aceleraron algunos de los procesos que apuntaban hacia una redefinición del papel de las FFAA. En particular, al diluirse las diferencias entre los retos externos e internos a la seguridad nacional.
En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, esto se manifestó en las políticas legalmente cuestionables que adoptó la administración Bush para conducir su “guerra global contra el terrorismo” y las campañas militares en Medio Oriente, así como en la creación del Comando Norte, el Departamento de Seguridad Territorial y la ASPAN.
Ahora, la administración Obama busca darle mayor peso estratégico —y, por lo tanto, presupuestal— a su capacidad para pelear guerras “irregulares” mediante tácticas de contrainsurgencia en sitios como Afganistán, además de enfrentar conflictos “tradicionales” con rivales como Rusia o China, “híbridos” y cyberespaciales.
Uno de los lugares donde podría aplicarse el nuevo enfoque militar contrainsurgente de Estados Unidos es en la frontera con México. El Washington Post dio por hecho el sábado pasado que el gobierno estadounidense enviará 1,500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional. Lo único que ha retrasado la decisión, son las diferencias entre el secretario de Defensa, Robert Gates, y la secretaria de Seguridad Territorial, Janet Napolitano, respecto a quién definirá su misión, y quién aportará los recursos presupuestales.
La segunda razón que ha propiciado un cambio en el papel que desempeñan las FFAA en países como Honduras, o México, ha sido el desfase entre los avances para instaurar gobiernos democráticos, y la capacidad de producir leyes eficaces para responder con suficiente agilidad a las amenazas transnacionales que enfrentamos. Este desfase provoca peligrosas lagunas legales, que abren espacios para el uso discrecional de recursos institucionales fundamentales, incluyendo a las FFAA.
La situación en Honduras es paradójica. La deposición del Presidente Manuel Zelaya por el Ejército había sido considerada como un golpe de Estado, hasta que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, matizó el calificativo. El caso en efecto tiene aspectos muy confusos. El conflicto estalló después de que el general Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor de las FFAA, se negó a obedecer una orden presidencial directa, por considerar que violaba la ley electoral. La Suprema Corte de Justicia le dio la razón, al ratificarlo en el cargo e instruirlo para deponer al mandatario hondureño, mientras el Congreso y todos los partidos validaron la decisión al nombrar un presidente interino.
La detención y expulsión a Costa Rica de Manuel Zelaya ha sido unánimemente rechazada. Sin embargo, más allá de la condena por una cuestión de principios, valdría la pena que la OEA, el Grupo de Río u otro organismo regional imparcial, determine en última instancia si la medida violó los preceptos legales de Honduras. El entramado institucional de ese país tiene características peculiares, y el aparente involucramiento de otros países en la consulta que buscaba realizar el Presidente Zelaya para impulsar su reelección, también deben ser considerados al momento de emitir un juicio definitivo.
Es importante despejar las dudas sobre la crisis hondureña, porque, en México, los huecos legales que amparan la participación de las FFAA en tareas de seguridad pública vinculadas al combate de la delincuencia organizada, siguen abiertos.
Las FFAA mexicanas han incrementado exponencialmente su participación en el esfuerzo para restaurar el orden en el país con base en mandatos jurídicos controvertidos, y entre cuestionamientos cada vez más intensos a nivel nacional e internacional sobre su apego al orden constitucional.
El pasado 19 de febrero, el General Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, dedicó parte del discurso que pronunció en el Día del Ejército a urgir un “debate legislativo para fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte” que proveen sustento y otorgan competencia a las FFAA en la materia.
El Gral. Galván tiene razón. Las FFAA tienen un importante papel que cumplir en el desarrollo y la seguridad de nuestro país. No se trata, como concluye un desafortunado editorial del respetado diario El País, de que el Ejército simplemente se mantenga “calladito y encerrado en sus cuarteles”. Por ello, en la próxima legislatura, nuestros congresistas deben darle prioridad a un asunto pendiente, esencial para reforzar el endeble marco institucional de nuestro país.
El Norte
1 de julio de 2009
Las guerras en Irak y Afganistán, la violencia en la frontera entre México y Estados Unidos, y la crisis en Honduras reflejan dos cosas: 1) los cambios en la función que juegan las Fuerzas Armadas (FFAA) nacionales en el escenario de la globalización; y, 2) la necesidad de contar con reglas claras para normar su actuación dentro del marco institucional. En México, ambas tareas siguen pendientes y, antes de que nos rebasen los tiempos sexenales, más vale que nos apresuremos a concluirlas.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 aceleraron algunos de los procesos que apuntaban hacia una redefinición del papel de las FFAA. En particular, al diluirse las diferencias entre los retos externos e internos a la seguridad nacional.
En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, esto se manifestó en las políticas legalmente cuestionables que adoptó la administración Bush para conducir su “guerra global contra el terrorismo” y las campañas militares en Medio Oriente, así como en la creación del Comando Norte, el Departamento de Seguridad Territorial y la ASPAN.
Ahora, la administración Obama busca darle mayor peso estratégico —y, por lo tanto, presupuestal— a su capacidad para pelear guerras “irregulares” mediante tácticas de contrainsurgencia en sitios como Afganistán, además de enfrentar conflictos “tradicionales” con rivales como Rusia o China, “híbridos” y cyberespaciales.
Uno de los lugares donde podría aplicarse el nuevo enfoque militar contrainsurgente de Estados Unidos es en la frontera con México. El Washington Post dio por hecho el sábado pasado que el gobierno estadounidense enviará 1,500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional. Lo único que ha retrasado la decisión, son las diferencias entre el secretario de Defensa, Robert Gates, y la secretaria de Seguridad Territorial, Janet Napolitano, respecto a quién definirá su misión, y quién aportará los recursos presupuestales.
La segunda razón que ha propiciado un cambio en el papel que desempeñan las FFAA en países como Honduras, o México, ha sido el desfase entre los avances para instaurar gobiernos democráticos, y la capacidad de producir leyes eficaces para responder con suficiente agilidad a las amenazas transnacionales que enfrentamos. Este desfase provoca peligrosas lagunas legales, que abren espacios para el uso discrecional de recursos institucionales fundamentales, incluyendo a las FFAA.
La situación en Honduras es paradójica. La deposición del Presidente Manuel Zelaya por el Ejército había sido considerada como un golpe de Estado, hasta que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, matizó el calificativo. El caso en efecto tiene aspectos muy confusos. El conflicto estalló después de que el general Romeo Vásquez, Jefe del Estado Mayor de las FFAA, se negó a obedecer una orden presidencial directa, por considerar que violaba la ley electoral. La Suprema Corte de Justicia le dio la razón, al ratificarlo en el cargo e instruirlo para deponer al mandatario hondureño, mientras el Congreso y todos los partidos validaron la decisión al nombrar un presidente interino.
La detención y expulsión a Costa Rica de Manuel Zelaya ha sido unánimemente rechazada. Sin embargo, más allá de la condena por una cuestión de principios, valdría la pena que la OEA, el Grupo de Río u otro organismo regional imparcial, determine en última instancia si la medida violó los preceptos legales de Honduras. El entramado institucional de ese país tiene características peculiares, y el aparente involucramiento de otros países en la consulta que buscaba realizar el Presidente Zelaya para impulsar su reelección, también deben ser considerados al momento de emitir un juicio definitivo.
Es importante despejar las dudas sobre la crisis hondureña, porque, en México, los huecos legales que amparan la participación de las FFAA en tareas de seguridad pública vinculadas al combate de la delincuencia organizada, siguen abiertos.
Las FFAA mexicanas han incrementado exponencialmente su participación en el esfuerzo para restaurar el orden en el país con base en mandatos jurídicos controvertidos, y entre cuestionamientos cada vez más intensos a nivel nacional e internacional sobre su apego al orden constitucional.
El pasado 19 de febrero, el General Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, dedicó parte del discurso que pronunció en el Día del Ejército a urgir un “debate legislativo para fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte” que proveen sustento y otorgan competencia a las FFAA en la materia.
El Gral. Galván tiene razón. Las FFAA tienen un importante papel que cumplir en el desarrollo y la seguridad de nuestro país. No se trata, como concluye un desafortunado editorial del respetado diario El País, de que el Ejército simplemente se mantenga “calladito y encerrado en sus cuarteles”. Por ello, en la próxima legislatura, nuestros congresistas deben darle prioridad a un asunto pendiente, esencial para reforzar el endeble marco institucional de nuestro país.
posted by Javier Trevino at 6:57 AM
5 Comments:
Estimado Javier, interesante artículo. Estoy de acuerdo en que urge que las labores de las Fuerzas Armadas mexicanas, en relación a la seguridad pública, sean finalmente normadas en un marco jurídico consensuado.
Sin embargo, a mi juicio, el problema no radica en la indefinición de la actuación de las FFAA en estos menesters, sino en TODA la estructura política, doctrinal y operacional de las mismas.
Seguimos siendo el único país del mundo con dos ministerios de defensa, uno que engloba al Ejército y Fuerza Aérea; y otro que engloba a la Marina y la Infantería de Marina. El trabajo conjunto entre ambas secretarías es casi nulo, desde el nivel político hasta el nivel operativo. Urge integrar, en un sólo Ministerio, a ambas secretarías.
Por otro lado, nuestras leyes prohiben que civiles se conviertan en secretarios de la defensa o marina; de manera que nuestras FFAA, siguen siendo juez y parte: ellas mismas se administran, ellas mismas definen sus presupuestos, ellas mismas juzgan a la tropa que comete un delito; etc.
Otro tema gravísimo, también en la esféra política, tiene que ver con la rendición de cuentas de las FFAA al Congreso. ¿Cómo es posible que existan sendas comisiones de defensa y de marina 100% divergentes? ¿Cómo es posible que los diputados que dirigen las comisiones, sean los mismos militares con licencia o retirados? Eso los convierte, nuevamente, en juez y parte.
En el nivel doctrinal, seguimos pensando bajo los mismos esquemas mentales de hace 50 años. Un ejemplo de ello es la renuencia, por parte del Ejército, a participar en operaciones de ENTRENAMIENTO con otros países. Ni qué decir de operaciones de paz. No olvidaré al general Roberto Badillo, diputado de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, decir que "no debemos participar en estos ejercicios porque es violentar nuestra soberanía, acostumbrar a otros países a que los apoyemos y, peor aún, que se lleven nuestros secretos" No puedo creer el grado de ineptitud que hay en esas palabras.
Otro tema tiene que ver con el nivel operativo. Ahí podemos ver, en su máxima expresión, el nulo equipamiento mínimo de combate para nuestros soldados. Desde las ridículas compras de camionetas pick-up para desplazamientos militares de alto riesgo (sin protección balísitica para los soldados); hasta la carencia de chalecos balísticos. Un general decía, el año pasado, que "los soldados mexicanos no necesitan chalecos porque saben cómo cubrirse en un enfrentamiento, ya sea con la banqueta o detrás de los árboles". Insisto, este tipo de pensamiento no puede ser posible.
En fin Javier, creo que para regular la actuación de nuestras FFAA en el combate al crimen organizado, primero se requiere una reestructuración total de su estructura política, doctrina y conceptos operacionales.
Saludos.
Christian: Creo que tocas temas muy importantes y ojalá se logre abrir una discusión responsable sobre este tema.
Saludos
EW
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Estimado Javier, coincido contigo y con Christian... Mexico es un pais que, hoy en dia, se encuentra inmerso en una situacion que jamás se habia visto, la delincuencia organizada completamente desbocada (las razones de porque esta desbocada no interesan para efectos de este comentario)... lo que si es una realidad, es que si no fuera por la actuación del ejercito en esta guerra, quien sabe como estaría el país... es importantísimo que la fundamentación legal de la actuación del ejercito sea establecida de manera clara y precisa para no seguir en esta situación de divergencia legal. Desgraciadamente los otros organismos de seguridad publica dejan mucho que desear y cada día que conocemos de su involucramiento con la delincuencia organizada mas nos indignamos.
Saludos.
Jorge Mafud
Mafud Abogados.
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