El valor público de América del Norte

El valor público de América del Norte

Javier Treviño

@javier_trevino

En el debate público sobre los tratados comerciales suele repetirse una pregunta incompleta: ¿quién gana y quién pierde? Se cuentan empleos, se comparan balanzas comerciales y se lanzan consignas políticas. Pero rara vez se formula la pregunta correcta: ¿qué valor público han creado —o pueden seguir creando— el TLCAN y el T-MEC para los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y México?

Hablar de “valor público” implica ir más allá de las utilidades empresariales o de las estadísticas macroeconómicas. Significa preguntarnos si estos acuerdos han mejorado la vida cotidiana de las personas: si han elevado el ingreso real, fortalecido el empleo, ampliado oportunidades, reducido incertidumbre, mejorado reglas, protegido derechos y construido una región más competitiva y resiliente.

A más de 30 años del TLCAN y casi seis del T-MEC, vale la pena hacer una pausa, mirar con perspectiva y entender qué se ha construido en América del Norte y qué está en juego rumbo a la revisión de 2026.

América del Norte: una fábrica compartida

Uno de los grandes errores del debate comercial es seguir pensando en los países como competidores aislados. La realidad es otra: América del Norte funciona como una sola plataforma productiva, una “fábrica compartida” donde bienes y servicios cruzan fronteras varias veces antes de llegar al consumidor final.

Un automóvil ensamblado en México puede contener acero estadounidense, diseño canadiense, semiconductores asiáticos y logística trinacional. Lo mismo ocurre con alimentos, electrodomésticos, equipo médico o productos digitales.

Este modelo ha creado un tipo de valor público que pocas veces se reconoce: competitividad colectiva. Ninguno de los tres países sería hoy tan competitivo frente a Asia o Europa sin esta integración profunda.

Estados Unidos: valor público más allá del discurso político

En Estados Unidos, el TLCAN fue durante años un símbolo político incómodo. Se le culpó de la pérdida de empleos industriales, especialmente en ciertas regiones. Pero la evidencia muestra una realidad más compleja —y más honesta.

1. Ingreso real y productividad

Uno de los mayores beneficios públicos para Estados Unidos ha sido la reducción de costos y el aumento de productividad gracias a insumos más baratos, cadenas eficientes y mayor competencia. Esto se traduce en mayor poder adquisitivo para los consumidores y mejores márgenes para empresas que pueden invertir e innovar.

El propio gobierno estadounidense ha reconocido que el T-MEC, comparado con el escenario previo, incrementa el PIB real y el empleo, en buena medida por la certidumbre en comercio digital y reglas modernas.

2. Empleos: el problema no es el tratado, sino la transición

El comercio no destruye empleos: los transforma. El verdadero desafío ha sido la falta de políticas públicas suficientes para acompañar a los trabajadores desplazados. El valor público se erosiona cuando los beneficios se concentran y los costos se abandonan localmente.

Aquí hay una lección clara: el comercio necesita políticas de ajuste, no discursos de cancelación.

3. Valor estratégico y de seguridad

En un mundo fragmentado, el T-MEC aporta a Estados Unidos algo crucial: seguridad económica. Cadenas de suministro cercanas, confiables y reguladas son hoy un activo estratégico. El valor público no es solo económico; es geopolítico.

Canadá: reglas claras como bien público

Para Canadá, un país altamente dependiente del comercio, el valor público del TLCAN y del T-MEC ha sido aún más evidente.

1. Certidumbre para invertir y crecer

El acceso estable al mercado más grande del mundo no es un lujo; es una condición de desarrollo. El TLCAN permitió a Canadá atraer inversión, escalar empresas y sostener empleos bien remunerados.

El T-MEC, con todos sus retos, preserva esa certidumbre. En tiempos de volatilidad global, las reglas son un bien público.

2. Instituciones que equilibran asimetrías

Para un socio más pequeño, los mecanismos de solución de controversias y las disciplinas comerciales no son detalles técnicos; son seguros institucionales. Permiten que las diferencias se resuelvan con reglas, no con poder.

Ese es valor público en estado puro: previsibilidad frente a la arbitrariedad.

México: transformación estructural, con tareas pendientes

México es quizá el país que más cambió con el TLCAN. No siempre para bien en todas las regiones, pero sí de manera profunda e irreversible.

1. De economía cerrada a plataforma exportadora

Desde 1994, México pasó de ser una economía relativamente cerrada a una de las principales potencias exportadoras del mundo. Las exportaciones como proporción del PIB se triplicaron. Llegaron inversión, tecnología, procesos, estándares.

Ese cambio generó millones de empleos formales y una nueva clase empresarial integrada al mundo.

2. Productividad y aprendizaje

El valor público no está solo en exportar más, sino en aprender cómo producir mejor. El TLCAN trajo competencia, exigencia, transferencia de conocimiento y nuevas prácticas laborales.

Sin embargo, este valor no se distribuyó de manera uniforme. El norte y el centro avanzaron más rápido que el sur. Ahí está una de las grandes deudas del modelo.

3. El T-MEC y la oportunidad laboral

Aquí el T-MEC introduce un elemento nuevo: derechos laborales exigibles. Si se implementan con seriedad, pueden traducirse en mejores salarios, mayor formalidad y relaciones laborales más equilibradas.

Para México, este puede ser el siguiente salto de valor público: pasar de competir solo por costos a competir por calidad institucional y capital humano.

El valor público regional: más que la suma de las partes

Visto como sistema, América del Norte ha generado tres grandes bienes públicos compartidos:

1. Competitividad frente al mundo

La región compite mejor integrada que fragmentada. Romper cadenas no devuelve empleos mágicamente; reduce productividad y encarece la vida.

2. Resiliencia y cercanía

Después de la pandemia, la guerra en Ucrania y las tensiones con China, quedó claro que la proximidad importa. El T-MEC es una herramienta de resiliencia regional.

3. Modernización institucional

El comercio digital, los datos, el medio ambiente y el trabajo son ahora parte del acuerdo. Eso eleva el estándar del debate público.

El reto hacia 2026: cuidar lo construido y corregir lo pendiente

La revisión del T-MEC en 2026 no debe ser una renegociación ideológica, sino una conversación madura sobre cómo ampliar el valor público.

Eso implica:

• Más políticas de ajuste y capacitación en Estados Unidos y Canadá.

• Más inclusión regional y Estado de derecho en México.

• Más cooperación, menos politización.

• Más visión de América del Norte como proyecto compartido.

Una promesa que sigue vigente

El TLCAN no fue perfecto. El T-MEC tampoco lo es. Pero ambos representan algo más grande que un tratado: la idea de que tres países distintos pueden construir prosperidad juntos bajo reglas compartidas.

En tiempos de polarización y nacionalismo fácil, defender el valor público del comercio es un acto de responsabilidad. No se trata de idealizar acuerdos, sino de mejorarlos para que funcionen para más personas.

América del Norte no es solo un mercado. Es una promesa compartida que no debemos perder. Es una comunidad económica con destino común. Y el valor público que ha creado —y puede seguir creando— depende de que sepamos cuidarla.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/el-valor-publico-de-america-del-norte/

La política exterior también se decide con emociones

La política exterior también se decide con emociones

Javier Treviño

@javier_trevino

Estudié relaciones internacionales. Y siempre nos enseñaron a pensar la política exterior como el terreno de la razón fría: intereses nacionales, equilibrios de poder, disuasión, estrategia. En los libros de texto y en los estudios de caso, los Estados actúan como si fueran calculadoras: miden costos, proyectan beneficios y eligen el curso de acción óptimo. Pero la historia real —la que cobra guerras, crisis y errores monumentales— nos cuenta otra cosa. La política internacional, así como la política interna, está atravesada por emociones.

Hace algunos años, a fines del 2018, leí el libro The Strange Order of Things, del neurocientífico Antonio Damasio. Habían pasado las elecciones, iniciaba un nuevo gobierno y ahí encontré una clave poderosa para entender por qué tantas decisiones internacionales fracasan. Su tesis central es tan simple como incómoda: los sentimientos no son el enemigo de la razón; son su fundamento biológico. Antes de pensar, sentimos. Antes de calcular, reaccionamos. Y la cultura, la política y las instituciones no flotan por encima de esa realidad: son extensiones de ella.

Aplicar esta idea a la política exterior cambia por completo la conversación de hoy. Nos obliga a reconocer que los Estados no sólo buscan maximizar poder o riqueza, sino restablecer una sensación colectiva de equilibrio: seguridad, dignidad, reconocimiento, control del destino. Cuando ese equilibrio se percibe amenazado, la respuesta rara vez es puramente racional.

La homeostasis también gobierna a las naciones

Damasio parte de un concepto biológico: la homeostasis, el conjunto de mecanismos que permiten a los organismos mantenerse con vida y en equilibrio. El dolor, el miedo, el placer o la calma son señales que orientan la conducta. Con el tiempo, esas señales se hicieron cada vez más complejas y dieron lugar a la cultura, la moral y la política.

Visto así, la política exterior es una forma ampliada de regulación emocional colectiva. Los Estados actúan no sólo para ganar, sino para dejar de sentirse amenazados, humillados o fuera de control. Ignorar esta dimensión ha sido una receta segura para el desastre.

Cuando la razón no basta: la Primera Guerra Mundial

Pocas tragedias ilustran mejor esta idea que la Primera Guerra Mundial. Desde una lógica racional, la guerra era una pésima decisión: economías interdependientes, ejércitos conscientes de la devastación industrial, líderes que conocían los costos. Y aun así, Europa se lanzó al abismo.

¿Por qué? Porque la lógica fue desbordada por emociones colectivas: miedo al declive, obsesión con el honor, humillación nacional, ansiedad ante la pérdida de estatus. El asesinato del archiduque Francisco Fernando no activó un cálculo sereno, sino un pánico homeostático: una sensación de que el orden se rompía y debía restaurarse de inmediato, cueste lo que cueste.

La guerra no fue producto de irracionalidad pura, sino de emociones no reconocidas gobernando decisiones estratégicas.

La Guerra Fría: éxito por administrar el miedo

Paradójicamente, la Guerra Fría muestra el otro lado de la moneda. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron una guerra nuclear no porque confiaran uno en el otro, sino porque comprendieron sus límites emocionales. La disuasión funcionó porque ambos lados compartían un miedo existencial.

El momento más peligroso —la Crisis de los Misiles en Cuba— se resolvió no sólo con cálculo militar, sino con empatía estratégica. Kennedy y Jrushchov entendieron que el otro necesitaba una salida que preservara dignidad. La racionalidad funcionó porque estuvo anclada en una comprensión profunda del miedo humano.

Damasio diría que ahí la política exterior respetó la biología de quienes decidían.

Irak 2003: cuando se ignoran las emociones propias y ajenas

La invasión de Irak en 2003 es un ejemplo clásico de lo contrario. Desde Washington se diseñó una estrategia racional: derrocar a Saddam Hussein, instalar instituciones democráticas, estabilizar la región. Lo que se ignoró fue el paisaje emocional de la sociedad iraquí: humillación acumulada, fracturas sectarias, miedo, resentimiento y trauma.

También se ignoraron las emociones propias. El miedo y la ira tras el 11 de septiembre se disfrazaron de estrategia objetiva. La política se presentó como lógica, pero fue impulsada por sentimientos no examinados. El resultado fue una catástrofe que aún hoy reverbera.

Cuando las emociones se niegan, no desaparecen: mandan desde las sombras.

Rusia y Ucrania: la política del resentimiento

La guerra en Ucrania no puede entenderse sólo en términos geopolíticos. Desde el punto de vista económico y estratégico, ha sido un desastre para Rusia. Entonces, ¿por qué insistir?

Porque el conflicto responde a una narrativa emocional profunda: la sensación de humillación tras el fin de la Unión Soviética, el miedo al cerco, la pérdida de identidad imperial. Para el Kremlin, no se trata sólo de territorio, sino de reparar una herida histórica.

Nada de esto justifica la agresión. Pero ignorarlo explica por qué sanciones, advertencias y amenazas no evitaron la guerra. Una política exterior que no toma en cuenta las emociones colectivas de identidad y dignidad suele fallar en anticipar escaladas.

China: memoria, reconocimiento y paciencia estratégica

China ofrece un contraste interesante. Su política exterior está profundamente marcada por el recuerdo del “siglo de humillación”. No es sólo un relato histórico; es un ancla emocional. La soberanía, el respeto y el reconocimiento internacional no son negociables porque están ligados a una necesidad psicológica colectiva.

Por eso, gestos simbólicos, lenguaje diplomático y ceremonias importan tanto. Occidente suele subestimar estos factores; Beijing no. Entiende que el poder también se ejerce en el terreno emocional.

Diplomacia: arquitectura emocional, no sólo técnica

Desde esta perspectiva, la diplomacia no es sólo negociación de intereses; es arquitectura emocional. Tratados, cumbres e instituciones no sólo coordinan reglas: reducen ansiedad, crean previsibilidad y ofrecen rituales de reconocimiento mutuo.

La Unión Europea funcionó durante décadas como un gran dispositivo de homeostasis colectiva: transformó miedo histórico en confianza procedimental. Cuando esa legitimidad emocional se erosionó —con la crisis financiera y la migración— la fragmentación política avanzó.

Las instituciones fallan cuando gestionan normas, pero olvidan emociones.

¿Qué lecciones nos deja Damasio para la política exterior?

De mi lectura del libro The Strange Order of Things se desprenden varias lecciones incómodas pero urgentes:

1. Las emociones deben reconocerse explícitamente. Negarlas no es profesionalismo; es ceguera.

2. La dignidad importa. Muchas crisis se evitan permitiendo salidas que no humillen al otro.

3. La identidad es una variable estratégica. No es retórica; es estructura profunda.

4. La coerción tiene límites emocionales. Amenazar sin entender puede provocar reacciones desproporcionadas.

5. La empatía estratégica no es debilidad. Es una forma avanzada de realismo.

¿Y México?

Para un país como México, estas ideas son especialmente relevantes. Nuestra política exterior ha sido tradicionalmente prudente, basada en principios, pero a veces excesivamente formalista. En un mundo más emocional, más polarizado y más volátil, entender las motivaciones profundas de socios y adversarios no es un lujo académico: es una necesidad práctica.

Migración, comercio, seguridad y cooperación regional no se decidirán sólo con tratados, sino con narrativas, percepciones y emociones colectivas. Ignorarlas nos dejaría reaccionando, no influyendo.

Conclusión: la política exterior sigue siendo humana

La gran lección de Antonio Damasio es recordarnos algo que la diplomacia moderna olvidó: la política exterior la formulan y ejecutan seres humanos, no algoritmos. Y los seres humanos sienten antes de pensar.

El extraño orden de las cosas es que la emoción llegó primero y la razón después. Los Estados que no lo entiendan seguirán diseñando estrategias para actores imaginarios. Los que lo comprendan no garantizarán la paz, pero tendrán más posibilidades de evitar el desastre.

En un mundo cansado, polarizado y lleno de agravios, quizá la forma más realista de hacer política exterior sea, por fin, tomarnos en serio las emociones. No como ruido, sino como una señal.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-politica-exterior-tambien-se-decide-con-emociones/

Cuando gobernar se vuelve imposible

Cuando gobernar se vuelve imposible

Javier Treviño

@javier_trevino

Enero es, para millones de ciudadanos, una auténtica pesadilla administrativa. Es el mes en que convergen pagos, refrendos, renovaciones y trámites que el Estado exige puntualmente, pero gestiona con torpeza: largas filas, plataformas digitales que fallan, ventanillas sin información clara, requisitos contradictorios y horarios que castigan a quien trabaja. El ciudadano llega con la obligación cumplida y sale con la sensación de haber perdido tiempo, dinero y dignidad. Lo que debería ser un ejercicio rutinario de cumplimiento cívico se convierte en una experiencia de desgaste que alimenta el enojo y la desconfianza hacia las instituciones. Enero no revela una falta de voluntad de pago, sino una falla más profunda: un Estado que exige eficiencia al contribuyente, pero no se la exige a sí mismo. 

En el debate público contemporáneo hay una confusión peligrosa que se repite con insistencia: criticar el mal funcionamiento del Estado no es lo mismo que debilitar la democracia, pero en contextos de polarización esa distinción se pierde con facilidad. Ese es, quizá, el hilo conductor más inquietante de las reflexiones recientes de los profesores Don Moynihan, Jennifer Pahlka y Elizabeth Linos sobre la capacidad del Estado: la advertencia de que la frustración legítima con la burocracia puede convertirse en la antesala de un ataque más profundo contra el gobierno democrático.

La conversación organizada, a fines del año pasado, por la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard bajo el título Rebuilding State Capacity for Inclusive Economic Transformation no fue un ejercicio académico más. Fue, en realidad, una disección precisa de una paradoja que atraviesa a muchas democracias hoy: los ciudadanos exigen gobiernos que resuelvan, pero viven atrapados en Estados diseñados para no decidir. Y cuando la política promete cortar de tajo esa parálisis, el riesgo es que el bisturí se convierta en motosierra.

La burocracia como experiencia cotidiana

Uno de los aportes más influyentes de Don Moynihan ha sido poner nombre a algo que millones de personas experimentan a diario pero pocas veces conceptualizan: las cargas administrativas. No se trata sólo de trámites; se trata del tiempo, el esfuerzo cognitivo y el desgaste emocional que implica interactuar con un Estado hiperprocedimentalizado. Formularios interminables, requisitos opacos, reglas que cambian según la ventanilla o el funcionario.

Moynihan recuerda que incluso alguien con un doctorado en administración pública puede sentirse perdido frente a los procesos migratorios o los sistemas de apoyo social. Esa anécdota revela algo esencial: cuando el Estado se vuelve incomprensible, deja de ser un derecho y se convierte en una carrera de obstáculos. En sociedades desiguales, esa complejidad no es neutral; excluye de facto a quienes menos recursos tienen para navegarla.

Este diagnóstico resuena con fuerza en países donde el acceso a derechos sociales, permisos, apoyos o justicia depende demasiado de la capacidad individual para descifrar laberintos administrativos. La burocracia no sólo administra: distribuye poder, y cuando lo hace mal, erosiona legitimidad.

El Estado atrapado en su propio procedimiento

Jennifer Pahlka añade una capa crucial al problema: no sólo los ciudadanos sufren la burocracia; también los propios funcionarios están atrapados en ella. La sobreabundancia de reglas, manuales, controles y procesos —muchas veces creados para evitar abusos del pasado— termina impidiendo que el gobierno funcione en el presente.

Pahlka describe a un Estado que opera bajo un “modelo de proyecto”: objetivos rígidos, tiempos fijos, cumplimiento formal. Frente a ello propone un “modelo de producto”: gobiernos que diseñan servicios con foco en resultados, capaces de adaptarse, corregir y mejorar continuamente. No es una idea tecnológica; es una idea de gobernanza.

El punto es profundo: un Estado que sólo sabe cumplir procedimientos, pero no resolver problemas, se vuelve irrelevante. Y esa irrelevancia alimenta el descrédito democrático.

Procedimentalismo y politización: una combinación tóxica

Moynihan identifica dos fuerzas que hoy asfixian la capacidad estatal: el procedimentalismo excesivo y la politización. La primera paraliza; la segunda deslegitima. Juntas, crean gobiernos incapaces de actuar y permanentemente cuestionados.

Este diagnóstico es especialmente pertinente para América Latina. En muchos países, los controles y regulaciones se multiplicaron como reacción a la corrupción. Pero, sin rediseño institucional, esos controles se convirtieron en capas superpuestas que ralentizan todo. Al mismo tiempo, la politización convierte cualquier reforma administrativa en sospechosa de intención ideológica.

El resultado es un círculo vicioso: el Estado no entrega resultados, la ciudadanía pierde confianza, y los liderazgos autoritarios prometen “orden” a cambio de concentración de poder.

El riesgo de confundir reforma con demolición

Aquí aparece el punto más inquietante de la conversación. Moynihan advierte explícitamente sobre el riesgo de deslizamiento autoritario, donde el control de la burocracia se convierte en parte de un plan para debilitar contrapesos democráticos. No se trata de una distopía lejana; la ciencia política comparada muestra cómo muchas democracias colapsan no por golpes de Estado, sino por la erosión gradual de normas y equilibrios.

Pahlka introduce un matiz clave. Ella reconoce que muchos servidores públicos sienten una frustración tan profunda que estarían dispuestos a aceptar “un poco de motosierra” si eso les permitiera servir mejor a la gente. Esa disposición revela algo importante: la reforma administrativa es una demanda interna, no sólo externa.

Pero el riesgo está en el lenguaje y en la intención. Desmantelar por desmantelar no construye capacidad; sólo la rediseña cuando hay propósito, evidencia y límites claros. La metáfora importa: no es lo mismo reformar para servir mejor que destruir para controlar.

Capacidad del Estado y confianza democrática

Elizabeth Linos plantea la pregunta central: ¿cómo se reconstruye la confianza en el gobierno? La respuesta que emerge de la conversación es incómodamente simple: cumpliendo. No con retórica, no con grandes reformas legales, sino con experiencias cotidianas que funcionen.

La confianza en la democracia no se genera en discursos presidenciales; se construye cuando una persona puede registrar un negocio sin corrupción, recibir un apoyo sin humillación, acceder a un servicio sin intermediarios. La democracia se legitima en la ventanilla, no sólo en las urnas.

Moynihan añade que la transparencia atrae más que la promesa de eficiencia abstracta. Pero la transparencia sin resultados tampoco basta. Se requiere una teoría del poder —quién decide y por qué— y una teoría de la rendición de cuentas —quién responde cuando falla.

Una lección para la región

Las reflexiones de Moynihan, Pahlka y Linos no son exclusivamente estadounidenses. Son un espejo incómodo para democracias como las de América Latina. Aquí también enfrentamos Estados sobrerregulados e ineficientes, ciudadanías frustradas y liderazgos tentados por soluciones expeditas que prometen “acabar con la burocracia” sin distinguir entre capacidad y control.

La lección es clara: sin capacidad del Estado, no hay democracia que resista. Pero esa capacidad no se construye con autoritarismo, sino con diseño institucional inteligente, evidencia, profesionalización y foco en el usuario.

Reformar el Estado no es un acto de fuerza; es un ejercicio de humildad técnica. Hay que aceptar que muchas reglas ya no sirven, pero también que los contrapesos existen por una razón. Es necesario escuchar a los servidores públicos y a los ciudadanos al mismo tiempo.

Gobernar bien es defender la democracia

La gran advertencia de esta conversación en Harvard es que la democracia no muere sólo por ataques externos, sino por su incapacidad para resolver problemas básicos. Cuando gobernar se vuelve imposible, la tentación autoritaria se vuelve atractiva.

Por eso, reconstruir la capacidad del Estado no es un asunto administrativo; es una tarea profundamente política y democrática. No hacerlo abre la puerta a quienes ofrecen eficiencia sin derechos, orden sin pluralismo y decisiones sin rendición de cuentas.

En tiempos de impaciencia y enojo social, la respuesta no puede ser ni la parálisis burocrática ni la demolición institucional. Debe ser algo más difícil y más valioso: un Estado que funcione, porque sólo un Estado que funciona puede sostener una democracia que importe.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/cuando-gobernar-se-vuelve-imposible/

La prueba del 2026

La prueba del 2026

Javier Treviño

@javier_trevino

Llegamos a 2026 en un punto de inflexión. El calendario no tiene magia. Pero varias placas tectónicas —económicas, financieras, tecnológicas y geopolíticas— se moverán al mismo tiempo. The Economist, en su edición “The World Ahead 2026”, lo plantea con crudeza: el mundo entra en una fase donde el nuevo orden se irá delineando con más claridad, pero también con más fricción: tensiones geopolíticas, riesgos financieros asociados a deuda y un salto tecnológico que puede acelerar la productividad o ampliar la desigualdad. 

La pregunta no es si el mundo será complicado. La pregunta es si tendremos la madurez institucional y los liderazgos para navegarlo. Y aquí entra el corazón de mi libro “Silos, celos y círculos íntimos”: el mayor riesgo no suele venir de afuera; viene de cómo nos organizamos por dentro. Un país puede tener ubicación estratégica, población joven y acceso preferencial a mercados y aun así fallar si su gobierno y sus empresas operan como archipiélago: dependencias aisladas, rivalidades internas y decisiones tomadas en pequeños comités, lejos de la realidad operativa.

Un crecimiento global moderado

Los organismos multilaterales no anticipan un colapso global en 2026, pero sí un entorno de crecimiento moderado y “margen estrecho” frente a las sorpresas. El FMI estima que el crecimiento mundial se desacelerará a 3.1% en 2026. La OCDE proyecta que el PIB global se modere hacia 2.9%. 

En otras palabras: el mundo seguirá creciendo, pero con menos colchón. En ese tipo de escenarios, lo que define ganadores y perdedores no es la retórica: es la capacidad de ejecución, la consistencia regulatoria y la confianza. Y aquí aparece una primera implicación: 2026 exigirá que dejemos de confundir las políticas públicas con la comunicación. La política económica real se hará con coordinación, certidumbre y resultados verificables.

El gran “factor financiero”: deuda, bonos y premio por riesgo

Un punto particularmente relevante del marco de “The World Ahead 2026” es la advertencia sobre el riesgo de tensiones en mercados de bonos, asociadas a que los países ricos “viven por encima de sus posibilidades” y a la vulnerabilidad que eso puede generar. 

¿Por qué importa esto? Porque, en un mundo de estrés financiero, los mercados suelen subir el “precio” del dinero para todos los emergentes, incluso si sus fundamentos son razonables. Esto se traduce en volatilidad cambiaria, mayores tasas para empresas y gobierno, y decisiones de inversión que se posponen. 

En 2026, México puede tener oportunidades enormes por nearshoring, pero si aumenta el premio por riesgo global, los proyectos se vuelven más exigentes: piden más certidumbre, más seguridad y más infraestructura funcionando.

Aquí la lección es directa: la política fiscal, la calidad institucional y el respeto a las reglas y el estado de derecho no son debates técnicos: son palancas de crecimiento. Cuando un país luce improvisado, fragmentado o políticamente caprichoso, el mundo le cobra más caro el financiamiento. Y no hay programa social que alcance si el costo de capital se dispara.

Geopolítica: el nuevo orden se perfila y se endurece

The Economist sugiere que en 2026 “los contornos” de la geopolítica del siglo XXI se verán con más claridad: no porque haya paz, sino porque los alineamientos, tensiones y prioridades quedarán más definidos. En paralelo, el Council on Foreign Relations (CFR) advierte que el riesgo de guerra entre grandes potencias sigue presente y eleva la atención sobre contingencias como una crisis en el Estrecho de Taiwán o choques Rusia–OTAN, catalogadas con probabilidad significativa y alto impacto. 

México no está en el Estrecho de Taiwán ni en Europa del Este. Pero sí está en las cadenas de suministro del mundo y depende de rutas, seguros, energía y riesgo-país. La geopolítica ya no se queda “en las noticias”: se mete en los costos logísticos, en la disponibilidad de insumos, en el apetito de inversión y en el humor de los mercados.

Hay una alerta adicional en la evaluación del CFR que México no debería ignorar: incluye escenarios en el hemisferio, como una escalada que involucre a Estados Unidos y Venezuela. Esto implicaría más presión regional: migración, energía, diplomacia y relación con Washington. En 2026, México necesitará una política exterior menos declarativa y más estratégica: capaz de reducir riesgos y ampliar el margen de maniobra.

La tecnología como prueba de Estado: IA y productividad o desigualdad

Si 2024 y 2025 fueron años de “asombro” con la inteligencia artificial (IA), 2026 será el año de la verdad: el de la adopción real y sus consecuencias. The Economist subraya la preocupación por el gasto rampante en IA y el riesgo de que la inversión corra por delante de la creación de valor, además de las tensiones que surgen por regulación, trabajo y confianza. 

Para México, la IA puede ser la palanca más poderosa de productividad en décadas: manufactura, logística, retail, salud pública, educación, seguridad, recaudación, trámites. Pero también puede ser un acelerador de desigualdad si sólo la adoptan las empresas más grandes y si el Estado no moderniza su capacidad.

La pregunta no es “¿IA sí o no?” La pregunta es: ¿con qué instituciones, con qué talento y con qué gobernanza? Un país que incorpora IA sin preparar a su fuerza laboral, sin rediseñar procesos y sin reglas claras de datos crea ganadores y perdedores demasiado rápido. En 2026, México debería tratar la IA como política de Estado: capacitación masiva, certificaciones cortas, alianzas con empresas y universidades, y uso intensivo en gobierno para elevar calidad de servicios. Esto no es futurismo: es competitividad básica.

México 2026: oportunidad real con límites claros

La OCDE proyecta para México un crecimiento de 1.2% en 2026, tras 0.6% en 2025, y advierte que exportaciones podrían verse afectadas por aranceles más altos e incertidumbre, mientras el consumo y la inversión pública se mantienen contenidos. 

Ese diagnóstico tiene una traducción inmediata: México no puede apostar a que el crecimiento llegará solo, por nearshoring. La oportunidad existe, pero la captura de valor dependerá de cinco capacidades muy concretas:

1. Energía confiable y competitiva (no sólo capacidad instalada: continuidad, tarifas y permisos).

2. Infraestructura logística (puertos, aduanas, carreteras, ferrocarril, última milla).

3. Seguridad en corredores productivos (la cadena no puede operar con extorsión como costo fijo).

4. Estado de derecho, certeza y permisología inteligente (velocidad sin discrecionalidad).

5. Capital humano (técnicos, ingenieros, operadores, y ahora también talento para IA).

Nada de esto se resuelve con un decreto. Se resuelve con coordinación diaria. Y ahí volvemos al argumento central de mi libro: México falla cuando deja que el gobierno se vuelva una suma de feudos. Los silos bloquean coordinación; los celos castigan talento; los círculos íntimos sustituyen evidencia por lealtad. En 2026, ese triángulo es letal porque el mundo premiará a los países que ejecuten, no a los que sólo declaren.

Las reformas (cualquiera que sea) no sirven sin capacidad de implementación

En México tendemos a discutir reformas como si la clave fuera el diseño legal. Importa, sí. Pero la historia reciente enseña que una reforma sin implementación es propaganda con apellido jurídico. Y la implementación falla cuando:

a) una dependencia no comparte información con otra;

b) una secretaría compite por presupuesto en vez de coordinar metas;

c) los equipos se eligen por confianza personal, no por competencia;

d) y las malas noticias no suben porque “incomodan”.

2026 será un año en el que la brecha entre decisión e implementación se volverá visible. Si queremos atraer inversión en serio, necesitamos un Estado que reduzca tiempos sin aumentar discrecionalidad. Si queremos aprovechar IA, necesitamos rediseñar procesos, no sólo comprar software. Si queremos resiliencia geopolítica, necesitamos planes de contingencia, no discursos.

Política exterior: menos reflejo, más estrategia

La combinación de geopolítica más áspera y riesgos regionales obliga a México a profesionalizar su política exterior como herramienta de prosperidad: comercio, inversión, energía, migración, seguridad y tecnología. El país debe llegar a 2026 con una visión clara de Norteamérica, sí, pero también con capacidad de leer el mundo fragmentado que describen The Economist y el CFR: un mundo donde las tensiones reconfiguran cadenas y donde el riesgo aumenta en tiempo real. 

2026 como examen de liderazgo

No necesitamos adivinos. Necesitamos instituciones que funcionen y liderazgos que no le teman al talento, a la evidencia ni a la coordinación. En 2026, el mundo será más competitivo, más volátil y más tecnológico. El FMI y la OCDE sugieren crecimiento moderado y riesgos persistentes; The Economist advierte tensiones financieras y geopolíticas; CFR señala escenarios de conflicto. 

En ese entorno, México puede ganar —mucho— si ordena su casa. Pero para hacerlo tiene que romper con lo que destruye valor público desde adentro: silos que aíslan, celos que paralizan y círculos íntimos que desconectan al poder de la realidad. 2026 será una prueba de Estado. Y el futuro no se improvisa: se construye.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-prueba-del-2026/