Diez razones para votar hoy en contra de la reforma eléctrica de AMLO
Javier Treviño
@javier_trevino
¡Seis semanas de “parlamento abierto” tiradas a la basura! Durante seis semanas, y de muy buena fe, expertos en economía, energía, derecho y medio ambiente presentaron aportaciones, argumentos y recomendaciones para mejorar la “reforma eléctrica” del gobierno federal. Los legisladores de Morena y sus partidos aliados no los tomaron en cuenta.
Hoy se votará en la Cámara de Diputados la contrarreforma de AMLO en sus términos originales. Los líderes de Morena quisieron engañar a la ciudadanía y dijeron que habían introducido cambios muy relevantes. Eso no es cierto. Los cambios que le hicieron son simplemente cosméticos. Todos perdemos: los consumidores, los generadores y hasta la misma CFE.
El proyecto que se votará hoy es esencialmente igual a la propuesta del presidente AMLO, presentada el 30 de septiembre de 2021, y tendría los mismos efectos: a) subiría el costo de la generación eléctrica; b) generaría un boquete en las finanzas públicas y aumentaría el endeudamiento; c) cancelaría la transición energética; y d) violaría los tratados internacionales que firmó México.
Aún con las modificaciones cosméticas al dictamen, la iniciativa lastima a la nación. Va en contra de la competencia, los compromisos ambientales y climáticos de México, así como de la libertad de consumo y producción de los mexicanos.
¿Por qué deberían todos los diputados votar en contra de esta iniciativa? Aquí van diez razones:
1. Crearía un monopolio. La modificación al artículo 27 de la Constitución desaparecería la competencia en la industria eléctrica: “Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”. La iniciativa elimina la libertad de decidir a quién comprar energía. Los sectores que hoy están regidos por la garantía de competencia quedarían reservados al Estado y controlados por la CFE. Si el Estado y la CFE decidieran darles permisos, los generadores privados sólo podrían venderle a la CFE y los consumidores sólo podrían comprarle a la CFE, a las tarifas que la CFE disponga.
2. Desaparecería el mercado. Sólo la CFE podría vender y suministrar electricidad y privilegiaría la operación de sus centrales, controlando el orden de despacho eléctrico, dando prioridad a sus plantas sucias y caras, sobre las limpias y de bajo costo del sector privado. Las funciones de los reguladores autónomos (CRE) desaparecerían. Sería la CFE quien determinaría las tarifas. Desaparecería el operador independiente (CENACE) y el despacho eficiente de la electricidad. Ante la ausencia de competencia, la planta obsoleta de generación actual de CFE y su poder absoluto de mercado, las tarifas eléctricas serían mayores para los consumidores.
3. Cancelaría permisos de generación y contratos vigentes. El Estado obligaría a las plantas privadas a dejar de producir energía al momento de la publicación de la iniciativa. Como si viviéramos en un régimen totalitario, la generación sería exclusiva del Estado. Aún cuando se les permitiera continuar operando, las centrales de la CFE llevarían preferencia en su operación, por lo que no habría seguridad de que las generadoras privadas despachen su electricidad, aunque tengan menores costos y sean más limpias. ¿Quién podría tomar una decisión de invertir en México? No sería previsible su actividad ni rentabilidad. Se perderían todos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Todo sería controlado por la CFE. Los costos de generación serían mayores. La competitividad del país sufriría irremediablemente.
4. Subiría el costo de la generación eléctrica. Incrementaría el costo en 52%, lo que, sin un alza en el subsidio, se reflejaría en las tarifas eléctricas de uso doméstico en 17% y las industriales hasta en 150% (para las empresas que generaban su propia electricidad). Los efectos inflacionarios serían transversales en toda la economía mexicana.
5. Sufriríamos apagones. Es probable no haya suficiente electricidad. CFE tendría que invertir de inmediato en nueva capacidad de generación y redes de transmisión y distribución. De acuerdo con los números del presupuesto, no tiene con qué. El sector privado ya no podría complementar la inversión pública, por una mala decisión del Estado.
6. Generaría un boquete en las finanzas públicas y aumentaría el endeudamiento. En conjunto con el subsidio eléctrico actual (75 mil mdp anuales), los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos en 10 años. Considerando además la inversión adicional que se requeriría de la CFE bajo el marco propuesto, se incrementaría la deuda pública en 6 puntos porcentuales del PIB en ese periodo.
7. Cancelaría la transición energética. No sólo no alcanzaríamos las metas de energía limpia previstas en la ley de transición energética (35% para 2024) y en tratados internacionales, sino, por el contrario, el cambio de despacho privilegiaría la generación con fuentes fósiles y subirían las emisiones contaminantes en 65%. Aún cuando se incorpore en la Constitución la transición energética y se mencione que el Estado estaría a cargo, no se plantean los mecanismos para lograrlo. La responsabilidad, inversión, tecnología, creatividad es imposible para una CFE aislada. Los objetivos de reducción de emisiones y un medioambiente más limpio se retrasarían años.
8. Se afectaría la salud de los mexicanos. Los planes de la CFE para construir nueva capacidad de generación contemplan en su gran mayoría nuevas centrales con tecnologías basadas en combustibles fósiles. Es claro que la transición energética no está en las prioridades de la CFE. La salud de la población, se vería afectada. La industria mexicana no podría reducir su huella de carbono a la velocidad requerida y es probable que se pierdan mercados al no poder cumplir con las exigencias de sus clientes globalmente. Nuestros socios comerciales exigirían que las exportaciones mexicanas tendrían que pagar impuestos al carbón, perdiendo competitividad internacional.
9. Violaría tratados internacionales que firmó México, incluyendo el TMEC, el TPP y el TLCUEM. México tendría que enfrentar procesos de arbitraje con consecuencias muy severas y compensar a sus socios internacionales. Las indemnizaciones derivadas de litigios sumarían por lo menos 27,000 millones de dólares (540,000 millones de pesos), sin contar el costo de los litigios en sí mismos y ya tomando en cuenta la amortización de la infraestructura eléctrica. El error de la 4T tendríamos que pagarlo todos los mexicanos.
10. La mayoría de los ministros de la SCJN definieron que la LIE no es constitucional. Los políticos de Morena han declarado, sin rubor, que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válidas las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). De nuevo, el engaño es la constante de los legisladores de Morena. La mayoría de los ministros votaron por la invalidez de las modificaciones aprobadas por el Congreso el año pasado, tales como el orden de despacho eléctrico, priorizar el acceso abierto y no discriminatorio a la red nacional de transmisión y la red general de distribución, la obligación de realizar subastas, el mecanismo de Certificados de Energía Limpia.
Algo muy peligroso para el país sería la aplicación retroactiva de los cambios legales planteados en la iniciativa. Esto contraviene uno de los principios fundamentales de la certeza jurídica. La aprobación de una propuesta como la de AMLO y Morena marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas, y a la competitividad del país.
Lo que México necesita es energía suficiente, barata y limpia. Estas son metas que requieren la suma de esfuerzos, con visión de futuro, y no enfoques excluyentes. Necesitamos un marco legal transparente y confiable, que incentive la inversión, la innovación y la competencia.
Cada diputado deberá tomar su decisión hoy. Los ciudadanos les exigimos votar en contra de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país.
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