La idea que puede cambiar a un país

La idea que puede cambiar a un país

Javier Treviño

@javier_trevino

Hay países que tienen petróleo y son pobres. Otros tienen grandes mercados y no crecen. Algunos poseen universidades, empresarios, trabajadores capaces y una ubicación geográfica privilegiada, pero pasan décadas administrando la mediocridad. Y hay naciones que, después de guerras, crisis o periodos de pobreza extrema, consiguen transformarse en una generación. ¿Por qué?

La explicación tradicional apunta a las instituciones, la inversión, la educación, la infraestructura, el comercio, la tecnología y la estabilidad macroeconómica. Todo eso importa. Muchísimo. Pero falta una variable que rara vez aparece en las estadísticas económicas: la capacidad de una sociedad para imaginar un futuro común y ponerse de acuerdo para construirlo.

Tal vez uno de los activos más poderosos de un país sea precisamente ése: tener una gran idea de sí mismo. No hablo de nacionalismo, propaganda gubernamental ni unanimidad política. Tampoco de eliminar diferencias. Hablo de algo más sofisticado: construir un consenso suficientemente amplio sobre lo que queremos llegar a ser como nación. En tiempos de polarización, esto parecería una idea casi revolucionaria.

Antes del PIB está el “nosotros”

Benedict Anderson escribió uno de los libros fundamentales de las ciencias sociales contemporáneas: Imagined Communities. Su tesis fue que una nación es, antes que nada, una “comunidad imaginada”. Millones de personas que nunca se conocerán personalmente desarrollan, sin embargo, la convicción de que forman parte de una misma comunidad.

Esa palabra —nosotros— tiene enormes consecuencias económicas y políticas. ¿Por qué aceptar impuestos para construir escuelas que utilizarán hijos de desconocidos? ¿Por qué financiar infraestructura que beneficiará a generaciones futuras? ¿Por qué empresarios, trabajadores, universidades y gobiernos deberían cooperar en proyectos cuyos resultados tardarán años? Porque existe la percepción de que pertenecemos al mismo proyecto.

Francis Fukuyama llevó esta idea al terreno económico en su libro Trust. La confianza, sostiene, no es solamente una virtud moral. Es un activo económico. Las sociedades donde las personas pueden cooperar más allá de sus familias o pequeños círculos construyen organizaciones más complejas, reducen costos de transacción y emprenden proyectos colectivos de mayor escala.

Robert Putnam llegó a conclusiones relacionadas en su libro Making Democracy Work. Las instituciones funcionan mejor cuando existe detrás de ellas una cultura de cooperación, reciprocidad y participación cívica.

Hoy sabemos que esto tiene consecuencias muy concretas. La OCDE señala que la confianza reduce costos de transacción, facilita el cumplimiento de las políticas públicas y permite generar respaldo para reformas difíciles. También advierte que los ambientes de baja confianza deterioran la cohesión social y limitan la capacidad de los gobiernos para responder a problemas complejos.

Por eso podríamos formular una primera ecuación política: sin un “nosotros” creíble es muy difícil construir un “mañana” compartido.

El consenso no significa pensar igual

Aquí aparece una objeción inevitable. Las sociedades modernas son plurales. ¿Cómo construir una visión nacional sin imponer una sola visión? John Rawls ofrece una respuesta extraordinariamente útil con su concepto de overlapping consensus. No necesitamos estar de acuerdo en todo.

Un empresario y un sindicalista pueden tener ideas diferentes sobre los impuestos. Un conservador y un progresista pueden discrepar profundamente sobre cuestiones sociales. Gobierno y oposición competirán siempre por el poder. Pero todos podrían coincidir en que un niño debe recibir educación de calidad; que quien trabaja debe tener posibilidades de prosperar; que las empresas necesitan certeza; que la ley debe cumplirse; que la corrupción destruye valor; que la ciencia y la tecnología importan; que debemos reducir la pobreza; y que nuestros hijos deberían recibir un país mejor que el nuestro.

La democracia no exige eliminar el conflicto. Exige construir un piso común debajo del conflicto. Ésa puede ser una de las grandes tareas políticas de nuestro tiempo.

De la idea a la misión

Mariana Mazzucato acaba de publicar su libro The Common Good Economy. Su argumento llega en un momento oportuno: las economías necesitan recuperar propósito y orientar capacidades públicas, privadas y sociales hacia objetivos colectivos. Su propuesta profundiza una idea desarrollada anteriormente en Mission Economy: los grandes desafíos pueden convertirse en misiones capaces de movilizar innovación, inversión y cooperación.

El ejemplo paradigmático es el programa Apollo. John F. Kennedy no presentó a los estadounidenses un plan burocrático de miles de páginas. Les dio una misión: llevar un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo antes de terminar la década. La Luna era el destino visible. Pero la verdadera transformación ocurrió en la Tierra.

Gobierno, universidades, científicos, ingenieros, empresas y trabajadores tuvieron que resolver miles de problemas. Se desarrollaron tecnologías, materiales, sistemas de cómputo y nuevas capacidades industriales.

Una misión extraordinaria convirtió inteligencia dispersa en esfuerzo coordinado. Ahí está la diferencia entre slogan y estrategia. El slogan busca aplausos. La misión organiza capacidades.

Cuando un país decide avanzar

La historia económica ofrece ejemplos extraordinarios.

Alemania occidental construyó después de la Segunda Guerra Mundial una economía social de mercado alrededor de reconstrucción, estabilidad y productividad.

Japón hizo de la modernización industrial y tecnológica un proyecto nacional.

Corea del Sur apostó durante décadas por educación, exportaciones, industria y tecnología hasta convertirse, en una generación, de país pobre en potencia económica.

Singapur construyó su proyecto alrededor de competencia, educación, apertura, infraestructura y eficacia gubernamental.

Finlandia convirtió educación, conocimiento e innovación en pilares nacionales.

Irlanda logró a finales de los años ochenta acuerdos entre gobierno, empresarios y trabajadores que ayudaron a estabilizar la economía y sentaron bases para una transformación posterior.

En España, los Pactos de la Moncloa de 1977 no significaron que izquierda y derecha dejaran de ser adversarios. Comprendieron que existían objetivos superiores a sus diferencias inmediatas.

La gran lección es: las sociedades exitosas no necesariamente eliminan sus conflictos. Logran ponerse de acuerdo un nivel por encima de ellos.

El peligro de la falsa unidad

Pero también hay una advertencia. Una gran idea nacional puede convertirse en instrumento de exclusión. La historia está llena de gobiernos que confundieron unidad con obediencia, patriotismo con lealtad al gobernante y consenso con silencio.

Andreas Wimmer, en su libro Nation Building, nos dice: la construcción nacional funciona cuando es incluyente. La pregunta decisiva es quién forma parte del “nosotros”. Una visión nacional que dice “este país nos pertenece a todos” puede generar cooperación. Una que dice “este país nos pertenece a nosotros y no a ustedes” terminará produciendo división.

También necesitamos instituciones. Daron Acemoglu y James Robinson lo explicaron en su obra Why Nations Fail: las sociedades prosperan sostenidamente cuando desarrollan instituciones capaces de ampliar oportunidades en lugar de concentrar permanentemente poder y beneficios.

Podemos entonces plantearlo así: propósito nacional sin instituciones puede convertirse en propaganda. Instituciones sin propósito nacional pueden convertirse en burocracia. Una sociedad próspera necesita ambas.

De “¿qué me toca?” a “¿qué podemos construir?”

Hay otro autor indispensable: Mancur Olson. En su obra The Rise and Decline of Nations explicó cómo las sociedades pueden ir acumulando grupos organizados dedicados a proteger intereses particulares. Poco a poco, la energía nacional deja de concentrarse en crear riqueza y comienza a concentrarse en distribuirla.

Todos preguntan: “¿Qué me toca?” Pocos preguntan: “¿Qué podemos construir?”

Una gran visión nacional puede modificar temporalmente esa lógica. No elimina intereses particulares —ninguna sociedad puede hacerlo—, pero crea objetivos suficientemente importantes para que empresarios, trabajadores, universidades, gobiernos y organizaciones sociales descubran zonas donde cooperar.

Ésa es la diferencia entre repartir el presente y construir el futuro.

México necesita una conversación sobre el futuro

Aquí es donde todo esto adquiere relevancia para México. Nuestro debate público está obsesionado con el presente y, todavía más, con el pasado. Discutimos quién tuvo la culpa. Quién traicionó a quién. Qué gobierno fue mejor o peor. Quién pertenece al pueblo y quién a las élites. Quién es conservador, neoliberal, populista o reaccionario.

La política necesita conflicto. La democracia necesita oposición. La crítica al poder es indispensable. Pero un país no puede construir su futuro mirando permanentemente por el espejo retrovisor.

México necesita comenzar otra conversación: ¿Qué país queremos ser en 2040? ¿Queremos convertirnos en una de las plataformas industriales y logísticas más competitivas del mundo? ¿Queremos aprovechar nuestra integración con América del Norte para construir empresas mexicanas globales? ¿Queremos que nuestros niños tengan una educación comparable con la de las economías más avanzadas? ¿Queremos convertirnos en potencia energética, digital, agroindustrial y tecnológica? ¿Queremos construir un sistema de salud verdaderamente universal? ¿Queremos reducir radicalmente la violencia? ¿Queremos que cualquier mexicano, independientemente de dónde nazca, tenga posibilidades reales de ascenso social?

Ninguna de esas aspiraciones debería pertenecer a un partido. Podrían pertenecer a México.

El nuevo capital nacional

Durante siglos medimos la riqueza de los países por sus tierras, minas, fábricas, infraestructura y capital financiero. Después comprendimos la importancia del capital humano. Putnam y Fukuyama nos ayudaron a comprender el capital social.

Creo que debemos agregar otro concepto: “capital de propósito”. Es la capacidad de una sociedad para imaginar un futuro deseable, generar suficiente confianza alrededor de él y coordinar recursos para construirlo.

Un país con alto capital de propósito puede pensar a veinte años aunque sus gobiernos duren seis. Puede emprender infraestructura que atraviese administraciones. Puede mantener políticas educativas durante décadas. Puede atraer inversión porque existe certidumbre sobre la dirección general. Puede asumir sacrificios presentes porque la sociedad comprende hacia dónde va.

Un país con bajo capital de propósito vive atrapado en ciclos políticos cada vez más cortos. Cada gobierno comienza de nuevo. Cada elección redefine el país. Cada adversario se convierte en enemigo. Cada reforma destruye la anterior. Y cada generación vuelve a discutir las mismas preguntas.

La gran idea

México no necesita unanimidad. Necesita algo mucho más inteligente. Necesita acordar el futuro sin tener que estar de acuerdo en todo lo demás. Ésa podría ser una de las grandes ideas políticas de nuestro tiempo.

Gobierno y oposición seguirán compitiendo. Empresarios y sindicatos seguirán negociando. Izquierda y derecha continuarán discrepando. Los ciudadanos seguirán criticando a quienes gobiernan. Así debe ser. Pero debajo de todo ello podría existir una convicción compartida: México debe convertirse, durante los próximos quince años, en una sociedad más próspera, segura, educada, innovadora y sostenible.

Y entonces convertir esa aspiración en diez misiones nacionales medibles. Porque las grandes transformaciones comienzan cuando una sociedad deja de preguntarse solamente qué gobierno quiere y comienza a preguntarse qué país quiere ser.

Una nación cambia cuando millones de personas descubren que sus sueños individuales pueden formar parte de una ambición colectiva. La prosperidad comienza con inversión, educación, instituciones y productividad.

Pero antes de todo eso puede haber algo todavía más elemental: una idea suficientemente grande para que un país vuelva a creer en su futuro.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-idea-que-puede-cambiar-a-un-pais/

Un gobierno que llega tarde o un estado anticipatorio

Un gobierno que llega tarde o un estado anticipatorio

Javier Treviño

@javier_trevino

Imagine la siguiente escena. Un grupo de científicos entra a Palacio Nacional y le dice a la Presidenta de México: Dentro de seis meses aumentará la inflación. La producción agrícola disminuirá en varias regiones del país. Habrá mayor presión sobre el sistema eléctrico. Algunas ciudades enfrentarán problemas de abastecimiento de agua. Los incendios forestales aumentarán. El dengue se expandirá hacia nuevas zonas. El gobierno tendrá que gastar miles de millones de pesos adicionales para atender emergencias y reconstruir infraestructura.

¿Qué haría cualquier gobierno responsable? Esperaría seis meses para actuar. O comenzaría a prepararse ese mismo día. La respuesta parece obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cada vez que aparece un episodio importante del fenómeno de El Niño.

Hoy la ciencia permite anticipar la evolución probable de este fenómeno climático. Los modelos desarrollados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y decenas de centros científicos alrededor del mundo son cada vez más precisos. No predicen el futuro con absoluta certeza, pero sí ofrecen información suficiente para que los gobiernos comiencen a prepararse antes de que aparezcan los primeros daños.

Y, sin embargo, la mayoría sigue actuando como si la información llegara demasiado tarde. Ésa es la verdadera paradoja. Durante décadas pensamos que el principal problema era la falta de conocimiento científico. Hoy descubrimos que el verdadero problema es la incapacidad institucional para convertir ese conocimiento en decisiones oportunas. En otras palabras, el cuello de botella ya no está en la ciencia. Está en el gobierno.

No existen desastres naturales

Una de las ideas más provocadoras que deja la literatura reciente sobre resiliencia es que los llamados "desastres naturales" rara vez son completamente naturales. Los terremotos existen. Los huracanes existen. Las sequías existen. El Niño existe. Lo que determina si esos fenómenos se convierten en tragedias nacionales depende, en buena medida, de la calidad de las instituciones.

La naturaleza impone condiciones. Las instituciones determinan las consecuencias. Ésta debería ser una de las primeras reflexiones para México. Cada temporada de lluvias nos sorprenden inundaciones en las mismas ciudades. Cada temporada seca vuelven los incendios forestales. Cada año reaparecen las discusiones sobre la escasez de agua. Cada fenómeno extremo parece convertirse en una sorpresa nacional. Pero las sorpresas dejan de ser sorpresas cuando ocurren una y otra vez. Lo que existe no es falta de información. Es falta de anticipación.

El verdadero hallazgo de la ciencia

Hace apenas unos años todavía era posible pensar que El Niño representaba simplemente una anomalía climática pasajera. Las investigaciones más recientes cambiaron radicalmente esa percepción. Uno de los estudios más importantes publicados por la revista Science demuestra que los efectos económicos de los grandes episodios de El Niño no desaparecen cuando termina el fenómeno climático. Sus impactos pueden reducir el crecimiento económico durante varios años.

Ésta es una conclusión extraordinariamente importante. El costo principal no es únicamente una cosecha perdida. Ni una presa vacía. Ni un incendio forestal. El verdadero costo aparece después. Menor crecimiento. Mayor inflación. Menor inversión. Mayor presión sobre las finanzas públicas. Mayor vulnerabilidad social.

La naturaleza produce el primer impacto. Las instituciones determinan cuánto tiempo permanece. Y aquí aparece una pregunta mucho más seria. Si hoy podemos anticipar razonablemente estos fenómenos, ¿por qué seguimos organizando al Estado mexicano como si todo comenzara el día en que ocurre la emergencia? Porque, en realidad, nuestro aparato gubernamental fue diseñado para administrar el pasado. No el futuro.

Existe una idea profundamente arraigada en la administración pública mexicana: la función del gobierno consiste en resolver problemas. Durante buena parte del siglo XX esa idea fue suficiente. Los grandes desafíos aparecían de manera relativamente aislada. Una crisis financiera exigía una respuesta económica. Un huracán movilizaba a Protección Civil. Una epidemia correspondía al sector salud. Cada dependencia actuaba dentro de su propio ámbito de responsabilidad.

Ese modelo dejó de corresponder al mundo en que vivimos. Los riesgos del siglo XXI ya no llegan solos. Llegan en cascada. Se alimentan mutuamente. Una sequía deja de ser un problema agrícola para convertirse en un problema de inflación. La inflación modifica la política monetaria. Las tasas de interés afectan la inversión. La menor inversión limita el crecimiento económico. El crecimiento más lento reduce la recaudación. Las finanzas públicas se deterioran precisamente cuando el Estado necesita invertir más en infraestructura y apoyo social.

Lo que antes eran problemas separados hoy forman parte de un mismo sistema. Sin embargo, seguimos gobernando como si cada dependencia pudiera resolver únicamente su pequeña parte del problema. Ésa es, probablemente, la mayor debilidad institucional del Estado mexicano.

Gobernamos con instituciones del siglo XX

No existe nada particularmente malo en nuestras instituciones. Al contrario. México cuenta con un Servicio Meteorológico Nacional competente. CONAGUA dispone de información hidrológica valiosa. El Sistema Nacional de Protección Civil es reconocido internacionalmente desde su transformación después del terremoto de 1985. Las universidades mexicanas producen investigación científica de alta calidad. La Secretaría de Salud ha desarrollado importantes capacidades epidemiológicas. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda cuentan con equipos técnicos de primer nivel.

El problema no reside en cada institución por separado. El problema aparece entre ellas. Cada una observa una parte distinta del mismo fenómeno. Cada una produce información valiosa. Pero nadie integra todas las piezas para responder una pregunta sencilla: ¿Qué significa todo esto para el país dentro de seis meses? Ésa es la diferencia entre administrar sectores y gobernar sistemas.

Las empresas más exitosas del mundo ya comprendieron este cambio. Utilizan inteligencia artificial para integrar información sobre consumidores, logística, inventarios, mercados financieros, cadenas de suministro y comportamiento de proveedores. No esperan a que aparezca un problema para reaccionar; construyen escenarios, simulan alternativas y ajustan decisiones continuamente.

Paradójicamente, muchos gobiernos siguen operando con una lógica administrativa diseñada hace medio siglo. No es un problema exclusivo de México. Pero México tiene una oportunidad excepcional para corregirlo.

La siguiente ventaja competitiva de las naciones

Durante décadas repetimos que la competitividad dependía de la estabilidad macroeconómica, la infraestructura, la educación o la apertura comercial. Todo eso sigue siendo cierto. Pero ya no es suficiente.

Los inversionistas también comienzan a preguntarse otra cosa. ¿Puede este país administrar una sequía sin paralizar su producción industrial? ¿Tiene suficiente agua para sostener nuevas inversiones? ¿Su sistema eléctrico resistirá olas de calor cada vez más intensas? ¿Puede proteger cadenas logísticas durante fenómenos extremos? ¿Sus instituciones reaccionan con rapidez?

En otras palabras, la resiliencia institucional comienza a convertirse en un activo económico. La estabilidad del siglo XXI dependerá menos de evitar riesgos —algo imposible— y más de administrarlos mejor que los demás. Los países que aprendan primero esa lección atraerán más inversión, protegerán mejor a sus ciudadanos y crecerán con mayor estabilidad. Ésa es la verdadera competencia del futuro.

Del Estado reactivo al Estado anticipatorio

Por eso creo que el debate nacional debería cambiar. La discusión no consiste únicamente en cómo responder al próximo episodio de El Niño. La discusión consiste en qué tipo de Estado necesita México durante las próximas décadas.

Propongo pensar en una idea distinta. Un Estado anticipatorio. No un gobierno que pretenda adivinar el futuro. Eso sería imposible. Tampoco un gobierno que intente controlar todos los riesgos. Eso sería igualmente ilusorio. Un Estado anticipatorio hace algo mucho más práctico. Integra información. Construye escenarios. Identifica señales tempranas. Coordina instituciones. Toma decisiones antes de que el costo de actuar sea mucho mayor.

La diferencia parece pequeña. En realidad, cambia completamente la lógica del gobierno. Un Estado reactivo administra crisis. Un Estado anticipatorio administra probabilidades. Un Estado reactivo espera evidencia completa. Un Estado anticipatorio actúa cuando la evidencia es suficiente. Un Estado reactivo reconstruye. Un Estado anticipatorio reduce la necesidad de reconstruir.

Ésa es la gran transformación institucional que México necesita. Y El Niño representa una oportunidad extraordinaria para iniciarla. Porque, por primera vez, enfrentamos un fenómeno cuyos efectos podemos prever razonablemente antes de que ocurran. La pregunta ya no es si sabemos lo suficiente. La pregunta es si somos capaces de gobernar con esa información.

Si aceptamos que el verdadero problema ya no es la falta de información sino la falta de anticipación, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué debería hacer México? Mi respuesta es sencilla. No necesitamos crear otra secretaría. No necesitamos una nueva burocracia. Necesitamos una nueva capacidad del Estado. La llamaría México Anticipa 2030.

No sería un programa sexenal. Sería una nueva filosofía de gobierno. Su propósito consistiría en algo aparentemente simple, pero profundamente transformador: convertir la anticipación en una función permanente del Estado mexicano. Significaría que cada decisión estratégica del gobierno comenzaría con preguntas distintas. No solamente: "¿Qué ocurrió?" Sino también: "¿Qué podría ocurrir?" "¿Qué señales tempranas estamos observando?" "¿Qué decisiones debemos tomar hoy para evitar problemas dentro de seis meses?"

Puede parecer un cambio semántico. En realidad, es un cambio cultural. Durante décadas medimos la eficacia de los gobiernos por su capacidad para responder a las crisis. Durante las próximas décadas comenzaremos a medirlos por su capacidad para evitar que esas crisis ocurran o, cuando sean inevitables, por su capacidad para reducir significativamente sus consecuencias.

Ésa será la nueva definición de un buen gobierno.

La inteligencia artificial cambiará también al Estado

La inteligencia artificial permitirá construir escenarios dinámicos que ningún grupo de funcionarios podría elaborar manualmente. Pero conviene hacer una precisión importante. La inteligencia artificial no sustituirá el juicio político. No decidirá prioridades nacionales. No resolverá conflictos de intereses. No determinará cuánto invertir en infraestructura o qué regiones deben recibir primero apoyo gubernamental.

Ésas seguirán siendo decisiones profundamente humanas. La tecnología podrá decirnos qué es probable. El gobierno seguirá siendo responsable de decidir qué hacer. Y precisamente por eso la calidad del liderazgo será todavía más importante.

La diferencia entre los gobiernos exitosos y los demás ya no dependerá únicamente de quién tenga más información. Todos tendrán acceso a enormes cantidades de datos. La diferencia dependerá de quién haga mejores preguntas y tome mejores decisiones.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/un-gobierno-que-llega-tarde-o-un-estado-anticipatorio/

 COLUMNAS DE JAVIER TREVIÑO EN LETRAS LIBRES

La primera línea de defensa: Lo que estará en juego en las elecciones de 2027

La primera línea de defensa: Lo que estará en juego en las elecciones de 2027

Javier Treviño

@javier_trevino

En 2027, los mexicanos elegiremos 17 nuevos gobernadores, casi 700 presidentes municipales, miles de integrantes de ayuntamientos y un número muy importante de diputados federales y locales. Como ocurre en cada proceso electoral, escucharemos promesas sobre más patrullas, mejores calles, nuevas obras públicas, transporte, agua potable, desarrollo económico y combate a la corrupción.

Todo eso importa. Pero sospecho que estaremos en una discusión del siglo pasado. Porque el verdadero desafío de quienes resulten electos será completamente distinto. Los gobernadores y alcaldes que asumirán el poder en 2027 no administrarán únicamente estados y municipios. Tendrán que gobernar en medio de una convergencia de crisis que ya está transformando la economía, la seguridad, la tecnología, el clima, la migración y la vida cotidiana de millones de personas.

La elección de 2027 no definirá solamente quién gobernará nuestros estados y municipios. Definirá si México comienza a construir gobiernos capaces de administrar la incertidumbre. Ésa será la verdadera elección.

Hace unas semanas leí un extraordinario análisis del Bloomberg Center for Cities de la Universidad de Harvard. Su conclusión debería llamar la atención de todos los candidatos que competirán el próximo año: los grandes problemas del mundo ya no llegan primero a las cancillerías ni a los congresos nacionales. Llegan primero a las oficinas de los gobernadores y a los palacios municipales:

1. Los gobiernos nacionales negocian tratados comerciales. Los municipios reciben las empresas que llegan —o las inversiones que nunca llegan.

2. Los gobiernos federales discuten el cambio climático. Los alcaldes enfrentan inundaciones, sequías, incendios y olas de calor.

3. Los presidentes hablan de inteligencia artificial. Los municipios tendrán que gestionar su impacto sobre el empleo, los servicios públicos, la movilidad, la educación y la seguridad.

4. Los conflictos internacionales alteran las cadenas globales de suministro. Los gobiernos locales administran el desempleo, la presión sobre la vivienda o la llegada de nuevas inversiones derivadas del nearshoring.

La globalización cambió de dirección. Ya no baja de la nación hacia las ciudades. Ahora entra al país por las ciudades.

Durante buena parte del siglo XX, la misión de un presidente municipal era relativamente clara: pavimentar calles, recoger la basura, otorgar permisos de construcción, mantener el alumbrado público y coordinar la policía preventiva.

Nada de eso ha dejado de ser importante. Pero ya no basta. El municipio del siglo XXI se ha convertido en la primera línea de defensa de la sociedad frente a la incertidumbre global. Ésa es una transformación histórica que apenas comenzamos a comprender.

La OCDE ha insistido recientemente en una idea poderosa: las ciudades ya no enfrentan problemas aislados. Enfrentan una policrisis. Es decir, una acumulación de crisis que interactúan entre sí y producen efectos en cascada.

Una sequía reduce la disponibilidad de agua. La escasez de agua afecta la producción agrícola. La caída de la producción incrementa los precios. La inflación reduce el consumo. La desaceleración económica disminuye la recaudación municipal. Con menos recursos se deteriora la infraestructura. La infraestructura deficiente aumenta la vulnerabilidad frente a nuevos fenómenos climáticos.

Cada problema alimenta al siguiente. Los especialistas llaman a esto “efectos en cascada”. Los ciudadanos simplemente lo llamamos “realidad”.

Durante décadas organizamos nuestros gobiernos suponiendo que cada problema podía resolverse desde una oficina distinta. La Secretaría de Seguridad atendía la criminalidad. La de Desarrollo Económico se ocupaba de la inversión. Obras Públicas construía infraestructura. Protección Civil respondía a emergencias. Medio Ambiente sembraba árboles.

Pero el siglo XXI está demostrando que esa división ya no funciona. La seguridad depende de la educación. La educación depende de la conectividad. La conectividad depende de la energía. La energía depende del agua. El agua depende del cambio climático. El cambio climático depende de decisiones globales. Y todas esas variables terminan afectando el presupuesto de un municipio. Los problemas dejaron de respetar organigramas. Por eso las soluciones tampoco pueden seguir respetándolos.

Edward Glaeser, uno de los grandes especialistas en economía urbana de Harvard, sostiene que las ciudades prosperan porque concentran talento, innovación y conocimiento. Pero precisamente por esa concentración también son las primeras en sentir el impacto de las grandes transformaciones del mundo.

Benjamin Barber llevó esa reflexión todavía más lejos en su célebre libro If Mayors Ruled the World. Su argumento era provocador: mientras los gobiernos nacionales suelen quedar atrapados en disputas ideológicas, los alcaldes son evaluados por resultados concretos. El ciudadano no pregunta si la basura fue recogida por un gobierno de izquierda o de derecha. Pregunta simplemente si se llevaron la basura o no.

Hoy incluso esa lógica se está quedando corta. Porque el alcalde ya no administra únicamente servicios. Administra incertidumbre.

Pensemos en la inteligencia artificial. La conversación pública suele concentrarse en si reemplazará empleos o en cómo regularla. Pero sus efectos llegarán primero a los gobiernos locales. Cambiará la demanda de habilidades laborales, transformará el transporte urbano, modificará la prestación de servicios públicos, fortalecerá la gestión del tránsito, permitirá una mejor atención ciudadana y exigirá proteger la infraestructura digital frente a ataques cibernéticos.

Lo mismo ocurre con el cambio climático. Durante muchos años fue tratado como un tema ambiental. Hoy es un problema de salud pública, protección civil, infraestructura hidráulica, vivienda, movilidad, energía y finanzas públicas. Ya no se trata únicamente de plantar árboles. Se trata de decidir dónde construir viviendas, cómo diseñar drenajes, cómo proteger hospitales, cómo garantizar el suministro eléctrico durante una ola de calor y cómo responder cuando una tormenta paraliza una ciudad.

Algo semejante ocurre con la geopolítica. La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, la revisión del T-MEC, el nearshoring, la reorganización de las cadenas globales de suministro y la carrera por la inteligencia artificial determinarán qué estados atraerán inversión y cuáles perderán competitividad. Las decisiones tomadas en Washington, Pekín o Bruselas terminarán influyendo en municipios de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato o Yucatán.

Y todavía debemos añadir una variable más. El crimen organizado también está evolucionando. Utiliza drones, inteligencia artificial, criptomonedas, redes internacionales y sofisticados mecanismos financieros. Pretender enfrentarlo únicamente con las herramientas institucionales del siglo pasado sería un grave error.

Todo ello exige un nuevo tipo de liderazgo. Harvard, la OCDE, ONU-Hábitat y Brookings coinciden en un punto esencial: los gobiernos exitosos del futuro no serán necesariamente los que tengan más recursos, sino aquellos capaces de aprender más rápido.

Ésa me parece la idea más importante de todas. Durante décadas pensamos que la función del gobierno consistía en controlar la realidad. Hoy la realidad cambia demasiado rápido para ser controlada.

La verdadera tarea consiste en aprender continuamente. Corregir antes. Adaptarse mejor. Experimentar. Escuchar evidencia. Construir alianzas. Rectificar sin convertir cada cambio de rumbo en una derrota política. En otras palabras, construir Estados y municipios que aprenden.

Pero existe otra dimensión poco discutida en México. No hay resiliencia sin capacidad financiera. La OCDE insiste en que la autonomía fiscal será uno de los factores decisivos. Un municipio incapaz de recaudar adecuadamente, administrar responsablemente sus finanzas o responder con rapidez a una emergencia dependerá siempre de decisiones tomadas en otro nivel de gobierno.

Sin capacidad fiscal, la “resiliencia” se convierte únicamente en un discurso. Creo que, en el fondo, los municipios del siglo XXI competirán por tres formas de capital:

1. Capital físico: infraestructura, agua, energía, vivienda, movilidad y conectividad.

2. Capital institucional: confianza ciudadana, finanzas públicas sanas, Estado de derecho, coordinación entre órdenes de gobierno y capacidad administrativa.

3. Capital cognitivo: educación, universidades, talento, inteligencia artificial, innovación y capacidad para aprender.

Las ciudades que logren fortalecer simultáneamente estos tres capitales serán las que prosperen. Las que fortalezcan sólo uno de ellos quedarán rezagadas.

Por eso me preocupa que las campañas de 2027 vuelvan a concentrarse exclusivamente en promesas de corto plazo. Necesitamos discutir cómo construir gobiernos capaces de anticipar riesgos, coordinar actores, aprovechar la inteligencia artificial, fortalecer sus finanzas, atraer talento, administrar el agua, proteger infraestructura crítica y aprender continuamente.

Durante décadas elegimos alcaldes para administrar ciudades. En 2027 elegiremos líderes que deberán gobernar la intersección entre los grandes cambios del mundo y la vida cotidiana de millones de mexicanos.

El cambio climático, la inteligencia artificial, las migraciones, las guerras comerciales, las crisis sanitarias, la transformación tecnológica y la delincuencia organizada no pedirán permiso para entrar a nuestros municipios. Llegarán de cualquier forma.

La única pregunta es si nuestros gobiernos locales estarán preparados para absorber esos impactos, aprender de ellos y convertirlos en oportunidades de desarrollo. Porque, al final, la fortaleza de un país ya no se medirá únicamente por las decisiones que tome su gobierno nacional. Se medirá, cada vez más por la capacidad de aprendizaje de sus ciudades y municipios. Ahí, en esa primera línea de defensa frente a la incertidumbre global, comenzará a decidirse el futuro de México.

Uno de los mayores errores de cualquier democracia es confundir popularidad con capacidad de gobierno. Las encuestas miden reconocimiento; las redes sociales premian visibilidad; las campañas ponen a prueba el carisma. Pero ninguna de ellas mide el buen juicio. Y precisamente el buen juicio será el recurso más escaso para los gobernadores y alcaldes que asumirán sus cargos en 2027. 

Los nuevos servidores públicos tendrán que tomar decisiones bajo incertidumbre, enfrentar crisis simultáneas, coordinar actores con intereses opuestos y actuar con rapidez cuando no exista una respuesta evidente. 

La pregunta decisiva para los partidos políticos no debería ser quién puede ganar una elección, sino quién posee el criterio, el carácter y la capacidad de aprendizaje para gobernar en un mundo mucho más complejo que el de hace apenas una década. 

La historia demuestra que las democracias no fracasan por elegir candidatos poco populares, sino por elegir gobernantes que nunca estuvieron preparados para ejercer el poder.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-primera-linea-de-defensa-lo-que-estara-en-juego-en-las-elecciones-de-2027/