Límites de la Alianza

Javier Treviño Cantú
El Norte
7 de julio de 2005

En 1995, cuando el gobierno mexicano requirió el apoyo de EU para superar el "error de diciembre", la relación bilateral tuvo que redefinirse a fondo. Hoy, aunque no se sepa, o no se quiera reconocer así, estamos viviendo un momento de redefiniciones tan profundo o aun mayor.

El gobierno mexicano está dispuesto a asumir delicados compromisos para promover la integración regional y responder a las inquietudes de nuestros vecinos del Norte en el terreno absolutamente prioritario para ellos, el de la seguridad. Ésa es la conclusión que se deriva del reciente informe de avances de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Lo que no queda claro es si existe la capacidad y los recursos para convertir esos compromisos en acciones que satisfagan las expectativas generadas por esta ambiciosa iniciativa.

Indudablemente, el aspecto más complejo de la relación bilateral tiene que ver con la seguridad. En ocasiones se nos olvida, pero EU está en guerra. A pesar de que las encuestas muestran el desencanto de la mayoría de los estadounidenses con la situación en Iraq, el Presidente George W. Bush está dispuesto a permanecer en ese país indefinidamente, hasta que logre implantar en Medio Oriente una democracia a imagen y semejanza de la suya. Como ha señalado el profesor de derechos humanos de Harvard Michael Ignatieff, Estados Unidos se ve a sí mismo como el último país que queda con una misión, un mandato y un sueño tan antiguo como sus fundadores.

Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense está librando una auténtica guerra mundial contra el terrorismo, cuyas dimensiones apenas se están conociendo. A finales de mayo, el New York Times publicó que, siguiendo una larga tradición, la CIA opera varias compañías de aviación "privadas" para transportar funcionarios de la Agencia, comandos de sus fuerzas especiales y prisioneros por todo el mundo. Un mes después, un juez italiano ordenó el arresto de 13 miembros de la CIA, por secuestrar a un clérigo egipcio en Milán y trasladarlo a su país de origen para ser interrogado.

Apenas el domingo pasado, el periódico The Washington Post reveló la existencia en París de la llamada "Base Alianza". Mientras el gobierno de Jacques Chirac se oponía públicamente a la guerra contra Iraq, desde 2002 los servicios de inteligencia franceses le han dado todo su apoyo a la CIA. Si la información es correcta, esta base es única en su tipo. Su función no es sólo compartir inteligencia: es un centro desde donde se planean operaciones para ubicar y detener a presuntos terroristas ligados a Al-Qaeda, y cuenta con un equipo multinacional que, además de los estadounidenses y franceses, incluiría agentes de Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Australia.

En EU, la Fuerza de Tarea Conjunta Anti-terrorista formada por el FBI y el Departamento de Seguridad Territorial están utilizando las leyes migratorias como un arma en esta batalla. Según el mismo Washington Post, en los dos últimos años se han presentado cargos contra más de 500 residentes de origen extranjero e incluso con la ciudadanía estadounidense, en su gran mayoría de origen árabe, por investigaciones relacionadas con asuntos de seguridad nacional. Al igual que lo han hecho antes con otro tipo de delincuentes, las autoridades del vecino país están aplicando sus leyes para detener y deportar a cualquiera sospechoso de tener relaciones con terroristas.

En el contexto de la guerra global contra el terrorismo, la porosidad e inestabilidad de su frontera sur son percibidas por EU como una grave amenaza. Por ello, nuestros vecinos han estado aplicando su considerable influencia para que el gobierno mexicano incremente los esfuerzos de cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, combata con mayor decisión el crimen organizado en el país, y ejerza más control sobre su propia frontera sur con América Central. Como lo reflejan el operativo de emergencia "México Seguro", los avances reportados de la ASPAN, y la firma del Acuerdo de Cooperación Fronteriza y Seguridad con Belice, nuestro gobierno parece estar siendo receptivo a las inquietudes estadounidenses.

El informe de la ASPAN, presentado el pasado 27 de junio en Ottawa y que incluye unas 300 propuestas específicas, confirma que México se ha comprometido a desarrollar una serie de acciones propias, o en coordinación con Estados Unidos y Canadá, para reforzar la seguridad interna y externa de la región. Son iniciativas delicadas y, también, muy costosas. Entre otras, incluyen aspectos como establecer sistemas de identificación biométrica y documentos "seguros" para impedir el ingreso a toda la zona de viajeros de "alto riesgo"; instaurar en tan sólo nueve meses un patrón común de procedimientos y políticas para el procesamiento de visas; diseñar una estrategia de procuración de justicia integral para responder a incidentes terroristas trasnacionales; establecer sistemas de comunicación compatibles; y evaluar mecanismos de protección de infraestructura crítica transfronteriza.

Aunque no se define explícitamente, en la práctica esto significa que nuestro país tendría que homologar una gran cantidad de políticas, como las migratorias, con las de EU y Canadá. Ante la disfuncionalidad y falta de coordinación que ha demostrado el actual aparato de gobierno, y considerando el caldeado ambiente político que vamos a seguir experimentando hasta la elección presidencial del año próximo, parecería difícil creer que muchas de estas iniciativas tengan posibilidades de prosperar sin mayores obstáculos. Sobre todo porque tampoco se establece de dónde saldrán los recursos para ponerlas en práctica.

La decisión del actual gobierno mexicano de asumir como propia la agenda estadounidense para promover la seguridad y la competitividad de América del Norte puede ser comprensible. Pero, también, es un hecho que no parecemos estar en condiciones de sacar adelante el paquete que nos hemos echado al hombro. Además, la Alianza, y la relación bilateral en su conjunto, siguen teniendo un límite muy claro: nuestro mutuo desconocimiento.

Cuando la publicación de una serie postal con la caricatura de Memín Pinguín puede provocar que un funcionario del nivel de Stephen Hadley, el Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de los Estados Unidos, nos lea la cartilla por nuestra supuesta falta de sensibilidad racial, es muy probable que la incapacidad para cumplir con todos los compromisos asumidos en el marco de la ASPAN acabe generando fricciones mucho más graves entre los dos países.