Mensaje de Javier Treviño Cantú, Secretario General de Gobierno de Nuevo León.
Monterrey, N.L. 4 de diciembre de 2010.
Es un honor para mí asistir en representación del Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz a esta ceremonia de clausura del 11º Escalón 2010 del Curso de Adiestramiento Básico Individual, así como a la entrega de cartillas del Servicio Militar Nacional a jóvenes nuevoleoneses.
A nombre del Gobierno del Estado agradezco al Comandante de la IV Región Militar, y al Comandante de la Séptima Zona Militar, por su invitación.
Saludo con afecto a los generales, jefes, oficiales y tropa que nos han recibido con tanta calidez, y felicito a los jóvenes del 11º Escalón que nos hicieron una extraordinaria demostración de lo que han aprendido en el Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional (CACIR).
El Ejército es sinónimo de disciplina y de lealtad al orden constitucional, que siempre ha velado por la defensa de los más elevados intereses nacionales.
En Nuevo León respetamos y valoramos el inquebrantable apego institucional del Ejército y reconocemos la seriedad con la que asume sus responsabilidades.
En estos tiempos en que enfrentamos algunos de los retos más trascendentes para el futuro del país, es motivo de legítima satisfacción comprobar el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, y su esfuerzo para prepararse y entrenarse continuamente y con apego a los estándares más rigurosos.
El año que está por terminar ha sido un año particularmente complejo y doloroso para Nuevo León. Por un lado, en 2010 se recrudeció la actividad criminal de la delincuencia organizada, y por el otro la naturaleza nos golpeó de frente con la embestida del huracán “Alex”.
Hoy, quiero hacer nuevamente un reconocimiento al Ejército Mexicano que con lealtad ha combatido sin descanso a los enemigos de la Nación en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad en el país y en el Estado.
Al mismo tiempo, y a nombre del pueblo de Nuevo León, agradezco su invaluable apoyo en las tareas de protección civil, con su participación solidaria y oportuna ante la situación de emergencia que provocó el paso devastador del huracán Alex por nuestro Estado.
Sabemos que el esfuerzo ha sido enorme, pero también sabemos que las Fuerzas Armadas siempre han sabido estar a la altura de las exigencias de cada momento histórico del país.
Ante los profundos cambios que han ocurrido en el escenario internacional, y en nuestro propio país en años recientes, el Ejército Mexicano ha demostrado su capacidad para adaptarse y encarar con oportunidad, inteligencia, valentía y eficacia los graves retos que imponen las organizaciones criminales transnacionales.
El Gobierno de Nuevo León rechaza categóricamente la revelación ilegal de comunicaciones que se imputan a representantes diplomáticos de los Estados Unidos en nuestro país. Los documentos filtrados, y muchos de sus contenidos, responden a visiones inexactas.
El Estado mexicano está plenamente vigente y en control de todo el territorio nacional. Además, en Nuevo León estamos comprometidos con una estrategia integral para combatir la inseguridad. Y, en esta tarea, el Ejército Mexicano trabaja, con toda firmeza, para fortalecer la presencia de la autoridad, para debilitar y desmantelar a las organizaciones criminales, para generar mejores condiciones para nuestro pueblo, y para ayudarnos a fortalecer las instituciones estatales y municipales.
En Nuevo León se muestra con claridad que el trabajo conjunto con el Ejército Mexicano continúa avanzando en el cierre de los espacios a la criminalidad.
Nuevo León se los reconoce y agradece. Los nuevoleoneses lo valoramos y nunca lo vamos a olvidar.
Jóvenes graduandos del Onceavo Escalón 2010 del Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional (CACIR) de la IV Región Militar; Jóvenes que concluyen su Servicio Militar Nacional:
Todos debemos luchar de manera cotidiana contra la ignorancia, la intolerancia y la desigualdad, la pobreza y el olvido, contra la violencia, la corrupción y la impunidad. Si peleamos juntos esas batallas, sin duda, las vamos a ganar.
Quien les diga que el futuro de México es incierto se equivoca. Como Secretario General de Gobierno he tenido el privilegio de trabajar muy de cerca con las Fuerzas Armadas, y sólo hace falta ver el rostro de nuestros soldados para saber que con valor, honestidad, honor, coraje, convicción y lealtad a la patria habremos de recuperar la paz, la tranquilidad y el respeto por la ley.
Los exhorto a que mantengamos vivos esos valores fundamentales para seguir construyendo un México del que todos nos sintamos orgullosos.
Por último, quisiera aprovechar también, para públicamente darle la más cálida de las bienvenidas al Comandante de la IV Región Militar, General Noé Sandoval Alcázar, quien encontrará en estas tierras franqueza y muchas manos amigas que no dudarán en apoyarlo en este alto encargo. Está usted entre amigos que sabrán corresponder a su dedicación y trabajo.
A todos los generales, jefes, oficiales y tropa de la Cuarta Región y de la Séptima Zona Militares, les digo de nuevo que cuentan con el respaldo y admiración del Gobierno y de la gente de Nuevo León.
El Gobierno del Estado reitera su inquebrantable disposición para seguir trabajando juntos y en estrecha coordinación con el Ejército, por Nuevo León y por México.
Saturday, December 04, 2010
Monday, September 13, 2010
En defensa de la Patria
Mensaje de Javier Treviño, Secretario General de Gobierno de Nuevo León, en la ceremonia del CLXIII Aniversario de la Gesta Heróica de la Niños Héroes de Chapultepec.
Monterrey, N.L. 13 de septiembre de 2010
“En defensa de la Patria”… es más que una frase; es la razón más íntima, y más poderosa, que puede mover a toda una Nación para enfrentar retos extraordinarios.
Para el Gobierno de Nuevo León, es un honor rendir un merecido homenaje a la memoria de los cadetes del Colegio Militar que ofrendaron sus vidas, precisamente “en defensa de la Patria”.
Con su sacrificio, todos los defensores del Castillo de Chapultepec, que murieron aquel aciago 13 de septiembre de 1847, nos dieron un ejemplo de patriotismo y entrega, que se convirtió en base fundamental para consolidar nuestra Nación.
Con su voluntad para encarar la adversidad sin rendirse, y defender hasta las últimas consecuencias la esencia nacional que simboliza nuestro lábaro patrio, dieron una muestra de grandeza que ha inspirado el esfuerzo de incontables generaciones de mexicanos, para hacer realidad nuestra vocación de independencia.
Con su máxima prueba de devoción a México, pusieron un ejemplo que nos sigue animando a reafirmar nuestro compromiso con los más elevados intereses de nuestro País, y que nos exige redoblar esfuerzos para superar los graves retos que enfrentamos en la actualidad.
Hoy, al igual que ayer, cuando debemos hacer frente a graves amenazas con impactos que se extienden más allá de nuestras fronteras, es imprescindible recordar nuestra historia para aprender todas las lecciones del pasado.
No podemos olvidar que fueron las divisiones internas, y la falta de acuerdos sobre un rumbo claro para la construcción de un país plenamente soberano, lo que en gran medida propició el conflicto que acabaría cobrando las vidas de los Niños Héroes, y de todos los soldados mexicanos que cayeron en el frente de batalla.
Nunca debemos olvidar que, ante la falta de un gobierno estable debido a las constantes guerras internas y la bancarrota, durante la primera mitad del siglo XIX, México fue considerado por la comunidad internacional como un Estado incapaz de gobernarse por mano propia.
Don Justo Sierra, en su afamada obra “México y su Evolución Social”, escribía que “el pueblo y el gobierno de Estados Unidos estaban convencidos de que todo el territorio vecino que México no pudiera gobernar debía ser norteamericano”.
Don Ignacio Manuel Altamirano culpaba de la derrota también a la indiferencia y la falta de patriotismo de las llamadas clases privilegiadas, de lo que constituía la aristocracia partidaria del centralismo, que no supo anteponer los intereses de la patria a los suyos.
Las diversas interpretaciones pueden diferir sobre los aspectos militares de la batalla; sin embargo, todas coinciden en que la derrota fue una consecuencia lógica de veinticinco años de anarquía política, de falta de cohesión entre las clases dirigentes, y de que, en repetidas ocasiones, se antepusieron los intereses partidistas a los de la Nación.
Por ello, en esta conmemoración, debemos refrendar nuestra disposición a sumar esfuerzos para evitar confrontaciones estériles, y a trabajar unidos por el bien de nuestro Estado, y por el bien de México.
Desde aquí, el Gobierno de Nuevo León reitera su compromiso a seguir trabajando en estrecha coordinación con las autoridades federales y con todas las autoridades municipales del Estado, así como a seguir colaborando con los diversos sectores de la sociedad y las organizaciones ciudadanas, para avanzar juntos en el logro de una mayor seguridad, de una prosperidad equitativa, y de un desarrollo sustentable.
Hoy, también debemos reconocer el decisivo papel que las Fuerzas Armadas están llamadas a jugar en la vida nacional.
La gesta de los Niños Héroes nos recuerda la importancia de los valores que se inculcan a los soldados de nuestro país en el Heroico Colegio Militar, y el invaluable servicio que siempre han estado dispuestos a prestar en defensa de la soberanía nacional.
Como mexicano le tengo un profundo respeto a cada uno de los generales, jefes, oficiales y tropa.
Como Secretario General de Gobierno he tenido el privilegio de trabajar y convivir muy de cerca con las Fuerzas Armadas, y he podido ver en cada uno de ellos sus rostros de esperanza.
En los ojos de cada soldado se reflejan el valor, la honestidad, el honor, la lealtad, el patriotismo, el coraje, y su deseo de construir un México del que todos nos sintamos orgullosos.
Este día, quiero hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano, al igual que a la Marina Armada de México, por su indudable lealtad institucional, y por su apoyo solidario en la lucha por la seguridad pública y en las tareas de protección civil ante los devastadores desastres naturales.
A las Fuerzas Armadas de México, nuestro más sincero agradecimiento.
Señoras y señores:
Al conmemorar este aniversario de la gesta de los Niños Héroes, en el año que celebramos el Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana...
... el recuerdo del sacrificio hecho por el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia...
... nos llena de un legítimo orgullo, y nos infunde ánimos renovados para seguir dando la batalla por Nuevo León, que también es la batalla por México.
La defensa de Nuevo León, es la defensa de la Patria.
Monterrey, N.L. 13 de septiembre de 2010
“En defensa de la Patria”… es más que una frase; es la razón más íntima, y más poderosa, que puede mover a toda una Nación para enfrentar retos extraordinarios.
Para el Gobierno de Nuevo León, es un honor rendir un merecido homenaje a la memoria de los cadetes del Colegio Militar que ofrendaron sus vidas, precisamente “en defensa de la Patria”.
Con su sacrificio, todos los defensores del Castillo de Chapultepec, que murieron aquel aciago 13 de septiembre de 1847, nos dieron un ejemplo de patriotismo y entrega, que se convirtió en base fundamental para consolidar nuestra Nación.
Con su voluntad para encarar la adversidad sin rendirse, y defender hasta las últimas consecuencias la esencia nacional que simboliza nuestro lábaro patrio, dieron una muestra de grandeza que ha inspirado el esfuerzo de incontables generaciones de mexicanos, para hacer realidad nuestra vocación de independencia.
Con su máxima prueba de devoción a México, pusieron un ejemplo que nos sigue animando a reafirmar nuestro compromiso con los más elevados intereses de nuestro País, y que nos exige redoblar esfuerzos para superar los graves retos que enfrentamos en la actualidad.
Hoy, al igual que ayer, cuando debemos hacer frente a graves amenazas con impactos que se extienden más allá de nuestras fronteras, es imprescindible recordar nuestra historia para aprender todas las lecciones del pasado.
No podemos olvidar que fueron las divisiones internas, y la falta de acuerdos sobre un rumbo claro para la construcción de un país plenamente soberano, lo que en gran medida propició el conflicto que acabaría cobrando las vidas de los Niños Héroes, y de todos los soldados mexicanos que cayeron en el frente de batalla.
Nunca debemos olvidar que, ante la falta de un gobierno estable debido a las constantes guerras internas y la bancarrota, durante la primera mitad del siglo XIX, México fue considerado por la comunidad internacional como un Estado incapaz de gobernarse por mano propia.
Don Justo Sierra, en su afamada obra “México y su Evolución Social”, escribía que “el pueblo y el gobierno de Estados Unidos estaban convencidos de que todo el territorio vecino que México no pudiera gobernar debía ser norteamericano”.
Don Ignacio Manuel Altamirano culpaba de la derrota también a la indiferencia y la falta de patriotismo de las llamadas clases privilegiadas, de lo que constituía la aristocracia partidaria del centralismo, que no supo anteponer los intereses de la patria a los suyos.
Las diversas interpretaciones pueden diferir sobre los aspectos militares de la batalla; sin embargo, todas coinciden en que la derrota fue una consecuencia lógica de veinticinco años de anarquía política, de falta de cohesión entre las clases dirigentes, y de que, en repetidas ocasiones, se antepusieron los intereses partidistas a los de la Nación.
Por ello, en esta conmemoración, debemos refrendar nuestra disposición a sumar esfuerzos para evitar confrontaciones estériles, y a trabajar unidos por el bien de nuestro Estado, y por el bien de México.
Desde aquí, el Gobierno de Nuevo León reitera su compromiso a seguir trabajando en estrecha coordinación con las autoridades federales y con todas las autoridades municipales del Estado, así como a seguir colaborando con los diversos sectores de la sociedad y las organizaciones ciudadanas, para avanzar juntos en el logro de una mayor seguridad, de una prosperidad equitativa, y de un desarrollo sustentable.
Hoy, también debemos reconocer el decisivo papel que las Fuerzas Armadas están llamadas a jugar en la vida nacional.
La gesta de los Niños Héroes nos recuerda la importancia de los valores que se inculcan a los soldados de nuestro país en el Heroico Colegio Militar, y el invaluable servicio que siempre han estado dispuestos a prestar en defensa de la soberanía nacional.
Como mexicano le tengo un profundo respeto a cada uno de los generales, jefes, oficiales y tropa.
Como Secretario General de Gobierno he tenido el privilegio de trabajar y convivir muy de cerca con las Fuerzas Armadas, y he podido ver en cada uno de ellos sus rostros de esperanza.
En los ojos de cada soldado se reflejan el valor, la honestidad, el honor, la lealtad, el patriotismo, el coraje, y su deseo de construir un México del que todos nos sintamos orgullosos.
Este día, quiero hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano, al igual que a la Marina Armada de México, por su indudable lealtad institucional, y por su apoyo solidario en la lucha por la seguridad pública y en las tareas de protección civil ante los devastadores desastres naturales.
A las Fuerzas Armadas de México, nuestro más sincero agradecimiento.
Señoras y señores:
Al conmemorar este aniversario de la gesta de los Niños Héroes, en el año que celebramos el Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana...
... el recuerdo del sacrificio hecho por el teniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia...
... nos llena de un legítimo orgullo, y nos infunde ánimos renovados para seguir dando la batalla por Nuevo León, que también es la batalla por México.
La defensa de Nuevo León, es la defensa de la Patria.
Wednesday, July 14, 2010
Reconstrucción de Nuevo León
Palabras de Javier Treviño durante la instalación del Consejo para la Reconstrucción de Nuevo León
Monterrey, N.L.
14 de julio de 2010
A nombre del Gobierno del Estado, es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta instalación formal del Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León.
Ante todo, quiero agradecer su presencia y hacer un reconocimiento a todos los que de alguna u otra forma han ayudado y han dado muestras de solidaridad para hacer frente a la emergenca que provocó el huracán “Alex”.
Contexto
Como todos sabemos, este huracán trajo consigo efectos devastadores para la región noreste del país, incluyendo a nuestro Estado.
Tan sólo para contar con un punto de comparación, en términos de precipitación pluvial, el huracán “Alex” representó –en el área donde se registraron las lluvias más intensas– más de dos veces y media el “Gilberto”.
Está dimensión inusitada del fenómeno metereológico causó grandes daños.
Principales acciones inmediatas del GNL
Ante la aproximación del huracán “Alex”, el Gobierno del Estado activó planes de emergencia que incluyeron acciones de coordinación con las autoridades federales y las instancias de protección civil de los gobiernos municipales.
En ese momento la prioridad fue salvaguardar la vida e integridad física de la población.
Inmediatamente después, se iniciaron las tareas de respuesta a la contingencia y que tienen que ver con la atención a los damnificados, el restablecimiento de los servicios públicos, el monitoreo de riesgos, el reordenamiento de la vialidad, el reforzamiento de las labores de salud púlica, entre otras acciones.
Voluntad del GNL para trabajar por todos los ciudadanos de NL
Ahora, y al tiempo que seguimos dedicados a superar la contingencia, debemos emprender la siguiente etapa: iniciar la reconstrucción y darle un impulso renovado al desarrollo de Nuevo León.
Quiero ser muy enfático, el Gobierno del Estado está atendiendo todo aquello que requiere respuesta inmediata y definirá con claridad las nuevas acciones a emprender, sin distingos de tipo político, partidista, de ubicación geográfica, o de ninguna otra naturaleza.
Aquí no existe cabida para las diferencias ideológicas, para las descalificaciones estériles, ni para las divisiones sectoriales.
Hoy es momento de unirnos para sacar a adelante a Nuevo León, tenemos ante nosotros la gran oportunidad de surgir fortalecidos de esta nueva prueba que nos ha puesto la naturaleza.
La historia de nuestro Estado siempre ha sido la de nuestra capacidad para imponernos a los rigores del entorno natural, y la historia de nuestra gente siempre ha sido la de un pueblo con el carácter necesario para responder a los retos más difíciles, y con el espíritu emprendedor para seguir buscando nuevas oportunidades de mejorar.
Esta vez no será diferente.
Es cierto que el embate de “Alex” ha sido histórico, pero también histórica será la nueva etapa que hoy iniciamos.
Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León y Gabinete Operativo
Las circunstancias del momento hacen necesario que revisemos nuestras metas originales de desarrollo para el presente período de gobierno.
Vamos a encarar esta responsabilidad con la mayor seriedad y altura de miras, para asegurar que el futuro avance de Nuevo León cuente con bases más sólidas.
Para ello, ante la urgencia de iniciar la reconstrucción del Estado, y ante la oportunidad de resolver este inmenso reto con una visión moderna e integral a partir de un plan maestro que tome en cuenta a todos los sectores de la sociedad, el Gobernador del Estado ha estimado fundamental la instalación del “Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León”.
Este Consejo tendrá el carácter de cuerpo colegiado mixto público-privado y su objetivo principal será analizar, asesorar y en su caso aprobar el Plan Maestro de Restauración, Reconstrucción y de Reactivación Económica y Social.
De igual manera, será atribución del Consejo conocer de las asignaciones de recursos presupuestarios públicos y privados dirigidos a la reactivación y reconstrucción, de tal forma que estos esfuerzos cuenten con total transparencia.
El Plan Maestro de Restauración, Reconstrucción y de Reactivación Económica y Social será elaborado y presentado ante el Consejo por el Gabinete Operativo para la Reconstrucción, designado por el Gobernador para atender la emergencia e integrado por distintas dependencias y entidades del Gobierno del Estado.
El Consejo lo presidirá el Titular del Ejecutivo Estatal y lo coordinará el Secretario General de Gobierno del Estado.
Además lo integrarán, como representantes del sector público: el Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, diez representantes de la Administración Pública Estatal, un representante del Poder Ejecutivo Federal, un representante del H. Congreso del Estado de Nuevo León y un representante de H. Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Y como representantes de la sociedad civil: los integrantes del Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Nuevo León que participaron en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, y un representante del Patronato “Reconstruyamos Nuevo León”, A.B.P.… A todos ustedes, de nueva cuenta nuestro reconocimiento.
Compromiso del GNL para actuar con visión de futuro y transparencia
A partir del plan maestro de reconstrucción consensuado entre todos los miembros del Consejo, articularemos programas específicos de rehabilitación y construcción de infraestructura, de reordenamiento territorial para identificar las áreas apropiadas para el crecimiento metropolitano, así como la revisión de la normativa legal relacionada con el desarrollo urbano.
La tarea que nos estamos imponiendo, es una tarea con horizontes de corto, mediano y largo plazos.
En este sentido, deberá sentar los pilares para mejorar significativamente nuestra capacidad de prevención de riesgos; de rehabilitación del entorno ambiental; de movilidad urbana; de generación de riqueza, y de poner en práctica una política de desarrollo social inclusiva; así como de fortalecer nuestro sentido de comunidad, a partir de la recuperación y creación de mayores espacios de convivencia social.
Este Consejo no se limitará a darle seguimiento a las tareas que ya están en curso para superar la contingencia actual.
Por el contrario; su objetivo es reafirmar a Nuevo León como un Estado con visión de futuro, y —quizás más importante aún— con la capacidad para hacerla realidad.
Esto exigirá contar con recursos suficientes, y el Consejo también deberá participar en los esfuerzos para asegurar su captación.
Pero, sin duda, su mayor valor radica en que reúne a integrantes capacitados, experimentados, y plenamente comprometidos con Nuevo León.
Por último, quiero reafirmar nuestro compromiso con la rendición de cuentas y volver a destacar que los trabajos de reactivación y reconstrucción se realizarán con total transparencia.
Vamos a darle seguimiento puntual a todos y cada uno de los esfuerzos que realizaremos, y vamos a asegurarnos de que todos y cada uno de ellos contribuyan a prevenir riesgos futuros, y a mejorar la vida de todos los nuevoleoneses.
Señor Gobernador, señoras y señores:
El reto que tenemos frente a nosotros plantea dos opciones: ver las cosas como una gran tragedia, o tomarlo como la gran oportunidad para construir un Nuevo León mejor y más fuerte…
Estoy seguro que todos hemos decidido tomar la segunda opción.
Muchas gracias por su atención.
Monterrey, N.L.
14 de julio de 2010
A nombre del Gobierno del Estado, es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta instalación formal del Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León.
Ante todo, quiero agradecer su presencia y hacer un reconocimiento a todos los que de alguna u otra forma han ayudado y han dado muestras de solidaridad para hacer frente a la emergenca que provocó el huracán “Alex”.
Contexto
Como todos sabemos, este huracán trajo consigo efectos devastadores para la región noreste del país, incluyendo a nuestro Estado.
Tan sólo para contar con un punto de comparación, en términos de precipitación pluvial, el huracán “Alex” representó –en el área donde se registraron las lluvias más intensas– más de dos veces y media el “Gilberto”.
Está dimensión inusitada del fenómeno metereológico causó grandes daños.
Principales acciones inmediatas del GNL
Ante la aproximación del huracán “Alex”, el Gobierno del Estado activó planes de emergencia que incluyeron acciones de coordinación con las autoridades federales y las instancias de protección civil de los gobiernos municipales.
En ese momento la prioridad fue salvaguardar la vida e integridad física de la población.
Inmediatamente después, se iniciaron las tareas de respuesta a la contingencia y que tienen que ver con la atención a los damnificados, el restablecimiento de los servicios públicos, el monitoreo de riesgos, el reordenamiento de la vialidad, el reforzamiento de las labores de salud púlica, entre otras acciones.
Voluntad del GNL para trabajar por todos los ciudadanos de NL
Ahora, y al tiempo que seguimos dedicados a superar la contingencia, debemos emprender la siguiente etapa: iniciar la reconstrucción y darle un impulso renovado al desarrollo de Nuevo León.
Quiero ser muy enfático, el Gobierno del Estado está atendiendo todo aquello que requiere respuesta inmediata y definirá con claridad las nuevas acciones a emprender, sin distingos de tipo político, partidista, de ubicación geográfica, o de ninguna otra naturaleza.
Aquí no existe cabida para las diferencias ideológicas, para las descalificaciones estériles, ni para las divisiones sectoriales.
Hoy es momento de unirnos para sacar a adelante a Nuevo León, tenemos ante nosotros la gran oportunidad de surgir fortalecidos de esta nueva prueba que nos ha puesto la naturaleza.
La historia de nuestro Estado siempre ha sido la de nuestra capacidad para imponernos a los rigores del entorno natural, y la historia de nuestra gente siempre ha sido la de un pueblo con el carácter necesario para responder a los retos más difíciles, y con el espíritu emprendedor para seguir buscando nuevas oportunidades de mejorar.
Esta vez no será diferente.
Es cierto que el embate de “Alex” ha sido histórico, pero también histórica será la nueva etapa que hoy iniciamos.
Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León y Gabinete Operativo
Las circunstancias del momento hacen necesario que revisemos nuestras metas originales de desarrollo para el presente período de gobierno.
Vamos a encarar esta responsabilidad con la mayor seriedad y altura de miras, para asegurar que el futuro avance de Nuevo León cuente con bases más sólidas.
Para ello, ante la urgencia de iniciar la reconstrucción del Estado, y ante la oportunidad de resolver este inmenso reto con una visión moderna e integral a partir de un plan maestro que tome en cuenta a todos los sectores de la sociedad, el Gobernador del Estado ha estimado fundamental la instalación del “Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León”.
Este Consejo tendrá el carácter de cuerpo colegiado mixto público-privado y su objetivo principal será analizar, asesorar y en su caso aprobar el Plan Maestro de Restauración, Reconstrucción y de Reactivación Económica y Social.
De igual manera, será atribución del Consejo conocer de las asignaciones de recursos presupuestarios públicos y privados dirigidos a la reactivación y reconstrucción, de tal forma que estos esfuerzos cuenten con total transparencia.
El Plan Maestro de Restauración, Reconstrucción y de Reactivación Económica y Social será elaborado y presentado ante el Consejo por el Gabinete Operativo para la Reconstrucción, designado por el Gobernador para atender la emergencia e integrado por distintas dependencias y entidades del Gobierno del Estado.
El Consejo lo presidirá el Titular del Ejecutivo Estatal y lo coordinará el Secretario General de Gobierno del Estado.
Además lo integrarán, como representantes del sector público: el Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, diez representantes de la Administración Pública Estatal, un representante del Poder Ejecutivo Federal, un representante del H. Congreso del Estado de Nuevo León y un representante de H. Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Y como representantes de la sociedad civil: los integrantes del Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Nuevo León que participaron en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, y un representante del Patronato “Reconstruyamos Nuevo León”, A.B.P.… A todos ustedes, de nueva cuenta nuestro reconocimiento.
Compromiso del GNL para actuar con visión de futuro y transparencia
A partir del plan maestro de reconstrucción consensuado entre todos los miembros del Consejo, articularemos programas específicos de rehabilitación y construcción de infraestructura, de reordenamiento territorial para identificar las áreas apropiadas para el crecimiento metropolitano, así como la revisión de la normativa legal relacionada con el desarrollo urbano.
La tarea que nos estamos imponiendo, es una tarea con horizontes de corto, mediano y largo plazos.
En este sentido, deberá sentar los pilares para mejorar significativamente nuestra capacidad de prevención de riesgos; de rehabilitación del entorno ambiental; de movilidad urbana; de generación de riqueza, y de poner en práctica una política de desarrollo social inclusiva; así como de fortalecer nuestro sentido de comunidad, a partir de la recuperación y creación de mayores espacios de convivencia social.
Este Consejo no se limitará a darle seguimiento a las tareas que ya están en curso para superar la contingencia actual.
Por el contrario; su objetivo es reafirmar a Nuevo León como un Estado con visión de futuro, y —quizás más importante aún— con la capacidad para hacerla realidad.
Esto exigirá contar con recursos suficientes, y el Consejo también deberá participar en los esfuerzos para asegurar su captación.
Pero, sin duda, su mayor valor radica en que reúne a integrantes capacitados, experimentados, y plenamente comprometidos con Nuevo León.
Por último, quiero reafirmar nuestro compromiso con la rendición de cuentas y volver a destacar que los trabajos de reactivación y reconstrucción se realizarán con total transparencia.
Vamos a darle seguimiento puntual a todos y cada uno de los esfuerzos que realizaremos, y vamos a asegurarnos de que todos y cada uno de ellos contribuyan a prevenir riesgos futuros, y a mejorar la vida de todos los nuevoleoneses.
Señor Gobernador, señoras y señores:
El reto que tenemos frente a nosotros plantea dos opciones: ver las cosas como una gran tragedia, o tomarlo como la gran oportunidad para construir un Nuevo León mejor y más fuerte…
Estoy seguro que todos hemos decidido tomar la segunda opción.
Muchas gracias por su atención.
Thursday, June 10, 2010
La educación en una democracia ciudadana
Palabras de Javier Treviño en el XVI Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación.
Monterrey, Nuevo León
31 de mayo de 2010
A lo largo de toda mi carrera profesional en el servicio público, siempre he estado convencido de la relevancia primordial que tiene la educación como motor del desarrollo, y como fundamento para el bienestar de la sociedad en cualquier país.
En particular, cuando me desempeñé como Subsecretario de Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuve la oportunidad de desarrollar numerosos proyectos buscando sumar los conocimientos, experiencias y recursos de diversas naciones para fomentar el avance educativo en el país.
Ahora nuevamente tengo el privilegio de participar en un esfuerzo de gobierno a nivel estatal que tiene a la educación entre sus principales prioridades.
Ante los retos que enfrentamos en todos los órdenes —desde la procuración de una seguridad integral, hasta el impulso a una mayor creación de riqueza y el logro de un desarrollo social inclusivo— sabemos bien que la educación es una pieza clave en el diseño de políticas públicas transversales y con un carácter integral.
CONTEXTO
Desde hace ya un par de décadas hemos estado asistiendo a una serie de cambios muy profundos, que se rigen por el impulso y la velocidad del desarrollo científico y tecnológico.
En particular, por los avances exponenciales de los sistemas de información y comunicación, que a su vez han desencadenado nuevas formas de relacionarnos en términos políticos, económicos, laborales, sociales y culturales.
Este auténtico “nuevo orden mundial”, caracterizado por su rápida y constante evolución, ha traído consigo la necesidad apremiante de establecer nuevos esquemas institucionales, nuevos marcos normativos, y también nuevas reglas de convivencia a nivel global, nacional y local.
Hoy, quizás más que nunca, requerimos reglas claras y flexibles, capaces de responder a la dinámica de cambio incesante que se ha convertido en el eje rector de los procesos en que estamos inmersos, y también capaces de tomar en cuenta la pluralidad de intereses como base esencial para su aplicación eficaz.
Con todas sus ventajas y desventajas, la globalización está trayendo consigo el desarrollo de una nueva economía y, por lo tanto, de una nueva sociedad.
De una sociedad que, considerando todas sus posibles diferencias, está teniendo acceso a un cúmulo sin precedentes de información, y que debe interactuar en distintos planos —reales o virtuales— caracterizados por una creciente complejidad.
Esto, sobre todo, está transformando la percepción y el sentido de pertenencia a lo que tradicionalmente nos proporcionaba seguridad.
En este incesante proceso de globalización, la identidad nacional y cultural se reconstruye cada día, frente al surgimiento de identidades individuales que se reconocen y se unen en torno a intereses particulares, locales.
Son elementos que en muchas ocasiones y en distintos sentidos, trascienden a la identidad nacional, referida como pertenencia a un Estado determinado, el cual se ve debilitado como resultado del mismo proceso de globalización.
Esta especie de crisis de la identidad nacional y cultural como vínculo de pertenencia, sin duda no es un fenómeno exclusivo de un solo país, ni de un solo sector.
Por el contrario; nos plantea desafíos a todos: A los distintos niveles de gobierno, a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, al sector empresarial, a los sindicatos, a las iglesias, a los medios de comunicación, al sector académico, a los padres de familia, y a cada uno de nosotros en lo individual.
Hoy, todos tenemos que preguntarnos ¿qué debemos y podemos hacer ante el enorme reto que significa darle un nuevo sentido de propósito a la educación en este contexto?
PARTICIPACION DE NUEVOS ACTORES
Se dice fácil, pero es una tarea de tal magnitud que ningún Estado-nación, por muy poderoso que sea, podría lograr solo.
En el caso especifico de América Latina, por ejemplo, la década pasada estuvo marcada por esfuerzos significativos en la mayoría de los países para impulsar el desarrollo, bajo pautas diseñadas en buena medida por los principales organismos internacionales.
En términos generales, éstas se orientaron a establecer criterios de eficacia institucional para un “buen gobierno”, como serían la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho; todas ellas tareas aún inacabadas que —además— ya muestran sus propias limitaciones por su carácter unilateral.
En este sentido, la experiencia nos indica que debemos pasar a una siguiente etapa, en la que se requiere la participación activa no sólo de los gobiernos, sino también de todos los demás actores sociales para crear de manera conjunta formas novedosas de gobernar, que le den un nuevo sentido al concepto de democracia en Latinoamérica.
Hasta ahora, la percepción ciudadana de este concepto se limitaba en gran medida a la construcción de una democracia meramente electoral, que en cierto sentido culminaría con la alternancia en el poder.
Sin embargo, como desafortunadamente hemos podido comprobar en más de un país, por sí misma la alternancia dista mucho de ser suficiente para traer consigo avances concretos, que se traduzcan en beneficios directos para la mayoría de los ciudadanos.
Pero también debemos reconocer que han existido experiencias muy exitosas, cuyo “hilo conductor” —como lo señala el reconocido sociólogo Manuel Castells— apunta hacia los esfuerzos para “acercar mucho más el Estado al ciudadano”, no al revés.
Es decir, a la coordinación de esfuerzos por parte de los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, para crear o reforzar mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local.
Entre otras cosas, ello implica la descentralización de recursos y competencias; la necesidad de capacitación permanente para los servidores públicos; el desarrollo institucional; la reforma de los marcos legales; y —por supuesto— una mayor transparencia y rendición de cuentas claras a la sociedad, junto con la sociedad.
En este sentido, es indispensable reconocer que los procesos más constructivos de democratización latinoamericana, están ampliándose hacia lo que podríamos llamar una democracia ciudadana.
Se trata de una democracia que incluye el derecho de los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder político; no sólo a través del voto, sino también de una colaboración institucionalizada para la formulación e implementación de las políticas públicas.
AMBITO EDUCATIVO
El ámbito de la educación ciertamente no escapa a esta ola transformadora.
De hecho, ha sido uno de los sectores pioneros con mayor desarrollo en lo que se refiere al impulso de la participación ciudadana.
En este sector, al igual que en de la salud, es donde se vivieron las primeras experiencias de descentralización política y administrativa en América Latina.
Fue aquí donde se empezaron a desarrollar los esfuerzos para reorganizar el aparato administrativo, y donde se impulsaron conceptos innovadores de autonomía para la participación de los nuevos actores con injerencia en el campo educativo.
No obstante, a pesar de los pequeños y variados avances que sin duda se han logrado registrar en el sistema educativo, hemos llegado a un punto donde debemos reflexionar sobre la necesidad de adoptar nuevas formas de trabajo colaborativo, que contribuyan a evitar la dispersión de los esfuerzos individuales.
Debemos participar desde y para nuestra localidad, enfocándonos no sólo en los problemas que requieren una atención urgente, sino decidiéndonos también a encarar aquellos que, por su propia naturaleza o dimensión, exigen programas de largo aliento, con un horizonte a largo plazo.
DIALOGO POLITICO
La política educativa en particular, que hasta hace unos cuantos años parecía ser competencia exclusiva a los gobiernos, hoy requiere de la participación ciudadana para elevar su calidad y eficiencia con la rapidez que demanda el cambiante entorno mundial.
Pero esta participación no puede darse de manera esporádica, o quedar sujeta a la voluntad ocasional de los actores gubernamentales y sociales.
Es claro que le corresponde a los distintos niveles de gobierno construir los puentes institucionales para establecer una comunicación permanente entre las autoridades y la ciudadanía.
Las diversas experiencias nacionales, compartidas en foros y encuentros ministeriales, así como las investigaciones de los especialistas, están llegando a un consenso, en el sentido de que el medio idóneo para lograr la calidad y la equidad educativa, es el diálogo político.
No el discurso político, ni el debate político.
El diálogo político tanto como condición básica, y como medio indispensable para el uso eficiente de los escasos recursos disponibles, con el fin de alcanzar objetivos bien definidos y —por lo tanto— compartidos entre todos.
El diálogo político como factor determinante para una nueva acción conjunta de gobernar —que los especialistas llaman gobernanza— y que lo que busca, es dar un cauce institucional a los procesos de acción conjunta para lograr el bien colectivo.
Este diálogo político debe darse, y —en la práctica— ya se está dando, en dos planos.
Por una parte, en el plano externo, a través del intenso diálogo internacional que existe en materia de políticas educativas, en foros como la Conferencia de Jomtien de 1990, donde —como saben—, se realizó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, referente a la "satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje".
O el Foro de Dakar del año 2000 , donde la mayoría de los países del mundo —incluyendo por supuesto a México—, nos comprometimos a lograr la meta de una Educación de Calidad para Todos.
Por otra parte, en el plano interno, la educación representa la tarea más trascendente que debemos asumir como Nación, una tarea integral que —como ya señalé— nos compete a todos por igual.
No sólo a las secretarías, o ministerios de educación, y a las escuelas, sino a todo el aparato gubernamental a nivel federal, estatal y municipal, con base en una disposición para coordinar la definición de programas y el uso de los recursos materiales y humanos disponibles.
Pero, también, a los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, que por su alcance e influencia deben compartir el compromiso de contribuir a la tarea educativa, informando y analizando nuestra compleja realidad con un elevado sentido de responsabilidad.
Asimismo, compete al sector empresarial, que al asumir una creciente responsabilidad social corporativa, puede contribuir recursos muy valiosos para la tarea educativa, y compartir conocimientos a través de la vinculación con instituciones de educación superior, por ejemplo, al establecer Cátedras sobre temas específicas, o impulsar iniciativas de investigación aplicadas a la solución de retos concretos.
También compete en forma directa a los maestros, como pilares de la labor educativa; y a todos los que somos padres de familia, que debemos acompañar a nuestros hijos a lo largo de todo su proceso educativo, a la vez que hacemos el esfuerzo —siempre difícil— de educarlos con el ejemplo.
Sin duda, la mejor forma de articular estas distintas esferas de competencia, es mediante un diálogo político franco, constante, orientado a la búsqueda de soluciones eficaces para mejorar la educación.
En este diálogo político, la escuela representa el puente principal de comunicación, y el espacio natural para la gestación de nuevas formas de entender y practicar una ciudadanía más participativa, responsable, tolerante e inclusiva, que permita la convivencia constructiva de identidades plurales.
Es precisamente en este sentido que la educación exige la participación responsable de todos, en un proceso transparente que establezca y difunda públicamente las metas, los procedimientos, el contenido y los resultados de los esfuerzos que llevamos a cabo a fin de lograr una educación de calidad para todos.
Partiendo de esta premisa, debemos entonces propiciar un nuevo enfoque para la definición y el desarrollo de las políticas educativas.
Un enfoque que, en lugar de basarse en decisiones verticales, surgidas “de arriba hacia abajo”, se instrumenten a partir de los consensos alcanzados a través del diálogo político, “de abajo hacia arriba”, con la consecuente participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo.
Desde esta ángulo, como lo ha planteado la propia UNESCO a través de la Organización Internacional de Educación, cito:
El surgimiento del “diálogo político como elemento central y determinante de la construcción y desarrollo de las políticas educativas, puede ser considerada como una de las mayores tendencias que hoy caracterizan a los sistemas educativos del mundo entero”.
“Si durante siglos —y particularmente en el siglo XX— pudo considerarse que el ‘discurso político’ constituía un instrumento esencial de la conducción, hoy resulta evidente que la educación no puede seguir siendo el terreno acotado de un pequeño equipo técnico de un solo ministerio –por competente que éste sea–, sino que incumbe al conjunto del gobierno, así como a toda la sociedad civil, y necesita la acción común y concertada de un número creciente de actores”.
VISION AMPLIADA DE LA EDUCACION
En este mismo sentido, la globalización ha generado la necesidad de “una visión ampliada de la educación”, que trascienda no sólo a las viejas estructuras jerárquicas de los sistemas educativos tradicionales, concentrados en la lectura, la escritura, la aritmética, y— afortunadamente— el civismo, como recordatorio de la identidad nacional.
La educación —formal e informal; desde la escuela, los medios de comunicación, el barrio o los hogares— debe rescatar antes que nada el amor por nuestras raíces, por nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestro país.
Debemos fomentar entre todos el orgullo de lo que somos, y —a partir de ahí—crecer juntos, impulsando modestos o grandes proyectos, pero que nos fortalezcan a todos como personas, y como nación.
La creciente complejidad mundial trae consigo desesperanza y confusión en cuanto a nuestro sentido de pertenencia.
Los jóvenes encuentran cada vez menos acomodo en las estructuras educativas tradicionales, que muchas veces se encuentran a años luz del desarrollo actual que ofrece el avance tecnológico.
De esta manera, lo que hace el concepto de una “visión ampliada de la educación", es poner énfasis en la urgente necesidad de darle un sentido renovado de pertinencia a la educación.
Un concepto renovado de educación, que nos prepare para convivir con la complejidad y el cambio constante; que nos permita vivir juntos con respeto y tolerancia; y que nos enseñe a aprender a lo largo de toda la vida.
La realidad en que debemos actuar, exige que las competencias educativas básicas incluyan el respeto a la diversidad de las culturas, así como la reinvención —desde lo local— del concepto de ciudadanía universal.
Desde esta perspectiva, la educación debe contribuir a la paz y la no-violencia; al entendimiento mutuo; a la equidad de género; e, incluso, al logro de un desarrollo sustentable, con base en una plena conciencia de la propia singularidad, pero que a la vez se fortalezca en la pluralidad.
Esto es parte de una discusión que tiene años de estarse desarrollando, pero que no por ello ha perdido vigencia ni relevancia.
Hoy, seguimos enfrentando las mismas tensiones que identificó la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI en su informe de 1996 a la UNESCO.
La tensión entre lo mundial y lo local; entre lo universal y lo singular; tradición y modernidad; el largo y el corto plazo; entre la competencia y la igualdad de oportunidades; entre el extraordinario desarrollo del conocimiento, y la capacidad de asimilación por parte del ser humano; la tensión milenaria entre lo espiritual, y lo material.
En este enfoque para revalorizar el sentido ético y cultural de la educación, sin duda destaca el resurgimiento de la educación tal y como quedó consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
No como un medio para el mero logro de metas económicas, como se ha planteado durante mucho tiempo, sino como lo verdaderamente esencial: como un derecho humano, que —a su vez— resulta indispensable para ejercer nuestros demás derechos, y para cumplir nuestras obligaciones ciudadanas.
CONCLUSION
Como lo muestran estas referencias que he mencionado, si bien existe una amplia coincidencia en muchos de los “qués” para dotar de un contenido pertinente a la educación en nuestro cambiante mundo globalizado, resulta evidente que aún es necesario encontrar los “cómos” para lograrlo.
Ese enorme desafío, es el que hoy nos reúne en este Décimo Sexto Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación.
A nombre del Gobierno de Nuevo León —y, en lo personal, como un actor más que está plenamente comprometido con la búsqueda de soluciones a los grandes retos que enfrentamos con base en un diálogo político constante—, hago votos para que de este encuentro surjan nuevas reflexiones y propuestas para atender las necesidades que plantea la mundialización a la educación.
Monterrey, Nuevo León
31 de mayo de 2010
A lo largo de toda mi carrera profesional en el servicio público, siempre he estado convencido de la relevancia primordial que tiene la educación como motor del desarrollo, y como fundamento para el bienestar de la sociedad en cualquier país.
En particular, cuando me desempeñé como Subsecretario de Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuve la oportunidad de desarrollar numerosos proyectos buscando sumar los conocimientos, experiencias y recursos de diversas naciones para fomentar el avance educativo en el país.
Ahora nuevamente tengo el privilegio de participar en un esfuerzo de gobierno a nivel estatal que tiene a la educación entre sus principales prioridades.
Ante los retos que enfrentamos en todos los órdenes —desde la procuración de una seguridad integral, hasta el impulso a una mayor creación de riqueza y el logro de un desarrollo social inclusivo— sabemos bien que la educación es una pieza clave en el diseño de políticas públicas transversales y con un carácter integral.
CONTEXTO
Desde hace ya un par de décadas hemos estado asistiendo a una serie de cambios muy profundos, que se rigen por el impulso y la velocidad del desarrollo científico y tecnológico.
En particular, por los avances exponenciales de los sistemas de información y comunicación, que a su vez han desencadenado nuevas formas de relacionarnos en términos políticos, económicos, laborales, sociales y culturales.
Este auténtico “nuevo orden mundial”, caracterizado por su rápida y constante evolución, ha traído consigo la necesidad apremiante de establecer nuevos esquemas institucionales, nuevos marcos normativos, y también nuevas reglas de convivencia a nivel global, nacional y local.
Hoy, quizás más que nunca, requerimos reglas claras y flexibles, capaces de responder a la dinámica de cambio incesante que se ha convertido en el eje rector de los procesos en que estamos inmersos, y también capaces de tomar en cuenta la pluralidad de intereses como base esencial para su aplicación eficaz.
Con todas sus ventajas y desventajas, la globalización está trayendo consigo el desarrollo de una nueva economía y, por lo tanto, de una nueva sociedad.
De una sociedad que, considerando todas sus posibles diferencias, está teniendo acceso a un cúmulo sin precedentes de información, y que debe interactuar en distintos planos —reales o virtuales— caracterizados por una creciente complejidad.
Esto, sobre todo, está transformando la percepción y el sentido de pertenencia a lo que tradicionalmente nos proporcionaba seguridad.
En este incesante proceso de globalización, la identidad nacional y cultural se reconstruye cada día, frente al surgimiento de identidades individuales que se reconocen y se unen en torno a intereses particulares, locales.
Son elementos que en muchas ocasiones y en distintos sentidos, trascienden a la identidad nacional, referida como pertenencia a un Estado determinado, el cual se ve debilitado como resultado del mismo proceso de globalización.
Esta especie de crisis de la identidad nacional y cultural como vínculo de pertenencia, sin duda no es un fenómeno exclusivo de un solo país, ni de un solo sector.
Por el contrario; nos plantea desafíos a todos: A los distintos niveles de gobierno, a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, al sector empresarial, a los sindicatos, a las iglesias, a los medios de comunicación, al sector académico, a los padres de familia, y a cada uno de nosotros en lo individual.
Hoy, todos tenemos que preguntarnos ¿qué debemos y podemos hacer ante el enorme reto que significa darle un nuevo sentido de propósito a la educación en este contexto?
PARTICIPACION DE NUEVOS ACTORES
Se dice fácil, pero es una tarea de tal magnitud que ningún Estado-nación, por muy poderoso que sea, podría lograr solo.
En el caso especifico de América Latina, por ejemplo, la década pasada estuvo marcada por esfuerzos significativos en la mayoría de los países para impulsar el desarrollo, bajo pautas diseñadas en buena medida por los principales organismos internacionales.
En términos generales, éstas se orientaron a establecer criterios de eficacia institucional para un “buen gobierno”, como serían la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho; todas ellas tareas aún inacabadas que —además— ya muestran sus propias limitaciones por su carácter unilateral.
En este sentido, la experiencia nos indica que debemos pasar a una siguiente etapa, en la que se requiere la participación activa no sólo de los gobiernos, sino también de todos los demás actores sociales para crear de manera conjunta formas novedosas de gobernar, que le den un nuevo sentido al concepto de democracia en Latinoamérica.
Hasta ahora, la percepción ciudadana de este concepto se limitaba en gran medida a la construcción de una democracia meramente electoral, que en cierto sentido culminaría con la alternancia en el poder.
Sin embargo, como desafortunadamente hemos podido comprobar en más de un país, por sí misma la alternancia dista mucho de ser suficiente para traer consigo avances concretos, que se traduzcan en beneficios directos para la mayoría de los ciudadanos.
Pero también debemos reconocer que han existido experiencias muy exitosas, cuyo “hilo conductor” —como lo señala el reconocido sociólogo Manuel Castells— apunta hacia los esfuerzos para “acercar mucho más el Estado al ciudadano”, no al revés.
Es decir, a la coordinación de esfuerzos por parte de los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, para crear o reforzar mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local.
Entre otras cosas, ello implica la descentralización de recursos y competencias; la necesidad de capacitación permanente para los servidores públicos; el desarrollo institucional; la reforma de los marcos legales; y —por supuesto— una mayor transparencia y rendición de cuentas claras a la sociedad, junto con la sociedad.
En este sentido, es indispensable reconocer que los procesos más constructivos de democratización latinoamericana, están ampliándose hacia lo que podríamos llamar una democracia ciudadana.
Se trata de una democracia que incluye el derecho de los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder político; no sólo a través del voto, sino también de una colaboración institucionalizada para la formulación e implementación de las políticas públicas.
AMBITO EDUCATIVO
El ámbito de la educación ciertamente no escapa a esta ola transformadora.
De hecho, ha sido uno de los sectores pioneros con mayor desarrollo en lo que se refiere al impulso de la participación ciudadana.
En este sector, al igual que en de la salud, es donde se vivieron las primeras experiencias de descentralización política y administrativa en América Latina.
Fue aquí donde se empezaron a desarrollar los esfuerzos para reorganizar el aparato administrativo, y donde se impulsaron conceptos innovadores de autonomía para la participación de los nuevos actores con injerencia en el campo educativo.
No obstante, a pesar de los pequeños y variados avances que sin duda se han logrado registrar en el sistema educativo, hemos llegado a un punto donde debemos reflexionar sobre la necesidad de adoptar nuevas formas de trabajo colaborativo, que contribuyan a evitar la dispersión de los esfuerzos individuales.
Debemos participar desde y para nuestra localidad, enfocándonos no sólo en los problemas que requieren una atención urgente, sino decidiéndonos también a encarar aquellos que, por su propia naturaleza o dimensión, exigen programas de largo aliento, con un horizonte a largo plazo.
DIALOGO POLITICO
La política educativa en particular, que hasta hace unos cuantos años parecía ser competencia exclusiva a los gobiernos, hoy requiere de la participación ciudadana para elevar su calidad y eficiencia con la rapidez que demanda el cambiante entorno mundial.
Pero esta participación no puede darse de manera esporádica, o quedar sujeta a la voluntad ocasional de los actores gubernamentales y sociales.
Es claro que le corresponde a los distintos niveles de gobierno construir los puentes institucionales para establecer una comunicación permanente entre las autoridades y la ciudadanía.
Las diversas experiencias nacionales, compartidas en foros y encuentros ministeriales, así como las investigaciones de los especialistas, están llegando a un consenso, en el sentido de que el medio idóneo para lograr la calidad y la equidad educativa, es el diálogo político.
No el discurso político, ni el debate político.
El diálogo político tanto como condición básica, y como medio indispensable para el uso eficiente de los escasos recursos disponibles, con el fin de alcanzar objetivos bien definidos y —por lo tanto— compartidos entre todos.
El diálogo político como factor determinante para una nueva acción conjunta de gobernar —que los especialistas llaman gobernanza— y que lo que busca, es dar un cauce institucional a los procesos de acción conjunta para lograr el bien colectivo.
Este diálogo político debe darse, y —en la práctica— ya se está dando, en dos planos.
Por una parte, en el plano externo, a través del intenso diálogo internacional que existe en materia de políticas educativas, en foros como la Conferencia de Jomtien de 1990, donde —como saben—, se realizó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, referente a la "satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje".
O el Foro de Dakar del año 2000 , donde la mayoría de los países del mundo —incluyendo por supuesto a México—, nos comprometimos a lograr la meta de una Educación de Calidad para Todos.
Por otra parte, en el plano interno, la educación representa la tarea más trascendente que debemos asumir como Nación, una tarea integral que —como ya señalé— nos compete a todos por igual.
No sólo a las secretarías, o ministerios de educación, y a las escuelas, sino a todo el aparato gubernamental a nivel federal, estatal y municipal, con base en una disposición para coordinar la definición de programas y el uso de los recursos materiales y humanos disponibles.
Pero, también, a los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, que por su alcance e influencia deben compartir el compromiso de contribuir a la tarea educativa, informando y analizando nuestra compleja realidad con un elevado sentido de responsabilidad.
Asimismo, compete al sector empresarial, que al asumir una creciente responsabilidad social corporativa, puede contribuir recursos muy valiosos para la tarea educativa, y compartir conocimientos a través de la vinculación con instituciones de educación superior, por ejemplo, al establecer Cátedras sobre temas específicas, o impulsar iniciativas de investigación aplicadas a la solución de retos concretos.
También compete en forma directa a los maestros, como pilares de la labor educativa; y a todos los que somos padres de familia, que debemos acompañar a nuestros hijos a lo largo de todo su proceso educativo, a la vez que hacemos el esfuerzo —siempre difícil— de educarlos con el ejemplo.
Sin duda, la mejor forma de articular estas distintas esferas de competencia, es mediante un diálogo político franco, constante, orientado a la búsqueda de soluciones eficaces para mejorar la educación.
En este diálogo político, la escuela representa el puente principal de comunicación, y el espacio natural para la gestación de nuevas formas de entender y practicar una ciudadanía más participativa, responsable, tolerante e inclusiva, que permita la convivencia constructiva de identidades plurales.
Es precisamente en este sentido que la educación exige la participación responsable de todos, en un proceso transparente que establezca y difunda públicamente las metas, los procedimientos, el contenido y los resultados de los esfuerzos que llevamos a cabo a fin de lograr una educación de calidad para todos.
Partiendo de esta premisa, debemos entonces propiciar un nuevo enfoque para la definición y el desarrollo de las políticas educativas.
Un enfoque que, en lugar de basarse en decisiones verticales, surgidas “de arriba hacia abajo”, se instrumenten a partir de los consensos alcanzados a través del diálogo político, “de abajo hacia arriba”, con la consecuente participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo.
Desde esta ángulo, como lo ha planteado la propia UNESCO a través de la Organización Internacional de Educación, cito:
El surgimiento del “diálogo político como elemento central y determinante de la construcción y desarrollo de las políticas educativas, puede ser considerada como una de las mayores tendencias que hoy caracterizan a los sistemas educativos del mundo entero”.
“Si durante siglos —y particularmente en el siglo XX— pudo considerarse que el ‘discurso político’ constituía un instrumento esencial de la conducción, hoy resulta evidente que la educación no puede seguir siendo el terreno acotado de un pequeño equipo técnico de un solo ministerio –por competente que éste sea–, sino que incumbe al conjunto del gobierno, así como a toda la sociedad civil, y necesita la acción común y concertada de un número creciente de actores”.
VISION AMPLIADA DE LA EDUCACION
En este mismo sentido, la globalización ha generado la necesidad de “una visión ampliada de la educación”, que trascienda no sólo a las viejas estructuras jerárquicas de los sistemas educativos tradicionales, concentrados en la lectura, la escritura, la aritmética, y— afortunadamente— el civismo, como recordatorio de la identidad nacional.
La educación —formal e informal; desde la escuela, los medios de comunicación, el barrio o los hogares— debe rescatar antes que nada el amor por nuestras raíces, por nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestro país.
Debemos fomentar entre todos el orgullo de lo que somos, y —a partir de ahí—crecer juntos, impulsando modestos o grandes proyectos, pero que nos fortalezcan a todos como personas, y como nación.
La creciente complejidad mundial trae consigo desesperanza y confusión en cuanto a nuestro sentido de pertenencia.
Los jóvenes encuentran cada vez menos acomodo en las estructuras educativas tradicionales, que muchas veces se encuentran a años luz del desarrollo actual que ofrece el avance tecnológico.
De esta manera, lo que hace el concepto de una “visión ampliada de la educación", es poner énfasis en la urgente necesidad de darle un sentido renovado de pertinencia a la educación.
Un concepto renovado de educación, que nos prepare para convivir con la complejidad y el cambio constante; que nos permita vivir juntos con respeto y tolerancia; y que nos enseñe a aprender a lo largo de toda la vida.
La realidad en que debemos actuar, exige que las competencias educativas básicas incluyan el respeto a la diversidad de las culturas, así como la reinvención —desde lo local— del concepto de ciudadanía universal.
Desde esta perspectiva, la educación debe contribuir a la paz y la no-violencia; al entendimiento mutuo; a la equidad de género; e, incluso, al logro de un desarrollo sustentable, con base en una plena conciencia de la propia singularidad, pero que a la vez se fortalezca en la pluralidad.
Esto es parte de una discusión que tiene años de estarse desarrollando, pero que no por ello ha perdido vigencia ni relevancia.
Hoy, seguimos enfrentando las mismas tensiones que identificó la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI en su informe de 1996 a la UNESCO.
La tensión entre lo mundial y lo local; entre lo universal y lo singular; tradición y modernidad; el largo y el corto plazo; entre la competencia y la igualdad de oportunidades; entre el extraordinario desarrollo del conocimiento, y la capacidad de asimilación por parte del ser humano; la tensión milenaria entre lo espiritual, y lo material.
En este enfoque para revalorizar el sentido ético y cultural de la educación, sin duda destaca el resurgimiento de la educación tal y como quedó consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
No como un medio para el mero logro de metas económicas, como se ha planteado durante mucho tiempo, sino como lo verdaderamente esencial: como un derecho humano, que —a su vez— resulta indispensable para ejercer nuestros demás derechos, y para cumplir nuestras obligaciones ciudadanas.
CONCLUSION
Como lo muestran estas referencias que he mencionado, si bien existe una amplia coincidencia en muchos de los “qués” para dotar de un contenido pertinente a la educación en nuestro cambiante mundo globalizado, resulta evidente que aún es necesario encontrar los “cómos” para lograrlo.
Ese enorme desafío, es el que hoy nos reúne en este Décimo Sexto Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación.
A nombre del Gobierno de Nuevo León —y, en lo personal, como un actor más que está plenamente comprometido con la búsqueda de soluciones a los grandes retos que enfrentamos con base en un diálogo político constante—, hago votos para que de este encuentro surjan nuevas reflexiones y propuestas para atender las necesidades que plantea la mundialización a la educación.
Friday, March 05, 2010
Ejercicio de unidad
Javier Treviño Cantú
Celebración del 185 Aniversario de la
Primera Constitución de Nuevo León
5 de marzo de 2010
Es un honor para mí acudir en representación del Gobernador Constitucional de Nuevo León, Lic. Rodrigo Medina de
El día de hoy celebramos un acontecimiento de importancia fundamental en la historia de nuestro Estado.
La promulgación de nuestra primera Carta Magna en 1825 —en concordancia con
Con este hecho histórico, quedó claro que Nuevo León asumía un compromiso inquebrantable: basar nuestro desarrollo institucional en el marco del pacto federal, y nuestro avance como sociedad en la observancia de la ley y el respeto a la cultura de la legalidad.
Hoy, debemos reafirmar esta misma condición de libertad y soberanía en un ejercicio de unidad más allá de ideologías y posiciones.
A nadie escapa que hay una lucha que estamos enfrentando en el Estado y en todo el país, y que lo más probable es que se recrudezca.
Los recientes hechos en los municipios del norte y noreste de nuestra entidad, y en municipios del área metropolitana de Monterrey, son una muestra de ello y un ataque directo a las instituciones en respuesta a la efectividad del frente que el Estado y
Sin embargo, la única forma de superar con éxito este reto y amenaza a nuestra libertad y soberanía, es bajo el binomio sociedad-gobierno, y a eso he venido, a convocarlos, a ustedes y a todo el pueblo de Nuevo León representado en este Honorable Congreso.
A nombre del Gobierno del Estado, convoco a todos los nuevoleoneses a que hagamos un frente común para recuperar la tranquilidad y rescatar a nuestro Estado de la violencia, las adicciones, la delincuencia y el debilitamiento de tejido social.
La tarea nos incumbe a todos: a políticos y ciudadanos, a empresarios y trabajadores, a los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
En este frente de unidad y colaboración tenemos que trabajar en cuatro pilares fundamentales que incluyen tareas de corto, mediano y largo plazos para atender tanto lo urgente como lo importante:
(1) Número uno.- La reestructuración de los mandos, con un liderazgo (nuevo y) fortalecido.
Dentro de las tareas de este pilar tenemos que impulsar la integración de un mando único para contar con las facultades, presupuestos, agilidad y dinamismo necesarios.
(2) Número dos.- Continuar con la reestructuración, dignificación y profesionalización de las fuerzas policiacas e incrementar su capacidad.
Para ello reforzaremos las acciones de inteligencia, operación y focalización de fuerza. Y buscaremos establecer, junto con los municipios,
Al mismo tiempo, la depuración a todos niveles, es ingrediente fundamental en esta lucha.
Los servidores públicos que estén involucrados en ilícitos que atenten contra la integridad de las personas, serán considerados como traidores a la sociedad y a las instituciones, por lo que deberán recibir los castigos más severos contemplados en la ley.
(3) Número tres.- La reforma al Sistema de Seguridad Pública y de Justicia Penal.
En este punto, quiero hacer un reconocimiento especial al Honorable Congreso del Estado, por haber aprobado las reformas para clasificar el robo como delito grave y otra en materia de secuestros.
Sin duda, estas reformas son muestra de los avances que podemos lograr trabajando en unidad.
(4) Y número cuatro.- La articulación de los recursos y esfuerzos de los tres niveles de gobierno, empresarios, universidades, organismos sociales, grupos religiosos y ciudadanos en general para fomentar la participación ciudadana y promover la cohesión social.
Tenemos que trabajar juntos para rescatar los espacios públicos perdidos, promover la legalidad y una cultura ciudadana, fomentar la denuncia ciudadana, organizarnos para combatir las adicciones e instrumentar programas de desarrollo comunitario, que den un nuevo horizonte de esperanza a nuestros jóvenes y a todas las familias de Nuevo León.
Agradezco a todos los legisladores, funcionarios e invitados aquí presentes, por acudir este día a celebrar los primeros 185 años de vida de nuestra Carta Magna.
Muchas gracias.
Friday, February 05, 2010
Constitución y visión de futuro
Esta conmemoración tiene un significado especial, por ser el año en que festejamos el Bicentenario de nuestra Independencia, y el Centenario de
Ambas Constituciones Políticas —tanto la de 1857 como la de 1917— constituyen los ordenamientos jurídicos que surgieron de procesos que iniciaron con esos dos movimientos sociales.
Como tales, representan los ideales originales de libertad y justicia que los impulsaron, así como las bases sobre las que se construiría el Estado de Derecho, al adoptar como forma de gobierno una República representativa, democrática, y federal.
De esa manera, este Aniversario nos ofrece la oportunidad de celebrar las Constituciones de 1857 y de 1917, como la expresión instrumental de la visión de futuro para nuestro País, que en su momento definieron los respectivos Congresos Constituyentes.
Vigencia del compromiso con el Estado de Derecho
Hoy, conmemorar estas dos Constituciones Políticas significa —ante todo— refrendar el compromiso que debemos tener todos los mexicanos con la consolidación plena del Estado de Derecho.
Significa traducir esta celebración en un compromiso renovado con la cultura de la legalidad por parte de todos —autoridades y ciudadanos por igual.
Nuestro Estado, y nuestro País, enfrentan grandes retos, pero el de mayor trascendencia para superar todos los demás, sin duda es el de arraigar una cultura ciudadana de respeto y observancia de la ley.
Cohesión social y unidad
Conmemorarlas en este año, también significa asumir los preceptos que nos unen en lo fundamental.
En un mundo globalizado, las garantías y los deberes plasmados en
Por encima de las legítimas diferencias de opinión que puedan existir entre nosotros, nuestro apego a los mandatos de
Proyecto histórico compartido
Igualmente, celebrar estos Aniversarios, implica valorar nuestra pertenencia a un proyecto histórico compartido.
Desde
Como toda obra humana, son perfectibles, pero hoy nos permiten buscar —en forma precisamente institucional— la manera de mejorarlas...
... para contar con una democracia más eficaz; con una economía más competitiva; y con la capacidad de superar nuestros rezagos de pobreza y marginación, mediante un desarrollo social incluyente.
Proceso en construcción constante
Impulsar entre todos ese proyecto nacional delineado en
Estamos inmersos en un escenario caracterizado por el cambio a todos niveles, que muchas veces acelera el desfase lógico que se da entre la realidad cotidiana, y los marcos legales vigentes.
Señoras y Señores:
A nombre del Gobierno del Estado, nuevamente les agradezco su presencia en este evento, para conmemorar el 153 Aniversario de
Los invito a todos a seguir trabajando unidos por Nuevo León, y por México.
Sunday, January 31, 2010
El poder de la política
Javier Treviño Cantú
Publicado en la revista Conocimiento
Enero de 2009
La era de la transformación
Reflexionar acerca de conceptos como el poder y la política representa un ejercicio que, si bien implica referirse a términos conocidos y hasta cierto punto “familiares” que en diversos sentidos no han cambiado a lo largo de la historia, también nos lleva a reconocer la notable transformación que su significado está adquiriendo en la actualidad.
En este contexto, el concepto del poder político en el mundo “occidental” ha formado parte de una larga tradición del pensamiento moderno, que sobre todo se basaba en la acción de gobierno como una relación formal y legítima de mandato-obediencia entre gobernantes y gobernados, a través del poder concedido por la libre voluntad de los ciudadanos. Esta concesión del poder ciudadano al gobierno elegido democráticamente, se debía a la necesidad primordial de construir y mantener un orden que, ante todo, evitara el conflicto para garantizar una paz duradera.
La existencia de estas condiciones básicas eran referentes indispensables para la gobernabilidad de una nación. Por lo tanto, la gobernabilidad hace alusión a las capacidades requeridas a los gobiernos (ya sean éstas jurídicas, fiscales, administrativas, de diseño de políticas o de autoridad política) para dirigir a sus respectivas sociedades.
En la actualidad, los conceptos que sustentan la base de la doctrina del poder del Estado moderno están transformándose para adecuarse a los nuevos tiempos, caracterizados por la velocidad y la constancia del cambio como factor estructural de la acción de gobierno.
La “fragmegración” del poder
El reconocido politólogo estadounidense James N. Rosenau acuñó hace algún tiempo el concepto de la “fragmegración”, para tratar de sintetizar una de las paradojas de las tendencias asociadas a la globalización. En síntesis, se refería a los procesos simultáneos que estaban propiciando una fragmentación de los espacios de decisión política a escala global y, a la vez, una concentración de los efectos de dichos fenómenos a nivel local. Eventualmente, este análisis contribuiría al desarrollo de la idea de lo “glocal” como referente fundamental de la nueva realidad que se vive.
Este mismo concepto resulta útil para reflexionar sobre algunos de los cambios observados respecto a la noción de lo que constituyen el poder y la política. En el caso del primer concepto, por ejemplo, lo que se ha registrado es una tendencia a la fragmentación del poder que anteriormente detentaban en forma cuasi exclusiva los Estados en el escenario internacional, y los gobiernos centrales en los países, junto a una revalorización de los distintos tipos de poder que debe contemplar e integrar un Estado determinado para promover sus intereses o alcanzar un fin específico.
En el turbulento paso del siglo XX al XXI, desde hace aproximadamente dos décadas la globalización ha traído consigo un nuevo paradigma no sólo conceptual, sino principalmente operativo, que está llevando a la redefinición de nuevas reglas de convivencia política, económica, social y cultural para todos. A su vez, el poder se ha fragmentado ante el surgimiento de nuevos actores, formales e informales, con capacidad de ejercer influencia significativa sobre otros grupos políticos, económicos, sociales y culturales.
Por una parte, el poder geopolítico está pasando por un desplazamiento relativo de “occidente a oriente”, de los países más desarrollados hacia las llamadas “potencias emergentes”, por el crecimiento económico acelerado que han registrado en los últimos años países como China o la India, así como aquellas otras naciones en desarrollo que hoy se concentran en el “Grupo de los 20”, incluyendo a México.
A pesar de que se considera que Estados Unidos sigue siendo la única “superpotencia” mundial por su predominio militar, y que la Unión Europea constituye un caso particular por su dimensión “supranacional”, los nuevos equilibrios de poder económico y financiero a escala global han conducido a que los países agrupados en la cuenca oriental del Pacífico ganen mayor poder, frente a los que se ubican tradicionalmente en el occidental Atlántico.
Por otra parte, si bien los Estados siguen siendo los actores predominantes del sistema internacional, es un hecho que su poderío también ha dejado de ser exclusivo frente a un amplio número de actores no-gubernamentales con una evidente capacidad de influencia. Sin afán de hacer un listado exhaustivo, cabría mencionar entre ellos a las grandes empresas de alcance global; los medios de comunicación con una cobertura igualmente global; individuos “superempoderados”, ya sea por sus capacidades financieras, como Bill Gates de Microsoft, o por su condición de “celebridades con conciencia social”, como el cantante Bono, cuyos respectivos esfuerzos, por ejemplo, han contribuido a replantear toda la agenda de cooperación internacional hacia África; y organizaciones sociales dedicadas a la promoción o defensa de temas específicos, como los derechos humanos en el caso de Amnistía Internacional, o Greenpeace en el de la protección del medio ambiente.
Desafortunadamente, a este listado es necesario añadir el de otros actores no-legítimos, pero con un indisputable poder “fáctico”, como sería el caso —entre otros— de las organizaciones terroristas y criminales transnacionales.
A la vez que ello ocurre en el escenario mundial, el poder que anteriormente detentaban a nivel nacional en forma casi exclusiva los gobiernos centrales, ahora es “compartido” por otros actores, tanto legítimos como fácticos. Así, en el caso de nuestro país, por ejemplo, durante los últimos 20 años el poder prácticamente omnímodo que alguna vez detentó la Presidencia de la República se ha “atomizado”.
En la actualidad, el Gobierno Federal comparte y, por lo tanto, debe establecer nuevos equilibrios de poder con las dos cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, así como con un creciente número de instituciones autónomas, como sería el caso del Banco de México o el Instituto Federal Electoral. Lo hace igualmente con todos los gobiernos de los Estados y, también, de algunos Municipios que, por su dimensión territorial o demográfica, detentan un peso específico significativo y —por supuesto— los partidos políticos.
En ciertos ámbitos, su poder de decisión incluso debe considerar la influencia de actores externos, señaladamente el de países como los Estados Unidos, por los estrechos vínculos existentes en materia económica y comercial, social y, en forma cada vez más notable, de seguridad regional; o el de los múltiples organismos multilaterales al que pertenece, así como el de las instancias jurídicas internacionales a los que se ha sometido por voluntad soberana, como sería el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la vez, también debe competir con las versiones equivalentes a nivel nacional de los mismos actores legítimos que hoy conforman el sistema mundial —empresas, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanía empoderada por las tecnologías de la información y comunicación instantánea—, al igual que los poderes fácticos, en especial las organizaciones del crimen organizado, dispuestas a retar la soberanía y el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.
En lo que respecta a los tipos de poder, en este mismo tiempo la noción ha dejado de enfocarse únicamente en sus aspectos “duros”, para dar paso a la concepción de un “poder suave” y, en especial, de un “poder inteligente” que idealmente permitiría ambas cualidades.
Históricamente, el poder nacional se ha relacionado con factores “duros”, como sería la dimensión demográfica de un Estado, su extensión territorial y/o ubicación geopolítica, el tamaño o eficiencia de su economía y capacidad comercial, su disponibilidad o acceso a recursos naturales estratégicos y, sobre todo, su fuerza militar. Estos elementos siguen determinando en buena medida el poder en la actualidad. Sin embargo, la globalización también ha hecho que cobren mayor importancia otros aspectos, considerados como “suaves” por estar vinculados al aspecto cultural de una sociedad.
En este sentido, destacados autores han insistido en que la diferencia radicaría no en la capacidad con que cuente un Estado determinado para imponer sus intereses o lograr sus objetivos mediante el uso directo de la fuerza o acciones coercitivas de otra naturaleza, sino de hacerlo a través del convencimiento generado por el aprecio y respeto de otros actores debido a cuestiones como la calidad de sus instituciones, la legitimidad de sus acciones respecto a la consistencia de sus valores, o la capacidad de proyectar la vitalidad de su cultura a través de una vigorosa diplomacia pública. En suma, a su “poder suave”.
Ahora, desde los círculos académicos y los gobiernos de algunos países, también se plantea que la suma o la aplicación de estas dos capacidades en forma integral, derivaría en un “poder inteligente”.
Descentralización política y administrativa
Desde finales del siglo XX, el Estado moderno, tal y como se constituyó en los últimos tres siglos, inició un proceso de cambio que le permitiera adecuarse a las nuevas condiciones y recuperar los espacios cedidos y el poder perdido frente a otros actores; en otras palabras, la gobernabilidad. Ante las crisis económica y fiscal de la décadas de los ochenta y los noventa, a la que se enfrentaron varias economías en el mundo, incluyendo a México y otras de América Latina, comenzó a discutirse la necesidad de impulsar una reforma del Estado.
Si bien la discusión se centraba en la legitimidad de los gobiernos; ahora también importaba, y quizá aún en mayor grado, su capacidad para gobernar o su eficacia directiva para administrar de manera eficiente el bien común y garantizar servicios públicos de calidad.
La descentralización política y administrativa fue la respuesta que muchos países adoptaron como punto de partida de sus respectivas reforma del Estado. Los tipos y grados de descentralización, o desconcentración, han variado ante la multiplicidad de casos que se han registrado en el mundo. No obstante, debido a que en un inicio la discusión fue impulsada y dirigida particularmente por organismos financieros internacionales —como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE—, esta primera generación de cambios estuvo marcada por un carácter homogéneo de los mismos, ya fueran éstos adoptados por países desarrollados o en desarrollo, en el marco del llamado Consenso de Washington, el cual propugnaba por otorgar prioridad a la dimensión financiera de la crisis del Estado, sobre todo a la apertura comercial y el ajuste fiscal, a través de la simplificación administrativa y la reducción del aparato gubernamental.
A fines de los años noventa, la experiencia de algunos países dio cuenta de que más que un Estado disminuido, se requería de un Estado reconstituido con base en sus propias capacidades y posibilidades. Por lo tanto, la segunda generación de reformas adquirió un carácter heterogéneo que, al menos en una buena parte de los países de América Latina, se concentró en tres puntos específicos: la consolidación de la democracia, el crecimiento económico, y la reducción de la desigualdad social, quedando claro que el desarrollo institucional era la base sobre la que habría que edificar el desarrollo económico de los países latinoamericanos.
Para lo anterior, se proponía la reforma del aparato administrativo hacia nuevas formas de gestión pública, partiendo del reconocimiento de la gran brecha que existe entre los políticos y los administradores; entre los diseñadores de la política pública y aquellos responsables de ponerla en práctica; es decir, entre la formulación de políticas y la implementación de las mismas. La falta de comunicación y de coordinación entre estos dos nodos de poder gubernamental ocasionaba ineficacia, ineficiencia y servicios públicos de mala calidad, con el consecuente descontento de los ciudadanos.
La descentralización fue entonces vista como la opción más viable para poder zanjar esta brecha entre políticos y operadores, redimensionar el aparato gubernamental, reducir costos, delegar responsabilidades hacia unidades de gestión más pequeñas (ya sea estatal, municipal y/o local), a partir del reconocimiento de que entre más cerca se esté del conflicto que se quiere resolver, mejor se conocerán sus posibles soluciones. Ello ha llevado a la consideración del empoderamiento y responsabilización de la ciudadanía como forma de solución de los problemas públicos.
Desde esta óptica, la acción del gobierno está buscando tener mayor claridad acerca de aquellos criterios relevantes que le permitan juzgar su eficacia, su eficiencia y la calidad de los servicios que ofrece a través de la consideración de los siguientes elementos: 1) qué se hace; 2) quién lo hace; 3) cómo lo hace, 4) con cuántos recursos lo hace y, lo más importante, 5) para quién lo hace. Este proceso de planeación y evaluación ha dejado claro que los funcionarios públicos se encuentran frente a relaciones inter e intragubernamentales cada vez más complejas, producto de la convivencia simultánea de procesos de descentralización, regionalización y globalización.
Gobernabilidad corresponsable y gobernanza
Ello ha traído consigo la natural dispersión en la toma de decisiones, que sólo habrá de encontrar solución a través de la coordinación horizontal y/o vertical de políticas en el gobierno, de marcos legales claros y acotados, de la transparencia en la acción del gobierno y de la rendición de cuentas claras a la sociedad. Pero, más importante aún, de una nueva concepción del poder a través de la concesión del mismo a la ciudadanía por medio de su participación en los asuntos públicos, tanto desde el punto de vista financiero, como de gestión, e inclusive del diseño y formulación de las políticas públicas. Por lo tanto, las nuevas formas de acción del gobierno que aluden a sus nuevas capacidades, y en específico al proceso de gobernar, deben incorporar la gobernabilidad y la gobernanza, a través de la participación responsable de la ciudadanía en la solución de los asuntos públicos. Con ello, la antigua consideración del poder político como garante de una gobernabilidad orientada a lograr una paz absoluta y un orden estricto, parece haber quedado rebasada.
Justamente aquí es donde reside el nuevo poder de la política: en construir los canales y los mecanismos institucionales y legales que promuevan, bajo este enfoque de gobernanza, nuevas formas de gestión de los asuntos públicos con base en la participación ciudadana, y la de los nuevos y múltiples actores que se entrelazan en un mundo regido por el cambio constante y la convivencia con el conflicto constructivo y promotor de mejoras continuas. En este sentido, más que frente a la fragmentación del poder, estaríamos ante un nuevo escenario determinado por el poder compartido, entendido como sinónimo de corresponsabilidad política y ciudadana.
Publicado en la revista Conocimiento
Enero de 2009
La era de la transformación
Reflexionar acerca de conceptos como el poder y la política representa un ejercicio que, si bien implica referirse a términos conocidos y hasta cierto punto “familiares” que en diversos sentidos no han cambiado a lo largo de la historia, también nos lleva a reconocer la notable transformación que su significado está adquiriendo en la actualidad.
En este contexto, el concepto del poder político en el mundo “occidental” ha formado parte de una larga tradición del pensamiento moderno, que sobre todo se basaba en la acción de gobierno como una relación formal y legítima de mandato-obediencia entre gobernantes y gobernados, a través del poder concedido por la libre voluntad de los ciudadanos. Esta concesión del poder ciudadano al gobierno elegido democráticamente, se debía a la necesidad primordial de construir y mantener un orden que, ante todo, evitara el conflicto para garantizar una paz duradera.
La existencia de estas condiciones básicas eran referentes indispensables para la gobernabilidad de una nación. Por lo tanto, la gobernabilidad hace alusión a las capacidades requeridas a los gobiernos (ya sean éstas jurídicas, fiscales, administrativas, de diseño de políticas o de autoridad política) para dirigir a sus respectivas sociedades.
En la actualidad, los conceptos que sustentan la base de la doctrina del poder del Estado moderno están transformándose para adecuarse a los nuevos tiempos, caracterizados por la velocidad y la constancia del cambio como factor estructural de la acción de gobierno.
La “fragmegración” del poder
El reconocido politólogo estadounidense James N. Rosenau acuñó hace algún tiempo el concepto de la “fragmegración”, para tratar de sintetizar una de las paradojas de las tendencias asociadas a la globalización. En síntesis, se refería a los procesos simultáneos que estaban propiciando una fragmentación de los espacios de decisión política a escala global y, a la vez, una concentración de los efectos de dichos fenómenos a nivel local. Eventualmente, este análisis contribuiría al desarrollo de la idea de lo “glocal” como referente fundamental de la nueva realidad que se vive.
Este mismo concepto resulta útil para reflexionar sobre algunos de los cambios observados respecto a la noción de lo que constituyen el poder y la política. En el caso del primer concepto, por ejemplo, lo que se ha registrado es una tendencia a la fragmentación del poder que anteriormente detentaban en forma cuasi exclusiva los Estados en el escenario internacional, y los gobiernos centrales en los países, junto a una revalorización de los distintos tipos de poder que debe contemplar e integrar un Estado determinado para promover sus intereses o alcanzar un fin específico.
En el turbulento paso del siglo XX al XXI, desde hace aproximadamente dos décadas la globalización ha traído consigo un nuevo paradigma no sólo conceptual, sino principalmente operativo, que está llevando a la redefinición de nuevas reglas de convivencia política, económica, social y cultural para todos. A su vez, el poder se ha fragmentado ante el surgimiento de nuevos actores, formales e informales, con capacidad de ejercer influencia significativa sobre otros grupos políticos, económicos, sociales y culturales.
Por una parte, el poder geopolítico está pasando por un desplazamiento relativo de “occidente a oriente”, de los países más desarrollados hacia las llamadas “potencias emergentes”, por el crecimiento económico acelerado que han registrado en los últimos años países como China o la India, así como aquellas otras naciones en desarrollo que hoy se concentran en el “Grupo de los 20”, incluyendo a México.
A pesar de que se considera que Estados Unidos sigue siendo la única “superpotencia” mundial por su predominio militar, y que la Unión Europea constituye un caso particular por su dimensión “supranacional”, los nuevos equilibrios de poder económico y financiero a escala global han conducido a que los países agrupados en la cuenca oriental del Pacífico ganen mayor poder, frente a los que se ubican tradicionalmente en el occidental Atlántico.
Por otra parte, si bien los Estados siguen siendo los actores predominantes del sistema internacional, es un hecho que su poderío también ha dejado de ser exclusivo frente a un amplio número de actores no-gubernamentales con una evidente capacidad de influencia. Sin afán de hacer un listado exhaustivo, cabría mencionar entre ellos a las grandes empresas de alcance global; los medios de comunicación con una cobertura igualmente global; individuos “superempoderados”, ya sea por sus capacidades financieras, como Bill Gates de Microsoft, o por su condición de “celebridades con conciencia social”, como el cantante Bono, cuyos respectivos esfuerzos, por ejemplo, han contribuido a replantear toda la agenda de cooperación internacional hacia África; y organizaciones sociales dedicadas a la promoción o defensa de temas específicos, como los derechos humanos en el caso de Amnistía Internacional, o Greenpeace en el de la protección del medio ambiente.
Desafortunadamente, a este listado es necesario añadir el de otros actores no-legítimos, pero con un indisputable poder “fáctico”, como sería el caso —entre otros— de las organizaciones terroristas y criminales transnacionales.
A la vez que ello ocurre en el escenario mundial, el poder que anteriormente detentaban a nivel nacional en forma casi exclusiva los gobiernos centrales, ahora es “compartido” por otros actores, tanto legítimos como fácticos. Así, en el caso de nuestro país, por ejemplo, durante los últimos 20 años el poder prácticamente omnímodo que alguna vez detentó la Presidencia de la República se ha “atomizado”.
En la actualidad, el Gobierno Federal comparte y, por lo tanto, debe establecer nuevos equilibrios de poder con las dos cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, así como con un creciente número de instituciones autónomas, como sería el caso del Banco de México o el Instituto Federal Electoral. Lo hace igualmente con todos los gobiernos de los Estados y, también, de algunos Municipios que, por su dimensión territorial o demográfica, detentan un peso específico significativo y —por supuesto— los partidos políticos.
En ciertos ámbitos, su poder de decisión incluso debe considerar la influencia de actores externos, señaladamente el de países como los Estados Unidos, por los estrechos vínculos existentes en materia económica y comercial, social y, en forma cada vez más notable, de seguridad regional; o el de los múltiples organismos multilaterales al que pertenece, así como el de las instancias jurídicas internacionales a los que se ha sometido por voluntad soberana, como sería el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la vez, también debe competir con las versiones equivalentes a nivel nacional de los mismos actores legítimos que hoy conforman el sistema mundial —empresas, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanía empoderada por las tecnologías de la información y comunicación instantánea—, al igual que los poderes fácticos, en especial las organizaciones del crimen organizado, dispuestas a retar la soberanía y el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.
En lo que respecta a los tipos de poder, en este mismo tiempo la noción ha dejado de enfocarse únicamente en sus aspectos “duros”, para dar paso a la concepción de un “poder suave” y, en especial, de un “poder inteligente” que idealmente permitiría ambas cualidades.
Históricamente, el poder nacional se ha relacionado con factores “duros”, como sería la dimensión demográfica de un Estado, su extensión territorial y/o ubicación geopolítica, el tamaño o eficiencia de su economía y capacidad comercial, su disponibilidad o acceso a recursos naturales estratégicos y, sobre todo, su fuerza militar. Estos elementos siguen determinando en buena medida el poder en la actualidad. Sin embargo, la globalización también ha hecho que cobren mayor importancia otros aspectos, considerados como “suaves” por estar vinculados al aspecto cultural de una sociedad.
En este sentido, destacados autores han insistido en que la diferencia radicaría no en la capacidad con que cuente un Estado determinado para imponer sus intereses o lograr sus objetivos mediante el uso directo de la fuerza o acciones coercitivas de otra naturaleza, sino de hacerlo a través del convencimiento generado por el aprecio y respeto de otros actores debido a cuestiones como la calidad de sus instituciones, la legitimidad de sus acciones respecto a la consistencia de sus valores, o la capacidad de proyectar la vitalidad de su cultura a través de una vigorosa diplomacia pública. En suma, a su “poder suave”.
Ahora, desde los círculos académicos y los gobiernos de algunos países, también se plantea que la suma o la aplicación de estas dos capacidades en forma integral, derivaría en un “poder inteligente”.
Descentralización política y administrativa
Desde finales del siglo XX, el Estado moderno, tal y como se constituyó en los últimos tres siglos, inició un proceso de cambio que le permitiera adecuarse a las nuevas condiciones y recuperar los espacios cedidos y el poder perdido frente a otros actores; en otras palabras, la gobernabilidad. Ante las crisis económica y fiscal de la décadas de los ochenta y los noventa, a la que se enfrentaron varias economías en el mundo, incluyendo a México y otras de América Latina, comenzó a discutirse la necesidad de impulsar una reforma del Estado.
Si bien la discusión se centraba en la legitimidad de los gobiernos; ahora también importaba, y quizá aún en mayor grado, su capacidad para gobernar o su eficacia directiva para administrar de manera eficiente el bien común y garantizar servicios públicos de calidad.
La descentralización política y administrativa fue la respuesta que muchos países adoptaron como punto de partida de sus respectivas reforma del Estado. Los tipos y grados de descentralización, o desconcentración, han variado ante la multiplicidad de casos que se han registrado en el mundo. No obstante, debido a que en un inicio la discusión fue impulsada y dirigida particularmente por organismos financieros internacionales —como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE—, esta primera generación de cambios estuvo marcada por un carácter homogéneo de los mismos, ya fueran éstos adoptados por países desarrollados o en desarrollo, en el marco del llamado Consenso de Washington, el cual propugnaba por otorgar prioridad a la dimensión financiera de la crisis del Estado, sobre todo a la apertura comercial y el ajuste fiscal, a través de la simplificación administrativa y la reducción del aparato gubernamental.
A fines de los años noventa, la experiencia de algunos países dio cuenta de que más que un Estado disminuido, se requería de un Estado reconstituido con base en sus propias capacidades y posibilidades. Por lo tanto, la segunda generación de reformas adquirió un carácter heterogéneo que, al menos en una buena parte de los países de América Latina, se concentró en tres puntos específicos: la consolidación de la democracia, el crecimiento económico, y la reducción de la desigualdad social, quedando claro que el desarrollo institucional era la base sobre la que habría que edificar el desarrollo económico de los países latinoamericanos.
Para lo anterior, se proponía la reforma del aparato administrativo hacia nuevas formas de gestión pública, partiendo del reconocimiento de la gran brecha que existe entre los políticos y los administradores; entre los diseñadores de la política pública y aquellos responsables de ponerla en práctica; es decir, entre la formulación de políticas y la implementación de las mismas. La falta de comunicación y de coordinación entre estos dos nodos de poder gubernamental ocasionaba ineficacia, ineficiencia y servicios públicos de mala calidad, con el consecuente descontento de los ciudadanos.
La descentralización fue entonces vista como la opción más viable para poder zanjar esta brecha entre políticos y operadores, redimensionar el aparato gubernamental, reducir costos, delegar responsabilidades hacia unidades de gestión más pequeñas (ya sea estatal, municipal y/o local), a partir del reconocimiento de que entre más cerca se esté del conflicto que se quiere resolver, mejor se conocerán sus posibles soluciones. Ello ha llevado a la consideración del empoderamiento y responsabilización de la ciudadanía como forma de solución de los problemas públicos.
Desde esta óptica, la acción del gobierno está buscando tener mayor claridad acerca de aquellos criterios relevantes que le permitan juzgar su eficacia, su eficiencia y la calidad de los servicios que ofrece a través de la consideración de los siguientes elementos: 1) qué se hace; 2) quién lo hace; 3) cómo lo hace, 4) con cuántos recursos lo hace y, lo más importante, 5) para quién lo hace. Este proceso de planeación y evaluación ha dejado claro que los funcionarios públicos se encuentran frente a relaciones inter e intragubernamentales cada vez más complejas, producto de la convivencia simultánea de procesos de descentralización, regionalización y globalización.
Gobernabilidad corresponsable y gobernanza
Ello ha traído consigo la natural dispersión en la toma de decisiones, que sólo habrá de encontrar solución a través de la coordinación horizontal y/o vertical de políticas en el gobierno, de marcos legales claros y acotados, de la transparencia en la acción del gobierno y de la rendición de cuentas claras a la sociedad. Pero, más importante aún, de una nueva concepción del poder a través de la concesión del mismo a la ciudadanía por medio de su participación en los asuntos públicos, tanto desde el punto de vista financiero, como de gestión, e inclusive del diseño y formulación de las políticas públicas. Por lo tanto, las nuevas formas de acción del gobierno que aluden a sus nuevas capacidades, y en específico al proceso de gobernar, deben incorporar la gobernabilidad y la gobernanza, a través de la participación responsable de la ciudadanía en la solución de los asuntos públicos. Con ello, la antigua consideración del poder político como garante de una gobernabilidad orientada a lograr una paz absoluta y un orden estricto, parece haber quedado rebasada.
Justamente aquí es donde reside el nuevo poder de la política: en construir los canales y los mecanismos institucionales y legales que promuevan, bajo este enfoque de gobernanza, nuevas formas de gestión de los asuntos públicos con base en la participación ciudadana, y la de los nuevos y múltiples actores que se entrelazan en un mundo regido por el cambio constante y la convivencia con el conflicto constructivo y promotor de mejoras continuas. En este sentido, más que frente a la fragmentación del poder, estaríamos ante un nuevo escenario determinado por el poder compartido, entendido como sinónimo de corresponsabilidad política y ciudadana.
Saturday, January 30, 2010
Políticas públicas y vinculación ciudadana
Javier Treviño Cantú
Reunión con el consejo de Vertebra
28 de enero de 2010
Me da un gusto muy especial tener la oportunidad de asistir a esta reunión de Vertebra. Ante todo, hoy estoy aquí, para reafirmar el compromiso del Gobierno de Nuevo León, de fortalecer los canales de vinculación institucional con todas las organizaciones ciudadanas dedicadas a trabajar constructivamente para impulsar juntos el pleno desarrollo de nuestro Estado.
Tenemos claro que, para avanzar con la eficacia que se necesita, necesitamos trabajar unidos, junto con toda la sociedad, incluyendo por supuesto a organizaciones civiles como Vertebra.
Esta convicción se basa en el reconocimiento de los trascendentes cambios que hemos vivido en los últimos años.
Durante las últimas dos décadas se han generado profundas y aceleradas transformaciones, prácticamente en todos los ámbitos de la actividad humana.
Sin embargo, también debemos reconocer que, en muchos sentidos, la velocidad de estos cambios, ha sido notablemente mayor a la capacidad de comprensión, reacción y adaptación de los gobiernos democráticos tradicionales, que anteriormente se caracterizaban por centralizar el poder.
En México, desde los años ochenta, la crisis económica y fiscal, así como la exigencia social para fortalecer una democracia efectiva, fueron algunos de los detonadores que impulsaron un proceso de reforma del Estado que —como lo hemos visto estos días en las discusiones sobre la reforma política que se están llevando a cabo en el Congreso de la Unión— sigue vigente hasta la fecha.
Si bien esta gran Reforma del Estado todavía está inconclusa, también es un hecho que dio origen a cambios relevantes y positivos, como son la descentralización política y administrativa del país, y la democracia representativa.
Sin embargo, ahora tenemos que pasar a una nueva etapa.
Tenemos que construir una nueva etapa de desarrollo político y social, caracterizado sobre todo por la participación coordinada de todos nosotros.
No existe una práctica anterior que preceda esta nueva forma de hacer gobierno y de hacer política, por lo que tenemos que ir construyéndola juntos.
En este proceso, el objetivo que debemos plantearnos, es transformar la democracia representativa en una democracia participativa con un nuevo esquema que surja “de abajo hacia arriba y que enriquezca la descentralización política y administrativa.
A pesar de que en el pasado han existido numerosas iniciativas de participación ciudadana, por lo general éstas han respondido a demandas específicas. Por ello, cuando se resuelven o pierden visibilidad, las organizaciones desaparecen, o por lo menos disminuye su entusiasmo para seguir impulsándolas.
En este sentido, muy pocas se han institucionalizado, debido a que los procesos administrativos y los de toma de decisión han mantenido esquemas tradicionales, donde estas iniciativas no han encontrado acomodo.
Por lo tanto, los riesgos de una dispersión de esfuerzos en torno al bienestar social, pueden debilitar su impacto.
Por eso, lo que estamos haciendo en el Gobierno de Nuevo León, es tratar de generar una nueva forma de gestión pública, basada en la integración, la transversalidad y la corresponsabilidad.
Por un lado, estamos trabajando para que la definición sectorial de las políticas públicas, junto con la gestión segmentada y especializada de acciones, empiecen a reorientarse hacia procesos basados en una formulación integral y una gestión horizontal de las políticas públicas.
Específicamente estamos impulsando cambios para que, en lugar de la rigidez que caracterizaba a las políticas tradicionales, vayan ganado peso los planes transversales, definidos a partir de criterios territoriales (como serían barrios rezagados), temáticos (por ejemplo, exclusión social o zonas con alto grado delictivo), por rangos de edad (pequeña infancia, personas mayores, etc.) o de grupos poblacionales (personas discapacitadas, familias con un sólo padre o madre, etc.).
Con esto, el Gobierno de Nuevo León reconoce la brecha que ha existido en los últimos años, entre la retórica del discurso político, y la realidad de la participación ciudadana.
Por ello, quiero asegurarles que estamos trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que apoyen, vinculen y refuercen la participación ciudadana.
No obstante, por definición, esta tarea no puede ser completada, ni tener un carácter integral, o funcional, si no se hace en estrecha coordinación con la propia ciudadanía; con organizaciones no gubernamentales como Vertebra, y muchas otras asociaciones civiles; fundaciones del sector privado; e inclusive instituciones internacionales.
Así, la intención de este Gobierno, es convertirse en un eje articulador de la acción pública que:
1. Genere un ambiente propicio para el diálogo, y la generación de acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía que, a su vez, garanticen mayor responsabilidad de todos los actores que participan en el diseño y la implementación de las políticas públicas.
2. Aplique mecanismos objetivos de evaluación, para realizar con oportunidad los ajustes que sean necesarios.
3. Promueva la construcción de redes de política pública local para garantizar la corresponsabilidad.
4. Gestione los arreglos institucionales y jurídicos, para que los acuerdos alcanzados cuenten con un marco de certidumbre, confianza y continuidad.
5. Profesionalice cuadros de servidores públicos con capacidad para dar seguimiento a las políticas públicas que se definan con base en los acuerdos.
Estamos ante un proceso de aprendizaje gobierno-ciudadanía de gestión corresponsable de las políticas públicas, en el que es necesario el reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como un elemento intrínseco al proceso político, al igual que la incorporación de nuevos roles y nuevos actores a la actividad política local.
Por ello, estamos convencidos que la participación social sólo podrá avanzar en la medida en que los distintos actores se muestren dispuestos y capacitados a adoptar los nuevos roles que este nuevo escenario exige.
No estamos sólo frente a un cambio meramente organizativo, instrumental, o formal; sino que estamos ante un cambio de carácter ético y cultural, que nos atañe a todos, y que habrá de dar frutos sólo a través de la participación activa y responsable de todos nosotros.
Para ilustrar este trabajo al que he hecho mención de generar una nueva forma de gestión pública, basada en la integración, la transversalidad y la corresponsabilidad, quisiera tomar como ejemplo un reto que nos preocupa, y nos debe ocupar a todos, y que es el problema de la inseguridad.
El problema de la inseguridad es un problema complejo e integral, que por lo tanto requiere una solución igualmente integral.
A diferencia del modelo tradicional que intenta atender el problema solamente bajo un esquema de fuerza pública, el enfoque que estamos planteando en Nuevo León toma como elemento central reconstruir la confianza y la cohesión social.
En este plan, además de las acciones que se requieren de reestructuración e integración de mandos, de reestructuración, dignificación y profesionalización de la fuerza pública, y de reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal, incorporamos un elemento que es fundamental y que plantea un área en particular en donde organizaciones como Vertebra y el Gobierno no solamente podemos, sino que debemos trabajar juntos.
Este elemento es el de la participación ciudadana.
Reunión con el consejo de Vertebra
28 de enero de 2010
Me da un gusto muy especial tener la oportunidad de asistir a esta reunión de Vertebra. Ante todo, hoy estoy aquí, para reafirmar el compromiso del Gobierno de Nuevo León, de fortalecer los canales de vinculación institucional con todas las organizaciones ciudadanas dedicadas a trabajar constructivamente para impulsar juntos el pleno desarrollo de nuestro Estado.
Tenemos claro que, para avanzar con la eficacia que se necesita, necesitamos trabajar unidos, junto con toda la sociedad, incluyendo por supuesto a organizaciones civiles como Vertebra.
Esta convicción se basa en el reconocimiento de los trascendentes cambios que hemos vivido en los últimos años.
Durante las últimas dos décadas se han generado profundas y aceleradas transformaciones, prácticamente en todos los ámbitos de la actividad humana.
Sin embargo, también debemos reconocer que, en muchos sentidos, la velocidad de estos cambios, ha sido notablemente mayor a la capacidad de comprensión, reacción y adaptación de los gobiernos democráticos tradicionales, que anteriormente se caracterizaban por centralizar el poder.
En México, desde los años ochenta, la crisis económica y fiscal, así como la exigencia social para fortalecer una democracia efectiva, fueron algunos de los detonadores que impulsaron un proceso de reforma del Estado que —como lo hemos visto estos días en las discusiones sobre la reforma política que se están llevando a cabo en el Congreso de la Unión— sigue vigente hasta la fecha.
Si bien esta gran Reforma del Estado todavía está inconclusa, también es un hecho que dio origen a cambios relevantes y positivos, como son la descentralización política y administrativa del país, y la democracia representativa.
Sin embargo, ahora tenemos que pasar a una nueva etapa.
Tenemos que construir una nueva etapa de desarrollo político y social, caracterizado sobre todo por la participación coordinada de todos nosotros.
No existe una práctica anterior que preceda esta nueva forma de hacer gobierno y de hacer política, por lo que tenemos que ir construyéndola juntos.
En este proceso, el objetivo que debemos plantearnos, es transformar la democracia representativa en una democracia participativa con un nuevo esquema que surja “de abajo hacia arriba y que enriquezca la descentralización política y administrativa.
A pesar de que en el pasado han existido numerosas iniciativas de participación ciudadana, por lo general éstas han respondido a demandas específicas. Por ello, cuando se resuelven o pierden visibilidad, las organizaciones desaparecen, o por lo menos disminuye su entusiasmo para seguir impulsándolas.
En este sentido, muy pocas se han institucionalizado, debido a que los procesos administrativos y los de toma de decisión han mantenido esquemas tradicionales, donde estas iniciativas no han encontrado acomodo.
Por lo tanto, los riesgos de una dispersión de esfuerzos en torno al bienestar social, pueden debilitar su impacto.
Por eso, lo que estamos haciendo en el Gobierno de Nuevo León, es tratar de generar una nueva forma de gestión pública, basada en la integración, la transversalidad y la corresponsabilidad.
Por un lado, estamos trabajando para que la definición sectorial de las políticas públicas, junto con la gestión segmentada y especializada de acciones, empiecen a reorientarse hacia procesos basados en una formulación integral y una gestión horizontal de las políticas públicas.
Específicamente estamos impulsando cambios para que, en lugar de la rigidez que caracterizaba a las políticas tradicionales, vayan ganado peso los planes transversales, definidos a partir de criterios territoriales (como serían barrios rezagados), temáticos (por ejemplo, exclusión social o zonas con alto grado delictivo), por rangos de edad (pequeña infancia, personas mayores, etc.) o de grupos poblacionales (personas discapacitadas, familias con un sólo padre o madre, etc.).
Con esto, el Gobierno de Nuevo León reconoce la brecha que ha existido en los últimos años, entre la retórica del discurso político, y la realidad de la participación ciudadana.
Por ello, quiero asegurarles que estamos trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que apoyen, vinculen y refuercen la participación ciudadana.
No obstante, por definición, esta tarea no puede ser completada, ni tener un carácter integral, o funcional, si no se hace en estrecha coordinación con la propia ciudadanía; con organizaciones no gubernamentales como Vertebra, y muchas otras asociaciones civiles; fundaciones del sector privado; e inclusive instituciones internacionales.
Así, la intención de este Gobierno, es convertirse en un eje articulador de la acción pública que:
1. Genere un ambiente propicio para el diálogo, y la generación de acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía que, a su vez, garanticen mayor responsabilidad de todos los actores que participan en el diseño y la implementación de las políticas públicas.
2. Aplique mecanismos objetivos de evaluación, para realizar con oportunidad los ajustes que sean necesarios.
3. Promueva la construcción de redes de política pública local para garantizar la corresponsabilidad.
4. Gestione los arreglos institucionales y jurídicos, para que los acuerdos alcanzados cuenten con un marco de certidumbre, confianza y continuidad.
5. Profesionalice cuadros de servidores públicos con capacidad para dar seguimiento a las políticas públicas que se definan con base en los acuerdos.
Estamos ante un proceso de aprendizaje gobierno-ciudadanía de gestión corresponsable de las políticas públicas, en el que es necesario el reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como un elemento intrínseco al proceso político, al igual que la incorporación de nuevos roles y nuevos actores a la actividad política local.
Por ello, estamos convencidos que la participación social sólo podrá avanzar en la medida en que los distintos actores se muestren dispuestos y capacitados a adoptar los nuevos roles que este nuevo escenario exige.
No estamos sólo frente a un cambio meramente organizativo, instrumental, o formal; sino que estamos ante un cambio de carácter ético y cultural, que nos atañe a todos, y que habrá de dar frutos sólo a través de la participación activa y responsable de todos nosotros.
Para ilustrar este trabajo al que he hecho mención de generar una nueva forma de gestión pública, basada en la integración, la transversalidad y la corresponsabilidad, quisiera tomar como ejemplo un reto que nos preocupa, y nos debe ocupar a todos, y que es el problema de la inseguridad.
El problema de la inseguridad es un problema complejo e integral, que por lo tanto requiere una solución igualmente integral.
A diferencia del modelo tradicional que intenta atender el problema solamente bajo un esquema de fuerza pública, el enfoque que estamos planteando en Nuevo León toma como elemento central reconstruir la confianza y la cohesión social.
En este plan, además de las acciones que se requieren de reestructuración e integración de mandos, de reestructuración, dignificación y profesionalización de la fuerza pública, y de reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal, incorporamos un elemento que es fundamental y que plantea un área en particular en donde organizaciones como Vertebra y el Gobierno no solamente podemos, sino que debemos trabajar juntos.
Este elemento es el de la participación ciudadana.
Subscribe to:
Posts (Atom)