Cabildear en Washington

Javier Treviño Cantú
El Norte
20 de enero de 2005

Insistir en la búsqueda de un mítico acuerdo migratorio con los EU quizás no sea la mejor forma de lograr uno de nuestros principales objetivos de política exterior. Los factores que impulsan el flujo de mexicanos, en busca de las oportunidades que no encuentran aquí, son estructurales. Según un estudio de Banamex, publicado en diciembre pasado, un 10 por ciento de la población mexicana contabilizada en el censo de 1990 ha emigrado para establecerse en el vecino país del norte.

Por ello, haber colocado el tema de la migración al frente de la agenda bilateral debe reconocerse como un gran logro del gobierno del Presidente Fox y de su primer canciller, Jorge Castañeda. Sin embargo, la verdad es que prácticamente no existe ninguna posibilidad de que se establezca un acuerdo en esta materia entre los dos países.

Lo que sí podría ocurrir, en cambio, es que el gobierno estadounidense se decida a reformar sus propias leyes migratorias. Esto es en lo que deberíamos concentrarnos, enfocando todos los recursos diplomáticos a nuestra disposición -que no son pocos-, para lograr que la nueva legislación refleje nuestros intereses y contribuya a proteger los derechos de los millones de mexicanos que viven y trabajan en EU de forma indocumentada.

Apenas unos días después de su cerrada victoria electoral, el Presidente Bush retomó el tema. Dijo que con su triunfo había ganado capital político, y que estaba dispuesto a gastarlo para impulsar una agenda tan amplia como ambiciosa. Además de la interminable lista de pendientes internacionales que deberá atender, el mandatario estadounidense está planteando una serie de iniciativas de política interna que han llegado a ser calificadas como "revolucionarias".

La mayoría de éstas -desde límites a los excesos de su régimen legal hasta reformas trascendentales a los sistemas impositivo y de seguridad social- refleja la polarización que caracteriza actualmente a la sociedad de EU. Por la misma razón, provocan serias divisiones no sólo entre los partidos Demócrata y Republicano, sino también dentro de los mismos. Y una de las más controvertidas es, precisamente, la reforma migratoria.

No hay duda de que el Presidente Bush está preparado para dar la pelea. En la entrevista que le concedió la semana pasada al periódico conservador The Washington Times manifestó que la reforma migratoria es una de las prioridades de su próxima agenda legislativa. Definió la situación actual del sistema estadounidense como una "pesadilla burocrática", y sostuvo que representa un "problema" que debe resolverse.

En el lenguaje de la Casa Blanca, ésta es la señal más clara que existe para destacar la importancia que se le da al tema. Pero tampoco hay duda de que será una de las batallas más duras que deberá enfrentar con el Congreso, empezando por los propios miembros de su partido.

Según diversos reportes periodísticos, prominentes Representantes Republicanos como John Hostettler, de Indiana, el líder de la mayoría Tom DeLay, de Texas, y F. James Sensenbrenner, de Wisconsin, se oponen a cualquier iniciativa que pueda siquiera parecerse a una "amnistía" para los millones de trabajadores ilegales que ya se encuentran en EU.

De hecho, se espera que Sensenbrenner -Presidente del poderoso Comité Judicial de la Cámara de Representantes- presente próximamente un proyecto de ley que incluiría medidas para limitar el derecho de asilo, completar la barda en la frontera entre Tijuana y San Diego, e impedir que la matrícula consular sea aceptada como identificación para obtener licencias de conducir.

A ellos se les suman personalidades como el Representante por Arizona J. D. Hayworth y un viejo conocido de nuestro país, el Representante por Colorado Tom Tancredo, quienes han visto en la hoy famosa Guía del Migrante, editada y distribuida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, una magnífica oportunidad para frenar el cambio.

De acuerdo con el diario Arizona Republic, Bush ha dicho que la Casa Blanca no promoverá una iniciativa directamente, sino que trabajará con el Congreso para que sea éste el que haga una propuesta integral. De ser así, las posibilidades de que se concrete una reforma migratoria de largo alcance podrían reducirse significativamente.

La encuesta publicada esta semana por el periódico The Washington Post muestra que 54 por ciento de los estadounidenses desaprueba la forma en la que el Presidente Bush ha manejado el tema de la inmigración, y apenas un 39 por ciento espera que tenga éxito en su intento por introducir cambios a fondo en la materia.

En este contexto, en lugar de seguir "exigiendo" que se plantee un acuerdo bilateral que nunca llegará, deberíamos aprovechar la coyuntura que representa el inicio de la nueva administración Bush. La llegada de Condoleezza Rice al Departamento de Estado y del Juez Michael Chertoff al de Seguridad Territorial ofrece la oportunidad de replantear los mecanismos de diálogo y coordinación entre los dos gobiernos.

Además, ambos podrían tener nuevos interlocutores de este lado de la frontera muy pronto. La Dra. Rice, en caso de que el Secretario de Relaciones Exteriores logre el apoyo necesario para ocupar la Secretaría General de la OEA, y el Juez Chertoff cuando renuncie el Secretario de Gobernación para buscar la nominación como candidato del PAN a la Presidencia en el 2006.

Sobre todo, tendríamos que impulsar una ambiciosa estrategia de cabildeo en el Congreso estadounidense. Washington no es más que un espejo donde se reflejan los intereses generados en los Distritos de los Representantes y los Estados de los Senadores. Para asegurar que nuestra postura sea considerada a la hora de definir la nueva legislación migratoria, la Embajada de México y toda la red de Consulados en EU tendrían que poner en marcha una estrategia de dimensiones similares a la que finalmente allanó el camino para que se aprobara el TLC de América del Norte.