Acuerdo migratorio regional

Javier Treviño Cantú
El Norte
2 de agosto de 2006

El verano político no sólo está alcanzando temperaturas récord en México. Al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, el debate sobre la reforma migratoria también se está poniendo al rojo vivo. El tema se ha politizado al máximo ante las próximas elecciones legislativas de noviembre y, aunque todas las fuerzas políticas enfrentan grandes presiones para sacar adelante algún tipo de compromiso, parece difícil que el asunto se resuelva este año.

Contra viento y marea, el Presidente George W. Bush ha seguido reafirmando su voluntad de alcanzar una reforma migratoria integral, que incluya un programa de trabajadores temporales y un mecanismo viable para regularizar la situación de los millones de inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en el vecino país.

Pero el Presidente Bush, al igual que el resto de la clase política estadounidense, sabe que cualquier solución pasa necesariamente por un mayor control sobre la frontera que comparte con nuestro país. Por ello, desde noviembre del año pasado, cuando el Secretario de Seguridad Territorial, Michael Chertoff, anunció la "Iniciativa Frontera Segura", se han puesto en práctica medidas sistemáticas para reforzar la seguridad de la franja fronteriza con México.

Primero fueron los planes para ampliar las filas de la Patrulla Fronteriza. Luego se recurrió a la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas civiles del orden. Al mismo tiempo se procedió a licitar el diseño, aplicación y mantenimiento de una "barda virtual" a lo largo de prácticamente toda la frontera, la cual será responsabilidad de las compañías privadas que obtengan el jugoso contrato.

Además, el gobierno del Presidente Bush también ha estado ejerciendo una gran presión sobre las compañías que contratan inmigrantes en situación "irregular". Según el diario New York Times, mientras que en el 2002 el gobierno de Estados Unidos presentó 25 cargos penales contra empleadores, este año ya ha iniciado 445 procesos legales.

Esto representa una apuesta de alto riesgo para el mandatario. Si bien es indispensable para encontrar una solución integral, puede restarle puntos al Partido Republicano en dos frentes: entre los múltiples sectores empresariales que dependen de la barata mano de obra inmigrante y entre una comunidad "hispana" que ha ganado confianza con las marchas multitudinarias y que probablemente votará a favor del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre.

Sin embargo, el sector donde el Presidente Bush tiene hoy más dificultades para impulsar su reforma migratoria, es entre los Republicanos de la Cámara de Representantes. La pérdida de capital político que ha sufrido por la guerra en Iraq y la interminable lista de controversias en las que se ha visto envuelta su administración parecen haberle restado capacidad de influencia con los legisladores de su mismo partido.

A finales de junio, en un picnic celebrado en los jardines de la Casa Blanca, el líder de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, declaró que los Republicanos primero llevarían a cabo una serie de "audiencias públicas" por todo el país, antes de dialogar con sus contrapartes del Senado para buscar un acuerdo entre las dos iniciativas de ley aprobadas hasta ahora.

Hace unos días se anunció que van a realizar otras 21 audiencias durante el receso legislativo de agosto. Considerando que sólo quedarían dos meses entre la fecha en que el Congreso reanuda funciones y las elecciones de noviembre, parecería casi imposible que las dos cámaras pudieran solucionar sus profundas diferencias.

Aun así, no todas las noticias que llegan del Capitolio en Washington son malas. De hecho, una en particular puede representar una nueva "ventana de oportunidad" para establecer un acuerdo migratorio entre Estados Unidos, México y algunos países más.

A mediados de la semana pasada, la Senadora por Texas Kay Bailey Hutchison y el Representante Mike Pence de Indiana -ambos Republicanos- presentaron una nueva propuesta para reconciliar los enfoques migratorios de la Cámara y el Senado. Por supuesto, la iniciativa parte de un mayor control fronterizo. Ninguna ley se modificaría hasta que se "certifique" que las fronteras de Estados Unidos son completamente "seguras". Se calcula que eso podría llevarse dos años -es decir, el resto del mandato del Presidente Bush- y después los trabajadores migratorios tendrían que regresar a sus países de origen para obtener una nueva visa renovable hasta por 12 años.

La clave de la propuesta Hutchison-Pence es que estas visas solamente estarían disponibles para los ciudadanos de aquellos países en América del Norte y América Central con los que Estados Unidos tenga tratados o acuerdos de libre comercio. En este marco, el gran ganador de un acuerdo migratorio regional, indudablemente, sería México.

El nuevo gobierno que habrá de iniciar su gestión en México, a partir del 1 de diciembre, no debe perder de vista que el futuro de cualquier arreglo migratorio con Estados Unidos depende de la capacidad para establecer un entorno seguro en nuestras propias fronteras norte y sur. Para tener flujos migratorios bien regulados, lo primero es lo primero, y eso significa avanzar en el establecimiento de un perímetro de seguridad regional, que abarque desde Alaska y Canadá en el norte, hasta Panamá y Colombia en el sur.