Milenio
26 de abril de 2012
Desde hace
tiempo, tanto en México como en Estados Unidos se ha ido hilando una narrativa
que pretende equiparar el posible triunfo del PRI en las próximas elecciones de
julio a una supuesta regresión que pondría en peligro la lucha decidida en
contra del crimen organizado y la delincuencia común.
En el actual contexto electoral, es lógico esperar que desde Los Pinos y la campaña de la candidata del PAN se trate de espantar al electorado con “el petate del muerto”, pero ya es tiempo de que tanto aquí como en los corredores del poder civil y militar de los Estados Unidos quede claro que el PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto, han sido enfáticos en su compromiso de abatir la violencia y combatir a todas las organizaciones criminales.
Desde 2009, el Comando Norte del Ejército estadounidense lanzó la revista en español Ágora (http://agorarevista.com/es). En el número 4 de 2011, Benjamin P. Gochman (“Socios en defensa cooperativa”, http://bit.ly/I9WAyv) señalaba que “los efectos corrosivos de la amenaza del crimen organizado transnacional, los retos complejos para vencerla y las abundantes oportunidades para progresar, subrayan la vital importancia de asegurar que esta relación continúe durante los próximos seis años de administración presidencial después de las elecciones del 2012 en México”.
Hace unos días se publicó en nuestro país un artículo en una línea similar. Richard Downie, director del Centro de Estudios Hemisféricos sobre Defensa —de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos—, sostuvo en “Decisión crítica para el próximo Presidente” (Reforma, abril 18, 2012) que:
“...gane
quien gane las elecciones [presidenciales en México] tendrá cuatro opciones
para... reducir la violencia y abordar el tráfico ilícito: 1) ‘Mantener el Rumbo’.
Continuar la estrategia del presidente Calderón con las fuerzas militares en el
rol principal con el apoyo de las instituciones policiales; 2) ‘Policía en el
Rol Principal’, con el apoyo militar; 3) ‘Políticas Sociales y Culturales’...
en lugar de confrontación [sic] y reformas para despenalizar o legalizar la
marihuana y otras drogas; 4) ‘Acomodo Directo o Tácito’. Como manera de reducir
los delitos violentos en México, algunos ex funcionarios [sic] han sugerido que
el gobierno evite la confrontación con los grupos criminales. Por ejemplo, no
impedir el narcotráfico a los Estados Unidos”.
Plantea que “la opción más pragmática sería una combinación de las tres primeras categorías”. Por el contrario, “una acomodación directa o tácita con la delincuencia organizada sería perniciosa para el Estado de Derecho de México, [y] la seguridad y otras formas de cooperación con Estados Unidos terminarían”, dice Downie.
El artículo es una adaptación del ensayo que Downie publicó en julio del año pasado (“Critical Strategic Decisions in Mexico: the Future of US/Mexico Defense Relations, http://1.usa.gov/IcCIOO). Ahí, sostenía que “la cuarta opción subraya la alternativa de regresar al viejo estilo corporativista del PRI, de buscar acomodos en forma directa o tácita con los cárteles”. Además, “bajo tales condiciones los Estados Unidos buscarían mantener relaciones militares de carácter institucional, mientras esperan el regreso [sic] de un gobierno que confronte a las organizaciones criminales transnacionales”.
Downie también consideraba en julio de 2011 que Estados Unidos aún estaba a tiempo de “ampliar los lazos operativos y organizacionales” con las Fuerzas Armadas mexicanas. Para ello, proponía “institucionalizar los avances logrados en materia de cooperación sobre defensa durante la administración Calderón”, ya que, “una vez establecidos formalmente, los acuerdos, consejos internacionales y unidades conjuntas son más difíciles de desmantelar”.
Dos acontecimientos recientes de gran trascendencia indicarían que las propuestas de Downie fueron atendidas con prontitud.
El primero fue la histórica reunión del pasado 27 de marzo en Ottawa, entre los secretarios mexicanos de Defensa, Guillermo Galván, y de Marina, Francisco Saynez; el secretario de Defensa de EUA, Leon Panetta; y el Ministro de Defensa Nacional de Canadá, Peter Mackay (http://bit.ly/HifRxG). El encuentro se centró en los retos planteados por el narcotráfico y el apoyo de las Fuerzas Armadas en casos de desastres naturales.
Esta reunión se realizó días antes de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Los Presidentes de México, Felipe Calderón, de Estados Unidos, Barack Obama, y el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, consideraron la reunión militar como una simple “ampliación” de los encuentros a nivel ministerial para atender las agendas bilaterales y la agenda trilateral, (http://1.usa.gov/HQF5n4). Pero, con ello, dejaron en claro que su prioridad es la militarización del combate regional contra el crimen transnacional.
El segundo acontecimiento, fue la aprobación en la Sexta Cumbre de las Américas del Sistema Interamericano de Combate contra el Crimen Organizado (SICCO), que incluiría un nuevo Centro en México para coordinarlo.
En su mensaje de clausura, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que los mandatarios habían coincidido en “la necesidad de analizar los resultados de la actual política [anti-drogas] en las Américas y explorar nuevos enfoques”, por lo que le dieron “un mandato a la OEA para tal fin”. No obstante, un comunicado adicional señaló que los mandatarios acordaron “el desarrollo de un esquema hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional... [e] implementar una entidad coordinadora” (http://bit.ly/Jt2AGn).
Debido a la veda electoral que impide difundir “propaganda gubernamental”, y quizás para evitar una nueva violación a la Constitución por parte del titular del Ejecutivo (Milenio, abril 19, 2012), la información sobre el SICCO se limitó a un cable de la agencia Notimex (“Aprueba Cumbre de las Américas propuesta mexicana sobre seguridad”, abril 15, 2012, http://bit.ly/Jr9sBs).
Tras ambas Cumbres, la impresión que queda es que los actuales gobiernos de México y Estados Unidos buscan formalizar mecanismos más amplios en materia de seguridad a nivel bilateral y regional, antes de las respectivas elecciones en cada país, para que —como plantea Downie— sean “más difíciles de desmantelar”.
Sin duda, es necesario fortalecer institucionalmente la relación entre México y Estados Unidos, pero no sólo en este ámbito. Desde la desaparición “informal” de la Comisión Binacional —y aún considerando la ASPAN o las esporádicas cumbres de líderes norteamericanos—, nuestra principal relación bilateral ha carecido de un instrumento institucional que atienda en forma integral todos los temas incluidos en nuestra amplia y compleja agenda común.
Sobre todo, debe quedar claro que el próximo gobierno de México evaluará lo logrado hasta ahora mediante la cooperación bilateral, regional y multilateral en materia de seguridad, y definirá sus propias políticas a partir del primero de diciembre de este año. Pero lo deberá hacer con base en los más elevados intereses de México, y no en los candados transexenales que se están tratando de aplicar a punto de que concluya un sexenio cuyo legado —para su mala fortuna y la de todos los mexicanos— será el dolor provocado por la violencia.
