La revolución de la decencia

La revolución de la decencia

Javier Treviño

@javier_trevino

El 31 de octubre de 2003, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Kofi Annan pronunció una advertencia que debería permanecer grabada en la conciencia de todos los gobernantes. Al celebrarse la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el secretario general de la ONU describió este fenómeno como una plaga insidiosa que corroe a las sociedades. Explicó que debilita la democracia, destruye el Estado de derecho, distorsiona los mercados, viola los derechos humanos y permite que prosperen el crimen organizado y la inseguridad.

Pero su observación más profunda fue: la corrupción perjudica especialmente a los pobres. Desvía recursos destinados al desarrollo, deteriora los servicios públicos y priva de oportunidades precisamente a quienes menos posibilidades tienen de defenderse. Annan estaba describiendo algo mucho más grave que el robo de dinero público. Hablaba de la destrucción silenciosa de los vínculos que permiten a una sociedad mantenerse unida.

La corrupción no solamente vacía las arcas del Estado. Vacía de significado las leyes, debilita la confianza entre las personas y transmite una enseñanza devastadora: que la honestidad importa menos que las influencias, que el mérito vale menos que las conexiones y que el poder puede utilizarse para obtener privilegios.

Hay algo todavía más peligroso que un gobierno corrupto: una sociedad que ha aprendido a vivir con la corrupción. Una sociedad donde nadie se sorprende cuando un contrato se asigna por influencias, un trámite se resuelve mediante un soborno, un puesto público se entrega como recompensa política o la justicia depende de conocer a la persona correcta.

Lo verdaderamente grave ocurre cuando dejamos de indignarnos. Cuando la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en una regla no escrita. Cuando la honestidad parece ingenuidad, la integridad se confunde con debilidad y la decencia termina siendo una desventaja competitiva.

Frente a este deterioro, las sociedades necesitan algo más profundo que otra campaña anticorrupción, otra reforma administrativa o una nueva institución encargada de vigilar a las anteriores. Necesitan una revolución de la decencia.

No una revolución de consignas, venganzas o purificaciones morales. Una transformación de las instituciones, los incentivos y las conductas que haga posible algo aparentemente sencillo: vivir honestamente sin pagar un precio por ello.

El poder de vivir en la verdad

En 1978, Václav Havel publicó un gran ensayo político: El poder de los sin poder. Havel imaginó a un vendedor de verduras que colocaba en su escaparate un lema del régimen comunista. No lo hacía necesariamente porque creyera en él. Lo hacía porque todos esperaban que lo hiciera. Era una manera de evitar problemas y demostrar obediencia.

El sistema sobrevivía no solamente por la fuerza de sus gobernantes, sino por millones de pequeños actos cotidianos de conformidad. Havel propuso romper esa dinámica mediante una decisión aparentemente simple: vivir en la verdad. La metáfora resulta extraordinariamente útil para comprender la corrupción.

En muchas sociedades existen reglas invisibles. Hay ciudadanos que pagan sobornos porque creen que de otra manera no resolverán sus problemas. Empresarios que buscan intermediarios porque desconfían de los procedimientos. Funcionarios que aceptan prácticas indebidas porque consideran que así funciona su institución.

No todos están convencidos de que esas conductas sean correctas. Muchos simplemente creen que no tienen alternativa. Cada acto de resignación contribuye a reproducir el sistema. Pero sería injusto exigir heroísmo individual sin cambiar las condiciones que hacen costoso actuar correctamente. La revolución de la decencia necesita ciudadanos valientes, pero también instituciones que no castiguen a quienes deciden actuar con integridad.

La corrupción es un sistema, no solamente un delito

La politóloga Alina Mungiu-Pippidi, autora de The Quest for Good Governance, escribe que cuando la corrupción es generalizada, no basta con perseguir a individuos corruptos. Es necesario transformar el equilibrio que sostiene al sistema.

Imaginemos una comunidad donde todos creen que los demás obtienen beneficios mediante favores, influencias o sobornos. El empresario honesto teme perder contratos. El funcionario íntegro teme quedarse aislado. El ciudadano que rechaza pagar un soborno teme que su trámite nunca avance.

Cada persona puede rechazar moralmente la corrupción y, al mismo tiempo, sentirse obligada a participar. Es un problema de acción colectiva: nadie confía en que los demás cambiarán su comportamiento. Por eso, una campaña que simplemente repite que robar es malo tiene efectos limitados.

La corrupción no desaparece cuando todos reconocen que es incorrecta. Comienza a retroceder cuando las reglas se cumplen, los abusos tienen consecuencias y las personas descubren que actuar honestamente también produce resultados. La verdadera transformación ocurre cuando la honestidad deja de exigir heroísmo.

La decencia tiene una historia

La revolución de la decencia no es una idea extranjera ni una aspiración reciente. Tiene raíces profundas en el pensamiento político del siglo XIX.

José María Morelos advirtió, en su discurso inaugural del Congreso de Anáhuac de 1813, que la historia juzgaría las acciones de quienes ejercían el poder. En los Sentimientos de la Nación defendió la superioridad de la ley sobre los hombres y la necesidad de limitar los privilegios.

Benito Juárez sostuvo, en un discurso de 1852 ante la legislatura de Oaxaca, que los funcionarios no podían disponer irresponsablemente de los recursos públicos ni convertir sus cargos en fuentes de enriquecimiento. Su defensa de la honrosa medianía expresaba una concepción del servicio público basada en la responsabilidad, la moderación y el respeto a la ley.

Francisco Zarco, en 1856, comprendió que, sin sanciones efectivas para los abusos, la responsabilidad de los gobernantes sería una ilusión. Las constituciones podían proclamar los principios más elevados, pero carecerían de eficacia si quienes violaban sus disposiciones no enfrentaban consecuencias.

Los tres identificaron, desde perspectivas diferentes, una verdad que conserva toda su fuerza: la libertad política no puede sostenerse sin virtud pública, límites al poder y consecuencias para quienes traicionan la confianza ciudadana. La decencia no se decreta ni se proclama. Se construye mediante instituciones capaces de hacerla una realidad cotidiana.

Cambiar las reglas del juego

Robert Klitgaard, en su clásico Controlling Corruption, propuso una fórmula que sigue siendo útil: 

Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad − Rendición de cuentas

No es una ecuación matemática literal. Es una manera de identificar las condiciones institucionales que facilitan los abusos. Cuando un funcionario controla exclusivamente una autorización, dispone de amplios márgenes para decidir y enfrenta pocas posibilidades de ser supervisado, aparecen oportunidades para exigir favores o pagos indebidos.

La respuesta no consiste únicamente en pedirle que sea honesto, sino en simplificar procedimientos, establecer criterios públicos, digitalizar trámites, reducir decisiones arbitrarias y crear mecanismos efectivos de supervisión.

Pensemos en una licencia municipal. Si obtenerla requiere visitar cinco oficinas, conseguir tres firmas y esperar una decisión discrecional, el sistema crea oportunidades para la extorsión. Si el procedimiento es transparente, con requisitos claros, plazos verificables y mecanismos de apelación, esas oportunidades disminuyen.

La tecnología no garantiza la integridad. Un sistema digital también puede manipularse. Pero un buen diseño institucional puede hacer que cumplir la ley resulte más sencillo que violarla. Ésta es una idea fundamental: no debemos construir gobiernos que dependan de la virtud excepcional de sus funcionarios, sino instituciones que favorezcan el comportamiento correcto incluso cuando las personas no sean excepcionales.

Francis Fukuyama, en Political Order and Political Decay, advierte sobre la repatrimonialización: el proceso mediante el cual instituciones modernas terminan capturadas por redes personales, familiares, partidistas o económicas. Cambia el gobierno, pero permanece la lógica del botín. Cambian los beneficiarios, pero no desaparecen los privilegios.

Una revolución de la decencia debe romper ese círculo. El poder público no pertenece al partido gobernante, a sus dirigentes ni a sus aliados. Pertenece a la ciudadanía.

Las cinco decisiones de una revolución

Una sociedad que aspire a transformarse podría comenzar con cinco compromisos fundamentales:

1. Construir un servicio público profesional, donde los nombramientos y ascensos respondan a capacidades y resultados, no a lealtades personales.

2. Garantizar transparencia real en contratos, compras gubernamentales, permisos y ejercicio presupuestario. La información debe permitir detectar irregularidades, no simplemente cumplir formalidades.

3. Fortalecer la independencia y capacidad de las instituciones encargadas de investigar, sancionar y juzgar abusos, siempre con respeto al debido proceso.

4. Proteger a quienes denuncian irregularidades: periodistas, servidores públicos, empresarios y ciudadanos que se arriesgan al enfrentar redes de corrupción.

5. Impulsar una educación cívica que enseñe integridad mediante experiencias concretas, comenzando por el ejemplo de las autoridades.

Pero ninguna de estas decisiones funcionará si la lucha anticorrupción se convierte en instrumento de persecución selectiva. La decencia exige reglas iguales para adversarios y aliados. No puede depender de quién ocupa temporalmente el poder.

La revolución más difícil

Muchas sociedades han cambiado gobiernos, partidos, leyes, instituciones y discursos. Sin embargo, las prácticas de favoritismo, abuso e impunidad han demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Quizá porque se ha confundido demasiadas veces la renovación de las personas con la transformación de las reglas.

La revolución de la decencia sería distinta. No necesitaría dividir a la sociedad entre ciudadanos supuestamente puros y enemigos moralmente inferiores. No exigiría adhesión a un líder providencial. Tampoco prometería que la corrupción desaparecerá por decreto. Su objetivo sería mucho más ambicioso: construir un sistema donde el comportamiento honesto sea posible, razonable y reconocido; donde el abuso encuentre obstáculos reales; donde el poder tenga límites y donde las instituciones sobrevivan a quienes temporalmente las dirigen.

La decencia no significa ingenuidad. Exige carácter, responsabilidad, respeto a la ley y disposición para enfrentar intereses poderosos. También exige reconocer que nadie posee el monopolio de la virtud. La integridad pública no se demuestra proclamando la superioridad moral propia, sino aceptando controles, explicando decisiones y sometiéndose a las mismas reglas que se exigen a los demás.

La revolución de la decencia habrá triunfado cuando ser honesto deje de ser un acto de resistencia y se convierta en la manera normal de vivir. Cuando un ciudadano no necesite pedir favores para ejercer sus derechos. Cuando un empresario no tenga que elegir entre competir y corromperse. Cuando un funcionario comprenda que su cargo es una responsabilidad y no una propiedad. Cuando un gobierno acepte que la ley también limita a sus amigos. Y, sobre todo, cuando las nuevas generaciones crezcan en una sociedad donde la integridad no sea motivo de sorpresa.

https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-revolucion-de-la-decencia/