El valor público de América del Norte

El valor público de América del Norte

Javier Treviño

@javier_trevino

En el debate público sobre los tratados comerciales suele repetirse una pregunta incompleta: ¿quién gana y quién pierde? Se cuentan empleos, se comparan balanzas comerciales y se lanzan consignas políticas. Pero rara vez se formula la pregunta correcta: ¿qué valor público han creado —o pueden seguir creando— el TLCAN y el T-MEC para los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y México?

Hablar de “valor público” implica ir más allá de las utilidades empresariales o de las estadísticas macroeconómicas. Significa preguntarnos si estos acuerdos han mejorado la vida cotidiana de las personas: si han elevado el ingreso real, fortalecido el empleo, ampliado oportunidades, reducido incertidumbre, mejorado reglas, protegido derechos y construido una región más competitiva y resiliente.

A más de 30 años del TLCAN y casi seis del T-MEC, vale la pena hacer una pausa, mirar con perspectiva y entender qué se ha construido en América del Norte y qué está en juego rumbo a la revisión de 2026.

América del Norte: una fábrica compartida

Uno de los grandes errores del debate comercial es seguir pensando en los países como competidores aislados. La realidad es otra: América del Norte funciona como una sola plataforma productiva, una “fábrica compartida” donde bienes y servicios cruzan fronteras varias veces antes de llegar al consumidor final.

Un automóvil ensamblado en México puede contener acero estadounidense, diseño canadiense, semiconductores asiáticos y logística trinacional. Lo mismo ocurre con alimentos, electrodomésticos, equipo médico o productos digitales.

Este modelo ha creado un tipo de valor público que pocas veces se reconoce: competitividad colectiva. Ninguno de los tres países sería hoy tan competitivo frente a Asia o Europa sin esta integración profunda.

Estados Unidos: valor público más allá del discurso político

En Estados Unidos, el TLCAN fue durante años un símbolo político incómodo. Se le culpó de la pérdida de empleos industriales, especialmente en ciertas regiones. Pero la evidencia muestra una realidad más compleja —y más honesta.

1. Ingreso real y productividad

Uno de los mayores beneficios públicos para Estados Unidos ha sido la reducción de costos y el aumento de productividad gracias a insumos más baratos, cadenas eficientes y mayor competencia. Esto se traduce en mayor poder adquisitivo para los consumidores y mejores márgenes para empresas que pueden invertir e innovar.

El propio gobierno estadounidense ha reconocido que el T-MEC, comparado con el escenario previo, incrementa el PIB real y el empleo, en buena medida por la certidumbre en comercio digital y reglas modernas.

2. Empleos: el problema no es el tratado, sino la transición

El comercio no destruye empleos: los transforma. El verdadero desafío ha sido la falta de políticas públicas suficientes para acompañar a los trabajadores desplazados. El valor público se erosiona cuando los beneficios se concentran y los costos se abandonan localmente.

Aquí hay una lección clara: el comercio necesita políticas de ajuste, no discursos de cancelación.

3. Valor estratégico y de seguridad

En un mundo fragmentado, el T-MEC aporta a Estados Unidos algo crucial: seguridad económica. Cadenas de suministro cercanas, confiables y reguladas son hoy un activo estratégico. El valor público no es solo económico; es geopolítico.

Canadá: reglas claras como bien público

Para Canadá, un país altamente dependiente del comercio, el valor público del TLCAN y del T-MEC ha sido aún más evidente.

1. Certidumbre para invertir y crecer

El acceso estable al mercado más grande del mundo no es un lujo; es una condición de desarrollo. El TLCAN permitió a Canadá atraer inversión, escalar empresas y sostener empleos bien remunerados.

El T-MEC, con todos sus retos, preserva esa certidumbre. En tiempos de volatilidad global, las reglas son un bien público.

2. Instituciones que equilibran asimetrías

Para un socio más pequeño, los mecanismos de solución de controversias y las disciplinas comerciales no son detalles técnicos; son seguros institucionales. Permiten que las diferencias se resuelvan con reglas, no con poder.

Ese es valor público en estado puro: previsibilidad frente a la arbitrariedad.

México: transformación estructural, con tareas pendientes

México es quizá el país que más cambió con el TLCAN. No siempre para bien en todas las regiones, pero sí de manera profunda e irreversible.

1. De economía cerrada a plataforma exportadora

Desde 1994, México pasó de ser una economía relativamente cerrada a una de las principales potencias exportadoras del mundo. Las exportaciones como proporción del PIB se triplicaron. Llegaron inversión, tecnología, procesos, estándares.

Ese cambio generó millones de empleos formales y una nueva clase empresarial integrada al mundo.

2. Productividad y aprendizaje

El valor público no está solo en exportar más, sino en aprender cómo producir mejor. El TLCAN trajo competencia, exigencia, transferencia de conocimiento y nuevas prácticas laborales.

Sin embargo, este valor no se distribuyó de manera uniforme. El norte y el centro avanzaron más rápido que el sur. Ahí está una de las grandes deudas del modelo.

3. El T-MEC y la oportunidad laboral

Aquí el T-MEC introduce un elemento nuevo: derechos laborales exigibles. Si se implementan con seriedad, pueden traducirse en mejores salarios, mayor formalidad y relaciones laborales más equilibradas.

Para México, este puede ser el siguiente salto de valor público: pasar de competir solo por costos a competir por calidad institucional y capital humano.

El valor público regional: más que la suma de las partes

Visto como sistema, América del Norte ha generado tres grandes bienes públicos compartidos:

1. Competitividad frente al mundo

La región compite mejor integrada que fragmentada. Romper cadenas no devuelve empleos mágicamente; reduce productividad y encarece la vida.

2. Resiliencia y cercanía

Después de la pandemia, la guerra en Ucrania y las tensiones con China, quedó claro que la proximidad importa. El T-MEC es una herramienta de resiliencia regional.

3. Modernización institucional

El comercio digital, los datos, el medio ambiente y el trabajo son ahora parte del acuerdo. Eso eleva el estándar del debate público.

El reto hacia 2026: cuidar lo construido y corregir lo pendiente

La revisión del T-MEC en 2026 no debe ser una renegociación ideológica, sino una conversación madura sobre cómo ampliar el valor público.

Eso implica:

• Más políticas de ajuste y capacitación en Estados Unidos y Canadá.

• Más inclusión regional y Estado de derecho en México.

• Más cooperación, menos politización.

• Más visión de América del Norte como proyecto compartido.

Una promesa que sigue vigente

El TLCAN no fue perfecto. El T-MEC tampoco lo es. Pero ambos representan algo más grande que un tratado: la idea de que tres países distintos pueden construir prosperidad juntos bajo reglas compartidas.

En tiempos de polarización y nacionalismo fácil, defender el valor público del comercio es un acto de responsabilidad. No se trata de idealizar acuerdos, sino de mejorarlos para que funcionen para más personas.

América del Norte no es solo un mercado. Es una promesa compartida que no debemos perder. Es una comunidad económica con destino común. Y el valor público que ha creado —y puede seguir creando— depende de que sepamos cuidarla.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/el-valor-publico-de-america-del-norte/

La política exterior también se decide con emociones

La política exterior también se decide con emociones

Javier Treviño

@javier_trevino

Estudié relaciones internacionales. Y siempre nos enseñaron a pensar la política exterior como el terreno de la razón fría: intereses nacionales, equilibrios de poder, disuasión, estrategia. En los libros de texto y en los estudios de caso, los Estados actúan como si fueran calculadoras: miden costos, proyectan beneficios y eligen el curso de acción óptimo. Pero la historia real —la que cobra guerras, crisis y errores monumentales— nos cuenta otra cosa. La política internacional, así como la política interna, está atravesada por emociones.

Hace algunos años, a fines del 2018, leí el libro The Strange Order of Things, del neurocientífico Antonio Damasio. Habían pasado las elecciones, iniciaba un nuevo gobierno y ahí encontré una clave poderosa para entender por qué tantas decisiones internacionales fracasan. Su tesis central es tan simple como incómoda: los sentimientos no son el enemigo de la razón; son su fundamento biológico. Antes de pensar, sentimos. Antes de calcular, reaccionamos. Y la cultura, la política y las instituciones no flotan por encima de esa realidad: son extensiones de ella.

Aplicar esta idea a la política exterior cambia por completo la conversación de hoy. Nos obliga a reconocer que los Estados no sólo buscan maximizar poder o riqueza, sino restablecer una sensación colectiva de equilibrio: seguridad, dignidad, reconocimiento, control del destino. Cuando ese equilibrio se percibe amenazado, la respuesta rara vez es puramente racional.

La homeostasis también gobierna a las naciones

Damasio parte de un concepto biológico: la homeostasis, el conjunto de mecanismos que permiten a los organismos mantenerse con vida y en equilibrio. El dolor, el miedo, el placer o la calma son señales que orientan la conducta. Con el tiempo, esas señales se hicieron cada vez más complejas y dieron lugar a la cultura, la moral y la política.

Visto así, la política exterior es una forma ampliada de regulación emocional colectiva. Los Estados actúan no sólo para ganar, sino para dejar de sentirse amenazados, humillados o fuera de control. Ignorar esta dimensión ha sido una receta segura para el desastre.

Cuando la razón no basta: la Primera Guerra Mundial

Pocas tragedias ilustran mejor esta idea que la Primera Guerra Mundial. Desde una lógica racional, la guerra era una pésima decisión: economías interdependientes, ejércitos conscientes de la devastación industrial, líderes que conocían los costos. Y aun así, Europa se lanzó al abismo.

¿Por qué? Porque la lógica fue desbordada por emociones colectivas: miedo al declive, obsesión con el honor, humillación nacional, ansiedad ante la pérdida de estatus. El asesinato del archiduque Francisco Fernando no activó un cálculo sereno, sino un pánico homeostático: una sensación de que el orden se rompía y debía restaurarse de inmediato, cueste lo que cueste.

La guerra no fue producto de irracionalidad pura, sino de emociones no reconocidas gobernando decisiones estratégicas.

La Guerra Fría: éxito por administrar el miedo

Paradójicamente, la Guerra Fría muestra el otro lado de la moneda. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron una guerra nuclear no porque confiaran uno en el otro, sino porque comprendieron sus límites emocionales. La disuasión funcionó porque ambos lados compartían un miedo existencial.

El momento más peligroso —la Crisis de los Misiles en Cuba— se resolvió no sólo con cálculo militar, sino con empatía estratégica. Kennedy y Jrushchov entendieron que el otro necesitaba una salida que preservara dignidad. La racionalidad funcionó porque estuvo anclada en una comprensión profunda del miedo humano.

Damasio diría que ahí la política exterior respetó la biología de quienes decidían.

Irak 2003: cuando se ignoran las emociones propias y ajenas

La invasión de Irak en 2003 es un ejemplo clásico de lo contrario. Desde Washington se diseñó una estrategia racional: derrocar a Saddam Hussein, instalar instituciones democráticas, estabilizar la región. Lo que se ignoró fue el paisaje emocional de la sociedad iraquí: humillación acumulada, fracturas sectarias, miedo, resentimiento y trauma.

También se ignoraron las emociones propias. El miedo y la ira tras el 11 de septiembre se disfrazaron de estrategia objetiva. La política se presentó como lógica, pero fue impulsada por sentimientos no examinados. El resultado fue una catástrofe que aún hoy reverbera.

Cuando las emociones se niegan, no desaparecen: mandan desde las sombras.

Rusia y Ucrania: la política del resentimiento

La guerra en Ucrania no puede entenderse sólo en términos geopolíticos. Desde el punto de vista económico y estratégico, ha sido un desastre para Rusia. Entonces, ¿por qué insistir?

Porque el conflicto responde a una narrativa emocional profunda: la sensación de humillación tras el fin de la Unión Soviética, el miedo al cerco, la pérdida de identidad imperial. Para el Kremlin, no se trata sólo de territorio, sino de reparar una herida histórica.

Nada de esto justifica la agresión. Pero ignorarlo explica por qué sanciones, advertencias y amenazas no evitaron la guerra. Una política exterior que no toma en cuenta las emociones colectivas de identidad y dignidad suele fallar en anticipar escaladas.

China: memoria, reconocimiento y paciencia estratégica

China ofrece un contraste interesante. Su política exterior está profundamente marcada por el recuerdo del “siglo de humillación”. No es sólo un relato histórico; es un ancla emocional. La soberanía, el respeto y el reconocimiento internacional no son negociables porque están ligados a una necesidad psicológica colectiva.

Por eso, gestos simbólicos, lenguaje diplomático y ceremonias importan tanto. Occidente suele subestimar estos factores; Beijing no. Entiende que el poder también se ejerce en el terreno emocional.

Diplomacia: arquitectura emocional, no sólo técnica

Desde esta perspectiva, la diplomacia no es sólo negociación de intereses; es arquitectura emocional. Tratados, cumbres e instituciones no sólo coordinan reglas: reducen ansiedad, crean previsibilidad y ofrecen rituales de reconocimiento mutuo.

La Unión Europea funcionó durante décadas como un gran dispositivo de homeostasis colectiva: transformó miedo histórico en confianza procedimental. Cuando esa legitimidad emocional se erosionó —con la crisis financiera y la migración— la fragmentación política avanzó.

Las instituciones fallan cuando gestionan normas, pero olvidan emociones.

¿Qué lecciones nos deja Damasio para la política exterior?

De mi lectura del libro The Strange Order of Things se desprenden varias lecciones incómodas pero urgentes:

1. Las emociones deben reconocerse explícitamente. Negarlas no es profesionalismo; es ceguera.

2. La dignidad importa. Muchas crisis se evitan permitiendo salidas que no humillen al otro.

3. La identidad es una variable estratégica. No es retórica; es estructura profunda.

4. La coerción tiene límites emocionales. Amenazar sin entender puede provocar reacciones desproporcionadas.

5. La empatía estratégica no es debilidad. Es una forma avanzada de realismo.

¿Y México?

Para un país como México, estas ideas son especialmente relevantes. Nuestra política exterior ha sido tradicionalmente prudente, basada en principios, pero a veces excesivamente formalista. En un mundo más emocional, más polarizado y más volátil, entender las motivaciones profundas de socios y adversarios no es un lujo académico: es una necesidad práctica.

Migración, comercio, seguridad y cooperación regional no se decidirán sólo con tratados, sino con narrativas, percepciones y emociones colectivas. Ignorarlas nos dejaría reaccionando, no influyendo.

Conclusión: la política exterior sigue siendo humana

La gran lección de Antonio Damasio es recordarnos algo que la diplomacia moderna olvidó: la política exterior la formulan y ejecutan seres humanos, no algoritmos. Y los seres humanos sienten antes de pensar.

El extraño orden de las cosas es que la emoción llegó primero y la razón después. Los Estados que no lo entiendan seguirán diseñando estrategias para actores imaginarios. Los que lo comprendan no garantizarán la paz, pero tendrán más posibilidades de evitar el desastre.

En un mundo cansado, polarizado y lleno de agravios, quizá la forma más realista de hacer política exterior sea, por fin, tomarnos en serio las emociones. No como ruido, sino como una señal.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-politica-exterior-tambien-se-decide-con-emociones/

Cuando gobernar se vuelve imposible

Cuando gobernar se vuelve imposible

Javier Treviño

@javier_trevino

Enero es, para millones de ciudadanos, una auténtica pesadilla administrativa. Es el mes en que convergen pagos, refrendos, renovaciones y trámites que el Estado exige puntualmente, pero gestiona con torpeza: largas filas, plataformas digitales que fallan, ventanillas sin información clara, requisitos contradictorios y horarios que castigan a quien trabaja. El ciudadano llega con la obligación cumplida y sale con la sensación de haber perdido tiempo, dinero y dignidad. Lo que debería ser un ejercicio rutinario de cumplimiento cívico se convierte en una experiencia de desgaste que alimenta el enojo y la desconfianza hacia las instituciones. Enero no revela una falta de voluntad de pago, sino una falla más profunda: un Estado que exige eficiencia al contribuyente, pero no se la exige a sí mismo. 

En el debate público contemporáneo hay una confusión peligrosa que se repite con insistencia: criticar el mal funcionamiento del Estado no es lo mismo que debilitar la democracia, pero en contextos de polarización esa distinción se pierde con facilidad. Ese es, quizá, el hilo conductor más inquietante de las reflexiones recientes de los profesores Don Moynihan, Jennifer Pahlka y Elizabeth Linos sobre la capacidad del Estado: la advertencia de que la frustración legítima con la burocracia puede convertirse en la antesala de un ataque más profundo contra el gobierno democrático.

La conversación organizada, a fines del año pasado, por la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard bajo el título Rebuilding State Capacity for Inclusive Economic Transformation no fue un ejercicio académico más. Fue, en realidad, una disección precisa de una paradoja que atraviesa a muchas democracias hoy: los ciudadanos exigen gobiernos que resuelvan, pero viven atrapados en Estados diseñados para no decidir. Y cuando la política promete cortar de tajo esa parálisis, el riesgo es que el bisturí se convierta en motosierra.

La burocracia como experiencia cotidiana

Uno de los aportes más influyentes de Don Moynihan ha sido poner nombre a algo que millones de personas experimentan a diario pero pocas veces conceptualizan: las cargas administrativas. No se trata sólo de trámites; se trata del tiempo, el esfuerzo cognitivo y el desgaste emocional que implica interactuar con un Estado hiperprocedimentalizado. Formularios interminables, requisitos opacos, reglas que cambian según la ventanilla o el funcionario.

Moynihan recuerda que incluso alguien con un doctorado en administración pública puede sentirse perdido frente a los procesos migratorios o los sistemas de apoyo social. Esa anécdota revela algo esencial: cuando el Estado se vuelve incomprensible, deja de ser un derecho y se convierte en una carrera de obstáculos. En sociedades desiguales, esa complejidad no es neutral; excluye de facto a quienes menos recursos tienen para navegarla.

Este diagnóstico resuena con fuerza en países donde el acceso a derechos sociales, permisos, apoyos o justicia depende demasiado de la capacidad individual para descifrar laberintos administrativos. La burocracia no sólo administra: distribuye poder, y cuando lo hace mal, erosiona legitimidad.

El Estado atrapado en su propio procedimiento

Jennifer Pahlka añade una capa crucial al problema: no sólo los ciudadanos sufren la burocracia; también los propios funcionarios están atrapados en ella. La sobreabundancia de reglas, manuales, controles y procesos —muchas veces creados para evitar abusos del pasado— termina impidiendo que el gobierno funcione en el presente.

Pahlka describe a un Estado que opera bajo un “modelo de proyecto”: objetivos rígidos, tiempos fijos, cumplimiento formal. Frente a ello propone un “modelo de producto”: gobiernos que diseñan servicios con foco en resultados, capaces de adaptarse, corregir y mejorar continuamente. No es una idea tecnológica; es una idea de gobernanza.

El punto es profundo: un Estado que sólo sabe cumplir procedimientos, pero no resolver problemas, se vuelve irrelevante. Y esa irrelevancia alimenta el descrédito democrático.

Procedimentalismo y politización: una combinación tóxica

Moynihan identifica dos fuerzas que hoy asfixian la capacidad estatal: el procedimentalismo excesivo y la politización. La primera paraliza; la segunda deslegitima. Juntas, crean gobiernos incapaces de actuar y permanentemente cuestionados.

Este diagnóstico es especialmente pertinente para América Latina. En muchos países, los controles y regulaciones se multiplicaron como reacción a la corrupción. Pero, sin rediseño institucional, esos controles se convirtieron en capas superpuestas que ralentizan todo. Al mismo tiempo, la politización convierte cualquier reforma administrativa en sospechosa de intención ideológica.

El resultado es un círculo vicioso: el Estado no entrega resultados, la ciudadanía pierde confianza, y los liderazgos autoritarios prometen “orden” a cambio de concentración de poder.

El riesgo de confundir reforma con demolición

Aquí aparece el punto más inquietante de la conversación. Moynihan advierte explícitamente sobre el riesgo de deslizamiento autoritario, donde el control de la burocracia se convierte en parte de un plan para debilitar contrapesos democráticos. No se trata de una distopía lejana; la ciencia política comparada muestra cómo muchas democracias colapsan no por golpes de Estado, sino por la erosión gradual de normas y equilibrios.

Pahlka introduce un matiz clave. Ella reconoce que muchos servidores públicos sienten una frustración tan profunda que estarían dispuestos a aceptar “un poco de motosierra” si eso les permitiera servir mejor a la gente. Esa disposición revela algo importante: la reforma administrativa es una demanda interna, no sólo externa.

Pero el riesgo está en el lenguaje y en la intención. Desmantelar por desmantelar no construye capacidad; sólo la rediseña cuando hay propósito, evidencia y límites claros. La metáfora importa: no es lo mismo reformar para servir mejor que destruir para controlar.

Capacidad del Estado y confianza democrática

Elizabeth Linos plantea la pregunta central: ¿cómo se reconstruye la confianza en el gobierno? La respuesta que emerge de la conversación es incómodamente simple: cumpliendo. No con retórica, no con grandes reformas legales, sino con experiencias cotidianas que funcionen.

La confianza en la democracia no se genera en discursos presidenciales; se construye cuando una persona puede registrar un negocio sin corrupción, recibir un apoyo sin humillación, acceder a un servicio sin intermediarios. La democracia se legitima en la ventanilla, no sólo en las urnas.

Moynihan añade que la transparencia atrae más que la promesa de eficiencia abstracta. Pero la transparencia sin resultados tampoco basta. Se requiere una teoría del poder —quién decide y por qué— y una teoría de la rendición de cuentas —quién responde cuando falla.

Una lección para la región

Las reflexiones de Moynihan, Pahlka y Linos no son exclusivamente estadounidenses. Son un espejo incómodo para democracias como las de América Latina. Aquí también enfrentamos Estados sobrerregulados e ineficientes, ciudadanías frustradas y liderazgos tentados por soluciones expeditas que prometen “acabar con la burocracia” sin distinguir entre capacidad y control.

La lección es clara: sin capacidad del Estado, no hay democracia que resista. Pero esa capacidad no se construye con autoritarismo, sino con diseño institucional inteligente, evidencia, profesionalización y foco en el usuario.

Reformar el Estado no es un acto de fuerza; es un ejercicio de humildad técnica. Hay que aceptar que muchas reglas ya no sirven, pero también que los contrapesos existen por una razón. Es necesario escuchar a los servidores públicos y a los ciudadanos al mismo tiempo.

Gobernar bien es defender la democracia

La gran advertencia de esta conversación en Harvard es que la democracia no muere sólo por ataques externos, sino por su incapacidad para resolver problemas básicos. Cuando gobernar se vuelve imposible, la tentación autoritaria se vuelve atractiva.

Por eso, reconstruir la capacidad del Estado no es un asunto administrativo; es una tarea profundamente política y democrática. No hacerlo abre la puerta a quienes ofrecen eficiencia sin derechos, orden sin pluralismo y decisiones sin rendición de cuentas.

En tiempos de impaciencia y enojo social, la respuesta no puede ser ni la parálisis burocrática ni la demolición institucional. Debe ser algo más difícil y más valioso: un Estado que funcione, porque sólo un Estado que funciona puede sostener una democracia que importe.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/cuando-gobernar-se-vuelve-imposible/

La prueba del 2026

La prueba del 2026

Javier Treviño

@javier_trevino

Llegamos a 2026 en un punto de inflexión. El calendario no tiene magia. Pero varias placas tectónicas —económicas, financieras, tecnológicas y geopolíticas— se moverán al mismo tiempo. The Economist, en su edición “The World Ahead 2026”, lo plantea con crudeza: el mundo entra en una fase donde el nuevo orden se irá delineando con más claridad, pero también con más fricción: tensiones geopolíticas, riesgos financieros asociados a deuda y un salto tecnológico que puede acelerar la productividad o ampliar la desigualdad. 

La pregunta no es si el mundo será complicado. La pregunta es si tendremos la madurez institucional y los liderazgos para navegarlo. Y aquí entra el corazón de mi libro “Silos, celos y círculos íntimos”: el mayor riesgo no suele venir de afuera; viene de cómo nos organizamos por dentro. Un país puede tener ubicación estratégica, población joven y acceso preferencial a mercados y aun así fallar si su gobierno y sus empresas operan como archipiélago: dependencias aisladas, rivalidades internas y decisiones tomadas en pequeños comités, lejos de la realidad operativa.

Un crecimiento global moderado

Los organismos multilaterales no anticipan un colapso global en 2026, pero sí un entorno de crecimiento moderado y “margen estrecho” frente a las sorpresas. El FMI estima que el crecimiento mundial se desacelerará a 3.1% en 2026. La OCDE proyecta que el PIB global se modere hacia 2.9%. 

En otras palabras: el mundo seguirá creciendo, pero con menos colchón. En ese tipo de escenarios, lo que define ganadores y perdedores no es la retórica: es la capacidad de ejecución, la consistencia regulatoria y la confianza. Y aquí aparece una primera implicación: 2026 exigirá que dejemos de confundir las políticas públicas con la comunicación. La política económica real se hará con coordinación, certidumbre y resultados verificables.

El gran “factor financiero”: deuda, bonos y premio por riesgo

Un punto particularmente relevante del marco de “The World Ahead 2026” es la advertencia sobre el riesgo de tensiones en mercados de bonos, asociadas a que los países ricos “viven por encima de sus posibilidades” y a la vulnerabilidad que eso puede generar. 

¿Por qué importa esto? Porque, en un mundo de estrés financiero, los mercados suelen subir el “precio” del dinero para todos los emergentes, incluso si sus fundamentos son razonables. Esto se traduce en volatilidad cambiaria, mayores tasas para empresas y gobierno, y decisiones de inversión que se posponen. 

En 2026, México puede tener oportunidades enormes por nearshoring, pero si aumenta el premio por riesgo global, los proyectos se vuelven más exigentes: piden más certidumbre, más seguridad y más infraestructura funcionando.

Aquí la lección es directa: la política fiscal, la calidad institucional y el respeto a las reglas y el estado de derecho no son debates técnicos: son palancas de crecimiento. Cuando un país luce improvisado, fragmentado o políticamente caprichoso, el mundo le cobra más caro el financiamiento. Y no hay programa social que alcance si el costo de capital se dispara.

Geopolítica: el nuevo orden se perfila y se endurece

The Economist sugiere que en 2026 “los contornos” de la geopolítica del siglo XXI se verán con más claridad: no porque haya paz, sino porque los alineamientos, tensiones y prioridades quedarán más definidos. En paralelo, el Council on Foreign Relations (CFR) advierte que el riesgo de guerra entre grandes potencias sigue presente y eleva la atención sobre contingencias como una crisis en el Estrecho de Taiwán o choques Rusia–OTAN, catalogadas con probabilidad significativa y alto impacto. 

México no está en el Estrecho de Taiwán ni en Europa del Este. Pero sí está en las cadenas de suministro del mundo y depende de rutas, seguros, energía y riesgo-país. La geopolítica ya no se queda “en las noticias”: se mete en los costos logísticos, en la disponibilidad de insumos, en el apetito de inversión y en el humor de los mercados.

Hay una alerta adicional en la evaluación del CFR que México no debería ignorar: incluye escenarios en el hemisferio, como una escalada que involucre a Estados Unidos y Venezuela. Esto implicaría más presión regional: migración, energía, diplomacia y relación con Washington. En 2026, México necesitará una política exterior menos declarativa y más estratégica: capaz de reducir riesgos y ampliar el margen de maniobra.

La tecnología como prueba de Estado: IA y productividad o desigualdad

Si 2024 y 2025 fueron años de “asombro” con la inteligencia artificial (IA), 2026 será el año de la verdad: el de la adopción real y sus consecuencias. The Economist subraya la preocupación por el gasto rampante en IA y el riesgo de que la inversión corra por delante de la creación de valor, además de las tensiones que surgen por regulación, trabajo y confianza. 

Para México, la IA puede ser la palanca más poderosa de productividad en décadas: manufactura, logística, retail, salud pública, educación, seguridad, recaudación, trámites. Pero también puede ser un acelerador de desigualdad si sólo la adoptan las empresas más grandes y si el Estado no moderniza su capacidad.

La pregunta no es “¿IA sí o no?” La pregunta es: ¿con qué instituciones, con qué talento y con qué gobernanza? Un país que incorpora IA sin preparar a su fuerza laboral, sin rediseñar procesos y sin reglas claras de datos crea ganadores y perdedores demasiado rápido. En 2026, México debería tratar la IA como política de Estado: capacitación masiva, certificaciones cortas, alianzas con empresas y universidades, y uso intensivo en gobierno para elevar calidad de servicios. Esto no es futurismo: es competitividad básica.

México 2026: oportunidad real con límites claros

La OCDE proyecta para México un crecimiento de 1.2% en 2026, tras 0.6% en 2025, y advierte que exportaciones podrían verse afectadas por aranceles más altos e incertidumbre, mientras el consumo y la inversión pública se mantienen contenidos. 

Ese diagnóstico tiene una traducción inmediata: México no puede apostar a que el crecimiento llegará solo, por nearshoring. La oportunidad existe, pero la captura de valor dependerá de cinco capacidades muy concretas:

1. Energía confiable y competitiva (no sólo capacidad instalada: continuidad, tarifas y permisos).

2. Infraestructura logística (puertos, aduanas, carreteras, ferrocarril, última milla).

3. Seguridad en corredores productivos (la cadena no puede operar con extorsión como costo fijo).

4. Estado de derecho, certeza y permisología inteligente (velocidad sin discrecionalidad).

5. Capital humano (técnicos, ingenieros, operadores, y ahora también talento para IA).

Nada de esto se resuelve con un decreto. Se resuelve con coordinación diaria. Y ahí volvemos al argumento central de mi libro: México falla cuando deja que el gobierno se vuelva una suma de feudos. Los silos bloquean coordinación; los celos castigan talento; los círculos íntimos sustituyen evidencia por lealtad. En 2026, ese triángulo es letal porque el mundo premiará a los países que ejecuten, no a los que sólo declaren.

Las reformas (cualquiera que sea) no sirven sin capacidad de implementación

En México tendemos a discutir reformas como si la clave fuera el diseño legal. Importa, sí. Pero la historia reciente enseña que una reforma sin implementación es propaganda con apellido jurídico. Y la implementación falla cuando:

a) una dependencia no comparte información con otra;

b) una secretaría compite por presupuesto en vez de coordinar metas;

c) los equipos se eligen por confianza personal, no por competencia;

d) y las malas noticias no suben porque “incomodan”.

2026 será un año en el que la brecha entre decisión e implementación se volverá visible. Si queremos atraer inversión en serio, necesitamos un Estado que reduzca tiempos sin aumentar discrecionalidad. Si queremos aprovechar IA, necesitamos rediseñar procesos, no sólo comprar software. Si queremos resiliencia geopolítica, necesitamos planes de contingencia, no discursos.

Política exterior: menos reflejo, más estrategia

La combinación de geopolítica más áspera y riesgos regionales obliga a México a profesionalizar su política exterior como herramienta de prosperidad: comercio, inversión, energía, migración, seguridad y tecnología. El país debe llegar a 2026 con una visión clara de Norteamérica, sí, pero también con capacidad de leer el mundo fragmentado que describen The Economist y el CFR: un mundo donde las tensiones reconfiguran cadenas y donde el riesgo aumenta en tiempo real. 

2026 como examen de liderazgo

No necesitamos adivinos. Necesitamos instituciones que funcionen y liderazgos que no le teman al talento, a la evidencia ni a la coordinación. En 2026, el mundo será más competitivo, más volátil y más tecnológico. El FMI y la OCDE sugieren crecimiento moderado y riesgos persistentes; The Economist advierte tensiones financieras y geopolíticas; CFR señala escenarios de conflicto. 

En ese entorno, México puede ganar —mucho— si ordena su casa. Pero para hacerlo tiene que romper con lo que destruye valor público desde adentro: silos que aíslan, celos que paralizan y círculos íntimos que desconectan al poder de la realidad. 2026 será una prueba de Estado. Y el futuro no se improvisa: se construye.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-prueba-del-2026/

Gobernar en un mundo que ya cambió

Gobernar en un mundo que ya cambió

Javier Treviño

@javier_trevino

Se discuten hoy reformas, rediseños institucionales y nuevas reglas del juego político como si el problema fuera sólo jurídico o electoral. El verdadero dilema es más profundo: seguimos intentando gobernar los retos del siglo XXI con una mentalidad del siglo XX. Y ese desfase —más que cualquier ley— es el mayor riesgo que enfrentamos.

El verdadero problema no es la ley, es la mentalidad

El mundo que conocimos hace apenas veinticinco años ya no existe. No porque la política haya desaparecido, sino porque cambiaron radicalmente sus reglas, sus tiempos y sus exigencias. Hoy, gobernar como si nada hubiera cambiado no es sólo ingenuo: es irresponsable. La realidad se mueve más rápido que las instituciones, más rápido que los liderazgos y, muchas veces, más rápido que nuestra capacidad de adaptación.

Vivimos en una época marcada por la aceleración, la incertidumbre y la complejidad. Los mapas con los que antes se tomaban decisiones dejaron de servir. Las certezas se fragmentaron, los problemas públicos dejaron de ser lineales y la información pasó de ser escasa a abrumadora. Sin embargo, seguimos viendo liderazgos que intentan administrar el presente con recetas del pasado, como si el mundo fuera a esperar a que se resuelvan las disputas internas.

Cuando la realidad avanza más rápido que la política

Ese desfase —entre un entorno global que avanza y una política que se resiste a cambiar— define buena parte del malestar actual. Explica la frustración ciudadana, la desconfianza en las instituciones y la sensación de que el gobierno, sea cual sea su signo, siempre llega tarde. No es sólo un problema de ideología; es un problema de capacidad.

La política, de ahora en adelante, exigirá algo distinto: líderes capaces de adaptarse, escuchar, pensar estratégicamente y actuar con ética y decencia en un entorno donde la presión es constante y el margen de error es cada vez menor. No se trata de modas, ni de discursos novedosos, ni mucho menos de charlatanes o aprendices de influencer. Se trata de cambios estructurales que están redefiniendo la gobernanza en todo el mundo y que no se pueden seguir ignorando sin pagar un costo muy alto.

Hoy, los modelos tradicionales de liderazgo —verticales, rígidos, obsesionados con el control— están siendo cuestionados por una ciudadanía más informada, más conectada y más exigente. Las nuevas generaciones no piden líderes infalibles, pero sí líderes auténticos. No exigen perfección, pero sí coherencia. No esperan respuestas absolutas, pero sí honestidad para reconocer la incertidumbre y capacidad para gobernarla. Cuando esa expectativa no se cumple, la consecuencia no es sólo desinterés: es enojo, polarización y ruptura del vínculo entre ciudadanos e instituciones.

Gobernar ya no es imponer: es articular

Gobernar es cosa seria. Ya no es imponer sino convencer. No es concentrar poder, sino articular capacidades. No es mandar desde arriba, sino coordinar desde múltiples frentes. Y eso requiere una transformación profunda en la forma de ejercer el liderazgo público. Requiere pasar de la lógica del “yo decido” a la lógica del “cómo construimos juntos”. Requiere entender que el poder, cuando no se comparte, se empobrece y termina aislándose de la realidad que pretende gobernar.

Adaptarse no es rendirse: es anticipar

Uno de los errores más frecuentes que seguimos cometiendo es confundir adaptación con debilidad. Adaptarse no es rendirse. Es anticipar. Es leer tendencias, detectar señales tempranas y prepararse para escenarios que todavía no se manifiestan por completo, pero que ya están en marcha. La anticipación no es adivinación: es análisis serio de datos, de dinámicas globales, de cambios tecnológicos, demográficos y ambientales que están redefiniendo el mundo… y que ya nos están impactando, nos guste o no.

El mundo ya cambió: energía, clima y tecnología

Hoy, por ejemplo, no se puede hablar de política económica sin entender la transición energética. El litio, el hidrógeno verde, el cobre o el cobalto no son sólo recursos naturales: son activos geopolíticos que definirán nuevas relaciones de poder. El cambio climático ya no es un tema ambiental; es un asunto de seguridad nacional, de competitividad económica y de bienestar social. La inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción para convertirse en una tecnología de propósito general que transformará el trabajo, la educación, la salud y la política misma.

Gobernar ignorando estas realidades es condenar al país a la irrelevancia. Y, sin embargo, seguimos discutiendo el futuro con categorías del pasado, como si el mundo fuera a esperar a que resolvamos nuestras pugnas internas. No lo hará.

Gobernanza: la diferencia entre transformar y fragilizar

En distintas regiones del mundo, ya entendieron esta lección. Países con tradiciones políticas muy distintas han apostado por modelos de liderazgo más colaborativos, basados en evidencia, abiertos a la innovación y menos dependientes del culto a la personalidad. Han comprendido que la buena gobernanza no es un lujo técnico, sino una necesidad ética. Instituciones que funcionan, reglas claras, rendición de cuentas, coordinación entre sectores y visión de largo plazo no son consignas vacías: son las condiciones mínimas para que un país pueda crecer, competir y ofrecer bienestar real a su población.

En contraste, cuando los gobiernos se encierran en sí mismos, cuando privilegian la lealtad sobre la capacidad, cuando desmantelan instituciones en nombre de una supuesta eficacia política, lo que generan no es transformación, sino fragilidad institucional, fragilidad económica y, sobre todo, fragilidad social. El costo no es abstracto: lo pagan los ciudadanos en servicios deficientes, en oportunidades perdidas y en un futuro cada vez más incierto.

Liderar en la incertidumbre exige nuevas capacidades

Podemos adaptarnos de manera inteligente a este nuevo entorno global o podemos quedarnos atrapados en las inercias del pasado. No basta con cambiar de administración ni con modificar el tono del discurso. Hay que cambiar de mentalidad.

El verdadero liderazgo no es el que grita más fuerte, sino el que ve y piensa más lejos. No es el que divide, sino el que construye puentes. No es el que se aferra al poder, sino el que lo utiliza para empoderar a otros. No es el que gobierna desde el miedo, sino el que actúa desde una visión clara del futuro que quiere construir.

Uno de los mayores desafíos del liderazgo contemporáneo es aprender a gobernar la incertidumbre. Ya no existen rutas lineales hacia el progreso. Vivimos en un mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. En ese contexto, improvisar no es una opción. La adaptabilidad se convierte en la competencia más urgente del liderazgo público.

Adaptarse implica desarrollar nuevas capacidades: pensamiento sistémico, inteligencia emocional, escucha activa, manejo de crisis, comunicación honesta y, sobre todo, humildad. Humildad para aceptar que nadie tiene todas las respuestas, pero que todos podemos contribuir a construirlas. Humildad para rodearse de los mejores, incluso cuando piensan distinto. Humildad para reconocer errores y corregir el rumbo sin convertir cada rectificación en una derrota política.

Una nueva generación de liderazgo

En este proceso, los jóvenes juegan un papel central. No sólo porque vivirán más tiempo con las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy, sino porque entienden mejor la lógica del presente. Han crecido en la cultura de red, en la interdependencia global, en la diversidad. Pero para que ese talento se traduzca en liderazgo público, necesitamos abrirles espacios reales, darles formación, responsabilidad y voz. No como gesto simbólico, sino como una apuesta estratégica de país.

El liderazgo del futuro no se ejercerá únicamente desde los cargos públicos tradicionales. Habrá líderes en las universidades, en las empresas, en las organizaciones civiles, en los gobiernos locales y en las comunidades digitales. La política se descentraliza, se multiplica, se vuelve más compleja. Y eso no es una amenaza; es una oportunidad. Siempre y cuando estemos dispuestos a aprender y a colaborar.

Porque si algo exige este nuevo panorama es reconocer que el mundo ya no es como era. Que las soluciones simples ya no funcionan. Que gobernar es cosa seria y no admite improvisaciones. Que el poder sin capacidad no sirve. Y que la autoridad sin ética termina erosionando aquello que pretende defender.

México necesita líderes como tú

Mi libro nació como una invitación a repensar la política desde la experiencia, no desde la consigna. A cuestionar los silos que aíslan, los celos que paralizan y los círculos íntimos que destruyen valor público y debilitan instituciones. A recuperar la dignidad del servicio público y el sentido profundo de lo colectivo. No para idealizar el pasado ni negar los retos del presente, sino para asumir con responsabilidad que necesitamos una nueva generación de liderazgos: más preparados, más éticos, más abiertos al cambio 

Eliminar los silos, los celos y los círculos íntimos no es un asunto retórico. Es una condición indispensable para que posamos adpatarnos, competir y avanzar en un mundo que ya cambió. México necesita líderes como tú.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/gobernar-en-un-mundo-que-ya-cambio/

Puedes encontrar mi libro “Silos, celos y círculos íntimos: México necesita líderes como tú” en  https://a.co/d/4rZhWnI

La democracia que viene

La democracia que viene

Javier Treviño

@javier_trevino

Una de las tesis centrales de mi libro Silos, celos y círculos íntimos es que México no podrá resolver sus grandes desafíos sin una renovación profunda de su cultura política. No hablo sólo de instituciones, leyes o reformas administrativas. Hablo de algo más elemental: la relación que tenemos con la democracia, con la participación pública, con la idea misma de lo colectivo. Y entre todos los actores que están redefiniendo esa relación, uno destaca con particular fuerza: los jóvenes.

El futuro de la democracia mexicana no puede entenderse sin las nuevas generaciones. No es una frase hecha, ni un homenaje fácil al potencial juvenil. Es una constatación empírica: la estructura demográfica, los patrones de participación, los hábitos tecnológicos y la percepción social del poder están cambiando rápidamente. Y esos cambios obligan a replantear cómo se gobierna, cómo se comunica y cómo se construye legitimidad en el siglo XXI.

La distancia emocional entre jóvenes y política

Una de las paradojas más inquietantes de nuestro tiempo es que los jóvenes son, simultáneamente, el grupo más informado y el más desencantado de la democracia. No se trata de apatía, sino de exigencia. Como señala Pippa Norris, en su análisis sobre el “déficit democrático”, las nuevas generaciones no rechazan la democracia; rechazan su versión degradada: lenta, opaca, capturada por intereses y sin mecanismos reales de escucha.

Los datos lo confirman. Desde el Latinobarómetro hasta el Pew Research Center, documentan un fenómeno creciente: los jóvenes creen en la democracia como valor, pero no creen en las instituciones que deberían representarla. La promesa democrática se siente incumplida. La distancia entre el discurso público y la realidad cotidiana —desigualdad, informalidad, precariedad laboral, inseguridad— erosiona la confianza.

De ahí la pregunta central: ¿Cómo se reconstruye una democracia cuando las generaciones que deberían renovarla ya no confían en ella? La respuesta no puede ser paternalista ni defensiva. La clase política suele repetir que los jóvenes “no entienden”, que “no participan”, que “no les interesa”. 

Pero cuando uno observa el activismo climático, el crecimiento del voluntariado digital, las comunidades tecnológicas, los movimientos feministas o las redes de participación cultural, queda claro que los jóvenes sí participan, solo que participan en otros espacios, con otras reglas y con otras expectativas. Lo que no aceptan —y con razón— es la política tradicional: jerárquica, lenta, simbólicamente distante, encerrada en sus propios rituales y desentendida de los problemas reales.

La democracia en tensión: polarización, desinformación y el colapso de la conversación pública

Mi libro insiste en un punto que hoy atraviesa todas las democracias del mundo: la erosión del debate público. La política dejó de ser un intercambio racional de argumentos, y se convirtió en un choque permanente de identidades, agravado por tres fuerzas corrosivas: 

1) La polarización, que convierte al adversario en enemigo. 

2) La desinformación, que fragmenta la verdad en miles de relatos incompatibles. 

3) Las plataformas digitales, que premian la rabia, la velocidad y la simplificación.

La RAND Corporation lo llamó “Truth Decay”: la decadencia de la verdad como valor social. No es solo un fenómeno estadounidense; es global. En México lo vemos cada día: burbujas informativas, teorías conspirativas, campañas de odio, influencers que sustituyen a expertos y emociones que sustituyen a los hechos.

Los jóvenes han crecido dentro de ese flujo caótico, y han aprendido a desconfiar instintivamente de cualquier voz institucional. Para muchos de ellos, la democracia no es un sistema de representación, sino un campo de batalla narrativa donde gana quien grita más fuerte. ¿Cómo construir ciudadanía en este entorno?

La tecnología: aliada, amenaza y territorio de disputa

La tecnología es indispensable para entender el futuro democrático. Los jóvenes se mueven con naturalidad en entornos digitales hiperconectados, donde la información está disponible a una velocidad inédita. Pero esa misma tecnología crea dilemas profundos:

• La atención es más frágil.

• Las discusiones son más cortas y más emocionales.

• Los algoritmos amplifican sesgos y extremismos.

• La cultura del “scroll” dificulta el pensamiento crítico.

• La privacidad se erosiona.

Y ahora llega la inteligencia artificial, que no solo transforma industrias, sino que redefine cómo se forma opinión pública. La IA puede informar, pero también puede manipular; puede empoderar a los ciudadanos, pero también puede vigilarlos; puede amplificar voces, pero también puede crear ejércitos de falsificaciones perfectas.

Lo advertía Yuval Noah Harari: “La tecnología amplifica las fuerzas humanas, no necesariamente la sabiduría humana”. Los jóvenes están en el centro de esa tensión. Son quienes mejor dominan la tecnología, pero también son quienes más riesgos enfrentan frente a la manipulación digital. El desafío democrático será enorme: ¿cómo garantizar que la tecnología fortalezca y no degrade la ciudadanía?

Los jóvenes como fuerza creadora, no solo como audiencia

Mi libro plantea un cambio fundamental: dejar de ver a los jóvenes como receptores pasivos que deben ser “convencidos”, y asumirlos como actores políticos creativos. Los jóvenes no solo consumen información; la producen, la transforman, la reinterpretan. Construyen identidad política a través de redes, lenguajes propios, códigos digitales, espacios de creatividad colectiva.

En muchos países, los avances democráticos recientes han sido impulsados por jóvenes. Los jóvenes no solo quieren votar: quieren incidir. ¿Qué significa renovar la democracia desde las nuevas generaciones?

1. Transparencia radical: Los jóvenes no toleran la opacidad. Exigen datos abiertos, información en tiempo real, cuentas claras y procesos visibles. Lo que no se puede mostrar, no se puede justificar.

2. Participación continua, no episódica: Para los jóvenes, votar cada tres o seis años es insuficiente. Buscan mecanismos de participación digital, consultas abiertas, espacios deliberativos y plataformas colaborativas.

3. Lenguaje claro y directo: El lenguaje político tradicional —solemne, abstracto, lleno de tecnicismos— ya no funciona. Los jóvenes buscan claridad, honestidad, autenticidad.

4. Políticas públicas basadas en evidencia: El “así siempre se ha hecho” no es argumento. Los jóvenes exigen rigor técnico, datos verificables y políticas evaluables.

5. Inclusión como principio rector: Los jóvenes no quieren democracias que excluyan por clase, origen, género o condición. Quieren espacios donde todas las voces cuenten.

6. Innovación institucional: La democracia debe actualizarse. No puede seguir operando con herramientas del siglo XX para los desafíos del siglo XXI.

Lo que está en juego: el sentido de futuro

Cada generación tiene un punto de quiebre: un momento en que la relación con el país se redefine: crisis climática, desigualdad, estancamiento salarial, violencia, estrés económico, incertidumbre laboral y deterioro institucional.

Pero también enfrenta una oportunidad histórica: el nearshoring, la IA, las industrias creativas, la economía digital, las nuevas energías y el peso creciente del talento mexicano en el mundo. 

Para que esa oportunidad sea real, la democracia debe reformarse. No habrá desarrollo sin esperanza, ni esperanza sin instituciones confiables.

1. La desconfianza es el mayor obstáculo para la democracia joven: Se combate con autenticidad, no con propaganda.

2. Los jóvenes participarán si sienten que su participación cambia algo: No en simulaciones, sino en decisiones reales.

3. La tecnología no sustituye la política; la obliga a reinventarse.

4. Las democracias sólidas son las que escuchan a sus nuevas generaciones, no las que las regañan.

5. La educación cívica debe adaptarse a la era digital: Pensamiento crítico, alfabetización mediática, ética tecnológica.

Un nuevo pacto con los jóvenes

Para reconstruir la relación entre jóvenes y democracia se requiere:

1. Crear instituciones juveniles con poder real: No consejos simbólicos. Instancias donde la voz juvenil incida en las políticas públicas.

2. Implementar presupuestos participativos digitales: Los jóvenes deben decidir directamente sobre una parte del gasto público.

3. Reformar la educación cívica: Menos memorización; más deliberación, debate, alfabetización informacional e inteligencia artificial.

4. Regular las plataformas con criterios democráticos: Transparencia algorítmica, combate a la desinformación y protección de datos.

5. Profesionalizar la comunicación pública: Mensajes claros, honestos, sin cinismo, sin manipulación, sin propaganda.

6. Crear laboratorios de innovación democrática: Espacios donde jóvenes, gobierno, academia y empresas diseñen políticas nuevas.

7. Invertir en proyectos comunitarios liderados por jóvenes: El talento emerge cuando se le da responsabilidad.

8. Apostar por políticas intergeneracionales: El futuro no le pertenece solo a un grupo: es un proyecto compartido.

Sin jóvenes no hay democracia posible

La democracia mexicana no está destinada al fracaso; está destinada a transformarse.

Y esa transformación llevará la firma de los jóvenes. Ellos no quieren un país que les hable del pasado; quieren uno que los invite a construir el futuro. No quieren rituales políticos; quieren soluciones. No quieren ser espectadores; quieren ser protagonistas.

En Silos, celos y círculos íntimos escribí que la confianza pública es el recurso político más escaso del país. Hoy agrego: la confianza solo se reconstruirá si escuchamos, incorporamos y empoderamos a quienes están dispuestos a cambiarlo todo.

La democracia mexicana no se salvará desde las élites. Se salvará desde las nuevas generaciones, si somos capaces de abrir espacio, de ceder control y de entender que el verdadero liderazgo no consiste en dominar, sino en acompañar.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-democracia-que-viene/

Puedes encontrar mi libro “Silos, celos y círculos íntimos: México necesita líderes como tú” en  https://a.co/d/4rZhWnI

Comunicar para unir, no para incendiar

Comunicar para unir, no para incendiar

Javier Treviño

@javier_trevino

Vivimos en tiempos raros: nunca habíamos hablado tanto… y nunca había sido tan difícil entendernos. Hoy cualquier declaración, meme o video de 15 segundos puede recorrer el país en minutos. Un desliz en una entrevista, una frase fuera de contexto o un dato a medias se vuelve tendencia antes de que termine la conferencia de prensa. Pero, al mismo tiempo, crece el enojo, la confusión y la desconfianza. No es falta de información: es falta de comunicación confiable.

La comunicación política ya no puede ser propaganda, ni show, ni simple estrategia de imagen. Tiene que convertirse en algo mucho más serio: un acto de respeto democrático.

De “hablar mucho” a “comunicar bien”

Durante años se creyó que comunicar era “salir en los medios” o “dominar la narrativa” del día. Mientras más conferencias, spots, giras y entrevistas, mejor. Hoy sabemos que no es así. En un país saturado de mensajes, lo que hace la diferencia no es quién habla más fuerte, sino quién habla con más verdad, más claridad y más coherencia.

La comunicación no es llenar el espacio público de slogans; es construir puentes de confianza. Un político que solo se dedica a promoverse, tarde o temprano se estrella contra la realidad. Un político que toma la comunicación como parte de la gobernanza, en cambio, entiende que cada mensaje es un compromiso, cada dato una promesa, cada silencio una señal.

El punto de partida es sencillo de decir y muy difícil de practicar: autenticidad. En la era de las redes sociales, fingir es carísimo. Si el discurso dice una cosa y los hechos muestran otra, la ciudadanía se da cuenta. Si se maquillan cifras, si se esconden errores, si se busca manipular con medias verdades, la confianza se derrumba. Y una vez que se pierde, cuesta muchísimo recuperarla.

Transparencia que no sea de cartón

La transparencia no puede ser una palabra bonita en un reglamento. Tiene que ser una práctica diaria. En especial en tiempos de crisis —pandemias, desastres naturales, violencia, decisiones económicas difíciles— la sociedad necesita saber tres cosas: Qué está pasando; qué no se sabe todavía; y qué se está haciendo para resolverlo.

Decir “no sabemos” a tiempo es menos costoso que inventar una respuesta para salir del paso. Cuando un gobierno explica con claridad los dilemas que enfrenta, muestra evidencia, reconoce límites y errores, la gente quizá no esté de acuerdo, pero puede entender. Esa comprensión es el primer ladrillo de la confianza.

La transparencia también pasa por cómo se trata a los medios. En un mundo de noticias falsas y cadenas anónimas, el periodismo profesional sigue siendo un actor indispensable. Un gobierno que respeta la democracia respeta a la prensa crítica: responde preguntas incómodas, entrega información, corrige cuando se equivoca.

La tentación de convertir a los periodistas en “enemigos” puede dar aplausos fáciles, pero destruye algo mucho más valioso: la credibilidad del sistema entero. Sin medios libres no hay quien contraste versiones, no hay quien verifique datos, no hay quién ponga un alto a la cultura de la mentira.

Cuando la política se vuelve teatro

No es nuevo que la política tenga algo de teatro. Lo sabían Franklin Roosevelt con sus charlas junto a la chimenea y Ronald Reagan con su habilidad para contar historias que daban esperanza. La diferencia está en para qué se usa ese teatro.

Roosevelt hablaba para explicar decisiones durísimas en plena Gran Depresión y en la guerra. Reagan usaba su talento para comunicar una idea de país, una visión de futuro. Hoy, en muchos lugares, la puesta en escena se convirtió en fin en sí mismo: conferencias diarias, frases estudiadas, enemigos prefabricados, aplausos coreografiados.

Las mañaneras del sexenio pasado, por ejemplo, fueron mucho más que conferencias de prensa: fueron un escenario diario. Ahí se definían “buenos y malos”, se premiaba o castigaba a medios, se acomodaba la agenda pública. Ese formato dio cercanía y poder de encuadre, sí, pero también normalizó la idea de que la política se reduce a controlar el relato, no a rendir cuentas.

En toda comunicación hay encuadre: escoger de qué hablar, qué datos resaltar, qué historia contar. Eso es inevitable. El problema empieza cuando el marco se despega de los hechos. Cuando la narrativa sirve para negar la realidad, inventar crisis o esconderlas. Ahí la política deja de ser representación y se vuelve ilusión.

La decadencia de la verdad

La RAND Corporation llamó a este fenómeno “Truth Decay”: la decadencia de la verdad. No es sólo que haya mentiras; es que los hechos pierden peso frente a las opiniones, los memes y los sentimientos. Parece que “todo es relativo” y que cada quien tiene “su propia versión”.

En ese contexto, el “paltering” —el arte de engañar diciendo solo una parte de la verdad— se vuelve deporte nacional. No se miente abiertamente, pero se omite el dato incómodo, se recorta la frase del adversario, se presenta un número sin contexto. Formalmente es verdad, pero en la práctica es manipulación.

Cuando la política y los medios se acostumbran a ese juego, pasa algo muy grave: la ciudadanía deja de creer. Todo se siente sospechoso, todo huele a truco, todo parece propaganda. Y si nada es confiable ¿Cómo se toman decisiones informadas? ¿Cómo se discute en serio? ¿Cómo se vota con conciencia?

Es como en la película The Prestige: el truco perfecto no es el que nadie descubre, sino el que el público ya no quiere descubrir. Hay relatos políticos que logran eso: seducen tanto a su audiencia que ésta ya no quiere ver las inconsistencias. Se milita en una narrativa, no en un proyecto de país.

El papel del periodismo y el “buen desacuerdo”

En tiempos de decadencia de la verdad, el periodismo tiene una tarea doble. Primero, verificar hechos, aunque sean incómodos para el gobierno o para la oposición. Y segundo, explicar contexto, para que la gente entienda no solo qué pasó, sino qué significa.

No basta con “dar las dos versiones” y lavarse las manos. Si una versión está respaldada por evidencia y la otra no, hay que decirlo con todas sus letras. La neutralidad no puede ser sinónimo de indiferencia ante la mentira.

Algo similar ocurre con el debate público. La polarización ha convertido al adversario en enemigo. Disentir se castiga; matizar se sospecha; cambiar de opinión se ve como traición. Sin embargo, como escribe Bo Seo en Good Arguments, la calidad de una democracia se mide también por la calidad de sus desacuerdos.

Necesitamos buenos desacuerdos: discutir fuerte, pero con respeto; defender ideas sin descalificar personas; escuchar al otro no para destruirlo, sino para entender qué parte de la realidad ve que nosotros no vemos. Eso requiere líderes que no le tengan miedo al debate y ciudadanos que no se conformen con el aplauso de su propia tribu.

Ciudadanos que escuchan… y también hablan

En el siglo XXI la comunicación ya no es un monólogo desde el poder hacia la sociedad. Es una conversación permanente. La gente opina, comparte videos, organiza campañas, exige en tiempo real. Cualquier mensaje oficial se contrasta de inmediato en redes, chats y medios alternativos.

Por eso, las plataformas digitales de participación ciudadana no pueden ser simple decoración. Consultas, foros en línea, buzones de denuncia, transmisiones abiertas: todo eso sólo tiene sentido si sirve para escuchar de verdad y ajustar decisiones, no para simular.

Los ciudadanos no somos extras de la película del poder. Somos coproductores. Y eso implica también una responsabilidad: informarnos mejor, verificar antes de compartir, distinguir entre periodismo y rumor, apoyar medios serios aunque no siempre digan lo que queremos oír.

Storytelling sí, pero con ética

Contar historias es una herramienta poderosa. Un buen relato puede hacer visible el impacto de una política pública mejor que cien cuadros en Excel. Mostrar a la familia que por fin tiene agua potable, al joven que consiguió una beca, a la comunidad que recuperó un espacio público, ayuda a que la gente entienda para qué sirve el gobierno.

Pero el storytelling sin ética se vuelve simple propaganda. El riesgo está en usar la historia para tapar la realidad, no para explicarla. De nada sirve grabar un video emotivo en una escuela si al día siguiente no hay maestros o no hay luz.

La regla es simple: primero los hechos, luego la narrativa. La mejor estrategia de comunicación sigue siendo hacer bien las cosas… y después contarlas con honestidad.

Tres principios para comunicar con responsabilidad

Después de años de ver campañas, gobiernos y crisis, me quedo con tres principios básicos para una comunicación política responsable:

1. Claridad de propósito.

Comunicar no es vender una imagen ni ganar la nota del día. Es explicar hacia dónde vamos, qué problema queremos resolver y cómo pensamos hacerlo. Un gobierno sin propósito claro se nota en su comunicación: todo es ocurrencia, improvisación, fuego artificial.

2. Integridad con los hechos.

La tentación del “spin” siempre estará ahí: maquillar cifras, exagerar logros, minimizar errores. Puede funcionar un rato, pero a la larga la realidad termina pasando factura. La credibilidad, una vez dañada, tarda años en reconstruirse.

3. Capacidad de escucha.

Los líderes que sólo hablan y nunca escuchan terminan encerrados en cámaras de eco, rodeados de aplausos y desconectados del país real. Escuchar a las víctimas, a los jóvenes, a los expertos, a los críticos, no es debilidad: es inteligencia política.

Comunicar para unir, no para incendiar

Una comunicación basada en la desconfianza, la manipulación y el espectáculo es terreno fértil para el autoritarismo y el cinismo. Una comunicación basada en la verdad, el diálogo y el respeto mutuo es el mejor antídoto contra la polarización.

No se trata de buscar unanimidad —eso no existe en democracia—, sino de evitar que la diferencia se convierta en odio. De construir un lenguaje común donde se pueda decir “no estoy de acuerdo contigo, pero reconozco tu derecho a pensar distinto”.

El reto para México es enorme. La cultura del insulto fácil, del meme humillante, del “o estás conmigo o estás contra mí”, amenaza con volverse normalidad. Pero no tiene por qué ser así. Podemos elegir otra ruta: la de una comunicación pública que informe, que escuche, que reconozca matices, que no prometa milagros, pero sí trabajo, seriedad y compromiso.

Comunicar bien no es un lujo ni una moda. Es una necesidad estratégica y ética para cualquier país que quiera salir adelante. En un mundo donde la mentira se ha vuelto rentable, apostar por la verdad puede parecer ingenuo. Pero es exactamente al revés: sin verdad no hay confianza, y sin confianza no hay democracia ni desarrollo posible.

Esa es la lección de nuestro tiempo. Y esa debería ser la brújula de quienes hoy tienen la responsabilidad de hablarle a México.

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