Alianzas diplomáticas

Javier Treviño Cantú
El Norte
3 de enero de 2007

La capacidad de crear valor quizás sea la mejor forma de medir el éxito a largo plazo de las empresas, y también de los gobiernos. Crear valor no significa maximizar ganancias a toda costa ni impulsar políticas públicas para producir resultados "cosméticos". Debe representar un esfuerzo sostenido, que genere beneficios para todos los que comparten un mismo propósito y están dispuestos a contribuir al logro de objetivos comunes.

Por razones evidentes, la forma de definir lo que constituye la creación de valor es distinta para el sector privado y la administración gubernamental. Pero para efectos prácticos, la consultoría Accenture desarrolló una fórmula que puede ser útil. En un estudio del 2003, planteó que un gobierno "crea valor sostenible para sus ciudadanos si produce resultados favorables con una creciente eficiencia en términos de costo-beneficio".

Esto puede servir como base para evaluar los resultados que se ha propuesto el nuevo Gobierno federal en tres áreas prioritarias: recuperar la seguridad, combatir la pobreza y crear empleos. Lograr avances en cada uno de estos terrenos dependerá en buena medida de las políticas públicas que se apliquen, y de la capacidad para coordinar esfuerzos dentro del País. Sin embargo, estos tres objetivos centrales también tienen un componente externo muy importante.

Algunas de las principales amenazas a nuestra seguridad provienen de fuera, en especial de las redes dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado trasnacional. Para reducir la pobreza se requiere canalizar recursos de todo tipo a las zonas menos desarrolladas del País. Para crear empleos también se necesita atraer mayores inversiones productivas y ampliar nuestras exportaciones.

En resumidas cuentas, la creación de valor público pasa por nuestra política exterior. El problema es que en los últimos años el papel que debía jugar nuestra Cancillería se desdibujó. Aparte de la inmensa tarea para defender los derechos de los mexicanos que emigran a Estados Unidos, el valor que aporta la Secretaría de Relaciones Exteriores se volvió menos claro.

Por una parte, la falta de coordinación interna que distinguió al anterior Gobierno tuvo como resultado una contraproducente "atomización" de esfuerzos. Todas las Secretarías, muchas dependencias y todos los gobiernos estatales tienen sus propias áreas de asuntos internacionales, y cada una parece conducir sus respectivos asuntos con total independencia de criterios. Esto aumenta los costos y resta eficacia al conjunto de la labor que debe hacerse en las relaciones bilaterales con otros países, así como en los foros y organismos multilaterales a los que pertenecemos.

Por otra parte, la existencia de mecanismos e instrumentos dedicados a cuestiones específicas, como la promoción de nuestras exportaciones, parece haber disminuido las funciones que desempeñan nuestras representaciones diplomáticas. Igualmente, en lugar de contribuir a mejorar la imagen de México, las fricciones internacionales con varias naciones nos restaron estatura y capacidad de interlocución.

Ahora que está por llevarse a cabo la tradicional reunión anual de nuestros embajadores y cónsules, quizás sea el mejor momento para responder tres preguntas fundamentales:

1. ¿Cuál es el valor público que la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas y consulados deben producir?

2. ¿Cuáles son los actores que "legitiman" y "autorizan" al Servicio Exterior Mexicano para obtener los recursos presupuestales necesarios y así contar con la capacidad de emprender acciones concretas para crear valor?

3. ¿Cuál es la capacidad operativa de la Secretaría, las embajadas y los consulados, o qué inversiones e innovaciones tienen que desarrollar para generar los resultados deseados?

Las respuestas a estas tres preguntas formarían parte del "triángulo estratégico", diseñado por Mark Moore y un grupo de profesores de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. No sólo se trata de definir cuál es el valor público que debe generar la Cancillería, sino de convencer a los legisladores y demás servidores públicos para que compartan esa visión, y de construir una capacidad operativa en un entorno de recursos escasos, incertidumbre global y conflicto político interno.

Gran parte de lo que necesitan nuestros embajadores y cónsules no depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aunque no lo pueden controlar directamente, sí lo pueden promover y organizar. En especial, necesitan aliados fuera del sector público, y no hay mejores socios que las empresas mexicanas.

Las relaciones internacionales de México generaron valor económico en 2006. Cifras preliminares indican que nuestro comercio exterior sumó unos 500 mil millones de dólares. La inversión extranjera directa que llegó fue cercana a los 20 mil millones de dólares y las remesas de los mexicanos que viven en el exterior rebasaron esa misma cantidad.

Los diplomáticos mexicanos ahora deben diseñar una estrategia ganadora para trabajar en forma coordinada con las demás dependencias e instancias de Gobierno, establecer alianzas con el sector privado y esforzarse para recuperar el prestigio y la buena imagen de México. Eso no tiene precio.