Javier Treviño Cantú
Milenio
Ante la inminente
presentación de la propuesta de reforma energética, en el marco del Pacto por
México, y de su discusión en el Congreso de la Unión para concretarla en una
iniciativa con posibilidades reales de ser aprobada, reglamentada e
instrumentada a corto plazo, es indispensable partir de una pregunta
fundamental que nos permita evitar falsos dilemas: ¿cuál es el interés nacional
de México en un mundo globalizado, donde nuestro país aspira a ser reconocido
como un actor relevante con capacidad de decisión propia y de asumir mayores responsabilidades
geopolíticas?
Como señala
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: “...el objetivo de la
presente Administración será defender y promover el interés nacional, mediante
una política que consolide el papel constructivo de México en el mundo” (p.
182). Por ello, la primera
consideración respecto a la propuesta de una reforma energética de largo
alcance, sería precisar la forma en que deberá contribuir a promover nuestro
interés nacional. Para efectos del tema que nos ocupa, éste podría definirse
como la capacidad de maximizar el aprovechamiento de los recursos energéticos
con que cuenta el país para beneficio de las generaciones presentes y futuras
de mexicanos. Punto.
No debemos
perder de vista tres objetivos estratégicos de una reforma energética. El
primero de ellos, sería asumir que nuestro interés nacional no debe consistir tan
sólo en asegurar la plena propiedad del Estado mexicano sobre los hidrocarburos
y demás recursos energéticos con que contemos —conforme a lo establecido en el
Artículo 27 constitucional—,
sino también en lograr que los aprovechemos al máximo.
De nada sirve
al interés nacional contar con enormes reservas potenciales de petróleo y gas,
si no podemos realizar actividades de exploración para ubicarlas con precisión,
transferir el riesgo a los inversionistas privados, explotarlas en forma eficaz
(es decir, a un costo internacionalmente competitivo y evitando en la mayor medida
posible impactos ambientales nocivos), y canalizar con transparencia los
recursos financieros generados tanto a fortalecer la capacidad de Pemex para
operar como una compañía rentable, como a invertir en el desarrollo sostenido de
la sociedad mexicana.
El segundo
objetivo estratégico de la reforma, sería plantearnos cómo puede contribuir a reforzar
y mantener nuestra seguridad energética. El acceso a fuentes de energía es un
pre-requisito indispensable para toda la actividad productiva y el bienestar de
la sociedad mexicana. Sin un abasto oportuno, no sólo se afecta la
competitividad internacional de nuestro país frente a otras economías —ya sean socios comerciales, como en el
caso de los Estados Unidos, o competidores manufactureros como en el de China—, sino que también se pone en riesgo
nuestra seguridad nacional.
Nuestro reto en
relación con este segundo objetivo estratégico es doble. Por una parte, no sólo
ha caído la producción de petróleo y nos hemos rezagado en la explotación de
gas natural y en formaciones rocosas de lutitas (gas shale), sino que incluso
podríamos llegar a convertirnos en un país deficitario en materia energética
muy pronto. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027: “De
2000 a 2011, el consumo de energía en el país creció a un promedio anual de
2.08%, tasa superior a la (del) PIB, cuyo crecimiento anual fue de 1.82%. Por
su parte, la producción de energía primaria disminuyó a una tasa anual de 0.3%.
De continuar estas tendencias, tanto en consumo como en producción de energía,
para el 2020 México se convertiría en un país estructuralmente deficitario en
energía” (p. 3).
De hecho,
nuestra seguridad energética ya está en riesgo, debido a nuestra creciente
dependencia del exterior para abastecernos de productos petrolíferos —en
especial, gasolinas y diesel—, así como de gas para consumo industrial y
doméstico. La creciente capacidad exportadora de los Estados Unidos sin duda
puede representar para nosotros una ventaja competitiva frente a otros países.
Sin embargo, nada garantiza que los bajos precios actuales del gas estadounidense
se trasladen en automático a México, ni que el intercambio energético pueda
estar exento de las constantes fricciones comerciales entre ambos países, lo
que en un caso extremo podría amenazar el suministro de productos críticos para
el sector productivo y el transporte de nuestro país.
Por la otra
parte, todo el panorama energético mundial está en un proceso de profundo reacomodo.
Del lado de la oferta, precisamente por la revolución tecnológica que ha
re-dinamizado la industria energética de los Estados Unidos y otros países con
capacidad de explotar yacimientos petrolíferos no-convencionales, incluyendo
a Canadá. Y, del lado de la demanda, por una reorientación del consumo hacia
China y las demás economías emergentes de Asia, que demandan un mayor
abastecimiento para sostener sus elevadas tasas de crecimiento y su propia
seguridad energética.
De esta
forma, no sólo nos hemos vuelto cada vez más vulnerables a la volatilidad de
los precios energéticos internacionales por nuestras limitaciones en materia de
refinación de combustibles o de extracción de gas, sino que, además, nuestro
mercado “natural” de exportaciones petroleras, centrado en los Estados Unidos,
está en posibilidades de desaparecer a mediano plazo. En Estados Unidos se está
discutiendo acabar con las restricciones legales que impiden la exportación de
gas y, ahora también, de petróleo crudo. Es decir, que muy pronto podríamos
estar pagando precios mucho más elevados por el gas estadounidense, al mismo
tiempo que nuestros vecinos del norte podrían competir con México por las exportaciones
petroleras a los mercados de Asia.
Por último,
el tercer objetivo estratégico de una reforma energética integral, tendría que enfocarse
en la necesidad de contar con una industria y un mercado energético que
contribuyan a elevar nuestra competitividad económica y, sobre todo, a darle bases
más firmes al desarrollo social del país. Es un hecho que México ha ido ganando
terreno en materia de competitividad, como lo muestran, por ejemplo, las
cuantiosas inversiones en el sector automotriz y el acelerado desarrollo de la
industria aeroespacial. Pero también es cierto que aún enfrentamos muchos retos
para escalar posiciones en índices que, como el del Foro Económico Mundial, son
determinantes para la toma de decisiones de los inversionistas. Y, entre los desafíos
más relevantes, por supuesto se encuentra ofrecer un suministro energético confiable
y a precios accesibles a la industria del país.
Lo más
importante de todo, no obstante, es asegurar que la reforma energética permita
generar mayores recursos presupuestales para invertir en el bienestar de la
sociedad mexicana. A pesar de avances innegables, lamentablemente en México
todavía cerca de la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza.
Como lo indica el reciente reporte del INEGI (junio 12, 2013) sobre las clases
medias en México: “42.4% de los hogares, en donde vive el 39.2% de la población
total del país, son de clase media. Por su parte, 2.5% de los hogares son de
clase alta, viviendo en ellos el 1.7% de la población del país, mientras que,
en el otro lado del espectro social, se tiene al 55.1% de los hogares donde
desarrolla su vida el 59.1% de la población mexicana”.
Si no somos
capaces de aprovechar la oportunidad histórica de lograr una reforma energética
verdaderamente transformadora, que reduzca la carga impositiva de Pemex a la
vez que genere recursos presupuestales mucho mayores mediante la inversión y la
participación empresarial en este sector —resguardando ante todo el control
del Estado mexicano sobre la propiedad de los hidrocarburos y demás recursos
energéticos—, el “bono demográfico” con el que aún contamos, pronto se
convertirá en una auténtica bomba de tiempo que podría poner en riesgo el
destino de nuestra nación.
* El autor es
Diputado Federal por Nuevo León, Secretario de la Comisión de Energía y
Secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Se ha
desempeñado como Subsecretario de Relaciones Exteriores y Oficial Mayor de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
