Javier Treviño Cantú
El Norte
21 de julio de 2005
La nueva Alianza que busca impulsar la seguridad y prosperidad de América del Norte tiene sus límites. Por un lado, se ha reaccionado ante la necesidad de reforzar las fronteras de la región frente a la amenaza que representan el terrorismo internacional y el crimen organizado. Por otro, se ha intentado fortalecer la capacidad de los tres países del área para responder al reto económico de países como China y la India. Todo esto nos pone frente a un acuerdo que, por definición, tiene un alcance restringido.
Las alianzas, incluyendo a la ASPAN, representan mecanismos temporales, que buscan responder a una determinada situación coyuntural. Además, este tipo de instrumentos puede generar tensiones por el distinto peso de los compromisos que cada una de las partes debe asumir. Muchas veces uno de los integrantes del acuerdo acaba por cargar con el grueso de las responsabilidades. Sobre todo, históricamente han demostrado ser poco eficaces para conseguir los fines originalmente planteados.
Por ejemplo, muchas de las alianzas públicas y secretas que se establecieron en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron incapaces de evitar acciones como la invasión de Hitler a Checoslovaquia en 1938, o la que lanzó Alemania contra la propia Rusia en 1941. La Alianza para el Progreso, impulsada por el gobierno del Presidente John F. Kennedy en 1961, buscó contrarrestar los efectos de la revolución cubana y promover un mayor acercamiento entre Estados Unidos y América Latina en el marco de la Guerra Fría. Poco más de diez años después acabaría por ser abandonada, ante la incapacidad de muchos países para llevar a cabo las reformas contempladas y la concentración del gobierno estadounidense en la guerra de Vietnam.
Aunque todavía es muy pronto para evaluar si la ASPAN logrará cumplir sus objetivos, existen otros modelos de integración que podrían considerarse, como los procesos de fusión o adquisición que llevan a cabo las empresas, llamados en inglés "mergers and acquisitions". Si bien un país no puede compararse con una compañía, académicos como Richard Rosecrance, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y autor del controvertido libro "El Ascenso del Estado Virtual", opinan que se podrían aplicar esquemas similares entre naciones para responder a los desafíos del escenario contemporáneo.
En un artículo publicado recientemente en la revista The National Interest, Rosecrance señala que los procesos de fusión entre países pueden ofrecer las mismas ventajas que le reportan a las compañías. En esencia, los ve como acuerdos que permiten combinar los respectivos liderazgos políticos para generar más valor y proyectar mayor poder e influencia. La fusión no significa que se deba crear un "súper Estado", ya que cada país mantiene su propio gobierno y su propia legislatura. Lo que sí implicaría una fusión entre países es la aceptación de un mismo "código de conducta" -como podría ser el apego a la democracia, la economía de mercado y el respeto a los derechos humanos-, el cual debe ser respaldado por los ciudadanos de los países que participen en el proceso.
Para Rosecrance, las fusiones entre países se basan, entonces, en la integración de ciertas áreas de los respectivos aparatos burocráticos, y en el establecimiento de instrumentos comunes para tomar decisiones conjuntas. El caso que utiliza para ejemplificar las ventajas que ofrece este modelo es, por supuesto, el de la Unión Europea. En su opinión, el avance de este experimento representa "el triunfo sobre lo improbable". Una y otra vez el proyecto se ha visto frenado por objetivos que en principio parecían demasiado ambiciosos, desde la ampliación para incluir países con diversos grados de desarrollo hasta la adopción de una moneda común. Pero, finalmente, se ha logrado alcanzar cada una de las metas.
En este contexto, el rechazo de Francia y otros países a la nueva Constitución europea representaría un nuevo "bache" en el largo camino de la integración. Pero si nos guiamos por las lecciones de su historia reciente, la UE seguramente logrará superar este obstáculo y seguir avanzando en un proceso de fusión que no implica la creación de un "súper país" plena y absolutamente integrado. Los miembros de la Unión seguirán ejerciendo múltiples facultades soberanas y, en especial, también buscarán retener y fortalecer sus rasgos culturales distintivos.
Según el profesor Rosecrance, la respuesta de nuestros vecinos del norte al proceso europeo se ha limitado al establecimiento del TLC de América del Norte, la fallida propuesta para crear un Área de Libre Comercio de las Américas, y el nuevo Acuerdo de Libre Comercio con América Central, que ya fue aprobado por el Senado estadounidense y está por votarse en la Cámara de Representantes. Como señala en su artículo, el TLC con México y Canadá está lejos de representar una fusión entre los tres países, ya que no ha logrado ni resolver los conflictos en materia comercial, ni establecer un acuerdo similar al de Schengen, mediante el que los europeos aprobaron el libre flujo de personas dentro de la UE en 1995.
A Rosecrance la faltó mencionar el nuevo paso que ha dado Estados Unidos con el apoyo de sus dos vecinos: la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Ésta representa, en teoría, una etapa cualitativamente diferente en el proceso de integración. En particular, por las medidas que se están contemplando para resguardar a toda la zona de los peligros externos e internos que plantean las organizaciones terroristas y criminales internacionales.
En su forma actual, sin embargo, la ASPAN nunca podrá servir como base para una verdadera fusión entre los tres países norteamericanos, precisamente porque no contempla un acuerdo como el de Schengen. Mientras el tema de la migración laboral no se plantee como un aspecto integral de los esfuerzos para promover la seguridad y competitividad del área, América del Norte únicamente podrá seguir avanzando con base en alianzas o iniciativas similares de tipo coyuntural.
El desequilibrio estructural que representa la migración indocumentada, así como nuestra propia incapacidad para resolver los crecientes retos en materia de seguridad pública y competitividad económica, seguirán provocando tensiones en las relaciones México-Estados Unidos. Ése no es el camino para una fusión mutuamente benéfica y que se base en el respeto a la soberanía de cada país, sino más bien un peligroso sendero que nos podría llevar a lo que se conoce en inglés como un "hostile takeover".
Thursday, July 21, 2005
Thursday, July 07, 2005
Límites de la Alianza
Javier Treviño Cantú
El Norte
7 de julio de 2005
En 1995, cuando el gobierno mexicano requirió el apoyo de EU para superar el "error de diciembre", la relación bilateral tuvo que redefinirse a fondo. Hoy, aunque no se sepa, o no se quiera reconocer así, estamos viviendo un momento de redefiniciones tan profundo o aun mayor.
El gobierno mexicano está dispuesto a asumir delicados compromisos para promover la integración regional y responder a las inquietudes de nuestros vecinos del Norte en el terreno absolutamente prioritario para ellos, el de la seguridad. Ésa es la conclusión que se deriva del reciente informe de avances de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Lo que no queda claro es si existe la capacidad y los recursos para convertir esos compromisos en acciones que satisfagan las expectativas generadas por esta ambiciosa iniciativa.
Indudablemente, el aspecto más complejo de la relación bilateral tiene que ver con la seguridad. En ocasiones se nos olvida, pero EU está en guerra. A pesar de que las encuestas muestran el desencanto de la mayoría de los estadounidenses con la situación en Iraq, el Presidente George W. Bush está dispuesto a permanecer en ese país indefinidamente, hasta que logre implantar en Medio Oriente una democracia a imagen y semejanza de la suya. Como ha señalado el profesor de derechos humanos de Harvard Michael Ignatieff, Estados Unidos se ve a sí mismo como el último país que queda con una misión, un mandato y un sueño tan antiguo como sus fundadores.
Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense está librando una auténtica guerra mundial contra el terrorismo, cuyas dimensiones apenas se están conociendo. A finales de mayo, el New York Times publicó que, siguiendo una larga tradición, la CIA opera varias compañías de aviación "privadas" para transportar funcionarios de la Agencia, comandos de sus fuerzas especiales y prisioneros por todo el mundo. Un mes después, un juez italiano ordenó el arresto de 13 miembros de la CIA, por secuestrar a un clérigo egipcio en Milán y trasladarlo a su país de origen para ser interrogado.
Apenas el domingo pasado, el periódico The Washington Post reveló la existencia en París de la llamada "Base Alianza". Mientras el gobierno de Jacques Chirac se oponía públicamente a la guerra contra Iraq, desde 2002 los servicios de inteligencia franceses le han dado todo su apoyo a la CIA. Si la información es correcta, esta base es única en su tipo. Su función no es sólo compartir inteligencia: es un centro desde donde se planean operaciones para ubicar y detener a presuntos terroristas ligados a Al-Qaeda, y cuenta con un equipo multinacional que, además de los estadounidenses y franceses, incluiría agentes de Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Australia.
En EU, la Fuerza de Tarea Conjunta Anti-terrorista formada por el FBI y el Departamento de Seguridad Territorial están utilizando las leyes migratorias como un arma en esta batalla. Según el mismo Washington Post, en los dos últimos años se han presentado cargos contra más de 500 residentes de origen extranjero e incluso con la ciudadanía estadounidense, en su gran mayoría de origen árabe, por investigaciones relacionadas con asuntos de seguridad nacional. Al igual que lo han hecho antes con otro tipo de delincuentes, las autoridades del vecino país están aplicando sus leyes para detener y deportar a cualquiera sospechoso de tener relaciones con terroristas.
En el contexto de la guerra global contra el terrorismo, la porosidad e inestabilidad de su frontera sur son percibidas por EU como una grave amenaza. Por ello, nuestros vecinos han estado aplicando su considerable influencia para que el gobierno mexicano incremente los esfuerzos de cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, combata con mayor decisión el crimen organizado en el país, y ejerza más control sobre su propia frontera sur con América Central. Como lo reflejan el operativo de emergencia "México Seguro", los avances reportados de la ASPAN, y la firma del Acuerdo de Cooperación Fronteriza y Seguridad con Belice, nuestro gobierno parece estar siendo receptivo a las inquietudes estadounidenses.
El informe de la ASPAN, presentado el pasado 27 de junio en Ottawa y que incluye unas 300 propuestas específicas, confirma que México se ha comprometido a desarrollar una serie de acciones propias, o en coordinación con Estados Unidos y Canadá, para reforzar la seguridad interna y externa de la región. Son iniciativas delicadas y, también, muy costosas. Entre otras, incluyen aspectos como establecer sistemas de identificación biométrica y documentos "seguros" para impedir el ingreso a toda la zona de viajeros de "alto riesgo"; instaurar en tan sólo nueve meses un patrón común de procedimientos y políticas para el procesamiento de visas; diseñar una estrategia de procuración de justicia integral para responder a incidentes terroristas trasnacionales; establecer sistemas de comunicación compatibles; y evaluar mecanismos de protección de infraestructura crítica transfronteriza.
Aunque no se define explícitamente, en la práctica esto significa que nuestro país tendría que homologar una gran cantidad de políticas, como las migratorias, con las de EU y Canadá. Ante la disfuncionalidad y falta de coordinación que ha demostrado el actual aparato de gobierno, y considerando el caldeado ambiente político que vamos a seguir experimentando hasta la elección presidencial del año próximo, parecería difícil creer que muchas de estas iniciativas tengan posibilidades de prosperar sin mayores obstáculos. Sobre todo porque tampoco se establece de dónde saldrán los recursos para ponerlas en práctica.
La decisión del actual gobierno mexicano de asumir como propia la agenda estadounidense para promover la seguridad y la competitividad de América del Norte puede ser comprensible. Pero, también, es un hecho que no parecemos estar en condiciones de sacar adelante el paquete que nos hemos echado al hombro. Además, la Alianza, y la relación bilateral en su conjunto, siguen teniendo un límite muy claro: nuestro mutuo desconocimiento.
Cuando la publicación de una serie postal con la caricatura de Memín Pinguín puede provocar que un funcionario del nivel de Stephen Hadley, el Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de los Estados Unidos, nos lea la cartilla por nuestra supuesta falta de sensibilidad racial, es muy probable que la incapacidad para cumplir con todos los compromisos asumidos en el marco de la ASPAN acabe generando fricciones mucho más graves entre los dos países.
El Norte
7 de julio de 2005
En 1995, cuando el gobierno mexicano requirió el apoyo de EU para superar el "error de diciembre", la relación bilateral tuvo que redefinirse a fondo. Hoy, aunque no se sepa, o no se quiera reconocer así, estamos viviendo un momento de redefiniciones tan profundo o aun mayor.
El gobierno mexicano está dispuesto a asumir delicados compromisos para promover la integración regional y responder a las inquietudes de nuestros vecinos del Norte en el terreno absolutamente prioritario para ellos, el de la seguridad. Ésa es la conclusión que se deriva del reciente informe de avances de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Lo que no queda claro es si existe la capacidad y los recursos para convertir esos compromisos en acciones que satisfagan las expectativas generadas por esta ambiciosa iniciativa.
Indudablemente, el aspecto más complejo de la relación bilateral tiene que ver con la seguridad. En ocasiones se nos olvida, pero EU está en guerra. A pesar de que las encuestas muestran el desencanto de la mayoría de los estadounidenses con la situación en Iraq, el Presidente George W. Bush está dispuesto a permanecer en ese país indefinidamente, hasta que logre implantar en Medio Oriente una democracia a imagen y semejanza de la suya. Como ha señalado el profesor de derechos humanos de Harvard Michael Ignatieff, Estados Unidos se ve a sí mismo como el último país que queda con una misión, un mandato y un sueño tan antiguo como sus fundadores.
Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense está librando una auténtica guerra mundial contra el terrorismo, cuyas dimensiones apenas se están conociendo. A finales de mayo, el New York Times publicó que, siguiendo una larga tradición, la CIA opera varias compañías de aviación "privadas" para transportar funcionarios de la Agencia, comandos de sus fuerzas especiales y prisioneros por todo el mundo. Un mes después, un juez italiano ordenó el arresto de 13 miembros de la CIA, por secuestrar a un clérigo egipcio en Milán y trasladarlo a su país de origen para ser interrogado.
Apenas el domingo pasado, el periódico The Washington Post reveló la existencia en París de la llamada "Base Alianza". Mientras el gobierno de Jacques Chirac se oponía públicamente a la guerra contra Iraq, desde 2002 los servicios de inteligencia franceses le han dado todo su apoyo a la CIA. Si la información es correcta, esta base es única en su tipo. Su función no es sólo compartir inteligencia: es un centro desde donde se planean operaciones para ubicar y detener a presuntos terroristas ligados a Al-Qaeda, y cuenta con un equipo multinacional que, además de los estadounidenses y franceses, incluiría agentes de Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Australia.
En EU, la Fuerza de Tarea Conjunta Anti-terrorista formada por el FBI y el Departamento de Seguridad Territorial están utilizando las leyes migratorias como un arma en esta batalla. Según el mismo Washington Post, en los dos últimos años se han presentado cargos contra más de 500 residentes de origen extranjero e incluso con la ciudadanía estadounidense, en su gran mayoría de origen árabe, por investigaciones relacionadas con asuntos de seguridad nacional. Al igual que lo han hecho antes con otro tipo de delincuentes, las autoridades del vecino país están aplicando sus leyes para detener y deportar a cualquiera sospechoso de tener relaciones con terroristas.
En el contexto de la guerra global contra el terrorismo, la porosidad e inestabilidad de su frontera sur son percibidas por EU como una grave amenaza. Por ello, nuestros vecinos han estado aplicando su considerable influencia para que el gobierno mexicano incremente los esfuerzos de cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, combata con mayor decisión el crimen organizado en el país, y ejerza más control sobre su propia frontera sur con América Central. Como lo reflejan el operativo de emergencia "México Seguro", los avances reportados de la ASPAN, y la firma del Acuerdo de Cooperación Fronteriza y Seguridad con Belice, nuestro gobierno parece estar siendo receptivo a las inquietudes estadounidenses.
El informe de la ASPAN, presentado el pasado 27 de junio en Ottawa y que incluye unas 300 propuestas específicas, confirma que México se ha comprometido a desarrollar una serie de acciones propias, o en coordinación con Estados Unidos y Canadá, para reforzar la seguridad interna y externa de la región. Son iniciativas delicadas y, también, muy costosas. Entre otras, incluyen aspectos como establecer sistemas de identificación biométrica y documentos "seguros" para impedir el ingreso a toda la zona de viajeros de "alto riesgo"; instaurar en tan sólo nueve meses un patrón común de procedimientos y políticas para el procesamiento de visas; diseñar una estrategia de procuración de justicia integral para responder a incidentes terroristas trasnacionales; establecer sistemas de comunicación compatibles; y evaluar mecanismos de protección de infraestructura crítica transfronteriza.
Aunque no se define explícitamente, en la práctica esto significa que nuestro país tendría que homologar una gran cantidad de políticas, como las migratorias, con las de EU y Canadá. Ante la disfuncionalidad y falta de coordinación que ha demostrado el actual aparato de gobierno, y considerando el caldeado ambiente político que vamos a seguir experimentando hasta la elección presidencial del año próximo, parecería difícil creer que muchas de estas iniciativas tengan posibilidades de prosperar sin mayores obstáculos. Sobre todo porque tampoco se establece de dónde saldrán los recursos para ponerlas en práctica.
La decisión del actual gobierno mexicano de asumir como propia la agenda estadounidense para promover la seguridad y la competitividad de América del Norte puede ser comprensible. Pero, también, es un hecho que no parecemos estar en condiciones de sacar adelante el paquete que nos hemos echado al hombro. Además, la Alianza, y la relación bilateral en su conjunto, siguen teniendo un límite muy claro: nuestro mutuo desconocimiento.
Cuando la publicación de una serie postal con la caricatura de Memín Pinguín puede provocar que un funcionario del nivel de Stephen Hadley, el Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de los Estados Unidos, nos lea la cartilla por nuestra supuesta falta de sensibilidad racial, es muy probable que la incapacidad para cumplir con todos los compromisos asumidos en el marco de la ASPAN acabe generando fricciones mucho más graves entre los dos países.
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