La Suprema Corte sujeta a revisión

 

 

La Suprema Corte sujeta a revisión

Javier Treviño

 

@javier_trevino

 

Richard Neustadt nos decía a sus alumnos, en Harvard, que el gran equilibrio político no tenía como base la doctrina tradicional de los frenos y contrapesos ni la teoría de la divisón de poderes. El poder presidencial, según Neustadt, es principalmente una función del sistema constitucional de instituciones separadas que comparten poder. 

 

Analizar la presidencia es tarea que debe hacerse con responsabilidad. Hoy vemos un aumento de las tensiones partidistas en ese sistema de instituciones separadas de Estados Unidos. Se busca la unidad y la cooperación. No siempre se logra.

 

Los partidos son organizaciones tan importantes hoy que la cooperación institucional entre el Congreso, la Suprema Corte y el Presidente está afectada por la polarización ideológica. 

 

Ian Millhiser, uno de los analistas y periodistas más experimentados en los temas de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, publicó The Agenda: How a Republican Supreme Court Is Reshaping America (La agenda: cómo una Corte Suprema republicana está remodelando a Estados Unidos) https://bit.ly/3uIg6ku  .

 

Millhiser señala la gigantesca amenaza de la nueva mayoría conservadora 6-3 en la Suprema Corte que podría frustrar la mayor parte del progreso de las iniciativas de rescate económico, empleo e infraestructura del presidente Biden.

 

El libro de Millhiser ofrece ejemplos que ilustran cómo los jueces republicanos, que proclaman la necesidad de controlar el poder ejecutivo cada vez que hay un Demócrata en la Casa Blanca, no tienen ningún problema en ignorar sus filosofías judiciales cuando el presidente es Republicano.

 

De ahí la importancia de que el presidente Biden haya firmado el viernes pasado una orden ejecutiva que establece una comisión bipartidista que estudiará la reforma de la Corte Suprema de Estados Unidos y, entre otras cosas, examinará el tamaño de la corte y los nombramientos vitalicios de los jueces.

 

"El propósito de la Comisión es proporcionar un análisis de los principales argumentos en el debate público contemporáneo a favor y en contra de la reforma de la Corte Suprema", dijo la Casa Blanca en un comunicado. "Los temas que examinará incluyen la génesis del debate sobre la reforma; el papel de la Corte en el sistema constitucional; la duración del servicio y la rotación de los magistrados en la Corte; la membresía y el tamaño de la Corte; y la selección de casos, reglas y prácticas".

 

La comisión estará copresidida por Bob Bauer, ex abogado de la Casa Blanca del presidente Barack Obama y profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, y la profesora de derecho de Yale Cristina Rodríguez, quien se desempeñó como asistente legal de la ex magistrada Sandra Day O'Connor.

 

La comisión incluye dos ex jueces federales, Thomas Griffith del tribunal de apelaciones del circuito de DC y Nancy Gertner, de un tribunal de distrito de Massachusetts. También incluye defensores liberales y destacados profesores de derecho tanto de izquierda como de derecha: la directora del fondo de defensa legal de la NAACP, Sherrilyn Ifill, el presidente del Brennan Center for Justice, Michael Waldman, los profesores de derecho de Harvard Laurence Tribe y Jack Goldsmith, de la administración de George W. Bush. Walter Dellinger, quien sirvió al juez Hugo Black a fines de la década de 1960 y se convirtió en procurador general estadounidense en funciones en la administración de Bill Clinton. El profesor de derecho de Columbia Olatunde Johnson, quien trabajó para el juez John Paul Stevens, y el profesor de derecho de la Universidad de Virginia Caleb Nelson, quien trabajó para el juez Clarence Thomas. El profesor de derecho de la Universidad de Chicago William Baude, quien fue secretario del presidente del Tribunal Supremo John Roberts. (Aquí se puede ver la lista completa de miembros  https://bit.ly/3s6QYm0 )

 

Se espera que la comisión comience a realizar audiencias públicas en las próximas semanas e informe al presidente en seis meses, después de evaluar las opciones.

 

Es claro que el anuncio del presidente Joe Biden responde a un llamado de los liberales para mitigar el impacto del expresidente Donald Trump en la corte. Pero, como no obligará a la Casa Blanca a actuar, entonces hay quienes ven la decisión como sólo una señal, una forma de demostrar a los progresistas del partido que se les toma en serio. Tratan de no asustar a los electores del centro que están preocupados por politizar aún más la corte.

 

Los grupos más progresistas han impulsado otras ideas además de aumentar el número de jueces. Quieren un límite de 18 años al mandato de los ministros; un código de ética; un proceso más formal de recusación; una expansión de los tribunales inferiores. El argumento es que el poder judicial debe hacer frente a una creciente cantidad de casos. Y, de pasada, contrarrestar la gran cantidad de jueces designados por Trump.

 

La respuesta de los Republicanos a Biden no se hizo esperar. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, Republicano por Kentucky, lo calificó como un "asalto directo al poder judicial independiente de nuestra nación y otra señal más de la influencia de la extrema izquierda sobre la administración Biden". Los observadores conservadores dicen que la membresía de la comisión de Biden está repleta de académicos "muy progresistas".

 

El anuncio de Biden del viernes era muy esperado. La promesa que hizo como candidato en octubre pasado debía cumplirse, luego del rápido movimiento del Presidente Donald Trump para nombrar a Amy Coney Barrett en sustitución de Ruth Bader Ginsburg.

 

A los liberales les preocupa el giro de la Corte a la derecha en temas que van desde el derecho al aborto, la libertad religiosa hasta las restricciones al voto. Los presidentes van y vienen. Los jueces de la Corte Suprema permanecen durante generaciones. Lo que los liberales exigen es que se agreguen ministros a la Corte. Quieren tener la confianza de que la Corte se guiará por principios legales y no políticos.

 

Aaron Belkin, director de “Take Back the Court” dijo: "Esta comisión de reforma judicial de la Casa Blanca tiene una oportunidad histórica tanto para explicar la gravedad de la amenaza como para ayudar a contenerla. Pero no tenemos tiempo para dedicar seis meses a estudiar el tema, especialmente sin una promesa de conclusiones reales al final. La solución ya está clara: agregar escaños es la única forma de restablecer el equilibrio en la Corte, y el Congreso debería comenzar de inmediato".

 

Depende del Congreso establecer el número de escaños. Nueve ha sido el número desde 1869. Antes, había más variación, desde un mínimo de cinco asientos hasta un máximo de diez. Cualquier cambio en el mandato vitalicio actual de los magistrados probablemente requeriría una enmienda constitucional. 

 

Veremos en los próximos días el impacto de esta comisión. Joe Biden propuso desde el inicio de su gobierno que todas las fuerzas políticas trabajaran juntas. Unir a Estados Unidos era su visión. La audacia ha sido su instrumento. 

 

Los primeros 80 días de Biden como presidente han sido de gran actividad: órdenes ejecutivas, iniciativas, propuestas, reuniones, cumbres virtuales. El Presidente Biden está dispuesto a arriesgar para avanzar más rápido. Ya escribí aquí sobre su plan de reactivación económica, su plan de infraestructura, su plan de acción contra el calentamiento global, su plan de inmigración amplio, su plan para el control de armas y reducción de la violencia.

 

No obstante todo lo anterior, el libro de Millhiser deja en claro que la amplitud de las ambiciones de la nueva comisión sobre la Suprema Corte, y el éxito de la administración Biden en llevarlas a cabo, serán más importantes para el futuro de Estados Unidos que todo lo demás que puedan lograr el Presidente y el Congreso.

 

https://www.sdpnoticias.com/columnas/javier-trevino-la-suprema-corte-sujeta-a-revision.html