Palabras de Javier Treviño en el XVI Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación.
Monterrey, Nuevo León
31 de mayo de 2010
A lo largo de toda mi carrera profesional en el servicio público, siempre he estado convencido de la relevancia primordial que tiene la educación como motor del desarrollo, y como fundamento para el bienestar de la sociedad en cualquier país.
En particular, cuando me desempeñé como Subsecretario de Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuve la oportunidad de desarrollar numerosos proyectos buscando sumar los conocimientos, experiencias y recursos de diversas naciones para fomentar el avance educativo en el país.
Ahora nuevamente tengo el privilegio de participar en un esfuerzo de gobierno a nivel estatal que tiene a la educación entre sus principales prioridades.
Ante los retos que enfrentamos en todos los órdenes —desde la procuración de una seguridad integral, hasta el impulso a una mayor creación de riqueza y el logro de un desarrollo social inclusivo— sabemos bien que la educación es una pieza clave en el diseño de políticas públicas transversales y con un carácter integral.
CONTEXTO
Desde hace ya un par de décadas hemos estado asistiendo a una serie de cambios muy profundos, que se rigen por el impulso y la velocidad del desarrollo científico y tecnológico.
En particular, por los avances exponenciales de los sistemas de información y comunicación, que a su vez han desencadenado nuevas formas de relacionarnos en términos políticos, económicos, laborales, sociales y culturales.
Este auténtico “nuevo orden mundial”, caracterizado por su rápida y constante evolución, ha traído consigo la necesidad apremiante de establecer nuevos esquemas institucionales, nuevos marcos normativos, y también nuevas reglas de convivencia a nivel global, nacional y local.
Hoy, quizás más que nunca, requerimos reglas claras y flexibles, capaces de responder a la dinámica de cambio incesante que se ha convertido en el eje rector de los procesos en que estamos inmersos, y también capaces de tomar en cuenta la pluralidad de intereses como base esencial para su aplicación eficaz.
Con todas sus ventajas y desventajas, la globalización está trayendo consigo el desarrollo de una nueva economía y, por lo tanto, de una nueva sociedad.
De una sociedad que, considerando todas sus posibles diferencias, está teniendo acceso a un cúmulo sin precedentes de información, y que debe interactuar en distintos planos —reales o virtuales— caracterizados por una creciente complejidad.
Esto, sobre todo, está transformando la percepción y el sentido de pertenencia a lo que tradicionalmente nos proporcionaba seguridad.
En este incesante proceso de globalización, la identidad nacional y cultural se reconstruye cada día, frente al surgimiento de identidades individuales que se reconocen y se unen en torno a intereses particulares, locales.
Son elementos que en muchas ocasiones y en distintos sentidos, trascienden a la identidad nacional, referida como pertenencia a un Estado determinado, el cual se ve debilitado como resultado del mismo proceso de globalización.
Esta especie de crisis de la identidad nacional y cultural como vínculo de pertenencia, sin duda no es un fenómeno exclusivo de un solo país, ni de un solo sector.
Por el contrario; nos plantea desafíos a todos: A los distintos niveles de gobierno, a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, al sector empresarial, a los sindicatos, a las iglesias, a los medios de comunicación, al sector académico, a los padres de familia, y a cada uno de nosotros en lo individual.
Hoy, todos tenemos que preguntarnos ¿qué debemos y podemos hacer ante el enorme reto que significa darle un nuevo sentido de propósito a la educación en este contexto?
PARTICIPACION DE NUEVOS ACTORES
Se dice fácil, pero es una tarea de tal magnitud que ningún Estado-nación, por muy poderoso que sea, podría lograr solo.
En el caso especifico de América Latina, por ejemplo, la década pasada estuvo marcada por esfuerzos significativos en la mayoría de los países para impulsar el desarrollo, bajo pautas diseñadas en buena medida por los principales organismos internacionales.
En términos generales, éstas se orientaron a establecer criterios de eficacia institucional para un “buen gobierno”, como serían la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho; todas ellas tareas aún inacabadas que —además— ya muestran sus propias limitaciones por su carácter unilateral.
En este sentido, la experiencia nos indica que debemos pasar a una siguiente etapa, en la que se requiere la participación activa no sólo de los gobiernos, sino también de todos los demás actores sociales para crear de manera conjunta formas novedosas de gobernar, que le den un nuevo sentido al concepto de democracia en Latinoamérica.
Hasta ahora, la percepción ciudadana de este concepto se limitaba en gran medida a la construcción de una democracia meramente electoral, que en cierto sentido culminaría con la alternancia en el poder.
Sin embargo, como desafortunadamente hemos podido comprobar en más de un país, por sí misma la alternancia dista mucho de ser suficiente para traer consigo avances concretos, que se traduzcan en beneficios directos para la mayoría de los ciudadanos.
Pero también debemos reconocer que han existido experiencias muy exitosas, cuyo “hilo conductor” —como lo señala el reconocido sociólogo Manuel Castells— apunta hacia los esfuerzos para “acercar mucho más el Estado al ciudadano”, no al revés.
Es decir, a la coordinación de esfuerzos por parte de los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, para crear o reforzar mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local.
Entre otras cosas, ello implica la descentralización de recursos y competencias; la necesidad de capacitación permanente para los servidores públicos; el desarrollo institucional; la reforma de los marcos legales; y —por supuesto— una mayor transparencia y rendición de cuentas claras a la sociedad, junto con la sociedad.
En este sentido, es indispensable reconocer que los procesos más constructivos de democratización latinoamericana, están ampliándose hacia lo que podríamos llamar una democracia ciudadana.
Se trata de una democracia que incluye el derecho de los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder político; no sólo a través del voto, sino también de una colaboración institucionalizada para la formulación e implementación de las políticas públicas.
AMBITO EDUCATIVO
El ámbito de la educación ciertamente no escapa a esta ola transformadora.
De hecho, ha sido uno de los sectores pioneros con mayor desarrollo en lo que se refiere al impulso de la participación ciudadana.
En este sector, al igual que en de la salud, es donde se vivieron las primeras experiencias de descentralización política y administrativa en América Latina.
Fue aquí donde se empezaron a desarrollar los esfuerzos para reorganizar el aparato administrativo, y donde se impulsaron conceptos innovadores de autonomía para la participación de los nuevos actores con injerencia en el campo educativo.
No obstante, a pesar de los pequeños y variados avances que sin duda se han logrado registrar en el sistema educativo, hemos llegado a un punto donde debemos reflexionar sobre la necesidad de adoptar nuevas formas de trabajo colaborativo, que contribuyan a evitar la dispersión de los esfuerzos individuales.
Debemos participar desde y para nuestra localidad, enfocándonos no sólo en los problemas que requieren una atención urgente, sino decidiéndonos también a encarar aquellos que, por su propia naturaleza o dimensión, exigen programas de largo aliento, con un horizonte a largo plazo.
DIALOGO POLITICO
La política educativa en particular, que hasta hace unos cuantos años parecía ser competencia exclusiva a los gobiernos, hoy requiere de la participación ciudadana para elevar su calidad y eficiencia con la rapidez que demanda el cambiante entorno mundial.
Pero esta participación no puede darse de manera esporádica, o quedar sujeta a la voluntad ocasional de los actores gubernamentales y sociales.
Es claro que le corresponde a los distintos niveles de gobierno construir los puentes institucionales para establecer una comunicación permanente entre las autoridades y la ciudadanía.
Las diversas experiencias nacionales, compartidas en foros y encuentros ministeriales, así como las investigaciones de los especialistas, están llegando a un consenso, en el sentido de que el medio idóneo para lograr la calidad y la equidad educativa, es el diálogo político.
No el discurso político, ni el debate político.
El diálogo político tanto como condición básica, y como medio indispensable para el uso eficiente de los escasos recursos disponibles, con el fin de alcanzar objetivos bien definidos y —por lo tanto— compartidos entre todos.
El diálogo político como factor determinante para una nueva acción conjunta de gobernar —que los especialistas llaman gobernanza— y que lo que busca, es dar un cauce institucional a los procesos de acción conjunta para lograr el bien colectivo.
Este diálogo político debe darse, y —en la práctica— ya se está dando, en dos planos.
Por una parte, en el plano externo, a través del intenso diálogo internacional que existe en materia de políticas educativas, en foros como la Conferencia de Jomtien de 1990, donde —como saben—, se realizó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, referente a la "satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje".
O el Foro de Dakar del año 2000 , donde la mayoría de los países del mundo —incluyendo por supuesto a México—, nos comprometimos a lograr la meta de una Educación de Calidad para Todos.
Por otra parte, en el plano interno, la educación representa la tarea más trascendente que debemos asumir como Nación, una tarea integral que —como ya señalé— nos compete a todos por igual.
No sólo a las secretarías, o ministerios de educación, y a las escuelas, sino a todo el aparato gubernamental a nivel federal, estatal y municipal, con base en una disposición para coordinar la definición de programas y el uso de los recursos materiales y humanos disponibles.
Pero, también, a los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, que por su alcance e influencia deben compartir el compromiso de contribuir a la tarea educativa, informando y analizando nuestra compleja realidad con un elevado sentido de responsabilidad.
Asimismo, compete al sector empresarial, que al asumir una creciente responsabilidad social corporativa, puede contribuir recursos muy valiosos para la tarea educativa, y compartir conocimientos a través de la vinculación con instituciones de educación superior, por ejemplo, al establecer Cátedras sobre temas específicas, o impulsar iniciativas de investigación aplicadas a la solución de retos concretos.
También compete en forma directa a los maestros, como pilares de la labor educativa; y a todos los que somos padres de familia, que debemos acompañar a nuestros hijos a lo largo de todo su proceso educativo, a la vez que hacemos el esfuerzo —siempre difícil— de educarlos con el ejemplo.
Sin duda, la mejor forma de articular estas distintas esferas de competencia, es mediante un diálogo político franco, constante, orientado a la búsqueda de soluciones eficaces para mejorar la educación.
En este diálogo político, la escuela representa el puente principal de comunicación, y el espacio natural para la gestación de nuevas formas de entender y practicar una ciudadanía más participativa, responsable, tolerante e inclusiva, que permita la convivencia constructiva de identidades plurales.
Es precisamente en este sentido que la educación exige la participación responsable de todos, en un proceso transparente que establezca y difunda públicamente las metas, los procedimientos, el contenido y los resultados de los esfuerzos que llevamos a cabo a fin de lograr una educación de calidad para todos.
Partiendo de esta premisa, debemos entonces propiciar un nuevo enfoque para la definición y el desarrollo de las políticas educativas.
Un enfoque que, en lugar de basarse en decisiones verticales, surgidas “de arriba hacia abajo”, se instrumenten a partir de los consensos alcanzados a través del diálogo político, “de abajo hacia arriba”, con la consecuente participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo.
Desde esta ángulo, como lo ha planteado la propia UNESCO a través de la Organización Internacional de Educación, cito:
El surgimiento del “diálogo político como elemento central y determinante de la construcción y desarrollo de las políticas educativas, puede ser considerada como una de las mayores tendencias que hoy caracterizan a los sistemas educativos del mundo entero”.
“Si durante siglos —y particularmente en el siglo XX— pudo considerarse que el ‘discurso político’ constituía un instrumento esencial de la conducción, hoy resulta evidente que la educación no puede seguir siendo el terreno acotado de un pequeño equipo técnico de un solo ministerio –por competente que éste sea–, sino que incumbe al conjunto del gobierno, así como a toda la sociedad civil, y necesita la acción común y concertada de un número creciente de actores”.
VISION AMPLIADA DE LA EDUCACION
En este mismo sentido, la globalización ha generado la necesidad de “una visión ampliada de la educación”, que trascienda no sólo a las viejas estructuras jerárquicas de los sistemas educativos tradicionales, concentrados en la lectura, la escritura, la aritmética, y— afortunadamente— el civismo, como recordatorio de la identidad nacional.
La educación —formal e informal; desde la escuela, los medios de comunicación, el barrio o los hogares— debe rescatar antes que nada el amor por nuestras raíces, por nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestro país.
Debemos fomentar entre todos el orgullo de lo que somos, y —a partir de ahí—crecer juntos, impulsando modestos o grandes proyectos, pero que nos fortalezcan a todos como personas, y como nación.
La creciente complejidad mundial trae consigo desesperanza y confusión en cuanto a nuestro sentido de pertenencia.
Los jóvenes encuentran cada vez menos acomodo en las estructuras educativas tradicionales, que muchas veces se encuentran a años luz del desarrollo actual que ofrece el avance tecnológico.
De esta manera, lo que hace el concepto de una “visión ampliada de la educación", es poner énfasis en la urgente necesidad de darle un sentido renovado de pertinencia a la educación.
Un concepto renovado de educación, que nos prepare para convivir con la complejidad y el cambio constante; que nos permita vivir juntos con respeto y tolerancia; y que nos enseñe a aprender a lo largo de toda la vida.
La realidad en que debemos actuar, exige que las competencias educativas básicas incluyan el respeto a la diversidad de las culturas, así como la reinvención —desde lo local— del concepto de ciudadanía universal.
Desde esta perspectiva, la educación debe contribuir a la paz y la no-violencia; al entendimiento mutuo; a la equidad de género; e, incluso, al logro de un desarrollo sustentable, con base en una plena conciencia de la propia singularidad, pero que a la vez se fortalezca en la pluralidad.
Esto es parte de una discusión que tiene años de estarse desarrollando, pero que no por ello ha perdido vigencia ni relevancia.
Hoy, seguimos enfrentando las mismas tensiones que identificó la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI en su informe de 1996 a la UNESCO.
La tensión entre lo mundial y lo local; entre lo universal y lo singular; tradición y modernidad; el largo y el corto plazo; entre la competencia y la igualdad de oportunidades; entre el extraordinario desarrollo del conocimiento, y la capacidad de asimilación por parte del ser humano; la tensión milenaria entre lo espiritual, y lo material.
En este enfoque para revalorizar el sentido ético y cultural de la educación, sin duda destaca el resurgimiento de la educación tal y como quedó consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
No como un medio para el mero logro de metas económicas, como se ha planteado durante mucho tiempo, sino como lo verdaderamente esencial: como un derecho humano, que —a su vez— resulta indispensable para ejercer nuestros demás derechos, y para cumplir nuestras obligaciones ciudadanas.
CONCLUSION
Como lo muestran estas referencias que he mencionado, si bien existe una amplia coincidencia en muchos de los “qués” para dotar de un contenido pertinente a la educación en nuestro cambiante mundo globalizado, resulta evidente que aún es necesario encontrar los “cómos” para lograrlo.
Ese enorme desafío, es el que hoy nos reúne en este Décimo Sexto Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación.
A nombre del Gobierno de Nuevo León —y, en lo personal, como un actor más que está plenamente comprometido con la búsqueda de soluciones a los grandes retos que enfrentamos con base en un diálogo político constante—, hago votos para que de este encuentro surjan nuevas reflexiones y propuestas para atender las necesidades que plantea la mundialización a la educación.
