Ejercicio de unidad

Javier Treviño Cantú

Celebración del 185 Aniversario de la

Primera Constitución de Nuevo León

5 de marzo de 2010

Es un honor para mí acudir en representación del Gobernador Constitucional de Nuevo León, Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, a esta ceremonia para conmemorar el 185 Aniversario de la promulgación de la primera Constitución de Nuevo León.

El día de hoy celebramos un acontecimiento de importancia fundamental en la historia de nuestro Estado.

La promulgación de nuestra primera Carta Magna en 1825 —en concordancia con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos adoptada un año antes— significó el ingreso formal de Nuevo León a la vida independiente del país.

Con este hecho histórico, quedó claro que Nuevo León asumía un compromiso inquebrantable: basar nuestro desarrollo institucional en el marco del pacto federal, y nuestro avance como sociedad en la observancia de la ley y el respeto a la cultura de la legalidad.

La Constitución de 1825 marcó la fundación de Nuevo León como Estado libre y soberano.

Hoy, debemos reafirmar esta misma condición de libertad y soberanía en un ejercicio de unidad más allá de ideologías y posiciones.

A nadie escapa que hay una lucha que estamos enfrentando en el Estado y en todo el país, y que lo más probable es que se recrudezca.

Los recientes hechos en los municipios del norte y noreste de nuestra entidad, y en municipios del área metropolitana de Monterrey, son una muestra de ello y un ataque directo a las instituciones en respuesta a la efectividad del frente que el Estado y la Federación estamos haciendo al crimen organizado.

Sin embargo, la única forma de superar con éxito este reto y amenaza a nuestra libertad y soberanía, es bajo el binomio sociedad-gobierno, y a eso he venido, a convocarlos, a ustedes y a todo el pueblo de Nuevo León representado en este Honorable Congreso.

A nombre del Gobierno del Estado, convoco a todos los nuevoleoneses a que hagamos un frente común para recuperar la tranquilidad y rescatar a nuestro Estado de la violencia, las adicciones, la delincuencia y el debilitamiento de tejido social.

La tarea nos incumbe a todos: a políticos y ciudadanos, a empresarios y trabajadores, a los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

En este frente de unidad y colaboración tenemos que trabajar en cuatro pilares fundamentales que incluyen tareas de corto, mediano y largo plazos para atender tanto lo urgente como lo importante:

(1) Número uno.- La reestructuración de los mandos, con un liderazgo (nuevo y) fortalecido.

Dentro de las tareas de este pilar tenemos que impulsar la integración de un mando único para contar con las facultades, presupuestos, agilidad y dinamismo necesarios.

(2) Número dos.- Continuar con la reestructuración, dignificación y profesionalización de las fuerzas policiacas e incrementar su capacidad.

Para ello reforzaremos las acciones de inteligencia, operación y focalización de fuerza. Y buscaremos establecer, junto con los municipios, la Policía de Proximidad como cuerpos especializados en protocolos de información, vinculación y atención al ciudadano.

Al mismo tiempo, la depuración a todos niveles, es ingrediente fundamental en esta lucha.

Los servidores públicos que estén involucrados en ilícitos que atenten contra la integridad de las personas, serán considerados como traidores a la sociedad y a las instituciones, por lo que deberán recibir los castigos más severos contemplados en la ley.

(3) Número tres.- La reforma al Sistema de Seguridad Pública y de Justicia Penal.

En este punto, quiero hacer un reconocimiento especial al Honorable Congreso del Estado, por haber aprobado las reformas para clasificar el robo como delito grave y otra en materia de secuestros.

Sin duda, estas reformas son muestra de los avances que podemos lograr trabajando en unidad.

(4) Y número cuatro.- La articulación de los recursos y esfuerzos de los tres niveles de gobierno, empresarios, universidades, organismos sociales, grupos religiosos y ciudadanos en general para fomentar la participación ciudadana y promover la cohesión social.

Tenemos que trabajar juntos para rescatar los espacios públicos perdidos, promover la legalidad y una cultura ciudadana, fomentar la denuncia ciudadana, organizarnos para combatir las adicciones e instrumentar programas de desarrollo comunitario, que den un nuevo horizonte de esperanza a nuestros jóvenes y a todas las familias de Nuevo León.

La Constitución que hoy festejamos nos mostró los beneficios de la pluralidad y de la unidad. Hoy, en la pluralidad, hacemos un llamado a esa unidad que nos fortalece ante la adversidad.

Agradezco a todos los legisladores, funcionarios e invitados aquí presentes, por acudir este día a celebrar los primeros 185 años de vida de nuestra Carta Magna.

Muchas gracias.

Constitución y visión de futuro

Javier Treviño Cantú

Ceremonia de Conmemoración del Aniversario de la Constitución

5 de febrero de 2010

Esta conmemoración tiene un significado especial, por ser el año en que festejamos el Bicentenario de nuestra Independencia, y el Centenario de la Revolución Mexicana.

Ambas Constituciones Políticas —tanto la de 1857 como la de 1917— constituyen los ordenamientos jurídicos que surgieron de procesos que iniciaron con esos dos movimientos sociales.

Como tales, representan los ideales originales de libertad y justicia que los impulsaron, así como las bases sobre las que se construiría el Estado de Derecho, al adoptar como forma de gobierno una República representativa, democrática, y federal.

De esa manera, este Aniversario nos ofrece la oportunidad de celebrar las Constituciones de 1857 y de 1917, como la expresión instrumental de la visión de futuro para nuestro País, que en su momento definieron los respectivos Congresos Constituyentes.

Vigencia del compromiso con el Estado de Derecho

Hoy, conmemorar estas dos Constituciones Políticas significa —ante todo— refrendar el compromiso que debemos tener todos los mexicanos con la consolidación plena del Estado de Derecho.

Significa traducir esta celebración en un compromiso renovado con la cultura de la legalidad por parte de todos —autoridades y ciudadanos por igual.

Nuestro Estado, y nuestro País, enfrentan grandes retos, pero el de mayor trascendencia para superar todos los demás, sin duda es el de arraigar una cultura ciudadana de respeto y observancia de la ley.

Cohesión social y unidad

Conmemorarlas en este año, también significa asumir los preceptos que nos unen en lo fundamental.

En un mundo globalizado, las garantías y los deberes plasmados en la Constitución Política que rige nuestro sistema jurídico, son la esencia de lo que nos identifica a todos los mexicanos.

Por encima de las legítimas diferencias de opinión que puedan existir entre nosotros, nuestro apego a los mandatos de la Constitución, representan el reconocimiento de que coincidimos en lo fundamental.

Proyecto histórico compartido

Igualmente, celebrar estos Aniversarios, implica valorar nuestra pertenencia a un proyecto histórico compartido.

Desde la Constitución de 1857, pasando por las Leyes de Reforma, hasta la Constitución de 1917 y las modificaciones que desde entonces se le han hecho, hemos logrado convertirnos en un país de instituciones.

Como toda obra humana, son perfectibles, pero hoy nos permiten buscar —en forma precisamente institucional— la manera de mejorarlas...

... para contar con una democracia más eficaz; con una economía más competitiva; y con la capacidad de superar nuestros rezagos de pobreza y marginación, mediante un desarrollo social incluyente.

Proceso en construcción constante

Impulsar entre todos ese proyecto nacional delineado en la Constitución, es por su propia naturaleza un proceso en constante construcción.

Estamos inmersos en un escenario caracterizado por el cambio a todos niveles, que muchas veces acelera el desfase lógico que se da entre la realidad cotidiana, y los marcos legales vigentes.

Señoras y Señores:

A nombre del Gobierno del Estado, nuevamente les agradezco su presencia en este evento, para conmemorar el 153 Aniversario de la Constitución de 1857, y el 93 Aniversario de la Constitución de 1917, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.

Los invito a todos a seguir trabajando unidos por Nuevo León, y por México.

El poder de la política

Javier Treviño Cantú
Publicado en la revista Conocimiento
Enero de 2009

La era de la transformación

Reflexionar acerca de conceptos como el poder y la política representa un ejercicio que, si bien implica referirse a términos conocidos y hasta cierto punto “familiares” que en diversos sentidos no han cambiado a lo largo de la historia, también nos lleva a reconocer la notable transformación que su significado está adquiriendo en la actualidad.

En este contexto, el concepto del poder político en el mundo “occidental” ha formado parte de una larga tradición del pensamiento moderno, que sobre todo se basaba en la acción de gobierno como una relación formal y legítima de mandato-obediencia entre gobernantes y gobernados, a través del poder concedido por la libre voluntad de los ciudadanos. Esta concesión del poder ciudadano al gobierno elegido democráticamente, se debía a la necesidad primordial de construir y mantener un orden que, ante todo, evitara el conflicto para garantizar una paz duradera.

La existencia de estas condiciones básicas eran referentes indispensables para la gobernabilidad de una nación. Por lo tanto, la gobernabilidad hace alusión a las capacidades requeridas a los gobiernos (ya sean éstas jurídicas, fiscales, administrativas, de diseño de políticas o de autoridad política) para dirigir a sus respectivas sociedades.

En la actualidad, los conceptos que sustentan la base de la doctrina del poder del Estado moderno están transformándose para adecuarse a los nuevos tiempos, caracterizados por la velocidad y la constancia del cambio como factor estructural de la acción de gobierno.

La “fragmegración” del poder

El reconocido politólogo estadounidense James N. Rosenau acuñó hace algún tiempo el concepto de la “fragmegración”, para tratar de sintetizar una de las paradojas de las tendencias asociadas a la globalización. En síntesis, se refería a los procesos simultáneos que estaban propiciando una fragmentación de los espacios de decisión política a escala global y, a la vez, una concentración de los efectos de dichos fenómenos a nivel local. Eventualmente, este análisis contribuiría al desarrollo de la idea de lo “glocal” como referente fundamental de la nueva realidad que se vive.

Este mismo concepto resulta útil para reflexionar sobre algunos de los cambios observados respecto a la noción de lo que constituyen el poder y la política. En el caso del primer concepto, por ejemplo, lo que se ha registrado es una tendencia a la fragmentación del poder que anteriormente detentaban en forma cuasi exclusiva los Estados en el escenario internacional, y los gobiernos centrales en los países, junto a una revalorización de los distintos tipos de poder que debe contemplar e integrar un Estado determinado para promover sus intereses o alcanzar un fin específico.

En el turbulento paso del siglo XX al XXI, desde hace aproximadamente dos décadas la globalización ha traído consigo un nuevo paradigma no sólo conceptual, sino principalmente operativo, que está llevando a la redefinición de nuevas reglas de convivencia política, económica, social y cultural para todos. A su vez, el poder se ha fragmentado ante el surgimiento de nuevos actores, formales e informales, con capacidad de ejercer influencia significativa sobre otros grupos políticos, económicos, sociales y culturales.

Por una parte, el poder geopolítico está pasando por un desplazamiento relativo de “occidente a oriente”, de los países más desarrollados hacia las llamadas “potencias emergentes”, por el crecimiento económico acelerado que han registrado en los últimos años países como China o la India, así como aquellas otras naciones en desarrollo que hoy se concentran en el “Grupo de los 20”, incluyendo a México.

A pesar de que se considera que Estados Unidos sigue siendo la única “superpotencia” mundial por su predominio militar, y que la Unión Europea constituye un caso particular por su dimensión “supranacional”, los nuevos equilibrios de poder económico y financiero a escala global han conducido a que los países agrupados en la cuenca oriental del Pacífico ganen mayor poder, frente a los que se ubican tradicionalmente en el occidental Atlántico.

Por otra parte, si bien los Estados siguen siendo los actores predominantes del sistema internacional, es un hecho que su poderío también ha dejado de ser exclusivo frente a un amplio número de actores no-gubernamentales con una evidente capacidad de influencia. Sin afán de hacer un listado exhaustivo, cabría mencionar entre ellos a las grandes empresas de alcance global; los medios de comunicación con una cobertura igualmente global; individuos “superempoderados”, ya sea por sus capacidades financieras, como Bill Gates de Microsoft, o por su condición de “celebridades con conciencia social”, como el cantante Bono, cuyos respectivos esfuerzos, por ejemplo, han contribuido a replantear toda la agenda de cooperación internacional hacia África; y organizaciones sociales dedicadas a la promoción o defensa de temas específicos, como los derechos humanos en el caso de Amnistía Internacional, o Greenpeace en el de la protección del medio ambiente.

Desafortunadamente, a este listado es necesario añadir el de otros actores no-legítimos, pero con un indisputable poder “fáctico”, como sería el caso —entre otros— de las organizaciones terroristas y criminales transnacionales.

A la vez que ello ocurre en el escenario mundial, el poder que anteriormente detentaban a nivel nacional en forma casi exclusiva los gobiernos centrales, ahora es “compartido” por otros actores, tanto legítimos como fácticos. Así, en el caso de nuestro país, por ejemplo, durante los últimos 20 años el poder prácticamente omnímodo que alguna vez detentó la Presidencia de la República se ha “atomizado”.

En la actualidad, el Gobierno Federal comparte y, por lo tanto, debe establecer nuevos equilibrios de poder con las dos cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, así como con un creciente número de instituciones autónomas, como sería el caso del Banco de México o el Instituto Federal Electoral. Lo hace igualmente con todos los gobiernos de los Estados y, también, de algunos Municipios que, por su dimensión territorial o demográfica, detentan un peso específico significativo y —por supuesto— los partidos políticos.

En ciertos ámbitos, su poder de decisión incluso debe considerar la influencia de actores externos, señaladamente el de países como los Estados Unidos, por los estrechos vínculos existentes en materia económica y comercial, social y, en forma cada vez más notable, de seguridad regional; o el de los múltiples organismos multilaterales al que pertenece, así como el de las instancias jurídicas internacionales a los que se ha sometido por voluntad soberana, como sería el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la vez, también debe competir con las versiones equivalentes a nivel nacional de los mismos actores legítimos que hoy conforman el sistema mundial —empresas, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanía empoderada por las tecnologías de la información y comunicación instantánea—, al igual que los poderes fácticos, en especial las organizaciones del crimen organizado, dispuestas a retar la soberanía y el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado.

En lo que respecta a los tipos de poder, en este mismo tiempo la noción ha dejado de enfocarse únicamente en sus aspectos “duros”, para dar paso a la concepción de un “poder suave” y, en especial, de un “poder inteligente” que idealmente permitiría ambas cualidades.

Históricamente, el poder nacional se ha relacionado con factores “duros”, como sería la dimensión demográfica de un Estado, su extensión territorial y/o ubicación geopolítica, el tamaño o eficiencia de su economía y capacidad comercial, su disponibilidad o acceso a recursos naturales estratégicos y, sobre todo, su fuerza militar. Estos elementos siguen determinando en buena medida el poder en la actualidad. Sin embargo, la globalización también ha hecho que cobren mayor importancia otros aspectos, considerados como “suaves” por estar vinculados al aspecto cultural de una sociedad.

En este sentido, destacados autores han insistido en que la diferencia radicaría no en la capacidad con que cuente un Estado determinado para imponer sus intereses o lograr sus objetivos mediante el uso directo de la fuerza o acciones coercitivas de otra naturaleza, sino de hacerlo a través del convencimiento generado por el aprecio y respeto de otros actores debido a cuestiones como la calidad de sus instituciones, la legitimidad de sus acciones respecto a la consistencia de sus valores, o la capacidad de proyectar la vitalidad de su cultura a través de una vigorosa diplomacia pública. En suma, a su “poder suave”.

Ahora, desde los círculos académicos y los gobiernos de algunos países, también se plantea que la suma o la aplicación de estas dos capacidades en forma integral, derivaría en un “poder inteligente”.

Descentralización política y administrativa

Desde finales del siglo XX, el Estado moderno, tal y como se constituyó en los últimos tres siglos, inició un proceso de cambio que le permitiera adecuarse a las nuevas condiciones y recuperar los espacios cedidos y el poder perdido frente a otros actores; en otras palabras, la gobernabilidad. Ante las crisis económica y fiscal de la décadas de los ochenta y los noventa, a la que se enfrentaron varias economías en el mundo, incluyendo a México y otras de América Latina, comenzó a discutirse la necesidad de impulsar una reforma del Estado.

Si bien la discusión se centraba en la legitimidad de los gobiernos; ahora también importaba, y quizá aún en mayor grado, su capacidad para gobernar o su eficacia directiva para administrar de manera eficiente el bien común y garantizar servicios públicos de calidad.

La descentralización política y administrativa fue la respuesta que muchos países adoptaron como punto de partida de sus respectivas reforma del Estado. Los tipos y grados de descentralización, o desconcentración, han variado ante la multiplicidad de casos que se han registrado en el mundo. No obstante, debido a que en un inicio la discusión fue impulsada y dirigida particularmente por organismos financieros internacionales —como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE—, esta primera generación de cambios estuvo marcada por un carácter homogéneo de los mismos, ya fueran éstos adoptados por países desarrollados o en desarrollo, en el marco del llamado Consenso de Washington, el cual propugnaba por otorgar prioridad a la dimensión financiera de la crisis del Estado, sobre todo a la apertura comercial y el ajuste fiscal, a través de la simplificación administrativa y la reducción del aparato gubernamental.

A fines de los años noventa, la experiencia de algunos países dio cuenta de que más que un Estado disminuido, se requería de un Estado reconstituido con base en sus propias capacidades y posibilidades. Por lo tanto, la segunda generación de reformas adquirió un carácter heterogéneo que, al menos en una buena parte de los países de América Latina, se concentró en tres puntos específicos: la consolidación de la democracia, el crecimiento económico, y la reducción de la desigualdad social, quedando claro que el desarrollo institucional era la base sobre la que habría que edificar el desarrollo económico de los países latinoamericanos.

Para lo anterior, se proponía la reforma del aparato administrativo hacia nuevas formas de gestión pública, partiendo del reconocimiento de la gran brecha que existe entre los políticos y los administradores; entre los diseñadores de la política pública y aquellos responsables de ponerla en práctica; es decir, entre la formulación de políticas y la implementación de las mismas. La falta de comunicación y de coordinación entre estos dos nodos de poder gubernamental ocasionaba ineficacia, ineficiencia y servicios públicos de mala calidad, con el consecuente descontento de los ciudadanos.

La descentralización fue entonces vista como la opción más viable para poder zanjar esta brecha entre políticos y operadores, redimensionar el aparato gubernamental, reducir costos, delegar responsabilidades hacia unidades de gestión más pequeñas (ya sea estatal, municipal y/o local), a partir del reconocimiento de que entre más cerca se esté del conflicto que se quiere resolver, mejor se conocerán sus posibles soluciones. Ello ha llevado a la consideración del empoderamiento y responsabilización de la ciudadanía como forma de solución de los problemas públicos.

Desde esta óptica, la acción del gobierno está buscando tener mayor claridad acerca de aquellos criterios relevantes que le permitan juzgar su eficacia, su eficiencia y la calidad de los servicios que ofrece a través de la consideración de los siguientes elementos: 1) qué se hace; 2) quién lo hace; 3) cómo lo hace, 4) con cuántos recursos lo hace y, lo más importante, 5) para quién lo hace. Este proceso de planeación y evaluación ha dejado claro que los funcionarios públicos se encuentran frente a relaciones inter e intragubernamentales cada vez más complejas, producto de la convivencia simultánea de procesos de descentralización, regionalización y globalización.

Gobernabilidad corresponsable y gobernanza

Ello ha traído consigo la natural dispersión en la toma de decisiones, que sólo habrá de encontrar solución a través de la coordinación horizontal y/o vertical de políticas en el gobierno, de marcos legales claros y acotados, de la transparencia en la acción del gobierno y de la rendición de cuentas claras a la sociedad. Pero, más importante aún, de una nueva concepción del poder a través de la concesión del mismo a la ciudadanía por medio de su participación en los asuntos públicos, tanto desde el punto de vista financiero, como de gestión, e inclusive del diseño y formulación de las políticas públicas. Por lo tanto, las nuevas formas de acción del gobierno que aluden a sus nuevas capacidades, y en específico al proceso de gobernar, deben incorporar la gobernabilidad y la gobernanza, a través de la participación responsable de la ciudadanía en la solución de los asuntos públicos. Con ello, la antigua consideración del poder político como garante de una gobernabilidad orientada a lograr una paz absoluta y un orden estricto, parece haber quedado rebasada.

Justamente aquí es donde reside el nuevo poder de la política: en construir los canales y los mecanismos institucionales y legales que promuevan, bajo este enfoque de gobernanza, nuevas formas de gestión de los asuntos públicos con base en la participación ciudadana, y la de los nuevos y múltiples actores que se entrelazan en un mundo regido por el cambio constante y la convivencia con el conflicto constructivo y promotor de mejoras continuas. En este sentido, más que frente a la fragmentación del poder, estaríamos ante un nuevo escenario determinado por el poder compartido, entendido como sinónimo de corresponsabilidad política y ciudadana.

Políticas públicas y vinculación ciudadana

Javier Treviño Cantú
Reunión con el consejo de Vertebra
28 de enero de 2010

Me da un gusto muy especial tener la oportunidad de asistir a esta reunión de Vertebra. Ante todo, hoy estoy aquí, para reafirmar el compromiso del Gobierno de Nuevo León, de fortalecer los canales de vinculación institucional con todas las organizaciones ciudadanas dedicadas a trabajar constructivamente para impulsar juntos el pleno desarrollo de nuestro Estado.

Tenemos claro que, para avanzar con la eficacia que se necesita, necesitamos trabajar unidos, junto con toda la sociedad, incluyendo por supuesto a organizaciones civiles como Vertebra.

Esta convicción se basa en el reconocimiento de los trascendentes cambios que hemos vivido en los últimos años.

Durante las últimas dos décadas se han generado profundas y aceleradas transformaciones, prácticamente en todos los ámbitos de la actividad humana.

Sin embargo, también debemos reconocer que, en muchos sentidos, la velocidad de estos cambios, ha sido notablemente mayor a la capacidad de comprensión, reacción y adaptación de los gobiernos democráticos tradicionales, que anteriormente se caracterizaban por centralizar el poder.

En México, desde los años ochenta, la crisis económica y fiscal, así como la exigencia social para fortalecer una democracia efectiva, fueron algunos de los detonadores que impulsaron un proceso de reforma del Estado que —como lo hemos visto estos días en las discusiones sobre la reforma política que se están llevando a cabo en el Congreso de la Unión— sigue vigente hasta la fecha.

Si bien esta gran Reforma del Estado todavía está inconclusa, también es un hecho que dio origen a cambios relevantes y positivos, como son la descentralización política y administrativa del país, y la democracia representativa.

Sin embargo, ahora tenemos que pasar a una nueva etapa.

Tenemos que construir una nueva etapa de desarrollo político y social, caracterizado sobre todo por la participación coordinada de todos nosotros.

No existe una práctica anterior que preceda esta nueva forma de hacer gobierno y de hacer política, por lo que tenemos que ir construyéndola juntos.

En este proceso, el objetivo que debemos plantearnos, es transformar la democracia representativa en una democracia participativa con un nuevo esquema que surja “de abajo hacia arriba y que enriquezca la descentralización política y administrativa.

A pesar de que en el pasado han existido numerosas iniciativas de participación ciudadana, por lo general éstas han respondido a demandas específicas. Por ello, cuando se resuelven o pierden visibilidad, las organizaciones desaparecen, o por lo menos disminuye su entusiasmo para seguir impulsándolas.

En este sentido, muy pocas se han institucionalizado, debido a que los procesos administrativos y los de toma de decisión han mantenido esquemas tradicionales, donde estas iniciativas no han encontrado acomodo.

Por lo tanto, los riesgos de una dispersión de esfuerzos en torno al bienestar social, pueden debilitar su impacto.

Por eso, lo que estamos haciendo en el Gobierno de Nuevo León, es tratar de generar una nueva forma de gestión pública, basada en la integración, la transversalidad y la corresponsabilidad.

Por un lado, estamos trabajando para que la definición sectorial de las políticas públicas, junto con la gestión segmentada y especializada de acciones, empiecen a reorientarse hacia procesos basados en una formulación integral y una gestión horizontal de las políticas públicas.

Específicamente estamos impulsando cambios para que, en lugar de la rigidez que caracterizaba a las políticas tradicionales, vayan ganado peso los planes transversales, definidos a partir de criterios territoriales (como serían barrios rezagados), temáticos (por ejemplo, exclusión social o zonas con alto grado delictivo), por rangos de edad (pequeña infancia, personas mayores, etc.) o de grupos poblacionales (personas discapacitadas, familias con un sólo padre o madre, etc.).

Con esto, el Gobierno de Nuevo León reconoce la brecha que ha existido en los últimos años, entre la retórica del discurso político, y la realidad de la participación ciudadana.

Por ello, quiero asegurarles que estamos trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales que apoyen, vinculen y refuercen la participación ciudadana.

No obstante, por definición, esta tarea no puede ser completada, ni tener un carácter integral, o funcional, si no se hace en estrecha coordinación con la propia ciudadanía; con organizaciones no gubernamentales como Vertebra, y muchas otras asociaciones civiles; fundaciones del sector privado; e inclusive instituciones internacionales.

Así, la intención de este Gobierno, es convertirse en un eje articulador de la acción pública que:

1. Genere un ambiente propicio para el diálogo, y la generación de acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía que, a su vez, garanticen mayor responsabilidad de todos los actores que participan en el diseño y la implementación de las políticas públicas.

2. Aplique mecanismos objetivos de evaluación, para realizar con oportunidad los ajustes que sean necesarios.

3. Promueva la construcción de redes de política pública local para garantizar la corresponsabilidad.

4. Gestione los arreglos institucionales y jurídicos, para que los acuerdos alcanzados cuenten con un marco de certidumbre, confianza y continuidad.

5. Profesionalice cuadros de servidores públicos con capacidad para dar seguimiento a las políticas públicas que se definan con base en los acuerdos.

Estamos ante un proceso de aprendizaje gobierno-ciudadanía de gestión corresponsable de las políticas públicas, en el que es necesario el reconocimiento, la aceptación y la integración de la complejidad como un elemento intrínseco al proceso político, al igual que la incorporación de nuevos roles y nuevos actores a la actividad política local.

Por ello, estamos convencidos que la participación social sólo podrá avanzar en la medida en que los distintos actores se muestren dispuestos y capacitados a adoptar los nuevos roles que este nuevo escenario exige.

No estamos sólo frente a un cambio meramente organizativo, instrumental, o formal; sino que estamos ante un cambio de carácter ético y cultural, que nos atañe a todos, y que habrá de dar frutos sólo a través de la participación activa y responsable de todos nosotros.

Para ilustrar este trabajo al que he hecho mención de generar una nueva forma de gestión pública, basada en la integración, la transversalidad y la corresponsabilidad, quisiera tomar como ejemplo un reto que nos preocupa, y nos debe ocupar a todos, y que es el problema de la inseguridad.

El problema de la inseguridad es un problema complejo e integral, que por lo tanto requiere una solución igualmente integral.

A diferencia del modelo tradicional que intenta atender el problema solamente bajo un esquema de fuerza pública, el enfoque que estamos planteando en Nuevo León toma como elemento central reconstruir la confianza y la cohesión social.

En este plan, además de las acciones que se requieren de reestructuración e integración de mandos, de reestructuración, dignificación y profesionalización de la fuerza pública, y de reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal, incorporamos un elemento que es fundamental y que plantea un área en particular en donde organizaciones como Vertebra y el Gobierno no solamente podemos, sino que debemos trabajar juntos.

Este elemento es el de la participación ciudadana.

Mensaje para recién graduados (nuevos abogados de la UANL)

Sentido de responsabilidad

Con el conocimiento que han obtenido, y el privilegio que significa graduarse de esta prestigiada Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también adquieren una gran responsabilidad.

Quizá no me invitaron para recordárselos, pero creo que esa es la responsabilidad que a mí me toca asumir con ustedes.

Hoy están de fiesta, y sin duda tienen muchas razones para festejar con sus familias y amigos.

Sin embargo, a partir de mañana, ustedes van a ejercer su profesión en un entorno que les pondrá pruebas más duras que todos los exámenes que hayan pasado durante su carrera.

Todos esperamos mucho de cada uno de ustedes y —estoy seguro— ustedes deben tener grandes planes para el futuro.

Pero también estoy seguro que todos ustedes saben que no será nada fácil.

Ustedes saben que para tener éxito profesional, van a tener que trabajar muy duro.

Que para que su trabajo trascienda en el tiempo, van a tener que apegarse a los principios y a los valores que les inculcaron sus padres, y los mejores maestros que hayan tenido en estas aulas.

Y saben que, para contribuir al avance de sus comunidades, de Nuevo León y de México, van a tener que mantenerse fieles a los ideales originales que los llevaron a querer ser... Abogados de la Universidad Autónoma de Nuevo León... así... con mayúsculas.

Retos

Por supuesto, no les digo nada nuevo al señalar que enfrentamos grandes retos.

Nuestro Estado, al igual que nuestro País, e incluso el mundo entero, están ante algunos de los desafíos más complejos de la historia.

Estamos frente a una realidad cada vez más compleja, con una multiplicidad de actores que han ganado gran capacidad de influencia, en un escenario donde todo parece suceder al mismo tiempo.

Tan sólo pensemos en lo que ha pasado este año.

A pesar del esfuerzo realizado por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, la situación de inseguridad que se vive en toda la República aún no logra resolverse.

Incluso, se puede decir que, por los propios avances en el combate a la delincuencia organizada, se ha recrudecido la violencia... como lo hemos visto aquí... o hace un par de días en Cuernavaca... o en Morelia.. o en muchas otra partes de la República.

A la vez, el impacto de la crisis financiera y económica global nos pegó de lleno... en gran parte por la falta de capacidad para realizar las reformas estructurales de fondo que por tanto tiempo se han discutido y analizado... pero no concretado.

Por si faltara algo, México se convirtió en el epicentro de la pandemia por el nuevo virus A-H1N1, lo cual tuvo un costo enorme para nuestra economía... nuestra industria turística... y hasta para nuestras maltrechas relaciones diplomáticas con muchos países.

Todo ello impactó los avances logrados en años anteriores para abatir rezagos como el de la pobreza... poniendo en riesgo a buena parte de la población que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Y, además, experimentamos como nunca los efectos del cambio climático... primero con una larga sequía... y luego con lluvias torrenciales que dejaron a decenas de miles de mexicanos sin casa ni trabajo en estados como Tabasco, Veracruz, o el Estado de México.

No quiero ser pesimista ni “aguarles la fiesta”.

Lo único que quiero, es resaltar que estamos inmersos en un mundo muy complejo... donde todo ocurre de manera simultánea... y donde —por lo mismo— todos tenemos que estar preparados para atender múltiples tareas al mismo tiempo... porque, sin duda, ustedes van a saber muy pronto lo que eso significa.

Ejes de gobierno

Para navegar por este entorno tan complejo... e imprevisible... es fundamental contar con puntos de referencia claros.

Es necesario tener prioridades bien definidas, y ejes precisos para articular nuestras acciones... ya sea a nivel personal, como profesionistas o servidores públicos.... o ya sea a nivel institucional... en un bufete de abogados, en una empresa o en una dependencia de gobierno.

En el caso del Gobierno del Estado, el Gobernador Rodrigo Medina definió tres ejes para superar los retos que enfrentamos actualmente... y poder ofrecerle así una mejor calidad de vida a toda la gente de Nuevo León.

El primer eje tiene que ver con el logro de una seguridad integral... que significa no sólo recuperar la seguridad pública... sino también fortalecer la seguridad patrimonial y la seguridad jurídica... para contar con las condiciones básicas que permitan una convivencia pacífica y armónica.

El segundo eje, tiene que ver con la creación de riqueza y la generación de empleo... al reforzar el papel del Gobierno como un facilitador para las actividades productivas... y el desarrollo de todo lo que se necesita para atraer más inversión.

Me refiero, por ejemplo, al trabajo de vinculación que estamos haciendo con instituciones académicas como la misma Universidad Autónoma de Nuevo León... para que los programas de estudio respondan a los perfiles de los egresados que están demandando las compañías o las administraciones públicas... o a la “triple hélice” que estamos impulsando junto con las universidades y las empresas... para promover los clusters industriales o los parques tecnológicos.

Y, el tercer eje, tiene que ver con una inversión social mucho más eficaz e incluyente... para darle a la gente, que por razones históricas se ha visto marginada del progreso, las condiciones y las herramientas que se necesitan para incorporarse al desarrollo del Estado.

Una inversión mejor focalizada en salud, en educación, en acceso a tecnologías de la información, en recuperación de espacios de convivencia comunitaria, en deporte y en cultura accesibles... para propiciar una mayor inclusión y cohesión social.

En una palabra, para fortalecer nuestro sentido de comunidad... de pertenencia a un Estado del que todos estamos tan orgullosos... y trabajar de esta forma unidos para lograr un progreso compartido por todos.

Desfase entre realidad de jure y de facto

No acepté su invitación para “aventarme” un comercial de lo que estamos haciendo en el Gobierno del Estado.

Lo señalo, porque en la base de los retos que buscamos superar al desarrollar políticas públicas articuladas en torno a estos tres ejes, hay un desafío aún más profundo.

Es un reto donde ustedes... como licenciados en derecho... van a tener un papel central que jugar.

Es el reto que nos plantea el desfase constante entre la realidad de jure... y la realidad de facto.

En muchos sentidos, este desfase está en la raíz, y es lo que explica el problema de inseguridad que estamos enfrentando.

Es la causa primordial de la crisis financiera global.

Es la razón de que no hayamos podido abatir el rezago de la pobreza o la brecha de la desigualdad.

Y, como lo vimos estos días en la Cumbre de Copenhague, es una de las causas que impiden actuar con mayor decisión para mitigar los efectos del cambio climático.

Sobre todo, es lo que está en el fondo del reto que enfrentamos en México para consolidar una verdadera cultura de la legalidad.

Un apego cotidiano a la ley... un auténtico Estado de Derecho... que nos permita consolidarnos como un país de Instituciones sólidas.

Como un país con ciudadanos en toda la extensión de la palabra... capaces de ejercer plenamente todos sus derechos... porque cumplen cabalmente todas sus obligaciones.

El desafío más grande que tenemos hoy en día, es comprometernos, en lo personal y en lo colectivo, con el respeto a la ley.

Así de sencillo... y así de difícil.

Pero, al mismo tiempo también tenemos un doble reto a nivel institucional.

Por una parte, el de mejorar exponencialmente nuestra capacidad de dotarnos de mejores leyes y regulaciones... así como de irlas actualizando constantemente para ajustarlas a la cambiante realidad... pero sin desvirtuar su propósito esencial.

En ese sentido, el trabajo legislativo en México requiere un ajuste estructural muy importante... que permita profesionalizar la composición de las cámaras y, por lo tanto, su trabajo...pero, sobre todo, para hacerlo mucho más expedito.

La lentitud y parsimonia del trabajo legislativo ciertamente tiene una razón de ser... se necesita deliberar con cuidado los cambios a las leyes, para asegurar que el efecto no sea contraproducente... como ocurrió en algunos sentidos con la pasada reforma electoral.

Pero, también, se necesita tener una mayor capacidad de “aterrizar” con rapidez propuestas concretas... de consensuarlas, alcanzar los acuerdos necesarios para asegurar su éxito...o, en su defecto, corregir con velocidad lo que se haya hecho mal... y subsanar los huecos legales que deban atenderse.

Por otra parte, también tenemos que mejorar cualitativamente la capacidad de asegurar la aplicación de las leyes vigentes.

De nada sirve tener leyes de avanzada a nivel mundial, si son letra muerta.

En suma, se necesita contar con reglas más concisas, más prácticas en el sentido literal de la palabra... y con una mayor capacidad de verificar que se cumplan a carta cabal.

De no hacerlo, corremos el riesgo de sufrir grandes retrocesos...

Creo que no exagero.

En las últimas semanas, hemos tenido ejemplos, que nos indican la necesidad imperativa de cerrar la brecha que hoy existe entre nuestra realidad de jure... y la de facto.

La tragedia de la guardería ABC en Sonora — por citar uno de ellos— deben hacernos reflexionar sobre las funciones que tienen que cumplir directamente las autoridades... sobre cuáles pueden ser subrogadas y bajo qué condiciones... y cómo se deben supervisar “con lupa” esas condiciones... para evitar situaciones inadmisibles.

Otro ejemplo, es la proliferación de intentos de linchamiento de presuntos delincuentes, que han ocurrido recientemente en sitios como el Estado de México.

Cuando llegamos al punto de que la única solución para la sociedad es hacerse justicia por propia mano... estamos en una situación de riesgo verdaderamente seria.

La falta de respeto y confianza en las fuerzas del orden, socava los fundamentos esenciales del vínculo entre la ciudadanía y el poder del Estado.

Pero tal vez lo más grave sea la tentación de transgredir, desde la autoridad, el orden legal para resolver algún reto por sensible que éste sea para la sociedad.

Por más comprensible que sea la urgencia de atender un problema, nada justifica que una autoridad contravenga las leyes que está obligada a respetar y hacer respetar.

La historia —y estoy hablando de la historia reciente, no de un pasado remoto— es absolutamente clara.

Siempre que un gobierno ha pretendido extralimitarse o violentar su mandato legal para hacer frente a una situación extraordinaria... el resultado siempre ha sido contraproducente.

Ya sea en España para combatir a ETA... en Colombia para hacer frente al narcoterrorismo de las FARC... o en Estados Unidos para responder a los ataques contra las Torres Gemelas... la historia ha demostrado que el remedio resulta mucho más caro que la enfermedad.

Por ello, hoy, en México debemos rechazar el rompimiento del orden legal como medio para superar nuestros retos... y —por el contrario— hacer una llamado al compromiso con una verdadera cultura de la legalidad.

Sólo así lograremos acabar con otra cultura... lamentablemente más arraigada... la de la corrupción.

Sólo así lograremos transformar nuestra economía... de una que esté caracterizada por la informalidad... a otra donde sea mucho más fácil tener un buen negocio... en regla.

Sólo así podremos acabar con la impunidad... que nutre a la criminalidad y la delincuencia.

Sólo así podremos ponerle un alto a la amenaza que significa el desbordamiento de la violencia.

Solo así, en suma, podremos lograr una mayor seguridad integral... una mayor prosperidad compartida... y una mayor justicia social.

Consejos

Antes de concluir, no pretendo darles ningún consejo... pero quizá vale la pena mencionar algunas cosas que a mí me hubiera gustado escuchar cuando me gradué... y que he ido aprendiendo con el paso de los años.

Primero, que no vayan a desesperarse por no poder aplicar de inmediato todo lo que aprendieron en esta Facultad.

La paciencia es una de las virtudes más subestimadas... pero no por ello de las menos importantes.

Seguramente, muchos de ustedes van a experimentar el dilema que significa llegar con una visión fresca para tratar de hacer las cosas de mejor forma... y enfrentarse a estructuras organizacionales por naturaleza muy reacias al cambio.

Aquí, y en todas partes, la forma de entender el cambio... de valorar el cambio... y de aplicar cambios... es una de las tareas más difíciles que existen... tanto para los gobiernos, como para las empresas o las organizaciones sociales.

Siempre que se gradúa una generación... se dice que se espera de ella que sean “agentes de cambio”... hasta que se topan con la realidad.

Por eso, les pido que no se desanimen... que perseveren... que escojan con cuidado las batallas que inevitablemente deberán pelear... para aplicar todo el conocimiento que ustedes han adquirido... y puedan demostrar que —en efecto— saben hacer las cosas mejor que nadie.

Los cambios incesantes que vivimos en esta era de Internet y comunicaciones instantáneas... también les van a exigir tener disposición para seguir aprendiendo.

En el mundo actual, es absolutamente indispensable mantenerse informados... actualizados... y en sintonía con las principales tendencias y el conocimiento que se va produciendo.

Nunca habíamos tenido acceso a tanta información y conocimiento como ahora... y esto apenas está empezando... pero eso también exige más esfuerzo para estar al día... y mayor criterio para discriminar la información confiable... de la que no lo es.

Igualmente, esta nueva época donde la tecnología facilita los contactos sociales... es fundamental dedicarle tiempo y esfuerzo a mantener redes sociales cada vez más amplias.

No solamente para twittear con los amigos o ver qué hizo alguien en Facebook... sino para establecer redes profesionales... que pueden agregar un valor gigantesco al trabajo de cada quien... y abrir muchas oportunidades... que de otra forma quizá ni siquiera estarían en su “radar”.

También, es muy importante que reconozcan el valor inestimable que tiene mantenerse cerca de nuestra Alma Mater.

Las universidades ya no son aquellos centros donde se depositaba el saber histórico... los alumnos pasaban por ahí unos cuatro años para adquirir los conocimientos y los contactos que pudieran... y luego... cada quien a lo suyo sin volver a poner un pie en la facultad.

Las universidades hoy son centros dinámicos... donde no sólo se transmite, sino que también se genera conocimiento... y se establecen relaciones muy valiosas.

Es importante que se mantengan cerca de su Facultad y de su Universidad... para que ustedes también contribuyan a que ambas sean cada vez mejores.

Porque, en la medida en que cada uno de ustedes contribuya a mejorar la calidad, el prestigio y la influencia de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León... también estarán contribuyendo al fortalecimiento de nuestro Estado... y al engrandecimiento de nuestro País.

Un buen gobierno

Palabras de Javier Treviño Cantú en el Desayuno de la Unidad Revolucionaria
16 de noviembre de 2009

A nombre del Gobernador Rodrigo Medina, quiero hacer un reconocimiento a nuestro Partido. Siempre hemos recibido el respaldo de su dirigencia. Y apreciamos la oportunidad que el PRI nos ha brindado para trabajar por Nuevo León.

Se convierte en tradición algo que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, entrega a la siguiente generación. Pero la vitalidad de una tradición depende de su capacidad para renovarse, de cambiar, para seguir siendo vigente. Por eso, esta mañana, nosotros damos una clara muestra de que tradición, unidad y revolución son tres palabras idénticas.

Siguiendo una tradición de ya casi 30 años, nos reunirnos esta mañana para refrendar un compromiso. Nuestro Partido debe seguir siendo el mejor representante del poder transformador de la política. Y debe seguir siendo la mejor opción de gobierno.

Esa es al mismo tiempo una gran responsabilidad que nos obliga a mantener el paso y redoblar esfuerzos.

Quienes fueron electos por la mayoría de la ciudadanía tienen el compromiso de servir con un proyecto claro de gobierno. La gente ha reconocido con su voto al Partido Revolucionario Institucional porque es una institución política seria, responsable, con experiencia, que sabe cómo se resuelven los problemas y que no pospone las soluciones. Los equipos de gobierno emanados del PRI tenemos una clara visión, un rumbo definido, y ponemos en el centro de nuestros afanes a los ciudadanos.

Quienes tenemos la responsabilidad de una tarea de gobierno sabemos asumir el cumplimiento del mayor compromiso: elevar la calidad de vida de la gente de Nuevo León, de cada municipio, de cada comunidad.

El Gobernador Rodrigo Medina tuvo el orgullo y el privilegio de hacer campaña con muchos de ustedes, de recorrer juntos el Estado, y con gran pasión, cada uno de los 51 municipios, y constatar en los esfuerzos individuales y colectivos ese acercamiento sincero y real con la gente. Fue testigo de un firme compromiso de servir, de las ganas de resolver los problemas de la comunidad a la que representamos.

Logramos que la gente identificara sus necesidades con nuestras propuestas, que se vieran reflejados en ellas, que las hicieran propias.

El Partido es fuerte porque está cerca de la gente. Por eso tiene que cumplirle, con rumbo, con enfoque, con disciplina. Por eso tenemos que entrarle de frente, y actuar con la convicción de que Nuevo León tiene grandes fortalezas. Porque las han edificado con sacrificios nuestros padres y abuelos. Y porque debemos entregarle buenas cuentas a nuestros hijos.

Nuevo León es tierra de líderes; nos gusta estar a la cabeza de los esfuerzos nacionales. Y el partido hoy está al frente de las grandes causas nacionales. Debemos decirlo así de claro: quienes servimos en el gobierno tenemos que darle las gracias al PRI por esta gran oportunidad que nos ha dado, en un momento clave para enfrentar la realidad adversa, para proponer soluciones a las enormes carencias, para ser reales interlocutores de la ciudadanía.

En el equipo de gobierno de Rodrigo Medina estamos muy entusiasmados con esta oportunidad, y muy orgullosos y comprometidos de hacer nuestro máximo esfuerzo de cara a los nuevoleoneses. Trabajaremos todos los días, también, para que nuestro partido se sienta orgulloso de la labor que estemos haciendo en el gobierno, y con la absoluta certeza de que hay que gobernar para todos.

Si bien la militancia es un asunto de convicción e identidad, y la nuestra la llevamos aquí adentro, sabemos y tenemos claro que el trabajo que nos toca realizar va más allá de los colores y las diferencias partidistas.

Debemos llevar el beneficio a toda la gente de Nuevo León, a las mujeres, a los adultos mayores, a la gente del campo, a los niños, a los jóvenes, a los que sufren alguna discapacidad, a los trabajadores y obreros, a los empleados, siempre pensando en que Nuevo León, con el apoyo de todos, puede ser más próspero.

Esta es una premisa de trabajo que guía nuestra tarea en el gobierno: Más que hablar, escuchamos y actuamos en consecuencia. La gente no se equivoca en lo que quiere, sabe sus carencias porque las vive, conoce sus necesidades porque por ellas se desvela, valora sus logros porque son la herencia de su familia. Es a la gente a la que hay que responderle.

El Gobernador Rodrigo Medina ha hecho un llamado a que tengamos un contacto cotidiano con la gente, a que NO nos encerremos en las oficinas, a que salgamos a gobernar a las calles, a las colonias. El Gobernador Rodrigo Medina está encabezando un buen gobierno.
Y un buen gobierno, no es aquél que realiza declaraciones espectaculares para llamar la atención.

Un buen gobierno, no es el que promete cosas que no puede hacer, ni el que genera falsas expectativas.

Un buen gobierno, es el que actúa con prudencia y un claro sentido de la gran responsabilidad que tiene dentro del marco legal.

Un buen gobierno, es el que cumple sus compromisos y da la cara.

En el Gobierno del Estado de Nuevo León, estamos comprometidos a darle buenos resultados a todos los ciudadanos, y no les vamos a fallar.

Amigas y amigos:

Ante la naturaleza y dimensión de los retos que enfrentamos, la unidad revolucionaria toma un sentido renovado, significa trabajar juntos, más que nunca, en favor de los ciudadanos.

Significa esforzarnos sin descanso, en un frente común, para avanzar en los tres ejes que orientan todas las iniciativas de este gobierno: seguridad integral, creación de riqueza, y desarrollo social.

La unidad revolucionaria significa construir un Nuevo León Unido.
Un Nuevo León Unido, en donde la gente viva otra vez en paz y pueda realizar sus actividades con plena tranquilidad, en un marco de respeto a la ley y de fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

Un Nuevo León Unido, en donde el gobierno cumple su responsabilidad en la promoción de mejores condiciones para que, quien quiera emprender un negocio lo pueda hacer; para que quien tenga una empresa –por pequeña o grande que sea– la pueda hacer crecer; para que quien ya esté creciendo, crezca más; y para que quien busca un empleo, lo encuentre.

La unidad revolucionaria que hoy celebramos, significa un Nuevo León Unido para impulsar el desarrollo de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Significa sumar voluntades y compartir el mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses.

Hoy celebramos una gran tradición: la unidad revolucionaria, significa, en pocas palabras, que unidos somos Nuevo León.

Informe del Equipo de Transición

Informe del Equipo de Transición del Gobernador Electo de Nuevo León
22 de septiembre de 2009

Como saben, el pasado 3 de agosto, el gobernador electo de Nuevo León, Rodrigo Medina, designó a los señores Vidal Garza, Otto Granados, Othón Ruiz y su servidor, Javier Treviño, para integrar y coordinar un equipo de transición, al cual recientemente también se incorporó Alfredo Garza de la Garza, con el objetivo de conocer el estado que guarda la actual administración encabezada por el gobernador constitucional del estado, José Natividad González Parás.
El día de ayer, el equipo finalizó satisfactoriamente sus trabajos, y ahora cumple con la instrucción del gobernador electo de presentar un informe público.
Ante todo, queremos agradecer la colaboración de los funcionarios de la administración saliente, quienes pusieron a nuestra disposición toda la información pertinente, y compartieron con nosotros sus valiosas experiencias de estos últimos años, así como sus opiniones sobre las áreas donde existen oportunidades para impulsar el avance de Nuevo León.
Igualmente, queremos hacer un reconocimiento al profesionalismo y la dedicación del secretariado técnico y todas las personas que apoyaron las labores del equipo de transición.
En segundo lugar, es necesario subrayar que la tarea de este equipo ha sido esencialmente de carácter técnico y administrativo, ya que tuvo como propósito recibir en forma ordenada toda la información preparada por el gobierno saliente y, con base en su análisis detallado, ofrecer al gobernador electo elementos para tomar las decisiones que considere convenientes.
Como se señaló desde un principio, éste ha sido fundamentalmente un proceso de información, y sin duda ha resultado muy productivo.
Sin embargo, cabe reiterar que no se trató de un proceso de evaluación de las acciones del gobierno saliente, una tarea que por naturaleza le corresponde al conjunto de la sociedad; ni de un ejercicio de lo que se conoce como “entrega-recepción”, que es el acto jurídico mediante el cual los nuevos funcionarios asumen la titularidad de las diversas dependencias públicas pertenecientes al Poder Ejecutivo estatal.
En este entendido, el análisis sistemático de las distintas políticas públicas ejecutadas durante los últimos seis años, constituye por sí mismo un ejercicio muy útil, que nos ha permitido conocer a detalle la naturaleza, la estructura, las características, los programas y los resultados de cada una de las dependencias y entidades que forman la administración pública estatal, así como el panorama general de Nuevo León.
La metodología que estableció el equipo de transición para realizar este ejercicio constó de cuatro fases.
La primera incluyó la realización de una serie de reuniones temáticas generales, por cada uno de los gabinetes funcionales en que se divide la administración, y que fueron encabezadas por sus respectivos titulares.
La segunda consistió en reuniones complementarias, con la participación de los distintos institutos, corporaciones, fideicomisos, agencias y entidades agrupadas en cada gabinete funcional.
La tercera se desarrolló a través de numerosas entrevistas, sostenidas por los miembros del secretariado técnico que apoyó las tareas de este equipo de transición con los responsables de diferentes niveles de las dependencias, así como un amplio trabajo de campo para conocer algunos programas, sistemas y procesos de gobierno con mayor precisión.
Y, finalmente, la cuarta fase correspondió a la revisión, procesamiento, organización y análisis de la información que nos fue facilitada en 99 documentos electrónicos de todas las áreas que componen la estructura actual del gobierno.
En total, se celebraron 5 reuniones temáticas y 41 complementarias, así como más de 210 entrevistas y reuniones adicionales por dependencia, en las que participaron un total de 415 personas, tanto por parte del actual gobierno del estado como del equipo de transición.
En cada reunión temática, los responsables de los gabinetes funcionales y de las dependencias integradas en ellos, presentaron la situación de sus áreas clasificada en 12 apartados, que comprenden desde los antecedentes generales de cada entidad, hasta los asuntos pendientes, pasando por toda la información presupuestal, financiera, programática y de recursos humanos con que cuentan.
Adicionalmente, el formato de las reuniones permitió sostener un diálogo muy provechoso, que facilitó entender mejor las condiciones que rodean los procesos de la administración pública a partir de situaciones o casos específicos.
Con base en la información obtenida, el equipo de transición está en condiciones de formular algunas conclusiones generales que, además de los fines mencionados previamente, pueden ser de interés para la opinión pública.
La primera conclusión es que, en términos generales, el estado de Nuevo León y su gente muestran un conjunto muy importante de factores positivos, no sólo en comparación con períodos anteriores, sino en relación con otras entidades de la República.
Tan sólo como un ejemplo, vale la pena destacar que, de los cuatro estados —incluyendo al Distrito Federal— que concentran más del 40% del PIB nacional, entre 2003 y 2007 Nuevo León fue el único que creció, mientras que todos los demás registraron una caída en sus niveles de actividad económica.
Más importante aún, al analizar los componentes del producto de manera desagregada, resulta evidente que, si bien Nuevo León cuenta con una importante industria agropecuaria y de alimentos procesados, también se ha encaminado hacia una economía basada cada vez más en el sector manufacturero y en el de servicios; así como, de manera incipiente pero firme, hacia la economía del conocimiento.
En consecuencia, este perfil cambiante exige una nueva política de desarrollo económico, a partir de la cual el estado aumente su productividad y competitividad, y cuente con el tipo de inversiones y empleos que hagan sustentable el desarrollo de Nuevo León.
Lógicamente, el panorama económico del estado también refleja el impacto de la crisis internacional.
Esto, como ya lo ha apuntado en anteriores ocasiones el gobernador electo, exige darle prioridad a todas las acciones necesarias para generar los empleos que el estado demanda; atraer más inversión local, nacional y extranjera; y hacer mucho más competitivo al estado.
Una segunda conclusión es que, en un contexto tan complejo como el actual, también es indispensable y urgente modificar la estructura de la administración pública estatal; no sólo para reducir el gasto corriente y ampliar el margen presupuestal dirigido a la inversión, sino, sobre todo, para dar paso a un enfoque donde tengamos un gobierno moderno, más compacto, ágil y flexible.
En suma, un gobierno que cueste menos y produzca más resultados; que esté más cerca de la gente y tenga una mayor capacidad para responder a sus necesidades y transformar al estado; que sea más eficaz a la hora de proveer servicios públicos en las mejores condiciones de atención, oportunidad y calidad a todos los ciudadanos.
En este sentido, el equipo de transición le ha planteado al gobernador electo una serie de recomendaciones, que responden a los siguientes objetivos:
· Reorganizar la administración estatal, en función de los tres ejes rectores definidos por él mismo: inversión social, generación de riqueza y seguridad integral.
· Sectorizar las distintas entidades y organismos dentro de las dependencias respectivas.
· Otorgar mayor responsabilidad a los secretarios del ramo.
· Acortar y agilizar los tramos de control y acuerdo con el gobernador.
· Fortalecer los mecanismos institucionales relacionados con la rendición de cuentas, la transparencia y la evaluación de resultados.
Una tercera conclusión a la que llegó el equipo de transición, es que, por razones ampliamente conocidas, la situación de las finanzas públicas del estado limita la disponibilidad de recursos presupuestales, al menos en el corto plazo.
Esto hará necesario actuar con mucha rapidez; entre otras cosas, para reducir el gasto corriente y aumentar la inversión gubernamental, encontrar las vías adecuadas para fortalecer los ingresos estatales, y mejorar el perfil de la deuda pública.
En este sentido, como ocurre en todos los demás estados del país, también es importante mencionar que los recursos federales son cruciales para hacer una planeación efectiva.
Por ello, será necesario estar pendientes del proceso legislativo relacionado con el paquete económico presentado por el Ejecutivo Federal y, en especial, coordinar acciones con los diputados federales por Nuevo León, para lograr las mejores condiciones presupuestales posibles para nuestro estado.
Y, por último, una cuarta conclusión, es que deberá revisarse el modelo con que operan actualmente las instituciones encargadas tanto de la seguridad pública, como de la procuración e impartición de justicia. Es fundamental empezar por allí a construir un enfoque más eficaz para garantizar a todos los habitantes del estado una auténtica seguridad integral.
En conclusión, consideramos que el proceso de transición ha sido un ejercicio valioso y fructífero.
Junto con la plataforma electoral, los compromisos de campaña del gobernador electo Rodrigo Medina, y las propuestas que se generen a través del proceso de consulta pública para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, creemos que la información y el análisis realizado contribuirá de manera fundamental a trazar los objetivos centrales y el programa de trabajo de la administración que iniciará el próximo 4 de octubre.

A la deriva

Javier Treviño Cantú
El Norte
12 de agosto de 2009

El escenario internacional aún atraviesa por un profundo proceso de cambio, pero México sigue sin encontrar su lugar en el nuevo entorno que está surgiendo. México no halla un acomodo firme, que le permita proyectarse como un actor decisivo, capaz de ejercer un liderazgo regional. Tampoco ha obtenido beneficios concretos de sus intensos esfuerzos diplomáticos, que contribuyan a superar el impacto de la crisis económica global, una imagen internacional destrozada por la pandemia de influenza, y los embates de organizaciones criminales transnacionales cada vez más poderosas.

En diciembre del año pasado, escribí en estas páginas que había llegado la hora de las definiciones. El arribo a la Casa Blanca de la nueva administración Obama, la multi-cumbre en Sauípe que coronaba la percepción de Brasil como la única potencia emergente regional, y la transformación de Centroamérica en un campo de batalla para la confrontación entre dos modelos de desarrollo político y económico diametralmente opuestos, le exigían a México definiciones claras.

Desafortunadamente, las definiciones no llegaron. Hoy, nuestro país sigue sin “embonar” en los principales espacios geopolíticos, y las consecuencias son evidentes. México va por el mundo a la deriva, aislado y sin un proyecto claro. Llegamos a la mitad del sexenio sin más México en el mundo, y con menos mundo en México.

La cumbre de Norteamérica, la gira del Presidente Calderón por Sudamérica y, sobre todo, la crisis en Centroamérica, ofrecen puntos de referencia claros para destacar la necesidad de replantear a fondo el camino internacional que está siguiendo México.

Con los vecinos del norte, a principios del actual gobierno se apostó a la continuidad. Continuidad en seguridad, con la Iniciativa Mérida; en comercio, con el TLC; en migración, considerando la reforma como un asunto estrictamente de política interna estadounidense; y, en diseño institucional, mediante la ASPAN. Nada ha rendido frutos.

La cooperación sobre seguridad avanza en los términos y al paso que más convienen a Estados Unidos, mientras la violencia y la inseguridad en México se agravan. En la cumbre de Guadalajara se habló de impulsar la competitividad, pero no se resolvieron los conflictos comerciales bilaterales que retrasan la recuperación. En materia migratoria, el compromiso de Obama, para buscar una reforma integral, palidece frente a los abusos y la discriminación que sufren los trabajadores y sus familias. La ASPAN ha quedado rebasada por la realidad, pero no se promueve su fortalecimiento institucional.

Hacia el sur del continente, se le apostó al bajo perfil y la distensión para evitar mayores conflictos, específicamente con Venezuela y sus socios de la ALBA, así como la percepción de una competencia directa con Brasil. La estrategia tampoco dio resultado.

El presidente Calderón llegó a Colombia en una coyuntura poco favorable. Mientras Estados Unidos nos condiciona la ayuda para la Iniciativa Mérida, el gobierno del presidente Uribe ha sido puesto a la defensiva por permitir el uso de bases colombianas a fuerzas militares estadounidenses. Por su parte, Venezuela ha seguido afectando impunemente los intereses de compañías mexicanas (y de muchos otros países), a la vez que genera una creciente inestabilidad con políticas armamentistas e injerencistas. De la competencia con Brasil, ni hablar. En lugar de que México creciera para tutearse con los BRICs, el banquero que acuñó el acrónimo ahora nos ubica en una categoría similar a la de Vietnam.

En particular, la falta de definiciones se ha resentido en Centroamérica. Siendo realistas, ahí es donde México tendría que haber concentrado mayor atención y recursos, para afianzar su dimensión predominante. No ha sido así. A pesar de los intentos para transformar el fallido Plan Puebla-Panamá en un Proyecto Mesoamericano, la crisis en Honduras ha dejado al descubierto la falta de peso político de nuestro país. El carácter insostenible del enfoque basado en una distensión con la ALBA no resuelve nada.

Los retos se agudizan y los temas de la agenda global se multiplican. El cambio climático y el agotamiento de los recursos energéticos fósiles, la tendencia rearmamentista y la inseguridad alimentaria, nos demandan propuestas e iniciativas imaginativas, a la altura de la tradición diplomática que distingue a México.

Nuestra integración con Estados Unidos y Canadá, la “alianza estratégica” con la Unión Europea, la pertenencia a APEC y la OCDE, la participación en el Consejo de Seguridad de la ONU y la presencia en el G5 y el G20, no se han traducido en una mayor influencia de México. Queda la segunda mitad del sexenio, y el 2010 será un año de alto riesgo. Las definiciones todavía pueden darse, pero el tiempo apremia.
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La semana pasada, el gobernador electo de Nuevo León me honró al encargarme la coordinación de su equipo de transición, por lo que debo hacer un paréntesis en mis colaboraciones para El Norte. Quiero agradecer al equipo editorial por su apoyo y, más que nada, a los lectores por permitirme compartir estas reflexiones quincenales. Hasta la próxima.

El problema de Norteamérica

Javier Treviño Cantú
El Norte
29 de julio de 2009

En unos días, los mandatarios de América del Norte — Felipe Calderón, Barack Obama y Stephen Harper— dejarán en claro si cuentan con la visión y la voluntad de impulsar un proyecto común para el área, o si, en cambio, van a optar por seguir sobrellevando una relación regional que ha perdido ímpetu y sentido de dirección.

Las secretarias Patricia Espinosa y Hillary Clinton, junto con el ministro canadiense Lawrence Cannon, anunciaron en Washington que la cumbre de líderes norteamericanos será el 9 y 10 de agosto, en Guadalajara. También perfilaron los temas que discutirán: seguridad, competitividad regional y —lo que sería el “sello” de este encuentro— propuestas para enfrentar el cambio climático e impulsar fuentes de energía limpia.

Es decir, será una cumbre prácticamente rutinaria, como tantas otras que ocurren a nivel internacional, para repasar los pendientes de costumbre y darle un carácter novedoso al escoger un tema “insignia”. El problema es que, mientras los mandatarios llegan a Guadalajara con una serie de enfrentamientos como telón de fondo, la dimensión de los retos que enfrenta la región no tiene nada de rutinaria.

El problema fundamental está en la falta de decisión para encarar el obstáculo que ha frenado el desarrollo de América del Norte: un déficit institucional, que impide contar con estructuras sólidas para responder con agilidad al cambiante entorno global, y detonar el potencial que todavía ofrece una mayor integración regional.

Como siempre, los marcos regulatorios e institucionales van un paso atrás de la realidad, y el panorama norteamericano actual es muy distinto al de hace 15 años, cuando entró en vigor el TLC. Incluso al de hace cuatro años, cuando nació la controvertida Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte.

Este déficit institucional se agrava por dos factores adicionales. Primero, en la práctica el TLC y la ASPAN han derivado en esquemas “tri-bilaterales”, donde tanto México como Canadá buscan conducir sus agendas y resolver sus respectivas diferencias con Estados Unidos por separado; y, segundo, ni el TLC ni la ASPAN contemplan el tema migratorio como parte integral de los esfuerzos para promover la competitividad.

El desfase entre una realidad marcada por múltiples crisis y la debilidad institucional de la región, es evidente en los tres principales temas de la agenda norteamericana: seguridad, comercio y competitividad.

En materia de seguridad, la cooperación prevista en la Iniciativa Mérida (IM) ni siquiera ha empezado a fluir, cuando su plazo original ya está por vencer. Hace unas semanas empezó a filtrarse el interés de la administración Obama por “ampliar la vigencia” de la IM. Ayer, coincidiendo con la visita a México del zar antidrogas estadounidense, Gil Kerlikowske, la DEA lo confirmó a través del Washington Post: la lucha del gobierno mexicano será “más larga y sangrienta de lo anticipado”, por lo que se necesitará aún más ayuda.

Sin embargo, el modelo adoptado es incongruente con los fines regionales. Si bien la IM no se explica sin el antecedente de la ASPAN, se dejó fuera a Canadá, un país que juega un papel estructural en el mercado de las drogas ilícitas y que también se está viendo afectado por el alcance de las organizaciones mexicanas.

Además, la racionalidad de la IM está siendo rebasada por la realidad. Mientras la receta para México se basa en la tradicional certificación y una limitada ayuda para el combate policiaco, militar y judicial del fenómeno, las políticas estadounidenses se liberalizan. La venta de mariguana con fines “médicos” ya es legal en 13 estados de la Unión Americana, y desde que la administración Obama anunció en febrero que no cerrará “dispensarios”, la inversión en esta lucrativa actividad comercial se ha disparado.

En el terreno comercial, las tendencias proteccionistas que se han impuesto en el Congreso estadounidense —ante la pasividad e indefinición de la Casa Blanca— han desatado numerosos conflictos con México y Canadá. El TLC no está funcionando. Aunque la administración Obama ya desistió de renegociar los acuerdos paralelos, ahora amenaza con castigar a los “socios” comerciales que incumplan los estándares laborales y ambientales por los que se rige Estados Unidos.

El mayor déficit institucional se encuentra en el ámbito de la competitividad, incluyendo los temas de la nueva agenda económico-ambiental y energética. Sin mayor infraestructura, normas estandarizadas, recursos humanos mejor preparados y, ante todo, un mercado laboral norteamericano bien regulado, la región seguirá perdiendo terreno frente a competidores externos. La migración quizás sea el tema más difícil de coordinar; pero, sin un marco institucional actualizado, las fricciones que genera el status quo nunca nos permitirán pasar de ser simples vecinos, a convertirnos en auténticos aliados.

En dos semanas podremos evaluar los resultados de la cumbre de Guadalajara. Por lo que se percibe hasta ahora, no hay razón alguna para ser demasiado optimistas.