Tecnología de interés público
Javier Treviño
@javier_trevino
Muchos de los nuevos gobernadores y alcaldes que ganaron las elecciones el 6 de junio pasado prometieron, durante sus campañas, que convertirían a sus estados y a sus municipios en comunidades digitales, inteligentes. Habrá que ver si logran transformar las promesas en planes y acciones de gobierno. Del dicho al hecho hay mucho trecho.
La pandemia del Covid-19 puso al descubierto las vulnerabilidades tecnológicas de los países industrializados. En Estados Unidos, por ejemplo, los sistemas computacionales del gobierno para registrar a los desempleados no resistieron la nueva realidad de la recesión autoinflingida. Su lenguaje de programación era de los años 1960s. El gobierno de Trump fue incapaz, en la segunda mitad de 2020, de administrar las vacunas que ya tenían disponibles. No contaban con un centro moderno para administrar la distribución nacional. Hubo una mala gestión. Tal vez por eso perdió la elección.
Son tan sólo dos ejemplos. Pero si eso pasó en Estados Unidos, no quiero imaginarme las deficiencias tecnológicas que vivimos en nuestro país. Eso nos dice que hacen bien los nuevos líderes en enfocarse en la importancia de la tecnología para que sus gobiernos estatales y municipales puedan cumplir mejor con sus responsabilidades.
Puesto que el gobierno federal sigue mirando al pasado y se quedó anclado en la historia patria, son los nuevos gobernadores y alcaldes quienes tienen la oportunidad de construir un gobierno del siglo XXI. Lo que queremos los ciudadanos es que el poder de la tecnología beneficie a la sociedad a la velocidad que se necesita. En sus planes de gobierno deberían priorizar la contratación y el despliegue de tecnólogos de interés público que aporten experiencia y ética al trabajo.
¿Cuál ha sido el problema que muchos países desarrollados han enfrentado? Los gobernantes contratan tecnólogos con habilidades perfeccionadas en el sector privado. Es decir, estos expertos están capacitados para construir sistemas que optimizan las ganancias de las empresas sin tener en cuenta cómo pueden exacerbar las desigualdades sociales.
Los gobiernos deben evaluar bien las contrataciones y los programas. Porque, desafortunadamente, hay quienes priorizan la eficiencia sobre la equidad. A raíz de este problema ha surgido en el mundo un nuevo campo de investigación, análisis y propuesta: la “tecnología de interés público”. Justamente esta disciplina tiene como objetivo mitigar las dinámicas fallidas de la tecnocracia tecnológica.
Este campo se encuentra en la intersección de la tecnología y las ciencias sociales. Incluye ingenieros e informáticos que comprenden las dimensiones éticas, legales, políticas y sociales del cambio tecnológico. Los tecnólogos de interés público diseñan políticas y logran que los servicios gubernamentales sean más eficientes de una manera justa y equitativa. Piensan de manera proactiva sobre cómo construir una tecnología que proteja y promueva los derechos de los ciudadanos.
No se trata solamente de esos grupos de defensa de los derechos civiles que son también conocedores de la tecnología. Hay una red de 36 instituciones de educación superior llamada Red de Universidades de Tecnología de Interés Público que está capacitando a ingenieros e informáticos para que aporten una lente de impacto social a su trabajo.
También ellos saben que hay que trabajar desde adentro de la industria tecnológica. Sería ideal que las empresas contrataran tecnólogos de interés público. Algo que puede interesar a gobiernos y empresas es explorar lo que hay detrás de un nuevo laboratorio de la Universidad de Harvard que trabajará para garantizar que la tecnología sirva al interés público.
Ubicado en el Centro Shorenstein de Medios, Política y Políticas Públicas de la Escuela Kennedy de Harvard y con un apoyo inicial de 3 millones de dólares de la Fundación Ford, el “Laboratorio de Tecnología de Interés Público” es el lugar que reúne a profesores y estudiantes de toda la Universidad de Harvard para identificar tecnologías que sirvan a los intereses de los ciudadanos.
En los países desarrollados, una de las preocupaciones principales se ha concentrado en cómo la tecnología los podría estar dañando (hablan de ataques a la privacidad, divisiones sociales, prejuicios raciales). Por ello es realmente refrescante conocer que un nuevo laboratorio de Harvard pueda concentrarse en descubrir cómo la tecnología puede servir mejor a los ciudadanos y a la sociedad.
¿Qué ofrece el nuevo Laboratorio de Tecnología de Interés Público? Herramientas tecnológicas prácticas y experiencias que servirán a los académicos para ayudarnos a reimaginar cómo los gobiernos y la sociedad civil pueden utilizar la tecnología para el bien público. El nuevo laboratorio, recientemente anunciado, es una colaboración entre profesores de Harvard con la Red de Universidades de Tecnología de Interés Público.
El proyecto de Harvard está dirigido por la profesora Latanya Sweeney quien es pionera en los campos de la privacidad de datos y equidad de algoritmos. Sweeney se había distinguido por fundar el programa de Ciencia Tecnológica dentro del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard. Fue la primera mujer negra en recibir su doctorado en ciencias de la computación del MIT. Además, Sweeney fue Directora de Tecnología de la Comisión Federal de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos, lo que le da una perspectiva regulatoria adicional.
El primer objetivo del laboratorio es reunir todo el importante trabajo que se ha realizado ya en Harvard y en otros espacios académicos. Y luego se trata de ampliarlo. Es un puente, una transición, entre todo el trabajo logrado en las últimas décadas y la visión de un mejor futuro para ciudades, comunidades y países.
Sweeney ya ha estado trabajando con estudiantes y profesores en muchos desafíos sociales, como el uso de la tecnología para mejorar la participación democrática y el acceso a las vacunas. Ese trabajo ya ha influido en las regulaciones gubernamentales y ha llevado a empresas de tecnología como Facebook y Airbnb a cambiar algunas de sus prácticas.
El laboratorio tendrá tres objetivos generales: a) crear, desarrollar y proporcionar tecnologías de interés público; b) habilitar la investigación; y c) proporcionar formas de compartir conocimientos sobre tecnología de interés público entre instituciones y disciplinas. Todo ese esfuerzo, dice Sweeney, estará guiado por el deseo no sólo de fomentar la tecnología que sirva a algunas personas, sino que sirva a todos.
Aunque algunos no quieran verlo así, vivimos en una sociedad en la que el diseño tecnológico dicta las reglas que gobiernan la vida diaria. En la carrera por construir el último dispositivo, la mejor aplicación y el servicio en línea más eficaz, “ganar” depende de la rápida aceptación de los ciudadanos. Pero “perder” puede provenir de las reglas del juego que definen los gobiernos, las normas sociales y los valores democráticos.
Los nuevos líderes políticos de México deben entender la interacción compleja entre el diseño de tecnología, la gobernanza y los intereses económicos. La sociedad debe cosechar los beneficios de las innovaciones tecnológicas sin sacrificar sus valores. Hay conflictos entre tecnología y sociedad. ¿Cómo reconciliar esos dilemas? Es una gran tarea que tenemos por delante.
Sweeney señaló una vez: "El diseño de tecnología es el nuevo formulador de políticas públicas". La tecnología define la vida moderna. Los gobiernos no pueden quedarse mirando, ni retrasar la comprensión y regulación de la tecnología. La tecnología de interés público es un camino para que la innovación promueva la justicia. “Colaboración” es el nombre del juego. Academia, sociedad civil, industria y gobierno pueden formar, desarrollar y desplegar a los tecnólogos que necesitamos en los estados y los municipios.
La tecnología toca todas las partes de nuestras vidas y, por lo tanto, todos los puntos de la formulación de políticas públicas. No podemos quedarnos anclados en el pasado ni en la mediocridad. Nuestros hijos nos exigen que tengamos el coraje para reinventar un mejor futuro para México.
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