Reforma migratoria

Javier Treviño Cantú
El Norte
5 de febrero de 2004

La propuesta que hiciera el Presidente George W. Bush, a principios de año, de promover una reforma migratoria ante el Congreso de su país, ha generado una gran controversia. Esta es una buena noticia, ya que se requiere una discusión seria y a fondo del tema para que se logre obtener el mejor acuerdo posible.

La necesidad de un nuevo marco que regule los flujos migratorios, no sólo hacia los Estados Unidos sino a escala mundial, es uno de los grandes pendientes de la globalización. Como señalara en octubre del año pasado el reconocido economista de la Universidad de Columbia Jagdish Bhagwati, en un artículo publicado en el Financial Times, actualmente la migración ilegal y legal de trabajadores de países en proceso de desarrollo hacia las economías ricas ha puesto en evidencia un "hueco en la arquitectura institucional internacional".

El tema de la movilidad laboral no ha sido incluido en los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales de libre comercio, y no existe una "Organización Mundial de Migración" que, al menos, busque dar el mínimo orden a una realidad que parece estar destinada a crecer por las tendencias demográficas globales.

Según proyecciones discutidas en el Foro Económico Mundial de Davos, se espera que la población mundial crezca durante los próximos 50 años poco menos de un 50 por ciento, para alcanzar una cifra cercana a los nueve mil millones de personas. La mayor parte de este incremento ocurrirá en países en desarrollo: la población de la India crecería casi en 500 millones de personas y la de Nigeria se duplicaría, para llegar a unos 258 millones. Pero, sobre todo, el cambio se reflejará en la edad de estas poblaciones, en donde habrá menos niños y jóvenes, y más personas en edad de trabajar.

Es lo que aquí en México se ha llamado el "bono demográfico". Según datos del Consejo Nacional de Población, la población económicamente activa, que actualmente es de unos 42 millones de trabajadores, ascenderá a unos 55 millones en 2010 y a 64 millones en 2020. Esto representaría un "bono" si el país contara con la capacidad de generar empleos bien remunerados. Pero todo parece indicar que esto no será así. Las opciones, entonces, serían dos: integrarse a una economía informal cada vez más acotada por las autoridades fiscales del país, o emigrar a los Estados Unidos.

Sin embargo, esta "válvula de seguridad nacional" para México está en proceso de cerrarse, ante la preocupación central del gobierno estadounidense de reforzar su propia seguridad interna. Es en este contexto que se enmarca la propuesta del Presidente Bush, así como otras iniciativas presentadas por congresistas, que buscan dos cosas fundamentales: primero, tener un mayor conocimiento y un control más eficaz sobre toda la gente que vive y trabaja en Estados Unidos; y segundo, tener una mayor capacidad de regular sus porosas fronteras.

Curiosamente, la iniciativa presentada por el Presidente Bush en realidad no es nueva. En un estudio sobre "Globalizaciones Posibles" publicado en julio del 2002, el profesor de la Universidad de Harvard Dani Rodrick señalaba que, ante los límites para alcanzar una integración económica global más profunda, habría que considerar alternativas que permitieran impulsar un desarrollo más equilibrado. Una opción sería un "esquema de visas negociado a nivel multilateral que permitiera la entrada temporal de más trabajadores calificados y no-calificados de naciones en proceso de desarrollo a las naciones avanzadas".

De acuerdo con Rodrik, un esquema de visas temporales que diera acceso al mercado laboral de países ricos, y que incluyera incentivos para que los trabajadores regresaran a sus países de origen después de un periodo de entre 3 y 5 años, "fácilmente podría generar 200 mil millones de dólares al año para los ciudadanos de los países en desarrollo".

Como se puede observar, la propuesta del Presidente Bush es muy parecida, ya que entre sus principales aspectos destacan la temporalidad de los permisos para trabajar, de tres años renovables por una sola vez, y el énfasis en promover incentivos para que los trabajadores regresen a casa, en lugar de quedarse en Estados Unidos para buscar la ciudadanía.

Este es el punto que ha generado más controversia. Según la Encuesta Nacional de Latinos de 2002 del Pew Hispanic Center, 59 por ciento de la población total y 71 por ciento de los latinos en Estados Unidos estarían a favor de un programa de trabajadores que incluyera la obligación de regresar a su país después de un tiempo determinado. Sin embargo, para algunas de las principales organizaciones hispanas, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, uno de los temas que más les interesa es precisamente una reforma migratoria que "recompense la contribución de los trabajadores hispanos a la economía estadounidense con la ciudadanía" (The New York Times, "The Hispanic Vote: A Vital Bloc, Realizing Its Power, Measures Its Suitors", 2/02/04).

En el marco de la lucha electoral que se desarrollará este año, parece difícil que se logre concretar una reforma migratoria en Estados Unidos que deje contentos a todos. Sin embargo, la propuesta del Presidente Bush está generando una sana y muy intensa discusión sobre este tema. Pronto se iniciarán las audiencias de análisis en el Congreso de los Estados Unidos.

Para México, esto abre una ventana para promover nuestros intereses mediante acciones de gobierno eficaces. Sobre todo, representa una oportunidad que no debemos desaprovechar para dejar a un lado la retórica e influir en el sentido de la discusión con ideas prácticas y novedosas.